SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 62/2016.

Sucre, 14 de marzo de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-PTS.256/2015.

Distrito: Potosí.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 91 a 93, interpuesto por Fredy Antonio Murillo Fanola en representación legal de la Empresa Constructora “IMPROCOM”, contra el Auto de Vista Nº 49/2015 de 08 de junio, cursante de fs. 85 a 88, pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Jorge Luis Vargas Burgoa contra la empresa demandada, la respuesta de fs. 96 a 97, el auto de fs. 99 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social de beneficios sociales, la Juez de Partido Primero de Trabajo, Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Potosí, pronunció la Sentencia Nº 24/2015 de 08 de abril (fs. 67 a 69), declarando probada la demanda laboral por pago de salarios devengados, desahucio y multa del 30%, mantenimiento de valor que debe ser calculado y actualizado en base a la variación de Unidad de Fomento a la Vivienda, de conformidad al art. 9 del DS Nº 28699 de 01 de mayo de 2006; a cuyo efecto ordena que el demandado debe cancelar a favor del actor la suma de Bs.17.550.- (diecisiete mil quinientos cincuenta 00/100 bolivianos), dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, con costas.

En grado de apelación deducido por Fredy Antonio Murillo Fanola en representación legal de la Empresa “IMPROCOM” (fs. 71 a 73), la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunció el Auto de Vista Nº 49/2015 de 08 de junio (fs. 85 a 88), confirmando parcialmente la sentencia apelada de fs. 67 a 69, modificando el monto de los beneficios sociales, conforme al siguiente detalle: indemnización por tiempo de servicios de 5 meses y 3 días, desahucio, salarios devengados de mayo, junio y julio de 2014 más duodécimas de aguinaldo por 5 meses y 3 días, por el total de Bs.17.399,98.- (diecisiete mil trescientos noventa y nueve 98/100 bolivianos), por concepto de beneficios sociales, fuera de la multa del 30 % dispuesta por el DS Nº 28699, misma que deberá calcularse en ejecución de sentencia con mantenimiento de valor y actualizado en base a la Unidad de Fomento a la Vivienda, sin costas.

La resolución de apelación motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 91 a 93, interpuesto por Fredy Antonio Murillo Fanola en representación legal de la Empresa “IMPROCOM”, quien en lo fundamental sostiene:

  1. Errónea valoración de la prueba

Que, el auto de vista resolvió la existencia de despido indirecto, debido a la extemporaneidad en el pago de salarios, sin tomar en cuenta la renuncia voluntaria por motivo de estudios que efectúo el demandante, sustentándose en el art. 2 del Decreto Ley de 09 de marzo de 1937, que establece como única causal de procedencia del despido indirecto, la disminución o rebaja de sueldo. De la prueba de descargo, se evidencia el retiro voluntario firmado por el demandante en la carta de renuncia de 25 de julio de 2014; la misma indica que su decisión de renuncia se debió a motivos de estudio por encontrarse en situación de profesionalización; lo cual acredita que la causal de renuncia fue por motivo de estudios y no por falta de pago de salarios; misma que tiene todo el valor legal conforme a los arts. 151 y 161 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Asimismo, expresa que el art. 3 del DS Nº 0110 de 01 de mayo de 2009, se aplica a cabalidad al caso de autos; toda vez que, existe renuncia firmada voluntariamente por el demandante, comprendido de igual forma por la jurisprudencia, al determinar que no corresponde la aplicación del DS Nº 28699 de 01 de mayo de 2006 en caso de retiro voluntario; en consecuencia, tampoco corresponde la aplicación del art. 9 del mismo decreto en lo referente a la multa del 30 %, situación que los de instancia no compulsaron adecuadamente.

b) Errónea aplicación de la ley

Que, el auto de vista lesiona sus derechos como empleador, por cuanto el art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), determina: “(…) tratándose de contratos con empleados, con treinta días de anticipación para el empleado y noventa para el patrono”, la parte que omitiere el aviso abonará una suma equivalente al sueldo de los periodos establecidos; no obstante, de esta regulación el demandante abandonó su fuente de trabajo sin esperar que se cumpla el mes de preaviso que la ley otorga, correspondiendo en tal caso la reducción de Bs.3.000.-, como sanción por no realizar el preaviso correspondiente; sin embargo, aduce que los de instancia pretenden que cancele Bs.9.000.- por concepto de desahucio, cuando se debió determinar que al trabajador se le descuente Bs.3.000.-, por no cumplir con el preaviso, como manda la ley y sustenta de forma más amplia su pretensión con el art. 2 del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949.

Preceptos legales con los que se demostró que, en la resolución de segunda instancia se aplicó erróneamente la ley al determinar la existencia de despido indirecto cuando en realidad toda la prueba apunta a reflejar el retiro voluntario sin preaviso por parte del empleado, sustentando su decisión en el principio in dubio pro operario, el cual señala que ante la duda de la norma aplicable se favorece al trabajador, empero, ello no significa causar agravios al empleador, porque en el presente proceso se demostró que el demandante renunció voluntariamente a su fuente laboral aduciendo motivos personales, que se cumplió con la carga de la prueba la que debió ser valorada conforme a las normas legales.

c) Sentencia ultra petita por errónea interpretación de la ley

Que, el auto de vista es considerado ultra petita por otorgar al demandante más de lo pedido, sustentándose en el art. 64 del CPT, el cual expresa que si bien es evidente que una autoridad judicial puede condenar pretensiones distintas, estas tienen como requisito haber estado expresamente solicitadas en la demanda y dilucidadas en el proceso, hecho no suscitado en el caso de autos; toda vez que, el demandado en su pretensión solicita el pago de salarios devengados, sin existir controversia respecto del despido indirecto, por cuanto al existir un documento probatorio que demuestra que el demandante renunció a su trabajo de forma voluntaria por motivo de estudios, el Auto de Vista Nº 49/2015, es considerado ultra petita, por haber vulnerado la parte formal, verbal, material, dispositiva o resolutiva de la resolución, por cuanto los de instancia no consideraron que bajo los principios de congruencia y especificidad, establecidos en el art. 190 del Código de Procedimiento Civil (CPC), las resoluciones judiciales deben recaer sobre las relaciones litigadas, en la manera en que hubieran sido demandadas, sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso.

Expresa en conclusión que, el auto de vista lesiona de sobremanera su derecho al debido proceso en su vertiente de motivación y debida fundamentación de una resolución judicial, a la incorrecta valoración de la prueba, por haber sido emitida sin su correcta valoración e interpretado y aplicado erróneamente la ley, concediendo pretensiones no pedidas, sin sustento legal ni prueba que cause convicción para la emisión de su resolución.

Concluye solicitando que el auto de vista impugnado sea casado, y se efectúe nueva liquidación, tomando en cuenta el incumplimiento al preaviso del empleador en su renuncia voluntaria.

CONSIDERANDO II: Que, en mérito a los antecedentes expuestos, revisando minuciosamente el recurso de casación en el fondo, corresponde su resolución de acuerdo a las siguientes consideraciones:

En principio corresponde señalar que, la Constitución Política del Estado (CPE), en su art. 46 protege el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, estableciendo que I: "Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias". II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa remuneración.

En cuanto a las causas de la desvinculación laboral y el pago del desahucio, el tribunal de apelación concluyó que la desvinculación laboral obedeció a la falta de pago oportuno de sus haberes mensuales y que a esas emergencias corresponde el pago del desahucio, conclusión que en la interpretación de éste Tribunal resulta correcta, a mérito que, conforme al art. 2 del Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937: “En caso de rebaja de sueldos, los empleados tendrán la facultad de permanecer en el cargo o retirarse de él…”; potestad que otorga la ley cuando el empleador, en abuso del ius variandi, con la finalidad de inducir al trabajador a renunciar o cualesquier otro interés ajeno a los fines empresariales, injustificadamente cambia las condiciones laborales del trabajador, con menoscabo de sus derechos y beneficios laborales.

Corresponde reiterar que, el despido indirecto tiene los mismos efectos que el despido injustificado, por el que se reconoce al ex trabajador, el derecho de percibir todos los derechos y beneficios sociales emergentes de la ruptura laboral por culpa atribuible al empleador, quien incita y obliga al trabajador a tomar decisiones como consecuencia de la alteración de condiciones de la relación laboral, modificando de manera sustancial la armonía de la actividad laboral, pudiendo ser ésta por alteración del horario de trabajo, reducción de salario, traslado del trabajador a un puesto de trabajo inferior o, como en el caso presente, el impago del salario.

En autos, se establece que la renuncia del trabajador fue inducido por el empleador en tanto le privó de sus haberes mensuales, aspectos que certifica las pruebas cursantes a fs. 4 y 5 de obrados, lo que ciertamente constituye despido indirecto, forzoso e injustificado atribuible al empleador, pues la doctrina en la materia señala que no solamente la rebaja de salarios constituye causal de aplicación del art. 2 del DS de 9 de marzo de 1937, sino también cualquier otro hecho que altere las condiciones normales existentes en el desarrollo del trabajo. En esa línea esta Sala ratificó la jurisprudencia anterior en sentido que la falta oportuna de pago de salarios, se constituye en una causal de retiro indirecto.
En efecto, el art. 52 de la LGT, concordante con el art. 5 de la CPE, establece que el trabajo prestado por cuenta ajena, sea que se origine en acuerdo verbal o escrito, tiene como contraprestación ineludible el salario. Consiguientemente, el incumplimiento de esta obligación por parte del empleador constituye infracción del contrato de trabajo que conlleva la carga perjudicial para el trabajador y su familia, dada la categoría social que reviste el salario, más aún si conforme al art. 53 del citado sustantivo laboral, su pago no puede exceder de 15 días. En este caso se produce un perjuicio mucho mayor al de la rebaja de salario, cuya acción es también reconocida como despido indirecto de conformidad al art. 2 del DS de 09 de marzo de 1937.

Al constituirse el perjuicio ocasionado como moral y fundamentalmente económico originado por el empleador con el incumplimiento de sus deberes legales y contractuales, traducido en la privación del salario, coloca al trabajador en situación tal que no le permite continuar trabajando en la empresa; por lo que, la desvinculación laboral producida en estas circunstancias al ser imputable al empleador éste contrae la obligatoriedad del art. 13 de la LGT, en el entendido que el retiro es producido por causas no imputables al trabajador.
Siguiendo el razonamiento anterior y tomando en cuenta la previsión del art. 48 de la CPE, que consagra la irrenunciabilidad de los derechos sociales reconocidos a los trabajadores, así como el art. 52 de la LGT, en cuya definición el salario constituye una contraprestación al trabajo efectivo del trabajador y se emplea para su sustento y el de su familia, no pudiendo demorar su pago fuera de los plazos establecidos por ley, precisamente por su finalidad de subsistencia al que responde, por lo que, la falta de pago adquiere mayor trascendencia que la simple rebaja. Así entonces, la desvinculación laboral asumida en tales condiciones trae consigo la necesidad del trabajador de conseguir otra colocación que le permita su subsistencia diaria, circunstancias en la que resultaría inadmisible y contrario a todo principio laboral, la exigencia de presentar un pre aviso o de privarle del derecho al desahucio.

Por lo que, se advierte que el tribunal de alzada en todos los puntos cuestionados como vulnerados, aplicó correctamente la ley, respondiendo en consecuencia a la verdad de los hechos, sin que sea cierta la infracción acusada por el recurrente; toda vez que, en materia laboral los juzgadores no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, teniendo la facultad de formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la misma y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme dispone el art. 158 del CPT, en relación con el art. 3.j) del mismo cuerpo legal.

En cuanto al pago de la multa, el recurrente manifiesta que no corresponde su aplicación porque el trabajador no dio aviso al empleador cuando voluntariamente dejo su fuente laboral. En ese contexto, revisados los antecedentes procesales, se advierte que la controversia en el caso que se analiza, radica en determinar si corresponde o no el pago de la multa del 30%, porque el actor se alejó de forma voluntaria, concepto que fue concedido en sentencia y ratificado por el tribunal ad quem.

Por lo que, previamente cabe precisar que, el art. 48.II de la CPE, establece el “principio de la relación laboral”, estableciéndose que la importancia que reviste este principio es de una enorme trascendencia social y jurídica, pues se constituye este en uno de los pilares fundamentales del derecho del trabajo que busca proteger y favorecer al trabajador en las relaciones de trabajo. Por ello, desde sus inicios encontramos que, en el Derecho Laboral el trabajador es la parte débil de esta; y por ende existe una desigualdad en la realidad contractual del trabajo, por lo que, el principio en mención trata de amparar a una de las partes para lograr una justicia social en condiciones humanas con el empleador. Así pues el proteccionismo que se aplica en el derecho laboral lo diferencian del resto de las ramas del derecho. De esta manera, el principio protector consiste en darle mayor defensa al trabajador frente al poder del empleador, principio protector reconocido también por el art. 3.g) del CPT, bajo dicho contexto se advierte que si bien, el DS Nº 28699 en su art. 9 referente a los despidos establece en caso de producirse el despido del trabajador el pago de todos los derechos sociales que correspondan en el plazo de 15 días; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a UFV´s, mientras que el parágrafo II prevé, en caso que el empleador incumpla su obligación de cancelar los beneficios sociales en el plazo establecido, pagará una multa en favor del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor.

En efecto, el DS Nº 28699 fue creado bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación obrero-patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral o, más aún, para burlar obligaciones laborales; es en ese sentido, que una de las medidas para garantizar dichos derechos conforme a su art. 9, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de las trabajadoras y los trabajadores, una vez que se haya producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos, mas no en razón de las causas de la desvinculación laboral.

Es así que, regulando esta situación y en virtud a los principios protectivos del trabajador que rigen en materia laboral, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por ley, emitió la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, estableciendo que la multa del 30 %, también procede en los casos de retiro voluntario, disponiendo para ello en su art. 1, I: “Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de la trabajadora y el trabajador de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma. II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de 90 días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de 15 días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagará el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFVs, más la multa del 30% por ciento del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador”.

Que, en este marco legal, el resguardo del pago oportuno de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, no sólo se sujeta al despido o retiro voluntario del trabajador; toda vez que, ampliando su entendimiento, se aplica al resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo que garantice su subsistencia y la de su familia, una vez producida la desvinculación laboral, concluyéndose que la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario, conclusión de contrato u otra particularidad.
Ante ello, el empleador en cumplimiento de lo que la ley le ordena, debe tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados, más allá de ser un retiro forzoso, indirecto o voluntario, en resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo, garantizando de tal manera su subsistencia y la de su familia; de tal forma, queda facultado para efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia por ante el Ministerio de Trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que considere necesarias, salvaguardando además con ello, posibles acciones dilatorias que tiendan a la obtención de un beneficio indebido, como la multa del 30% por parte del trabajador; resguardando de tal forma, el equilibrio necesario entre empleador y trabajador, toda vez que al dar cumplimiento al amparo que la ley otorga al pago oportuno de lo adeudado al trabajador, a la vez también la ley precautela los derechos del empleador, siendo este quien debe hacer uso de ellos.

En mérito a ello se concluye que, para la procedencia del pago de la multa del 30%, no es relevante que la trabajadora o el trabajador haya sido despedido o se haya retirado de manera voluntaria, puesto que la previsión legal sanciona el incumplimiento del plazo de los 15 días, establecidos por ley para el pago de los beneficios sociales y, siendo así, independientemente a la causal de la desvinculación, el demandado deberá cancelar la multa de referencia por el no pago oportuno de los derechos laborales, liquidados en sentencia. Por consiguiente, en referencia al reclamo que antecede, se evidencia que lo dispuesto por los tribunales de instancia se ajusta a las normas legales en vigencia, sin observarse violación a norma legal alguna. 

b) Errónea aplicación de la ley

En cuanto a la errónea aplicación de la ley, delimitando la problemática de la presente acción impugnaticia, se tiene que el recurrente planteó recurso de casación, señalando que el tribunal de alzada no dio una aplicación correcta a las disposiciones contenidas en el art. 12 de la LGT, porque el trabajador no presentó preaviso 30 días antes de su renuncia, motivo por el cual aduce que se le debió realizar el descuento correspondiente.

Al respecto, corresponde señalar que el contenido del art. 12 de la LGT, estipula la aplicación de una sanción en los supuestos de no haberse operado el preaviso en la desvinculación laboral, castigando el eventual y posible perjuicio producido por haberse tomado -ya sea por parte del trabajador o el empleador- una decisión unilateral súbita, sin que ello signifique, excusa para que el empleador eluda honrar el desahucio.

Sin embargo, no obstante que el recurrente en su recurso de casación señaló que el tribunal de alzada no dio una interpretación correcta al contenido del art. 3 del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, 11 y 159 del CPT en relación con el art. 48.III de la CPE; empero, al no haber efectuado el pago de salarios en forma oportuna sí incurrió en la causal de despido indirecto, que hacen merecedor al trabajador el derecho al desahucio. En consecuencia, este Tribunal de casación concluye que, no es evidente lo cuestionado por la parte recurrente, porque el ad quem obró en estricta observancia de la ley.

c) Sentencia ultra petita por errónea interpretación de la ley

En cuanto a la denuncia de que el auto de vista concedió más de lo pedido, es decir, que el tribunal ad quem emitió una resolución ultra petitaSobre el particular se debe precisar que, una decisión se constituirá en ultra petita, en tanto suponga vicio de incongruencia, que se configura cuando un fallo excede el contenido de la pretensión, concediendo más de lo reclamado por las partes, en términos de una agregación oficiosa a los contenidos esenciales del thema decidendum; siendo que se resuelve todas las cuestiones planteadas, pero además, otra u otras no propuestas y, se calificará como infra petita o citra petita, cuando la resolución omite considerar y decidir una pretensión, o cualquier petición, alegación o argumento oportunamente propuesto, conveniente para la adecuada solución del litigio y que el juzgador hubiera desechado implícitamente o quedado desplazado en virtud del contenido del pronunciamiento. Empero, el art. 64 en concordancia con el art. 202.c) ambos del CPT, confieren la permisión a los jueces de única y primera instancia fallen en torno a súplicas jamás invocadas e, incluso, los reviste de la facultad de decidir materias cuantitativamente superiores a las pedidas y en el caso de autos, se evidencia que el juez laboral pese a que el demandante en su demanda no consignó el derecho al desahucio, no podía desconocer los derechos del trabajador que si le corresponde. Por lo anteriormente fundamentado, se concluye que las infracciones denunciadas por el recurrente no son evidentes, por cuanto el ad quem resolvió el recurso de apelación en el marco de las disposiciones legales aplicables al caso.

A mérito de lo expuesto precedentemente, este Tribunal concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 91 a 93, al carecer de sustento fáctico y jurídico; conlleva a afirmar que el tribunal de alzada realizó adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso en la emisión del Auto de Vista Nº 49/2015 de 08 de junio, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 91 a 93, interpuesto por Fredy Antonio Murillo Fanola en representación de la Empresa Constructora “IMPROCOM”. Con costas.

Se regula el honorario profesional por estar contestado el recurso, en la suma de Bs. 500.- que mandará hacer efectivo el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.