SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 57/2016.

Sucre, 14 de marzo de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.251/2015.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 147 a 149, interpuesto por la empresa Vicar S.R.L., representada por Rene Rosas Matienzo, contra el Auto de Vista Nº 80/15 de 01 de junio de 2015, cursante de fs. 143 a 144, pronunciado por la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Pando, dentro del proceso social seguido por Jesús Moreno Arce, contra la empresa recurrente, el auto de fs. 151 vta., que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, el Juez de Trabajo y Seguridad Social Niño Niña y Adolecente de la ciudad de Cobija Pando, emitió la Sentencia Nº 9/2015 de 31 de marzo de 2014, de fs. 121 a 124, declarando probada en parte la demanda de fs. 14, e improbada la excepción perentoria de prescripción opuesta con costas, en consecuencia la empresa demandada deberá cancelar al demandante Jesús Moreno Arce, en tercero de ejecución de sentencia, la suma de Bs.25.886,00.- (veinticinco mil ochocientos ochenta y seis 00/100).- por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación y subsidio de frontera.

En grado de apelación formulada por ambas partes de (fs. 127 a 128) y de (fs. 131 a 132), la Sala Civil Social Familia de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Pando, mediante Auto de Vista Nº 80/15 de 01 de junio de 2015 (fs. 143 a 144), confirmó la Sentencia Nº 9/2015 de 31 de marzo de 2014 de fs. 121 a 124, sin costas por ser ambas partes apelantes.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 147 a 149, interpuesto por Vicar S.R.L. representada por Rene Rosas Matienzo, manifestando en síntesis lo siguiente.

Denuncia que el Auto de Vista Nº 80/15 de fecha 01 de junio de 2015, fundamentó que el juez a quo habría valorado correctamente las pruebas, respecto al contrato de trabajo de fs. 52, cuando lo evidente es que las pruebas no fueron valoradas correctamente por los de instancia, aspecto que vulnera el debido proceso y es mas no existe una fundamentación y motivación en ambas resoluciones, toda vez que no puede existir un doble contrato uno laboral y otro comercial, el contrato de trabajo suscrito en mayo de 2006 no tiene valor legal por estar en vigencia el contrato comercial por comisión, afectando el fondo del proceso, debiendo ser dilucidado en la vía civil o comercial, que por lo tanto no tendrían competencia los tribunales de instancia para conocer esta causa.

Agrega que el auto de vista que impugna, no valoró la prueba documental de fs. 68 a 69, prueba que demuestra el abandono del actor en agosto de 2008, hecho que fue denunciado ante la autoridad competente, que al no ser valorado correctamente conforme a lo denunciado en el recurso de apelación, vulneró el debido proceso, expresando también que por las características laborales que realizaba el actor ahora demandante, no le corresponde beneficios sociales y si le correspondiera este ya fue retenido con los bienes que se quedaron en su poder por un monto de $us.46.000,00.-, dado que la deuda que el actor tenía con la empresa superaba los $us.160.000,00.-, pruebas adjuntadas que no fueron valoradas por los de instancia, vulnerando el art. 159 Código Procesal del Trabajo (CPT), y el DL Nº 2565 de 6 de junio de 1951, que exonera al empleador el pago de salario y cualquier emolumento en caso de abandono de sus labores.

También denuncia, que el auto de vista al igual que la sentencia, han violado el art. 202 del CPT, por no realizar una relación detallada de las pruebas, para acreditar la relación de los hechos, con la prueba producida en el curso del proceso; que se vulneró derechos y garantías constitucionales como la igualdad, la seguridad y justicia.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justica, se pronuncie en el fondo, que se case el auto de vista impugnado Nº 80/15, y declarar improbada la pretensión del demandante, que no tendría derecho a recibir ningún beneficio social por estar sujeto a contrato comercial como promotor de ventas y que en su momento ya recibió las comisiones que le correspondía.

CONSIDERANDO II: Que, así interpuesto el recurso de casación, de la revisión de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:

El fundamento principal del recurso, versa en determinar si entre el actor y la empresa demandada existió relación laboral regida por la Ley General del Trabajo, como concluyeron los juzgadores de instancia, o por el contrario, si fue estrictamente de carácter civil o comercial según manifiesta el representante legal de la empresa, al denunciar como en consecuencia que lo determinado en la sentencia que declaró probada la demanda, reconociendo los derechos y beneficios demandados, resolución confirmada por el auto de vista recurrido, no realizan la valoración correcta de las pruebas, que carecen de fundamentación y motivación, pero además que afecta el debido proceso, a la igualdad y seguridad, lo que corresponderá verificar si tal aseveración es o no evidente:

En ese contexto, a fin de determinar si una relación de trabajo tiene las características esenciales de una relación laboral, debe tenerse en cuenta que, todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben, a tal fin corresponde observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral, por lo que, a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia o subordinación, según el cual, quién recibe el trabajo tiene la facultad de dirigir e imponer sus reglas, tomando los frutos de ese trabajo, por lo que para determinar la relación se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador.

En cuanto a la relación laboral y tiempo de servicios prestados; se tiene demostrado por las pruebas de cargo y descargo aportadas al presente proceso en el término probatorio que existió relación laboral entre Jesús Moreno Arce con la empresa Vicar S.R.L., desde el 1º de mayo de 2006 hasta el 30 de marzo de 2009, teniendo como prueba el contrato de trabajo laboral indefinido de fs. 52 a 55, dentro de los alcances de las leyes laborales, haciendo un total de tiempo de servicios prestados de 2 años, 11 meses, estableciendo una serie de condiciones y obligaciones impuestas al trabajador, así también consta en antecedentes que le daban instrucciones, recomendaciones y responsabilidades que debía asumir en el desempeño de sus funciones, los aportes realizados por la empresa a la A.F.P. Futuro de Bolivia desde el mes de mayo de 2006 a marzo de 2009 fs. 7 a 10, además existió un horario de trabajo, comprobantes de pago de salarios; por lo que certifica que el señor Jesús Moreno Arce, tenía funciones enmarcadas por un contrato laboral indefinido, con una remuneración mensual de Bs.1.900,00.-; hechos que demuestran categóricamente la relación de dependencia y subordinación del actor con la empresa demandada. Debido a que la misma cumple con los requisitos esenciales que debe contener toda relación laboral como ser: a) dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) prestación de trabajo por cuenta ajena; c) percepción de una remuneración o salario en cualquiera de sus formas y manifestaciones. De conformidad a lo establecido por los arts. 1 y 2 del Decreto Supremo 23570, de 26 de julio de 1993 (Ampliación del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo); a los arts. 2 y 3 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006…”; por lo que se evidencia que el juez a quo hizo un adecuado análisis de la presente litis conforme al principio de la primacía de la realidad instituido en el art. 4.d) del Decreto Supremo Nº 28699, razonamiento confirmado por el tribunal ad quem “…pese a la existencia del contrato de tipo civil-comercial, de 1º de junio de 2005 hasta el 1º de junio de 2006, que trataron de simular y desvirtuar la relación laboral existente entre el actor y la empresa demandada, argumentando la vigencia del mismo “promotor de ventas”, los mismos que no surten los efectos pretendidos, debiendo prevalecer y aplicarse en este caso, el principio de proteccionismo para el trabajador, por el que los procedimientos laborales busquen la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores; y el principio de primacía de la realidad, en el cual prevalecen los hechos a lo determinado por acuerdo de partes, en cumplimiento y de conformidad con los arts. 6 y 12 de la Ley General del Trabajo, al art. 4 inc. d) y 5 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006 y a los arts. 3 inc. g) y 182 inciso a) del Código Procesal del Trabajo”, por lo que se tiene que en el caso de autos, es aplicable el “Principio de la Primacía de la Realidad” y la relación entre los demandantes y la empresa recurrente reúne las características del art. 2 del DS Nº 28699 de 01 de mayo del 2006, por otro lado, una de las bases fundamentales del legislador para la creación y aplicación de la disposición legal ya citada, dentro del ordenamiento jurídico, es que sobre el rótulo de libre contratación y libre rescisión, se han dado excesos que han significado decisiones arbitrarias para despedir de manera camuflada de este modo burlar obligaciones laborales, como son el contrato civil comercial encubierto; reiterando que la empresa recurrente intentó ocultar la relación laboral con su trabajador; por otro lado, se debe tomar en cuenta que por mandato del art. 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE), en concordancia con el art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), ésta última norma, dispone que “Los derechos que esta Ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables, y será nula cualquier convención en contrario”; es en alcance de tales principios que la legislación laboral vigente, orienta su sentido proteccionista hacia el trabajador, de donde se establece que el objeto del proceso laboral es el reconocimiento de los derechos consignados a favor de los trabajadores, no siendo evidente lo expresado por la empresa recurrente.

Estas guías de orientación llevan al convencimiento de que, entre el actor y la empresa Vicar S.R.L., existió relación de dependencia y subordinación, es decir, dentro del ámbito de la Ley General del Trabajo y no dentro de la esfera del derecho comercial o civil, por lo que corresponde reconocer a su favor los derechos y beneficios sociales concedidos por los juzgadores de instancia, quienes para arribar a la determinación asumida, valoraron de manera correcta la prueba adjuntada al proceso, conforme la faculta los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT.

Asimismo no se tomó en cuenta que, la uniforme jurisprudencia desarrollada por el Supremo Tribunal de Justicia ha establecido que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los jueces y tribunales de instancia, siendo incensurable en casación, a no ser que se demostrare la infracción del inciso 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC), extraordinariamente podrá procederse a una revaloración de la prueba, en la medida que la empresa recurrente acuse y demuestre que se hubiera producido error de hecho o de derecho por los tribunales inferiores, aspecto que en el recurso en análisis no ocurrió.

Por otra parte, en cuanto a que los jueces laborales no tendrían competencia para conocer la presente causa, por ser esta una relación de carácter comercial o civil regida por el art. 732 del Código Civil (CC); esta afirmación carece de sustento fáctico y jurídico, en primer lugar porque, de antecedentes se demostró la existencia de una relación laboral como se manifestó ut supra.

Respecto a la denuncia de vulneración del art. 159 del CPT que señala: “Son documentos: los escritos, escrituras, certificados, planillas, libros de la empresa o del sindicato, tarjetarios, copias, impresos, planos, dibujos, fotografías, radiografías, sobres de pago, cheques, contraseñas, cupones, etiquetas, telegramas, radiogramas, informes y, en general, todo objeto que tenga carácter representativo o declarativo”, como se podrá advertir, revisado el contenido textual del aludido literales, se expresa que el auto de vista no valoró la prueba, de fs. 68 y 69 que demuestra el abandono del actor a su fuente laboral. Es importante mencionar que la acusación de la empresa recurrente que manifiesta: "…el abandono de su fuente laboral por más de seis días continuos”, el el art. 13 de la LGT, modificado por el Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, dispone que "...cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado, independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo; y si los servicios no alcanzaren a un año, en forma proporcional a los meses trabajados, se computará a partir de la fecha en que estos fueron contratados, verbalmente o por escrito, incluyendo los meses que se reputa de prueba..."

De la normativa señalada ut supra, resulta incongruente el reclamo del recurrente, por cuanto la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, en su art. 48.II dispone: "Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador", como así también en su parágrafo IV del mismo artículo de la Carta Magna, señala que "Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles". En este contexto es que al haber sido despedidos intempestivamente los trabajadores tienen derecho al cobro de todos sus beneficios sociales, observados por el recurrente. (Las negrillas son nuestras).

En cuanto a que el actor, pretende cobrar beneficios sociales no obstante debe responder por los bienes que quedaron en su poder por un monto que supera los $us.46.000,00.- (cuarenta y seis mil 00/100 dólares americanos), y el monto que adeuda a la empresa superaba los $us.160.000,00.- (ciento sesenta mil 00/100 dólares americanos), sin embargo; tal afirmación carece de todo valor probatorio, primero porque las supuestas infracciones alegadas por el representante de la institución demandada, no han sido demostradas ni desvirtuadas, pues no se encuentra documentación fidedigna que confirme que el actor hubiera incurrido en tales acusaciones, por otra parte, no se advierte ningún proceso disciplinario interno, como señalan nuestras leyes vigentes; pues simplemente se menciona de manera general que el actor habría cometido una serie de irregularidades, extremos que no fueron probados por la parte demandada, pese a que de acuerdo a los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, referidos al principio de la inversión de la prueba, que determinan que en materia social la carga de la prueba corresponde al empleador, incumpliendo la parte demandada con estos preceptos.

Sobre este punto, como se podrá advertir, tampoco existe sentencia condenatoria ejecutoriada emitida por autoridad competente; por las cuales se establece que la causal de despido del trabajador, ameritaba ser dilucidada previamente en un Proceso Administrativo Interno, permitiéndosele al actor desvirtuar los hechos que se le atribuyeron en resguardo de su derecho a la defensa y en virtud a la presunción de inocencia que se encuentran garantizados por los arts. 115.II y 116.I de la CPE, que al efecto prevén: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…” y “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”; para luego, en caso de comprobarse con el debido sustento legal la causal del art. 16.g) de la LGT, concordante con el art. 9.g) de su Decreto Reglamentario despedir al actor con justa causa, lo que no ocurrió en el caso que se analiza.

De la cuidadosa revisión del expediente, se establece que la acusación al tribunal ad quem y el juez a quo, de la vulneración del art. 202 del CPT, al no hacer una relación detallada de las pruebas conforme dispone esta norma, no es evidente, ya que la Sentencia Nº 9/2015, así como el Auto de Vista Nº 80/15, desarrollaron en su fundamentación todos los elementos a que se refieren los puntos contenidos en la demanda y apelación, definiendo en términos claros y precisos las razones que llevaron al juez a quo y tribunal ad quem, a adoptar la sentencia y resolución.

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 147 a 149. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.