SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 52/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.249/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 217 a 218, interpuesto por Nancy Campero de Gonzáles representada por Osman Edgar Osinaga Villarroel, contra el Auto de Vista Nº 298 de 19 de diciembre de 2014, cursante de fs. 214 a 215, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso de pago de beneficios sociales, que sigue Rossio Anayth Mustafá Céspedes contra la recurrente, la respuesta de fs. 221, el auto de fs. 222 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 03 de 10 de enero de 2014 cursante de fs. 195 a 198, declarando probada la demanda, interpuesta por Rossio Anayth Mustafá Céspedes, de fs. 4 a 6, contra la empresa Importadora y Exportadora Monterrey SRL, representada por Nancy Campero de Gonzáles, quien a su vez es representada en el proceso por Osman Edgar Osinaga Villarroel, con costas, por haberse probado el despido injustificado y la procedencia del pago de sus beneficios sociales demandados y la multa, a excepción de las horas extras por no existir parámetro para el cálculo, ordenando a la empresa pague a tercero día de su legal notificación los beneficios sociales a su ex trabajadora en la suma de Bs.37.203,00.- (treinta y siete mil doscientos tres 00/100 bolivianos), por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacaciones, sueldo, primas, incremento salarial y multa del 30%, con la actualización en UFV a calcular en ejecución de sentencia.

En grado de apelación, interpuesto por la demandada de fs. 200 a 201, por Auto de Vista Nº 298 de 19 de diciembre de 2014, cursante de fs. 214 a 215, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Santa Cruz, confirmó en todas sus partes lo determinado en Sentencia Nº 03 de 10 de enero de 2014, cursante de fs. 195 a 198 del expediente, con costas, en aplicación de lo que establece el art. 4, 56 y 59 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Que el referido auto de vista, motivó el recurso de casación de fs. 217 a 218, interpuesto por Nancy Campero de Gonzáles representada por Osman Edgar Osinaga Villarroel, bajo los siguientes argumentos:

Acusó que el tribunal ad quem incurrió en error al no tomar en cuenta que, no se extendió oportunamente el oficio que señalaba la fecha de audiencia en la que la Directora Departamental de Trabajo, tenía que ratificar el acta manuscrita de fs. 17, documento que demuestra que la actora no fue despedida y donde se ordena su reincorporación, la misma que no fue cumplida por la demandante.

Que en la audiencia señalada para la declaración de testigos, no se permitió que testifique Rosselin Barba, pese a que se encontraba presente en dicha audiencia, vulnerando así lo dispuesto por el art. 466 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Que ante el planteamiento del recurso de reposición, no se entró en un análisis exhaustivo del mismo, que denunciaba los vicios que violentan y vulneran el debido proceso, establecido en el art. 16. II de la CPE y lo dispuesto en los arts. 252 y 90 del CPC, al confirmar el Decreto de fecha 15 de septiembre de 2010.

Que, el auto de vista incurre en los mismos errores que la sentencia al convalidar todos esos vicios, justificándose en el D.S Nº 28699, sin considerar que la empresa en ningún momento despidió a la actora, en quien por el contrario invirtió mucho dinero, por lo que es necesario restablecer el debido proceso y el derecho a la defensa que ha sido vulnerado en el proceso.

Concluyó solicitando se case o en su defecto se anule obrados hasta el vicio más antiguo y sea con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto el memorial del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

En principio es necesario dejar establecido que el recurso de casación se equipara a una nueva demanda de puro derecho que debe contener los requisitos enumerados en art. 258. 2) del CPC, que de manera imperativa exige a todo recurrente el cumplimiento de la obligación procesal de citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto contra el que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o en ambos, no siendo suficiente la simple enunciación de la norma que considera vulnerada, sin demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción que se acusa.

En ese sentido, el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo “modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista”, al evidenciar que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en “errores in judicando”, aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través de los tres presupuestos contenidos en el art. 253 del CPC, vale decir, cuando se acredite: "que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una ley" o "cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias", y finalmente cuando se demuestre: "que en la valoración de las pruebas se hubiere cometido error de derecho o error de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".

Complementando lo anterior, es preciso aclarar que para la eficacia del recurso de casación en el fondo, es suficiente la acreditación de uno de los referidos presupuestos y no necesariamente de todos, toda vez que al evidenciar dicho error “in judicando” en cualquiera de sus vertientes, el Tribunal estará constreñido a emitir un fallo que disponga la casación total o parcial de la resolución impugnada y emitirá un nuevo fallo resolviendo el fondo del proceso.

En cambio, el recurso de casación en la forma, procede por cualquiera de los incisos señalados en el art. 254 del CPC, que se trasuntan en errores procedimentales o error “in procedendo” en que hubieren incurrido los de grado, debiendo también el recurrente precisar de manera clara y suficiente los agravios que den lugar a la nulidad de obrados.

En relación con lo expresado en el párrafo anterior, es oportuno aclarar que en la interposición del recurso de casación, sea en el fondo, en la forma o ambos, se ha convertido en costumbre, dar por entendido que se debe aplicar el principio iura novit curia; sin embargo, se debe tener presente, como expresa Juan Carlos Lozano Bambarén en su obra, Recurso de Casación Civil, Editora Jurídica Grijley, primera edición, Lima, 2005, p. 173-174, que dicho principio “…sólo rige en las instancias de mérito, pues son éstas las que aprecian y valoran las pruebas, establecen la relación fáctica y determinan el derecho aplicable. La Corte Suprema no conoce los hechos, no aprecia prueba y sólo se pronuncia sobre el derecho invocado en el recurso de casación, y en su caso sobre aquellos vicios que atentan contra el debido proceso. De donde resulta claro que el citado principio procesal no es aplicable en el recurso de casación.”

En este contexto, corresponde señalar que en el contenido del memorial de fs. 217 a 218, se advierte que la institución recurrente planteó recurso de casación, sin fundamentar los agravios en las normas sustantivas y adjetivas, señaladas supra, limitándose a señalar que se hubiese vulnerado el derecho al debido proceso y a la defensa, y refiriéndose a etapas procesales ya precluidas; sin embargo no explica cómo, porqué y de qué manera el tribunal infringió norma alguna, siendo el recurso carente de todo fundamento legal, cuando debió hacer un análisis sobre la existencia de errores "in judicando" o “in procedendo” en los que incurrió el tribunal de alzada, explicando si incurrieron en interpretación errónea y aplicación indebida de las normas laborales al emitir el auto de vista ahora recurrido en casación y la posible solución jurídica a la situación planteada; es decir, el recurso de casación ya sea en el fondo o en la forma debe bastarse por sí mismo, para que este Tribunal ingrese al análisis y consideración del mismo, lo que no sucedió en el caso de autos, que es simplemente referencial de los actuados del proceso.

Ahora bien, la demandada pretende un nuevo análisis del elenco probatorio en casación, sin tomar en cuenta que éste debe precisar el error de hecho o el error de derecho en la apreciación de las pruebas por parte del tribunal ad quem, conforme a la línea adoptada por este Tribunal en sus numerosos fallos, por citar así el Auto Supremo Nº 14 de 16 de febrero de 2012, que determinó: “(….) por mandato del inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, se dispone en el caso de que en el recurso de casación en el fondo, se formulen denuncias relacionadas con la valoración de la prueba, es obligación del recurrente precisar si los juzgadores de instancia incurrieron en errores de hecho o en errores de derecho, única situación en la que se abre la competencia de este tribunal para verificar el análisis efectuado tanto por el juez a quo como por el tribunal ad quem en relación al elenco probatorio y las decisiones asumidas…”, en este sentido, Pastor Ortiz Mattos, en su obra, El Recurso de Casación en Bolivia, página 158, expresa “…El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico”, y “El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto.” (las negrillas son añadidas), aspecto que tampoco observó la institución recurrente en el caso de autos.

Consiguientemente, los argumentos esbozados por la demandada, carecen de la técnica recursiva, fundamentación y sustento legal, inobservancia que de ningún modo pueden suplirse por este tribunal de casación, sin que esta decisión implique que la parte recurrente pueda argumentar negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando ésta forma de resolución obedece al propio descuido y negligencia en que incurrió la institución recurrente a tiempo de formular el recurso de casación omitiendo completamente la carga recursiva por ley establecida.

Por lo manifestado, corresponde en consecuencia resolver en la forma prevista por el inciso 2) del art. 272 del CPC, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 217 a 218. Con costas.

Se regula honorario profesional para el abogado en la suma de Bs.500,00.- que mandará a pagar el tribunal de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.