SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 28/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-TJA.223/2015.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 164 a 167, interpuesto por la Asociación de Ganaderos del Gran Chaco “ASOGACHACO” representada por Beatriz Ángela Ruiz de Palacios, contra el Auto de Vista Nº 96/2015 de 5 de junio de 2015, cursante de fs. 156 a 160 pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Tarija, dentro del proceso de beneficios sociales, seguido por Justina Mansilla Sánchez, contra la entidad recurrente, el auto de fs. 169 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Trabajo y Seguridad Social de Yacuiba del Distrito Judicial de Tarija, emitió la Sentencia de fecha 12 de noviembre de 2012 de fs. 96 a 99, declarando probada en parte la demanda laboral de fs. 2 a 3 de obrados, con costas a su favor, disponiendo que la Asociación de Ganaderos del Gran Chaco “ASOGACHACO” representada por Beatriz Ángela Ruiz de Palacios pague los derechos y beneficios sociales dentro de tercero día en la suma de Bs.17.934.- (diecisiete mi novecientos treinta y cuatro 00/100 bolivianos) por concepto de salarios devengados, subsidio de frontera, bono de antigüedad, vacaciones aguinaldo, indemnización y desahucio, mas costas procesales a liquidarse en ejecución de sentencia, bajo conminatoria en caso de incumplimiento, sin perjuicio de aplicarse el reajuste o actualización previsto en el Decreto Supremo (DS)  Nº 28699.

En grado de apelación interpuesto por ambas partes de fs. 102 a 103 y fs. 106, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Tarija, por Auto de Vista Nº 96/2015 de 5 de junio de 2015, cursante de fs. 156 a 160, confirmó parcialmente la sentencia de fs. 96 a 99, modificando únicamente lo referente a la multa y bono de antigüedad, sin costas, al ordenar el pago de la suma de Bs.15.716.- (quince mil setecientos dieciséis 00/100 bolivianos), mas multa del 30% a determinarse en ejecución de sentencia, en aplicación del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, y la correspondiente actualización determinada en la sentencia apelada.

El referido auto de vista, motivó el recurso de casación de fs. 164 a 167, interpuesto por ASOGACHACO, en base a los siguientes argumentos:

En la forma

Acusó que el auto de vista impugnado no consideró que los testigos de cargo no coinciden con los fundamentos de la demanda, omitiendo valorar el hecho de que no existe prueba alguna que demuestre la existencia de relación laboral, por lo que se evidenciaría falta de revisión y valoración de la complementación a la fundamentación de agravios expresados en el recurso de apelación, a la prescripción planteada en segunda instancia y la falta de cumplimiento del juzgador del principio protector establecido en el art. 4.a) del DS Nº 28699 y art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo (CPT), al no considerar la prueba ofrecida en segunda instancia con las facultades que le confiere el art. 233 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y aperturar el plazo probatorio para la consideración y análisis de la prueba de referencia, vulnerando el art. 236 del CPC, y que al causar indefensión se debe anular hasta la resolución de autos de fs. 115 de obrados.

En el fondo

Que el tribunal ad quem no realizó una valoración en conjunto de toda la prueba ofrecida, ya que no consideró la confesión provocada prestada por la demandante de fs. 63 a 65 de obrados, la misma que por mandato del art. 167 del CPT, demuestra que la demandante era encargada de limpieza de la calle y de la oficina de ASOGACHACO y que este trabajo lo efectuaba de horas 8 a 9 de la mañana, quedando claro que el trabajo era por una hora de lunes a viernes, por lo que la actora no era empleada y lo único que hacía era vender sus servicios por su propia cuenta, siendo esta figura regulada por el Código Civil en su art. 732, aspecto ratificado por las testigos de cargo al referir que en la noche en la POL PAT, y después de las 9 de la mañana trabajaba lavando ropa de la testigo María Luisa García, así como efectuaba limpieza en una Galería, es decir que trabajaba en diferentes lugares, por lo que el certificado de trabajo fue un acto de contubernio entre el ex presidente de la institución y la actora con el fin de obtener ventajas ilícitas.

Concluyó solicitando se sirva dar curso al recurso de casación en la forma en decir la nulidad de obrados, o en su caso se case el auto de vista y deliberando en el fondo se revoque la sentencia.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Que, con carácter previo a resolver el recurso de casación planteado, corresponde tener presente que en ejercicio de la facultad conferida en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), este Tribunal tiene la facultad de revisar de oficio los antecedentes del proceso, a objeto de verificar el cumplimiento de los plazos y leyes que regulan su correcta tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes o determinar, de oficio, la nulidad de obrados en aplicación del art. 252 del CPC, que a la letra dice: “El juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.” Norma que se aplica en concordancia con el art. 90 del mismo cuerpo legal, que dispone: I. Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley. II. Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas”.

Por otra parte, debe tenerse presente que la motivación de las resoluciones judiciales se constituyen en un deber jurídico que hace al debido proceso, implicando que todo administrador de justicia al resolver una causa, debe inexcusablemente exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Estas connotaciones encuentran también respaldo en la jurisprudencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0092/2012 de 19 de abril de 2012, cuyo Fundamento Jurídico III. 2. expresa que: "La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que: “...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores...".

En ese contexto, amerita puntualizar que los tribunales de instancia, al constituirse en órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es este tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de la demanda y de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, tomando en cuenta los fundamentos y agravios expuestos durante el mismo que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna; que en el caso de análisis esto no ocurrió, toda vez que la sentencia realiza una fundamentación superficial sin establecer ni exponer un razonamiento, respaldado con normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, tampoco se considera que en derecho laboral se distinguen: los trabajadores independientes y los dependientes, los primeros, realizan una actividad sin sujeción a ningún patrón o empleador, mediante la celebración de actos, obras o contratos de derecho común; en cambio, los trabajadores dependientes son subordinados, realizan una actividad con sujeción a un patrono, sujeto a la prestación de un servicio personal, bajo una continua y permanente dependencia. Por consiguiente, para ser considerado contrato de trabajo, dada su naturaleza especial, hace imprescindible la conjunción de varios requisitos, entre ellos: los sujetos intervinientes, la capacidad, el consentimiento, la dependencia o subordinación, la prestación personal, la remuneración, la exclusividad y la profesionalidad entre otros. Luego, la relación de dependencia y subordinación, así como los efectos de la relación laboral, deben estar determinados por un salario, horario de trabajo y otras características que lleguen a establecer la dependencia con claridad, conforme previene el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 que interpreta a cabalidad el art. 1 de la Ley General del Trabajo, aspectos que no fueron tomados en cuenta para la resolución de la causa, como son la existencia de una relación de subordinación y dependencia exclusiva de la actora, ni cumplimiento de jornada de trabajo en el marco de una relación obrero patronal, lo que es necesario para tener la convicción de existencia o no de una relación laboral o por el contrario una prestación de servicio.

Por lo anotado y en el marco legal descrito, habiéndose evidenciado que el tribunal de alzada vulneró lo previsto en los arts. 90 y 236 del CPC, normas de orden público y cumplimiento obligatorio, es innecesario analizar los fundamentos del recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurrente, correspondiendo en consecuencia a este Tribunal Supremo de Justicia en virtud a la previsión contenida en el art. 252 del CPC, emitir su fallo conforme lo previsto por el art. 271.3) CPC, aplicable en virtud de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta fs. 96 a 99 inclusive, disponiendo que el Juez a quo, pronuncie nueva sentencia, aplicando las consideraciones y previsiones contenidas en el presente Auto Supremo.

Sin responsabilidad por ser excusable.

A los fines de Ley, remítase copia de la presente decisión al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.