SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 24/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.219/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 86 a 88, interpuesto por Wilmer Sanjinés Lineo en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 219/2014 de 01 de octubre, cursante de fs. 79 a 82, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del trámite de Compensación de Cotizaciones seguido por Jorge Gustavo Roca Kikunaga contra el SENASIR, la respuesta a fs. 93, el auto de fs. 95 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de solicitud de Compensación de Cotizaciones interpuesto por Jorge Gustavo Roca Kikunaga, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 11099 de 20 de noviembre 2013 (fs. 34), resolvió otorgar en favor de Jorge Gustavo Roca Kikunaga, el formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones número 29,633 en el cual se considera un monto de Compensación de Cotizaciones de Bs.571,20.- el cual previa aceptación es válido para la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual.

Ante esta situación el asegurado Jorge Gustavo Roca Kikunaga, interpuso recurso de reclamación a fs. 48, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 063/14 de 28 de enero de 2014, (fs. 61 a 64), confirmando la Resolución Nº 11099 de fecha 20 de noviembre de 2013, a fs. 34 de obrados, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, por encontrarse resulto conforme a disposiciones vigentes.

En grado de apelación interpuesta a fs. 70, por el asegurado Jorge Gustavo Roca Kikunaga, la Sala Social y Administrativa del Tribunal de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 219/2014 de 01 de octubre (fs. 79 a 82), revocó la Resolución Administrativa (RA) Nº 063/2014 de 28 de enero de 2014, emitida por la Comisión de Reclamaciones, disponiendo que el SENASIR, incluya en el cálculo de Compensación de Cotizaciones del asegurado beneficiario, los periodos de agosto de 1974 a marzo de 1979 y de junio de 1979 al 15 de febrero de 1985 (10 años y 4 meses), conforme los fundamentos expuestos y la documentación referida

Esta resolución originó que la representante del SENASIR interponga el recurso de casación en el fondo (fs. 86 a 88), en el que acusó en síntesis lo siguiente:

Que, el auto de vista, al fundamentar su fallo en lo dispuesto por el Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, en su art. 14 señala la modalidad extraordinaria a través de documentos supletorios, en caso de inexistencia de planilla y comprobante de pagos en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 a abril de 1997, bajo presunción juris tantum. Sin embargo señala que el referido art. 14 no es aplicable al presente caso; es así que las diferentes modalidades de certificación para fines de Compensación de Cotizaciones, conforme dispone el art. 18 del referido decreto que establece: “para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de Compensación de Cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los arts. 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo”; acotando que aquí lo que se trata es de precisar la diferencia entre el Sistema de Reparto y la Compensación de Cotizaciones, tal como lo establece la Resolución Ministerial (RM) Nº 550 de fecha 28 de septiembre de 2005.

Continuó manifestando que si bien el mencionado decreto supremo, se refiere de forma superficial a la certificación de aportes para acceder a la renta de vejez, referido a las modalidades de certificación para fines de jubilación de vejez, lo cual corrobora sobre la no aplicación del art. 14 del citado DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, en trámites de Compensación de Cotizaciones por lo tanto no existe certificaciones o documentaciones fehaciente que acredite los aportes reclamados por el actor.

Por otra parte señaló, con relación a los aportes solicitados por el interesado, cursa a fs. 33 de obrados, Certificación de Salario y Densidad de Años de Aportes en fecha 23 de octubre de 2013, del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., periodos 04/79 a 05/79, 2 meses, se certifica según el Estudio Matemático Actuarial (EMA), adjunto a fs. 13 en aplicación de la RA Nº 299.13 de fecha 31/07/2013, que aprobó el Manual de Certificación en su Cap. I núm. a) la densidad reconocida en la presente certificación está enmarcada en la RA Nº 064.13 de 27/03/2013, en base al estudio matemático presentado por el asegurado en el cual tendría 10 años y 6 meses, tomando en cuenta los periodos de 08/74 al 2/85 haciendo un total de 126 aportes, al respecto se debe señalar que el art. 2 de la RM Nº 498 de fecha 07 de septiembre de 2005, dispone que las certificaciones de aportes del sector de la Banca Privada, se establecen a través de estudios matemáticos actuariales conforme dispone la RA Nº 0774 de 20 de octubre de 1999 y la RA Nº 618.06 de noviembre de 2001, no procediendo la aplicación de los arts. 13 y 14 del DS Nº 27543, para los periodos que comprenden dichos estudios actuariales.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista Nº 219/2014 de 01 de octubre, emitido por la Sala Social, Administrativa y Tributaria del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamaciones Nº 063/14 de 28 de enero de 2014, y la Resolución de la Comisión de Calificación de Renta Nº 11099 emitidos por el SENASIR, sea previa las formalidades de rigor.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso objeto de análisis, el representante de la institución recurrente, cuestiona el fallo del tribunal de segunda instancia, por haber revocado las Resoluciones Nº 063/14 de 28 de enero de 2014, emitida por la Comisión de Reclamaciones, y disponer que el ente gestor incluya en el cálculo de Compensación de Cotizaciones del asegurado beneficiario, los periodos de agosto de 1974 a marzo de1979 y de junio de 1979 al 15 de febrero de 1985 (10 años 4 meses), conforme los fundamentos expuestos y la documentación referida, fallo rechazado por el SENASIR, con el argumento de que los periodos reclamados por el solicitante, no figura en planillas, por lo tanto no existe información de aportes al régimen básico y complementario. En consecuencia, denuncia como normas incorrectamente aplicadas, violadas e ignoradas, el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004 y lo previsto por la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005.

Al respecto cabe señalar, que el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, en sus capítulos II y III prevé el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al sistema de reparto y los trámites relacionados con el seguro social obligatorio de largo plazo, abarcando a la determinación de montos de Compensación de Cotizaciones por procedimiento manual, aspectos que la institución recurrente no tuvo en cuenta al momento de efectuar la presente acusación, no siendo en consecuencia evidente que la aplicación de documentación supletoria prevista en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, este establecida sólo para trámites de rentas en curso de pago y adquisición, sino también corresponde su consideración en los tramites de Compensación de Cotizaciones.

En este contexto, el citado decreto supremo en su art. 14, al respecto señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su art. 18 que establece: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los arts. 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al art. 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.

Ahora bien, el ente gestor a fin de justificar la no certificación por los años reclamados por el solicitante, se basó en el Informe Técnico Nº 844/13 de fecha 24 de diciembre de 2013, cursante de fs. 53 a 55, donde se informa que el asegurado Jorge Gustavo Roca Kikunaga, con matricula Nº 490203-RLJ, no consideró el estudio matemático actuariales complementarios presentados en forma individual por el asegurado, por esta razón no corresponde la ampliación de la calificación ya otorgada, por lo que se sugiere ratificar la Resolución Nº 11099 de fecha 20/11/2013, emitida por la Comisión de Calificación de Renta.

Sin embargo, el titular de la renta, a momento de iniciar su trámite de Compensación de Cotizaciones, cursante de fs. 10 a 26 carta y fotocopias remitidas por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., recibida por el SENASIR a fs. 31 en fecha 13 de abril de 2012, estudio matemático actuarial complementario efectuado por Peña Consultores, sobre la inclusión al estudio matemático actuarial complementario preliminar del ex Fondo de Empleados del Banco Mercantil Santa Cruz de la Sierra S.A., que en su tercer párrafo establece: De la revisión en los documentos proporcionados por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., establece que los aportes de Gustavo Roca Kikunaga fueron durante el periodo 08/72 al 2/85 (10 años y 6 meses) con los cuales determinamos los salarios actualizados y el tiempo de cotizaciones; realizando aportes durante los periodos extrañados por el SENASIR, desvirtuando con ello lo afirmado por el ente gestor que argumenta que no se considera estudios matemáticos actuariales complementarios presentados en forma individual por el asegurado, y no se tomara en cuenta la documentación presentada para la determinación de la densidad de aportes en cada caso, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se avocaron a considerar la documentación que tenían en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), referente a la irrenunciabilidad de los derechos.

Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y a la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el caso presente, calificar a favor del solicitante los periodos efectivamente trabajados los cuales no fueron tomados en cuenta por el SENASIR, es decir, desde el mes de agosto de 1974 hasta febrero de 1985, tiempo en el cual, según el SENASIR, el asegurado no figura en planillas, conforme se extrae de la Resolución Nº 063/14 de 28 de enero de 2014 de fs. 61 a 64, emitida por la Comisión de Reclamaciones; periodos que no fueron calificados a favor de la solicitante, los cuales han sido reparados por el Tribunal de Segunda Instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS); no siendo evidente que se haya transgredido y aplicado indebidamente las normas denunciadas por el representante de la entidad recurrente.

En tal sentido, el asegurado, a fin de que se proceda a una correcta calificación de su renta, facilitó de manera oportuna la documentación necesaria prevista en los arts. 4 de la RM Nº 1361 de 4 de diciembre de 1997 y 493 del RCSS, concluyéndose que corresponde tomar en cuenta los periodos extrañados por el SENASIR en los cuales cotizó efectivamente por esos periodos trabajados; no pudiendo ir en contra de la normativa legal vigente, que a título de resguardar los intereses económicos del Estado Plurinacional de Bolivia (que en realidad se trata de dineros de los asegurados), procedan injustamente a no calificar de manera correcta la renta del asegurado que por ley le corresponde.

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Bajo tales antecedentes, se evidencia en obrados que el tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, sustentando además su resolución en lo prescrito por el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.

De tal manera, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios plasmados en los arts. 35.I y 45.II y IV, de la actual CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

En ese entendido es preciso determinar que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo correcto que ahora se le niegue el derecho a los aportes que por ley le corresponde al asegurado Jorge Gustavo Roca Kikunaga.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, por lo que corresponde resolver conforme prescribe los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 86 a 88, interpuesto por el SENASIR.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.