SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 22/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.217/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de nulidad cursante a fs. 119, interpuesto por Silvia Patricia Claure Góngora, apoderada legal de la Sra. Jean Carla Terrazas Cortez, propietaria de la empresa VILLAGE BOLIVIA, contra el Auto de Vista Nº 19 de 21 de enero de 2015, cursante de fs. 116 a 117, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por Claudia Victoria Pardo Claure, contra la empresa recurrente; la respuesta de fs. 124 a 126, el auto de fs. 127 que concedió el recurso; los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Quinto del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 88 en fecha 29 de mayo de 2014, cursante de fs. 91 a 94, declarando probada la demanda con costas, de fs. 10 a 11 y ampliación de fs. 14 a 16 de obrados, por haberse probado la relación laboral entre Claudia Victoria Pardo Claure con Jean Carla Terrazas Cortez, en el cargo de Administradora, con inicio de la relación laboral desde el 26 de enero de 2004 hasta el 03 de junio de 2012, habiendo cumplido un tiempo de servicios prestados de 8 años, 4 meses y 8 días, habiéndosele cancelado 5 años o (quinquenio), contratada bajo la modalidad de contrato verbal por tiempo indefinido, percibiendo un salario promedio indemnizable de Bs.2.000.-, correspondiendo el pago de los siguientes beneficios sociales: desahucio, indemnización, aguinaldo duodécima; vacaciones, sueldos devengados y bono de antigüedad; así mismo le corresponde el pago de la multa con el recargo del 30% establecido en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de fecha 01 de mayo de 2006, y en cuyo mérito se ordena a Jean Carla Terrazas Cortez pague a tercer día de ejecutoriada esta sentencia a favor de la demandante Claudia Victoria Pardo Claure, el monto total de Bs.32.131,07.-, más la actualización y reajuste dispuesto por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación deducida por la parte demandada a fs. 97, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió Auto de Vista Nº 19 de 21 de enero de 2015, cursante de fs. 116 a 117, confirmando la Sentencia dictada en fecha 29 de mayo de 2014, de fs. 91 a 94 de obrados.

Dicho fallo motivó el recurso de nulidad a fs. 119, interpuesto por la parte demandada, a través de su represente legal Silvia Patricia Claure Góngora, quien refiriéndose a los antecedentes procesales, denunció:

1.- Que, el tribunal de apelación al emitir el auto de vista, no tomo en cuenta que el desahucio no es procedente puesto que la ex trabajadora, se retiró voluntariamente y al parecer no se consideraron y observaron las pruebas literales presentadas, las cuales no fueron valoradas y tomadas en cuenta, como el caso del finiquito que se presentó, ni el hecho que mediante las planillas presentadas se observa la cancelación del bono de antigüedad, en cuanto al pago de la multa del 30% no corresponde por haberse hecho la cancelación oportuna y dentro del plazo previsto por el DS Nº 28699 del 01 de mayo de 2006, tampoco se tomó en cuenta el segundo finiquito donde se canceló un reintegro de beneficios sociales.

Concluye solicitando, se conceda el recurso de nulidad ante Tribunal Supremo de Justicia, para que revoque el auto de vista, así como la sentencia de primera instancia, consecuentemente no dé lugar al pago de los beneficios sociales que ya fueron cancelados.

CONSIDERANDO II: Que, conforme estableció la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de casación se asimila a una nueva demanda de puro derecho, que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 Código de Procedimiento Civil (CPC), además de fundamentarse por separado de manera precisa y concreta cuáles son las causas que motivan la casación ya sea en la forma o en el fondo, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar en qué consiste la infracción que se acusa.

Sobre el particular, conforme establece la doctrina y jurisprudencia, el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores “in judicando” que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo estar debidamente identificadas las causales señaladas en el art. 253 de la citada norma, mientras que para el recurso de casación en la forma, que se funda en errores “in procedendo”, referidas a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, están especificadas en el art. 254 de la misma norma legal, lo que no ocurrió en el caso objeto de análisis.

Que, de la revisión del recurso, se colige que la recurrente no ha cumplido los requisitos enumerados en el inciso 2) del art. 258 del CPC, se advierte además que los puntos reclamados en el recurso de casación ya fueron planteados en apelación, los que han merecido su análisis, consideración y resolución por el tribunal ad quem, ante esta circunstancia se concluye que, lo expresado en casación carece de sustento legal. A ello se añade el hecho de que la parte demandada, mediante su apoderada legal no precisó punto por punto las vulneraciones en los que incurrió el tribunal de segunda instancia a tiempo de emitir el auto de vista, no obstante de estar obligados a citar en términos claros, concretos la ley o leyes violadas, aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la vulneración a las normas que fueron presuntamente infringidas o supuestamente incumplidas por el tribunal ad quem, tampoco alega ni demuestra error de hecho o error de derecho en que se hubiera incurrido en la apreciación de las pruebas, simplemente realizan un relato intrascendente de escaso contenido jurídico, incumpliendo los requisitos enumerados en los arts. 253, con relación al 258.2) ambos del CPC, limitándose simplemente a solicitar se revoque el auto de vista y la sentencia de primera instancia, el cual correspondía ser planteado a través del recurso de casación en la forma; si bien los errores procesales acusados están dirigidos a la conducta del juzgador (in procedendo), situación que demuestra que el recurso de nulidad es improcedente al no citar expresamente en forma clara, concreta y precisa las vulneraciones en que hubiera incurrido el tribunal de segunda instancia.

Que, en ese marco legal, el recurso interpuesto es insuficiente haciendo inviable su consideración porque impide a este tribunal abrir su competencia, en consecuencia corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.1) y 272.2) del CPC, aplicable por permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional Boliviano, con la atribución contenida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de nulidad a fs. 119. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en la suma de Bs.500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.