SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 36/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.231/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 176 a 177 interpuesto por Jorge Rodríguez León, contra el Auto de Vista Nº 274/2015 de 12 de junio de 2015, cursante a fs. 170 a 172 emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Chuquisaca, dentro del proceso laboral seguido por el recurrente contra la empresa Corporation Bussines Consulting GRECO, la respuesta de fs. 180 a 182, el auto de fs. 183 que concedió el recurso, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido de Tercero de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Sucre, pronunció la Sentencia Nº 05/2015 de fecha 27 de enero de 2015, de fs. 140 a 144, declarando probada la demanda social de 27 de mayo de 2014 años cursante de fs. 68 a 69 de obrados, con costas. En su mérito se deberá cancelar a favor del demandante la suma de Bs.109.645,50.- (ciento nueve mil seiscientos cuarenta y cinco 50/100 bolivianos) por concepto de sueldos devengados, desahucio, indemnización y bono de antigüedad; más derechos de actualización conforme al art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación de fs. 147 a 152, deducida por la empresa demandada, por Auto de Vista Nº 274/2015 de 12 de junio de 2015, cursante a fs. 170 a 172, el Tribunal Departamental de Chuquisaca, anuló la Sentencia Nº 05/2015 de fecha 27 de enero de 2015, de fs. 140 a 144, pronunciada por la juez a quo, para que dicte una nueva sentencia, sin esperar turno, conforme a los fundamentos y lineamientos de esa resolución.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma de fs. 176 a 177 interpuesto por Jorge Rodríguez León, expresando en síntesis lo siguiente:

Que después de resumir los antecedentes del proceso, acusó que el tribunal ad quem al ser un tribunal de conocimiento, tiene plena competencia para resolver el proceso, compulsar la prueba, confirmar o revocar la sentencia, pero de ninguna manera puede alegar que faltaría algún argumento en la sentencia respecto de una prueba para justificar una nulidad indebida como sucedió en el caso de autos, así como dilatar indebidamente el proceso, infringiendo de esta manera el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), al no resolver los puntos apelados y por el contrario determinar la nulidad.

Que el tribunal de alzada, debió advertir sobre el pago sueldos devengados, indemnización y otros derechos consolidados, demostrados por la prueba presentada, así como la conclusión de la relación laboral, que se efectuó en el 30 de marzo de 2009 y no así el 31 de diciembre de 2008.

Concluyó solicitando se anule el Auto de Vista Nº 274/2015 de 12 de junio de 2015, cursante de fs. 170 a 172 de obrados, en aplicación de los arts. 254.4) y 275 del CPC.

CONSIDERANDO II: Que, en mérito a los antecedentes del memorial del recurso de casación en la forma, corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Que, con relación al reclamo que el tribunal ad quem, tiene plena competencia para resolver el proceso, compulsar la prueba, confirmar o revocar la sentencia, pero de ninguna manera puede alegar que faltaría algún argumento en la sentencia respecto de una prueba para justificar una nulidad indebida, y al no resolver los puntos apelados, infringió el art. 236 del CPC.

Al respecto, cabe señalar que los juzgadores de instancia en todo proceso laboral, civil, administrativo o de cualquier naturaleza, que se encuentren constituidos por una serie de actos procesales, se debe verificar si en su desarrollo se observaron todas las formalidades prescritas en la ley para que surtan efectos; en el supuesto de no cumplirse con alguno de los requisitos establecidos en la normativa vigente, el acto quedará nulo por falta de esa circunstancia o ausencia de los requisitos que en él debieron concurrir. Al efecto, el art. 251 del CPC, expresa: “Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley. (…)”, de la interpretación de la referida norma, es válido y legal declarar la nulidad de un acto procesal, siempre y cuando éste se ha constituido desconociendo o infringiendo una norma procesal y vulnerando un derecho fundamental.

Ahora bien, la jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia, ha establecido que en materia de nulidades procesales, se deben observar ciertos principios, como el de especificidad, trascendencia y convalidación, de tal modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la bondad de restablecer derechos procesales que pudieron haberse lesionado, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva en el caso del demandante, o el derecho a la defensa en el caso del demandado o, para evitar la intromisión de determinada causa de terceros ajenos a la litis y, en definitiva, garantice la justicia del fallo.

En ese marco, en el caso de análisis, el auto de vista fundamenta su decisión en el hecho de la falta de fundamentación, motivación y congruencia de la sentencia emitida por la Juez de primera instancia, quien se limitó de manera escueta de señalar que existiría relación laboral entre el actor y el demandado, sin especificar de manera clara y con la debida y suficiente fundamentación el razonamiento, respaldado con normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso; así también refiere al inicio, culminación y forma de conclusión laboral, sin embargo no explica de manera congruente como se llega a la determinación de la fecha de conclusión de la relación laboral y demás conceptos, ya que no se evidencia una discriminación de la prueba de cargo y de descargo para basar su decisorio, sino una simple mención de la misma, y si bien es obligación que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración mediante el recurso de apelación, no se debe perder de vista que al no haber sido analizados por la sentencia adecuadamente los antecedentes, el tribunal ad quem con la facultad conferida en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), tiene el deber de revisar de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces de primera instancia, observaron los plazos y leyes que norman la correcta tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes o determinar, de oficio, la nulidad de obrados en aplicación del art. 252 del CPC: “El juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.”, por lo que en mérito a lo señalado no se evidencia la infracción de norma alguna, como fue acusado.

Respecto a que el tribunal de alzada, debió advertir sobre el pago sueldos devengados, indemnización y otros derechos consolidados; no corresponde a este tribunal pronunciarse, al no haber sido estos aspectos de consideración por parte del tribunal de alzada, al anular obrados.

Por consiguiente y en mérito a lo expuesto precedentemente, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso, el tribunal ad quem realizó correcta aplicación de la ley, correspondiendo resolver de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 176 a 177. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.