SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 59/2016.

Sucre, 14 de marzo de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-OR.253/2015.

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 134 a 135, interpuesto por Edson Paolo Saavedra Carreño, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 123/2015 de 19 de junio, cursante de fs. 127 a 129, pronunciado por la Sala Especializada, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del recurso de reclamación instaurado por Carlos Cano Paco, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 139 a 140, el auto de fs. 141 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de compensación de cotizaciones promovido por Carlos Cano Paco, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 1903 de 19 de marzo de 2014 (fs. 78), resolvió otorgar en favor de Carlos Cano Paco, el formulario de compensación de cotizaciones número 33,783, en el cual se considera un monto de compensación de cotizaciones de Bs.193,20.-, que previa aceptación es válido para la emisión del certificado de compensación de cotizaciones por procedimiento manual.

Ante esta situación, Elena Alcalá Guerreros Vda. de Cano, planteó recurso de reclamación (fs. 91), que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 614/14 de 25 de septiembre de 2014 (fs. 107 a 109), confirmando la Resolución Nº 1903, de 19 de marzo de 2014 de fs. 78 de obrados.

En grado de apelación interpuesta por la solicitante de fs. 112, por Auto de Vista Nº 123/2015, de 19 de junio de 2015 (fs. 127 a 129), la Sala Especializada, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, revocó la Resolución Nº 614/14 de 25 de septiembre de 2014 de fs. 107 a 109, disponiendo se efectué una nueva calificación de compensación de cotizaciones en base a las pruebas aparejadas al proceso administrativo.

Este fallo, originó que el representante del SENASIR interponga el recurso de casación en el fondo de fs. 134 a 135, quien haciendo una relación de antecedentes manifestó en síntesis:

Que, efectuada la revisión de antecedentes, se verificó que no se cuenta con documentación de liquidación de internación de minerales del Grupo Minero Victoria (periodo 07/92); que en el considerando II del auto de vista recurrido, se señala que, corresponde interpretar los principios previstos en la CPE de servicio a la sociedad, transparencia, eficacia, verdad material, debido proceso y acceso a la justicia, siendo viable una nueva revisión de acuerdo a las liquidaciones Nos. 104/92 y 105/92 de fs. 91.

Sostuvo que, la copia de fs. 111, dentro del trámite administrativo de petición minera denominada “Victoria”, menciona los requisitos prescritos en el art. 123 y siguientes del Código de Minería, de donde se evidencia que la Empresa Minera Victoria constituye una persona jurídica, razón por la cual, la liquidación por internación de minerales, emitida por COMIBOL, tiene como orden de compra a la Empresa Minera Victoria y no así la orden de compra de Carlos Cano Paco, persona natural, por lo que las liquidaciones Nos. 104/92 y 105/92, no pueden ser tomadas en cuenta a efectos de certificación, puesto que están a nombre de la Empresa Minera Victoria, por lo que la Resolución Nº 614/14 de 25 de septiembre de 2014, dio cumplimiento a lo previsto en el art. 50.b), del Decreto Supremo (DS) Nº 822 de 16/03/2011.

En este sentido se certificó el total de periodos cotizados, dando cumplimiento a la Ley de Pensiones Nº 065 de 10/12/2010, citando al respecto, lo previsto en su art. 24, en tal razón, al estar las liquidaciones de internación de minerales a nombre de la Empresa Minera Victoria, no se puede proceder a la certificación a nombre de Carlos Cano Paco.

En tal razón, denunció como normas legales erróneamente interpretadas y violadas, el art. 24 de la Ley de Pensiones Nº 065, DS Nº 0822 de 16 de marzo de 2011 y art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso de análisis, se visualiza que el representante de la institución recurrente, no está de acuerdo con el fallo del Tribunal de Segunda Instancia, por haber revocado totalmente la Resolución Nº 614/14 de 25 de septiembre de 2014, disponiendo que se efectué nueva calificación de compensación de cotizaciones en base a las pruebas aparejadas al proceso administrativo, fallo con el que el ente gestor no está de acuerdo, puesto que manifiesta que no se certificó los periodos 7/92, porque no se cuenta con documentación de liquidación de internación de minerales en el Área de Compensación de Cotizaciones y Archivo Central del SENASIR, del Grupo Minero Victoria, manifestando que si bien, existe fotocopias legalizadas de liquidación de minerales emitida por COMIBOL, el mismo tiene como orden de compra la Empresa Minera Victoria y no así la orden de compra a nombre de Carlos Cano Paco, motivo por el que denunció como normas legales erróneamente interpretadas y violadas, las descritas en la parte del resumen del presente Auto Supremo.

En este contexto analizados los antecedentes administrativos, a fs. 110 de obrados, cursa el comprobante de pago de fecha 26 de marzo de 1985, de una patente minera de la Mina “Victoria”, realizada por el solicitante Carlos Cano Paco, a fs. 111, se encuentra la copia legalizada, otorgada por la Superintendencia Departamental de Minas de la Capital (Oruro-Bolivia), dentro del Trámite Administrativo de Petición Minera Denominada “VICTORIA”, de propiedad de CARLOS CANO PACO, documentación que demuestra de manera contundente que la Empresa Minera Victoria le pertenecía al solicitante Carlos Cano Paco, extremo que no fue considerado por el ente gestor, tomando en cuenta solamente los documentos que se encontraban en su poder, sin realizar cruce de información del SENASIR con la Caja Nacional de Salud o con la COMIBOL, a fin de verificar los extremos expuestos por el asegurado, en su recurso de reclamación, donde pide una nueva revisión de acuerdo a la documentación presentada, donde adjunta prueba documental que demuestra que realizo liquidaciones de minerales por los periodos extrañados por el ente gestor, es decir, 07/92, conforme se evidencia por la literales de fs. 86 a 89, pues la entidad estatal debió cumplir con la revisión de oficio de las rentas y pagos globales, prevista en el art. 9 del DS Nº 28699 de 28 de enero de 2005, extremo que fue omitido, dando lugar a emisión de una Resolución sin tomar en cuenta los periodos efectivamente cotizados, con el argumento de que no se contaba con documentación para certificar el periodo 07/92.

Al respecto, el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su art. 18 que dispone: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, concordante con la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, normativa que no fue tomada en cuanta por el SENASIR momento de emitir sus resoluciones.

En base a estos lineamientos y en virtud a los aludidos documentos, queda comprobado que el asegurado aportó en los periodos desconocidos por el SENASIR, como propietario de la Empresa Minera “Victoria”, desvirtuando con ello lo afirmado por la parte recurrente, de donde se deduce que no se efectuó una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues solo se evocaron a considerar la documentación que tenía en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), referente a la irrenunciabilidad de los derechos.

Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el caso presente calificar a favor del solicitante los periodos efectivamente cotizados y desconocidos por el ente gestor, los cuales han sido reparados de forma acertada por el tribunal de segunda instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS).

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Bajo tales antecedentes, se evidencia en obrados que el tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, sustentando además su resolución en lo prescrito en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.

De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en los arts. 158 y 162 de la CPE de 1967, vigente al inicio del presente proceso, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los arts. 35.I y 45.II y IV, de la actual CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Por otra parte el derecho a la seguridad social y el derecho a la jubilación, están también reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales contenidos en el Convenio Nº 102 de la OIT de 1952, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1) y la Declaración Americana de Derechos y deberes del Hombre (art. XVI), que gozan de proclamación y regulación propia, protegiendo todos, al ser humano de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, vestimenta y alimentación, que busca cubrir las necesidades básicas del beneficiario de la renta, que es considerado de atención prioritaria para el Estado y en etapa de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener la prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivos los valores, principios y fines del Estado, consagrados en el Capítulo Segundo, Título Primero correspondiente a la primera parte de la Constitución Política del Estado.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva, contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 135 a 134, interpuesto por el SENASIR.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.