SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 46/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.243/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 162 a 165 interpuesto por la Empresa Municipal de Áreas Verdes representada por Julio Loredo España, contra el Auto de Vista Nº 300/2015 de 25 de junio de 2015, cursante a fs. 150 a 153 emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Chuquisaca, dentro del proceso laboral seguido por Inés Peña Paco contra la empresa municipal recurrente, la respuesta de fs. 168, el auto de fs. 169 que concedió el recurso, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nº 005/2015 de fecha 24 de febrero de 2015, de fs. 128 a 131, declarando probada la demanda social cursante de fs. 23 a 25, con costas, debiendo la institución demandada cancelar la suma de Bs.27.997,48.- (veintisiete mil novecientos noventa y siete 48/100 bolivianos) por concepto de indemnización, desahucio, sueldos devengados, vacaciones, aguinaldo y bono de antigüedad.

En grado de apelación de fs. 135 a 138, deducida por la empresa demandada, por Auto de Vista Nº 300/2015 de 25 de junio de 2015, cursante a fs. 150 a 153, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Chuquisaca, confirmó totalmente la Sentencia Nº 005/2015 de fecha 24 de febrero, cursante de fs. 128 a 131, pronunciada por la juez a quo, dentro del proceso de pago de beneficios sociales seguido por Inés Peña Paco contra la Empresa Municipal de Áreas Verdes.

Dicho fallo motivó el recurso de casación de fs. 162 a 165 interpuesto por la Empresa Municipal de Áreas Verdes representada por Julio Loredo España, expresando en síntesis lo siguiente:

Acusó que el tribunal ad quem no valoró las pruebas presentadas, toda vez que se pagó la indemnización conforme establece la Ley General del Trabajo y normas conexas, y de acuerdo al trámite interno administrativo en fecha 13 de enero de 2014 se envió informe a la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo, indicando el pago correspondiente debido a que en reiteradas oportunidades se comunicó con la actora a efectos de que recoja sus beneficios lo que nunca realizó, por lo que se procedió a depositar en fondos en custodia de la cuenta del Ministerio, existiendo en obrados un cheque, nota de atención al Ministerio así como el deposito a la cuenta por el pago de beneficios sociales dentro de los 15 días, no correspondiendo la multa del 30% dispuesta.

Asimismo no se tomó en cuenta la tacha presentada por la empresa en contra de Damián Cruz Segovia, valorando su testimonio y dejando a la institución en desprotección legal y parcializándose con la trabajadora.

Con relación al desahucio señala que no corresponde su pago, toda vez que el contrato de la actora fenecía en fecha 31 de diciembre de 2013, conforme la misma confesión espontánea realizada por la demandante, y que al haber solicitado la reincorporación la institución cumplió con la misma conforme sale de la nota enviada al Ministerio de Trabajo, haciendo conocer el abandono de la actora quien de manera maliciosa indica que no se le quiso cancelar los sueldos devengados y solo se quería obligar a firmar un contrato por tres meses, hecho falso ya que de la planilla de sueldo del personal eventual de enero de 2014 se puede probar que se le pago el sueldo por 25 días, por lo que al no haberse presentado incurrió en abandono de trabajo que se considera como renuncia voluntaria.

Que, en cuanto a los sueldos devengados, se realizó una mala interpretación, al tener los contratos a plazo fijo una fecha de inicio y de conclusión, por lo que no corresponde dicho pago al no demostrar la actora el trabajo en los días que no señala su contrato.

También acusó que la institución realizo el pago de vacaciones de las gestiones 2011 a 2012 y de 2012 a 2013 de acuerdo a formulario de vacación quedándole un saldo a la demandante de 2 días que le fueron cancelados en sus beneficios sociales, por lo que no corresponde la misma.

Que respecto al aguinaldo, de la gestión 2008, al haber suscrito un contrato externo de conformidad con el Decreto Supremo (DS) Nº 181, siendo contratado el personal externo para la prestación de servicios, no corresponde este beneficio, aspecto que fue evidenciado por la propia actora en su confesión provocada donde aclara que fue contratada por un contrato externo y que no existía control de asistencia, por lo que el mismo no encaja en las figuras establecidas en la legislación laboral.

Que en cuanto al bono de antigüedad, se realizó una errónea interpretación del art. 73 del Código Procesal del Trabajo (CPT), ya que la empresa se constituye en una institución pública municipal como persona jurídica de derecho público conforme lo dispuesto por el art. 3 de la Ley Nº 1178, vulnerando normas procesales como los arts. 1 y 91 del Código de Procedimiento Civil (CPC), 115 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Que, tanto el juez a quo como el tribunal ad quem han determinado incorrectamente el pago de costas, en franca vulneración del art. 39 de la Ley Nº 1178, en relación a la excepción de costas procesales al Estado, concordante con el art. 52 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, por lo que no corresponde la imposición de costas.

Concluyó solicitando se conceda el recurso de casación contra la sentencia de primera instancia y el auto de vista.

CONSIDERANDO II: Que, en mérito a los antecedentes y el memorial del recurso de casación, se establece lo siguiente:

Con relación a que el tribunal ad quem no consideró que la empresa recurrente pagó los beneficios de la actora dentro del término de los 15 días, conforme sale del informe a la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo, el finiquito, mediante cheque, así como el depositó en fondos en custodia de la cuenta del Ministerio, por el pago de beneficios sociales, no correspondiendo la multa del 30%.

Al respecto cabe señalar que, el pago de multa dispuesta por el DS Nº 28699 fue creado bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación obrero-patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral o, más aún, para burlar obligaciones laborales; es en ese sentido, que una de las medidas para garantizar dichos derechos conforme al art. 9, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de las trabajadoras y los trabajadores, una vez producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberse efectuado, con la 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos.

En ese contexto, si bien cursa en obrados la documental de fs. 55 a 56 consistente en Informe Nº 02/2014, el mismo en su parte final señala que adjunta fotocopia simple de cheque y finiquitos de acuerdo a informe legal, sin embargo no cursa en el expediente el depósito en fondos en custodia del Ministerio de Trabajo, el mismo que acreditaría si evidentemente se depositaron o no los beneficios sociales dentro del término de los 15 días, no siendo suficiente la emisión de un cheque, sino el efectivo depósito del mismo, toda vez que el empleador en cumplimiento de lo que la ley le ordena, debe tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados, quedando facultado para efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia por ante el Ministerio de Trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que viera por conveniente y de esta forma salvaguardar con ello, posibles acciones dilatorias que tiendan a la obtención de un beneficio indebido, por lo que al no constar prueba alguna que demuestre dicho pago dentro de término, corresponde el pago de la multa dispuesta por el ad quem.

En cuanto a la tacha presentada por la empresa en contra del testigo Damián Cruz Segovia, la misma que fue considerada por la juez a quo; es preciso señalar que en el caso de autos se evidencia que, la sentencia fue emitida basándose en todas las pruebas aportadas al proceso y las mismas fueron valoradas en su conjunto; asimismo se debe tener presente que en materia laboral, los juzgadores de instancia no se encuentran sometidos a la tarifa legal de la prueba; más al contrario, tiene libertad de apreciación de la misma, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, con la única excepción de la circunstancia que la ley exija de una prueba un contenido material concreto, tal como disponen el art. 158 en concordancia con el inciso j) del art. 3 y con el art. 60, todos del CPT; toda vez que la declaración del testigo de cargo era necesaria para demostrar hechos relevantes del proceso la misma fue convenientemente considerada por la juez a quo, en consecuencia no se evidencia la vulneración acusada.

Respecto a que no correspondería el pago de desahucio al haber concluido el contrato de la actora en fecha 31 de diciembre de 2013 y cuando fue reincorporada la misma hizo abandono de trabajo; sobre el particular, se debe tener presente que ante la conminatoria de reincorporación realizada por el Ministerio de Trabajo de la actora y otros, la empresa incumplió la misma por el hecho de querer que los denunciantes firmen contratos solo por tres meses, sin considerar que la reincorporación estaba respaldada ante el hecho de que la actora al tener más de dos contratos ya no era una trabajadora eventual como señala sino de carácter indefinido, motivo por el cual ante estas circunstancias fue correcta la apreciación realizada por los juzgadores de instancia al determinar que el despido fue intempestivo y por ende corresponde el pago de desahucio a la actora.

Que, en cuanto a los sueldos devengados, el recurrente acusó mala interpretación, al tener los contratos a plazo fijo una fecha de inicio y de conclusión; al respecto cabe señalar que, el art. 12 de la Ley General del Trabajo, establece que el contrato de trabajo puede pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio; ahora bien cuando se celebra un contrato por cierto tiempo; es decir, a plazo fijo, no implica necesariamente que una vez vencido el término pactado, el trabajador deba indefectiblemente cesar en sus funciones, tal es así que el art. 2 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa, en caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondrá que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido, siempre que se traten de labores propias del giro de la empresa como señala la Resolución Ministerial Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972.

Consiguientemente, en relación al caso de análisis, cursa de fs. 10 a 20, contratos de trabajo a plazo fijo, entre la actora y la entidad demandada, y si bien los mismos fueron suscritos por cierto tiempo, sin embargo es evidente que los mismos tienden a encubrir una relación laboral indefinida al ser los mismos sucesivos, en consecuencia amerita que a la actora se le adeuda los 44 días por concepto de sueldos devengados, más aun si el empleador no ha desvirtuado este aspecto conforme era su obligación.

Respecto a la vacación, de la prueba cursante en obrados a fs. 50 cursa Kárdex de vacaciones de la actora; ahora bien, en dicha documental se reconoce la vacación de la misma a partir de la gestión 2011 y conforme sale de las solicitudes realizadas por la demandante en la gestión 2013 se evidencia que únicamente hubiese utilizado 8 días, toda vez que no consta la última solicitud de fecha 16 de diciembre de 2013, y al no existir constancia de que esta haya sido tomada como las anteriores, corresponde el pago de vacaciones por 7 días, y no así por 12 como se señaló equivocadamente, por los de instancia.

Con relación a que el tribunal ad quem no considero que el contrato suscrito en la gestión 2008, fue externo de conformidad con el DS Nº 181 y por ende no corresponde el pago de aguinaldo; al respecto cabe señalar que conforme lo establecido en el art. 3 del DS Nº 229 de 21 de diciembre de 1944 que reglamenta la Ley de Aguinaldo de 18 de diciembre de 1944, el mismo dispone que: “Serán acreedores al beneficio que acuerda la Ley los empleados y obreros que hubiesen trabajado más de tres meses y un mes calendario, respectivamente. A los que hubiesen prestado sus servicios por un tiempo menor a un año, se les concederá el aguinaldo en proporción al trabajo.”, por lo que tomando en cuenta que se trata de un derecho adquirido e irrenunciable en favor de la trabajadora y toda vez que se ha demostrado que los contratos suscritos por la empresa solo tienden a encubrir una relación laboral indefinida, no es valedero el argumento de la parte demandada al señalar que el contrato fue externo y que no se hubiesen cumplido los requisitos exigidos por la legislación laboral, solo por el hecho de no registrar asistencia, toda vez que este aspecto no es atribuible a la trabajadora sino al empleador, que en su afán de encubrir la relación laboral existente pretende evitar el pago de beneficios que por ley le corresponden a la actora; por lo que, en virtud de lo dispuesto por la norma invocada, ante el incumplimiento en el pago oportuno del mencionado derecho corresponde la sanción impuesta del pago doble, en ese sentido se colige que el tribunal de alzada actuó correctamente.

Sobre la denuncia de que al ser la empresa una institución pública municipal de derecho público conforme lo dispuesto por el art. 3 de la Ley Nº 1178, no corresponde el pago de bono de antigüedad; al respecto, sobre el bono de antigüedad es conveniente puntualizar que la antigüedad laboral está definida como el conjunto de derechos y beneficios que el trabajador tiene en la medida de la prestación cronológica de sus servicios en relación con determinado empleador, cuya permanencia y continuidad se establece a partir del instante en que el obrero comienza a prestar de manera efectiva el servicio, ahora bien en el caso de autos la empresa recurrente está sujeta a la Ley General del Trabajo y normas conexas, por lo que, al ser los beneficios y derechos laborales adquiridos de los trabajadores, en el tiempo de servicios prestados, irrenunciables y toda vez que estos están reconocidos y protegidos por el art. 48 de la CPE, corresponde su pago.

En cuanto a la imposición de costas, conforme establece el art. 39 de la Ley Nº 1178, la misma no es aplicable.

Por consiguiente y en mérito a lo expuesto precedentemente, se concluye que al no ser evidente en parte las infracciones denunciadas en el recurso, corresponde resolver de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.4) y 274.II del CPC, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 300/2015 de 25 de junio de 2015, cursante a fs. 150 a 153 emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Chuquisaca, y deliberando en el fondo se revoca en parte la sentencia, con la modificación de que en la liquidación final se pague por concepto de vacaciones únicamente 7 días, y se deje sin efecto la imposición de costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Sin responsabilidad ni multa por ser excusable.

En cumplimiento del art. 41 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2537/2012 de 14 de diciembre de 2012, no es necesaria la convocatoria a un tercer Magistrado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.