SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 33/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.228/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 188 a 190, interpuesto por Jorge Emilio Frigerio Calvo, contra el Auto de Vista Nº 195/2014, de 30 de octubre de 2014 (fs. 184), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por Juan Marcelo Quiroga Molina, contra el recurrente, el auto de fs. 193 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 163/2013 de 9 de mayo (fs. 106 a 109), declarando probada en parte la demanda y probada en parte la excepción perentoria de pago, disponiendo que el demandado cancele a favor del actor, la suma de Bs.10.883,6.

En grado de apelación formulada por ambas partes de fs. 166 a 169 y 172 a 173 respectivamente, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 195/2014, de 30 de octubre de fs. 184, anuló obrados hasta la nota de fs. 105 vta., es decir, hasta el estado de que la juez de instancia, emita nueva sentencia, observando las omisiones anotadas.

Dicho fallo motivó el recurso casación en el fondo interpuesto por el demandado Jorge Emilio Frigerio Calvo, conforme a los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 188 a 190.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo a resolver el recurso de casación planteado, corresponde tener presente que en ejercicio de la facultad conferida en el art. 17 de la Ley Órgano Judicial, este Tribunal tiene la facultad de revisar de oficio los antecedentes del proceso, a objeto de verificar el cumplimiento de los plazos y leyes que regulan su correcta tramitación y conclusión, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de oficio, conforme establece el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

En este contexto, es menester señalar que conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de apelación, se constituye en el más importante de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un tribunal superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos y de la prueba, ello supone una doble instancia donde el Tribunal debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada, sobre la base del material reunido en primera instancia.

Asimismo, haciendo un análisis minucioso del auto de vista recurrido, se evidencia que el tribunal ad quem, anuló obrados hasta que la juez a quo emita una nueva sentencia, sin pronunciarse sobre los fundamentos expuestos en los recursos de apelación, cursantes de fs. 166 a 169 y 172 a 173, formulados por el actor y por el demandado.

En este contexto, debe recordarse que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tiene la facultad y la obligación para analizar y resolver todos los fundamentos del recurso de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto de los memoriales de apelación constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser dilucidados, resueltos y considerados sin restricción alguna.

En este entendido, correspondía al Tribunal de apelación, pronunciarse resolviendo los recursos de apelación planteados por ambos sujetos procesales, otorgando a la partes recurrentes, una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y, al no haberlo hecho han vulnerado una norma de orden público y cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados e impide que la competencia de este Tribunal se abra para su análisis en el fondo, toda vez que no existe pronunciamiento sobre los aspectos alegados en los recursos de alzada.

En conclusión, se advierte que el tribunal ad quem, no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 190, 192, 236 del Código de Procedimiento Civil y 202 del Código Procesal del Trabajo, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del adjetivo civil, cuya inobservancia acarrea la nulidad de oficio.

Por lo expuesto, corresponde aplicar los arts. 252, 271.3) del Código de Procedimiento Civil y 17 de la Ley del Órgano Judicial, con la permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 183 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal ad quem, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nueva resolución con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

Sin multa por ser excusable.

Póngase en conocimiento del Consejo de la magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.