SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 23/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.218/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 212 a 217, interpuesto por la Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba COMTECO LTDA., representada por Oscar Gualberto Claure Villarroel y Luis Armando Luján Zuazo, impugnando el Auto de Vista Nº 159/2014 de 27 de junio (fs. 206 a 209), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso coactivo social, seguido por la Caja Nacional de Salud, contra la cooperativa recurrente, la respuesta de fs. 222 a 224, el auto de fs. 225 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, dentro la tramitación del proceso coactivo social, el Juez Tercero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, pronunció Auto Interlocutorio de 18 de octubre de 2011 (fs. 121 a 124), declarando improbadas las excepciones de improcedencia, legalidad, inviabilidad de la acción y falta de derecho y las reclamaciones opuestas y realizadas por la parte coactivada, contenidas en el memorial de fs. 48 a 50, declarando ejecutoriado el auto de solvendo de 01 de septiembre de 2011 de fs. 22.

Contra el auto motivado, la cooperativa coactivada formuló recurso de apelación (fs. 158 a 160), que fue resuelto por Auto de Vista Nº 159/2014 de 27 de junio (fs. 206 a 209), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que confirmó el auto interlocutorio apelado.

El auto de vista referido, motivó el recurso de casación en el fondo (fs. 212 a 217), interpuesto por COMTECO LTDA., a través de sus representantes, quienes luego de referirse a los antecedentes, expresa en síntesis los siguientes argumentos:

Manifiestan que el auto de vista impugnado incurrió en errores en la interpretación y aplicación de la ley, que se traducen en lo siguiente:

Ninguna de las disposiciones legales a las que hace referencia la resolución recurrida, tales como el DS Nº 25798 de 02 de junio de 2000, el DS Nº 26945 de 4 de febrero de 2002, DS Nº 25055 de 23 de mayo de 1998, menos aún el Código de Seguridad Social y su Reglamento, la Ley Nº 10776, DS Nº 14641, DL Nº 10173 de 28 de marzo de 1972, ni los arts. 45.II y 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE), establecen o facultan la Caja Nacional de Salud a realizar el cobro del 3% de los aportes previstos para el sostenimiento del Seguro Social a Corto Plazo, en tal sentido, la conclusión arribada por el tribunal de alzada en sentido que el 3% del total recaudado que pretende cobrar la Caja Nacional de Salud, fue determinado en aplicación de los principios de economía, solidaridad, equidad, eficiencia, eficacia y forma parte de la obligación del Estado, es una afirmación que emerge de la errada interpretación y aplicación de dichas normas y constituye una violación de las normas sustantivas y adjetivas que le ocasiona a la empresa agravios irreparables.

El auto de vista recurrido sin ningún sustento ni fundamento legal valedero, señaló como base de su resolución la normativa mencionada, sin considerar que dichas disposiciones legales no facultan a la Caja Nacional de Salud ni al INASES a establecer retenciones sobre el aporte patronal al Seguro Social a Corto Plazo, sino que, el aporte patronal del 10% al Seguro Social a Corto Plazo está establecido en el Código de Seguridad Social y su Reglamento, Ley de 14 de diciembre de 1949, y tiene un destino específico, cual es financiar el seguro de los trabajadores, y cualquier modificación en el destino de dicho aporte, debe ser realizada mediante una ley o decreto supremo.

Señala que, la Caja Nacional de Salud no demandó a COMTECO LTDA., el pago de sus cotizaciones al seguro de salud delegado, pues la empresa nunca dejó de aportar, sino que ilegalmente demanda que de ese 10% del aporte patronal para el seguro de salud, la empresa retenga el 3% para la Caja Nacional de Salud, sin invocar ninguna norma legal que avale tal retención, afirmando que resulta ilegal que esa institución de salud, pretenda cobrar por esta vía, aportes al seguro delegado que no fueron creados por ley, refiriendo que el art. 8 del DS Nº 21637 de 25 de junio de 1987 simplemente establece que el costo de las prestaciones que otorgue la Caja Nacional de Salud, se financiará con el aporte patronal del 10% sobre la totalidad de las remuneraciones de los trabajadores y el 5% de las rentas de los trabajadores pasivos, y que en los demás casos que no cotizan sobre salarios, se efectuará en base a las planillas y en los porcentajes fijados en esa disposición, empero no establece u obliga a las empresas que gozan del seguro delegado, el aportar, cotizar, distribuir algún porcentaje a la Caja Nacional de Salud.

Alega que, resulta ilegal también afirmar que la Resolución Administrativa Nº 030/2006 de 14 de febrero de 2006, emitida por la Caja Nacional de Salud (Reglamento del Seguro Delegado), es la norma en la que se sustenta el fallo, motivo por el que debe ser revocado y corregido, señalando al respecto, la normativa que dispone respecto a las retenciones sobre los aportes al seguro delegado, tanto para el INASES (art. 17 del DS Nº 23716 de 15 de enero de 1994),como para el Ministerio de Salud (art. 27 de la Ley Nº 2042 de 21 de diciembre de 1999), reiterando una vez más que, no existe ninguna norma legal que obligue a retener el 3% del 10% del aporte patronal recaudado sobre sus planillas de sueldos a favor de la Caja Nacional de Salud, y que si bien la Caja Nacional de Salud y el INASES tienen competencia para elaborar reglamentos y aprobar normas sobre su funcionamiento, tal como afirma el tribunal de alzada, no implica que a través de los mismos se violen leyes.

Sostiene que las funciones y atribuciones de la Caja Nacional de Salud, se enmarcan en la Ley Nº 1178 (SAFCO), y el DS Nº 28719 de 17 de mayo de 2006, elevado a rango de Ley Nº 006 de 1 de mayo de 2012, transcribiendo al respecto, el art. 15 de esta última, referente a las facultades y atribuciones del directorio de la entidad de salud.

Más adelante señala que el tribunal de alzada debió tener en cuenta, que todas las políticas y acciones que lleva a cabo el sector salud, respecto al tema de su financiamiento, deben estar reflejados, autorizados y aprobados en el presupuesto del Estado, que es la única instancia autorizada para asignar recursos para la salud pública del Estado, a través de leyes o decretos, no a través de resoluciones o reglamentos.

Posteriormente, luego de hacer referencia a los principios básicos del Presupuesto General del Estado para el sector público, señaló una vez más, que el auto de vista resulta ser ilegal, toda vez que se aplicó mal las normas, pretendiendo obligarles al cumplimiento de algo que no se encuentra determinado y establecido en la ley, pues la lectura de las normas, demuestran la ilegalidad y errónea interpretación y aplicación en que incurrió el tribunal de alzada.

Por lo expuesto, solicita se case el auto de vista impugnado y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda, liberando a la empresa, de toda responsabilidad civil, y sea con multa al tribunal infractor.

A su vez, la Caja Nacional de Salud, a través de su representante, respondió en base a los argumentos expuestos por memorial de fs. 222 a 224, solicitando que se declare infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, analizado el contenido del mismo se establece lo siguiente:

La cooperativa recurrente cuestiona el fallo de segunda instancia, acusando error en la interpretación y aplicación de la ley, en sentido que, ninguna de las normas invocadas en el auto de vista, determinan o facultan a la Caja Nacional de Salud, a realizar el cobro del 3% de los aportes previstos para el sostenimiento del Seguro Social a Corto Plazo, como dispusieron los de instancia.

Al respecto, corresponde señalar que de acuerdo a lo previsto por el art. 6.c) del DS Nº 25798 de 2 de junio de 2000, el Instituto Nacional de Seguros de Salud tiene entre sus atribuciones la de aprobar los estatutos orgánicos y reglamento de funcionamiento de los Entes Gestores y Seguros Delegados; de ahí que, en uso específico de sus atribuciones, emitió la Resolución Administrativa Nº 030-2006 de 14 de febrero de 2006, que a su vez aprobó el Reglamento de

Seguro Delegado Elaborado por la Caja Nacional de Salud, cuyo art. 21 de manera textual reza: “FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN. El financiamiento y la administración de las prestaciones del Seguro Delegado a Corto Plazo estará a cargo de la empresa delegada y que por principio de solidaridad intergeneracional, gastos de administración y en compensación a que no atiende al sector pasivo, del 100% del aporte patronal según planillas de sueldos, la empresa delegada remitirá mensualmente a la Caja Nacional de Salud el 3% del total recaudado para no afectar al Seguro Social Obligatorio, hecho que constituye un apoyo financiero del Seguro Delegado para el Ente Gestor (CNS) que presta servicios médicos a su sector pasivo, aporte que se encuentra dentro del marco de los principios de economía, solidaridad, equidad, oportunidad, eficiencia y eficacia”.

Disposición que tiene como marco legal el art. 20 del Código de Seguridad Social (CSS), que prevé: “En los lugares donde la Caja no disponga de servicios sanitarios propios o contratados, ésta podrá autorizar, caso por caso, al asegurado el empleo de servicios sanitarios particulares. La Caja abonará al interesado el total que importe esta atención.”; norma que guarda relación con lo dispuesto en el art. 43 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), en sentido que: “Si la Caja no dispusiera en sus propios centros sanitarios de la atención especializada que requiera un trabajador asegurado la Comisión de Prestaciones podrá autorizar, previa y expresamente el tratamiento del enfermo en servicios sanitarios particulares nacionales, corriendo por cuenta de la Caja el costo total de la atención. Los beneficiarios solo podrán ser autorizados para su atención en centros ajenos a la Caja en la forma establecida por el artículo 42°.”; concordante con el art. 43 del RCSS, que prevé: “Si la Caja no dispusiera en sus propios centros sanitarios de la atención especializada que requiera un trabajador asegurado la Comisión de Prestaciones podrá autorizar, previa y expresamente el tratamiento del enfermo en servicios sanitarios particulares nacionales, corriendo por cuenta de la Caja el costo total de la atención. Los beneficiarios solo podrán ser autorizados para su atención en centros ajenos a la Caja en la forma establecida por el artículo 42°.

La normas precedentes, invocadas tanto en el auto interlocutorio, como en el auto de vista y ahora en el presente auto supremo, con el objetivo de que quede claramente comprendido, el origen de las atribuciones del Instituto Nacional de Seguros de Salud y de la Caja Nacional de Salud, respecto a la emisión de reglamentos que normen el área en cuestión, entre ellos, el Reglamento de Seguro Delegado; es decir, si bien, las disposiciones legales invocadas, no disponen específicamente, la retención a la que están obligadas las empresas suscriptoras de convenios de Seguro Delegado, del 3% del aporte patronal y destinado a la Caja Nacional de Salud, esas disposiciones son la base legal sobre la que se asienta el art. 21 del Reglamento de Seguro Delegado, en el que sí se establece de manera clara que la empresa delegada deberá remitir de manera mensual, el 3% del 100% del aporte patronal según las planillas de sueldos, a la Caja Nacional de Salud como una forma de apoyo financiero al ente gestor que presta servicios médicos a su sector pasivo.

De igual modo, el auto de vista recurrido, invoca el DS Nº 25798 de 2 de junio de 2000, simplemente para referir que dicha norma agrupa todas las disposiciones referentes al Instituto Nacional de Seguros de Salud, mencionando sus características; citando en concordancia con la misma, el DS Nº 25055 de 23 de mayo de 1998 y el DS Nº 26495 de 4 de febrero de 2002; asimismo invocó los arts. 20 del CSS, 43 de su Decreto Reglamentario, art. 4.m) de la Ley Nº 1070 y art. 2 del DS Nº 14641, señalando que los mismos facultan a la Caja Nacional de Salud, delegar la administración y gestión de los regímenes de seguro social en las localidades donde no hubieren extendido sus propios servicios; finalmente, el DL Nº 10173 de 28 de marzo de 1972, norma según la que, la Caja Nacional de Salud se encuentra facultada para delegar la administración y gestión de los Regímenes del Seguro Social, bajo responsabilidad de las entidades delegadas.

Ahora bien, el recurrente alega que ninguna normativa, de las antes mencionadas, establecen, determinan o facultan a la Caja Nacional de Salud a realizar el cobro del 3% de los aportes previstos para el sostenimiento del Seguro Social a Corto Plazo, sujeto al Seguro Delegado con el que cuenta COMTECO LTDA., y que por tanto, la conclusión a la que arribó el tribunal de alzada sería producto de una errada interpretación y aplicación de dichas disposiciones legales, constituyendo aquello violación de las normas sustantivas y adjetivas, que le ocasionan daños serios e irreparables; sin embargo, todas las normas antes referidas, resultan ser pues, las que delimitan el ámbito de acción tanto del INASES como de la Caja Nacional de Salud, mismas que en uso de las atribuciones conferidas por ley, emitieron y aprobaron el Reglamento de Seguro Delegado, cuyo art. 21, prevé como se señaló anteriormente, la obligación de la empresa delegada, de destinar el 3% del 100% del total del aporte patronal según las planillas de sueldos a la Caja Nacional de Salud para la atención del sector pasivo de la empresa; entonces el argumento del recurrente, señalando que no hay normativa que obligue a la empresa delegada a realizar tal aporte, queda desvirtuado en función precisamente a toda la normativa que sirvió de base legal para emitir el Auto Interlocutorio de 18 de abril de 2011 y que fue correctamente confirmado por el tribunal de alzada; de ahí que, este tribunal considera que los alegatos del representante de la cooperativa coactivada, resultan ser solo un afán de eludir sus responsabilidades, porque además no es evidente que los reglamentos y normas de funcionamiento cuya, emisión le son competentes a las Caja Nacional de Salud y el INASES, en el caso concreto, el Reglamento de Seguro Delegado, este violando alguna ley como sostiene el recurrente, porque además de ser una apreciación ligera del representante de COMTECO LTDA., sin ningún fundamento válido, no demuestra porqué, ni cuáles son las leyes supuestamente violadas; contrario sensu, es un reglamento que ha seguido todos los procedimientos y atravesado todos los filtros de control para su emisión y aplicación.

Finalmente, se hace necesario hacer mención de los arts. 45.II y 48.II de la CPE, que a criterio de la cooperativa coactivada, también fueron mal aplicados por cuanto tampoco determinan o facultan a la Caja Nacional de Salud a realizar el cobro del 3% para el sostenimiento del Seguro Social a Corto Plazo; en efecto, la carta magna no prevé tal extremo, sin embargo, la misma establece los principios sobre los que se sustenta la seguridad social en Bolivia; de ahí también que el preámbulo de la Constitución, concibe que la construcción del nuevo Estado, está basada en el respeto e igualdad entre todos, dentro de los principios de complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica política y cultural de los habitantes del Estado boliviano y en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud, vivienda y seguridad social para todos; valores supremos que al estar insertos en la parte dogmática de la Norma Fundamental, determinaran el contenido no sólo de su parte orgánica, sino también de la normativa infra-constitucional que deberá ser plasmada bajo los alcances de estos valores y principios rectores.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 212 a 217, y carecer de sustento legal; el auto de vista recurrido se ajustó a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna; por lo que, corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 223 del CSS y 633 de RCSS.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 212 a 217, interpuesto por Oscar Gualberto Claure Villarroel y Luis Armando Luján Zuazo, en representación de COMTECO LTDA.; con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.