SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 44/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.241/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 204 a 206, interpuesto por el Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR) representado por Olga Duran Uribe, contra el Auto de Vista Nº 956 de 04 de noviembre de 2014, cursante de fs. 197 a 198, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso de reconocimiento de renta de viudedad, que sigue Gladys Ruiz Molina vda. de Barrientos en su calidad de derechohabiente del causante Alfredo Barrientos Ayala contra la entidad recurrente, la respuesta de fs. 209 a 210, el auto de fs. 214 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso administrativo, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 00004203 de 10 de mayo de 2012 de fs. 130 a 132, determinó: 1) Desestimar la renta única de viudedad presentada por la Sra. Gladys Ruiz Molina, en virtud a las razones y fundamentos expuestos en la parte considerativa de la resolución, y 2) Recalculo de la renta única de orfandad como orfandad absoluta a favor del menor Barrientos Ruiz Carlos Alfredo, hasta el cumplimiento de los 19 años de edad.

Interpuesto el recurso de reclamación de fs. 142 por Gladys Ruiz Molina vda. de Barrientos, la Comisión de Reclamación del SENASIR, pronunció la Resolución Nº 00174/13 de 01 de abril de 2013 de fs. 166 a 169, confirmando la Resolución Nº 00004203 de fecha 10 de mayo de 2012, de fs. 130 a 132 de obrados, emitida por la Comisión de Calificación de Renta por estar correctamente otorgada conforme disposiciones que rigen la materia.

Posteriormente, Gladys Ruiz Molina vda. de Barrientos interpuso recurso de apelación de fs. 178, resuelto mediante Auto de Vista Nº 956 de 04 de noviembre de 2014, de fs. 197 a 198, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Santa Cruz, que revocó en parte las Resoluciones Nº 00004203 de fecha 10 de mayo de 2012, emitida por la Comisión de Calificación de Renta y la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 00174/13 de fecha 01 de abril de 2013, deliberando en el fondo con los fundamentos legales expuestos, ordena a la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, la Calificación de la renta de viudedad a favor de la Sra. Gladys Ruiz Molina vda. de Barrientos en su calidad de derecho habiente del Sr. Alfredo Barrientos Ayala, a partir del mes de mayo de 2009. Sin costas, conforme a la Ley SAFCO.

El fallo mencionado, motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 204 a 206, interpuesto por el SENASIR representado por Olga Duran Uribe, bajo los siguientes argumentos:

Acusó que el tribunal ad quem incurrió en aplicación indebida de ley, respecto del art. 52 del Código de Seguridad Social (CSS), norma concordante con el art. 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA) de la Unidad de Recaudación, toda vez que dicha normativa establece que no tendrá derecho a la renta de viudedad la conviviente si “el de cujus estuvo casado y no existía sentencia de divorcio ejecutoriada”, que en el caso de autos, de acuerdo a la documental emitida por el SERECI cursante de fs. 155 a 159 el causante contrajo nupcias en dos ocasiones, primero con Diosmira Benite Orosco, con fecha de matrimonio el 09 de agosto de 1956 el que a la fecha se encuentra vigente y el segundo con Gladys Ruiz Molina el cual fue celebrado en fecha 01 de julio de 1985, y también se encuentra vigente, es decir que al segundo matrimonio con Gladys Ruiz no le corresponde en absoluto la renta solicitada, al no haber tenido el causante libertad de estado, por lo que, el tribunal ad quem al haber dispuesto lo contrario se apartó de las disposiciones legales señaladas, sin tomar en cuenta que el SENASIR al estar facultado dentro de sus atribuciones para revisar las rentas conforme señala el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), concordante con el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 27991 de 28 de enero de 2005, corresponde exigir los requisitos indispensables para el reconocimiento de renta de viudedad, pues su calificación y otorgación errónea puede generar daño económico con responsabilidad funcionaria, aspecto que no consideró el tribunal de alzada al emitir el auto de vista que vulnera el debido proceso, al dejar en indefensión al ente gestor en la forma de aplicación de las disposiciones en materia de seguridad social.

Concluyó solicitando que en resguardo de los intereses económicos del estado boliviano, se dicte auto supremo casando el auto de vista impugnado y sea previas las formalidades de rigor.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

El fundamento principal y objeto de la litis radica en determinar si evidentemente el tribunal ad quem incurrió en aplicación indebida de los arts. 52 del CSS, 32 y 34 del MPRCCPA de la Unidad de Recaudación, al haber ordenado la calificación de renta de viudedad de la Sra. Gladys Ruiz Molina en su calidad de derecho habiente de Alfredo Barrientos Ayala, toda vez que este no tendría libertad de estado por estar vigente su primera partida de matrimonio con Diosmira Benitte Orosco, y en consecuencia no correspondería otorgar la renta solicitada.

En ese contexto, se debe tener presente que el derecho a la renta de viudez, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio y que al ser convenios internacionales son de aplicación plena por el Estado Boliviano.

Asimismo, cabe recordar que el art. 51.a) del CSS establece, entre otras, algunas condiciones respecto al pago con carácter vitalicio de la renta de viudedad; señalando luego el art. 52 del mismo código, las posibles beneficiarias de tal derecho, instituyendo en primer orden, “a la esposa”, y en segundo “a la conviviente”, estableciéndose para la última, algunas condiciones, entre ellas, “que para la validez de la convivencia no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio”. En ese sentido se tiene también señalado por los arts. 32 y 34 MPRCPA.

En el caso que se analiza, se advierte que la solicitante de la renta de viudedad es “la esposa” del titular de la renta Alfredo Barrientos Ayala, y así lo demostró con la presentación del certificado de matrimonio cursante a fs. 137, documento que hasta en tanto no sea declarado nulo y sin valor legal mediante una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, cuenta con todo el valor legal previsto por el art. 73 del Código de Familia (CF), al haber sido extendido con las solemnidades y por los funcionarios autorizados, conforme prescribe la ley.

En ese sentido, si bien la institución recurrente señala que el causante tenía un impedimento legal como es la partida vigente de un primer matrimonio celebrado con Diosmira Benitte Orosco, dicha circunstancia simplemente se traduciría en una causal de anulabilidad absoluta del matrimonio, conforme la previsión normativa del art. 80 del CF, por lo que hasta en tanto no sea declarada nula por sentencia judicial, a instancias de los titulares de dicha acción, se mantiene vigente.

Asimismo, cabe señalar que la exigencia de no existencia de impedimento legal para contraer matrimonio, rige para los convivientes y no así para los ya casados, por lo que la determinación asumida por el tribunal de alzada se encuentra correctamente enmarcada a derecho, no siendo evidente la vulneración de las normativas denunciadas por la parte recurrente, máxime si se advierte en obrados que la derecho habiente presentó solicitud de pago de renta de viudedad, para lo cual adjuntó certificado de matrimonio, fotocopia simple de C.I. de su esposo, certificado de defunción, entre otros, donde se señala a Gladys Ruiz Molina como cónyuge, y de acuerdo a la investigación social, visita domiciliaria, documentación solicitada y la versión de los familiares y vecinos se evidenció que la Sra. Gladys Ruiz Molina, fue en vida la esposa del causante por más de 22 años.

Por lo que, ante estas circunstancias, si bien no se puede contraer nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior, por lo que el SENASIR calificó como viciado de nulidad el segundo matrimonio; sin embargo esta entidad no tiene esta potestad, pues la misma solo debe ajustar sus actos a derecho, siguiendo el procedimiento correspondiente ante el Órgano Jurisdiccional, para posteriormente recién proceder a imponer la sanción si corresponde.

Ahora bien, el SENASIR al constituir instancia administrativas de decisión, vinculadas a derechos fundamentales de los ciudadanos, las resoluciones que de estas instancias emerjan, deben obedecer a un análisis riguroso y razonable de los hechos para la posterior aplicación de la ley al caso concreto, empero, no como simples aplicadores del derecho, sino y sobre todo, como autoridades que en representación del Estado, emitan decisiones en sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que ahora son de forzosa aplicación, tales como, de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, de favorabilidad, y pro homine, entre otros, tomando en cuenta que la sociedad boliviana se rige por principios y valores, conforme se tiene establecido en el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales...”, concordante con los arts. 13.I y 109.I de la CPE.

De igual manera sobre la renta de viudez, el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…” máxime cuando, como en el caso de análisis, comprenden un sector de alta vulnerabilidad, y por tanto de protección especial para el Estado.

En consecuencia, en virtud de los fundamentos constitucionales de seguridad social citados anteriormente; siendo que las normas deben adecuarse conforme a la Constitución Política del Estado, corresponde manifestar que la solicitante se constituye legalmente y por justicia en beneficiaria de la renta de viudedad invocada porque, el privar de dicho beneficio implicaría la privación de su única fuente de recursos que permite su subsistencia, pero además de afectar no sólo materialmente sino emocionalmente su calidad de vida y salud.

Por todo lo expuesto, corresponde resolver el proceso conforme prescriben los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación deducido de fs. 204 a 206.

Sin costas, por disposición de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 (Ley SAFCO) de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de junio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.