SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 21/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.216/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 62 a 63, interpuesto por Riccy Gallardo de Barba, contra el Auto de Vista Nº 028 de 30 de enero de 2008 (fs. 58 a 59), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Distrito de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por José Hugo Barba Rodríguez, contra la recurrente, el auto de fs. 66, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 127 de 2 de agosto de 2005 (fs. 35 a 36), declarando probado el derecho demandado, con costas, disponiendo que la demandada, pague a favor del actor, la suma de Bs.10.919,90.-, por concepto de indemnización, desahucio, vacación y aguinaldo.

En grado de apelación formulada por la parte demandada (fs. 42 a 45), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 028 de 30 de enero de 2008 (fs. 58 a 59), confirmando en todas sus partes la sentencia pronunciada por el juez a quo, con costas en ambas instancias; disponiendo mediante auto de 4 de junio de 2008 cursante a fs. 60, no ha lugar a la complementación y enmienda solicitada por memorial de fs. 59.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 62 a 63, interpuesto por Riccy Gallardo de Barba señalando en síntesis:

Que en el caso que se analiza, los juzgadores de instancia, no interpretaron los alcances fácticos del trabajo realizado por el demandante, puesto que como consta en obrados, no existió el supuesto retiro injustificado, aduciendo que el razonamiento lógico jurídico, acarrea que la resolución dictada se encuentre inmersa en error de hecho y error de derecho por no ajustarse a ley.

Que el auto de vista recurrido, contiene elementos contradictorios que destruyen la esencia misma de la LGT y sus concordancias, al señalar que, la relación laboral, no ha sido probada en contrario, la forma de despido de igual manera, lo que determina la procedencia de aplicar el art. 13 de la citada ley, con desahucio e indemnización.

Que, los artículos citados en el auto de vista, mencionan de forma específica sobre la relación laboral obrero-patronal, pero en ninguna parte de los acápites se encuentra consignado o identificado la forma correcta de proceder del juez inferior, es decir, de una certidumbre sobre la legalidad o ilegalidad de la sentencia de primera instancia, puesto que la parte dispositiva no guarda relación con la parte considerativa, toda vez que se tiene dicho, al no existir un razonamiento lógico jurídico sobre la resolución del juez a quo, dicha sentencia carece de eficacia jurídica, debido a que se encuentra confirmada mediante el raciocinio dogmático jurídico, carente en la resolución hoy impugnada.

Concluyó solicitando que se revoque el auto de vista recurrido y case la demanda declarándola improbada, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, antes de ingresar al análisis del recurso cabe manifestar que la parte demandada en su petitorio solicita que el tribunal Supremo de Justicia “revoque” la resolución impugnada y proceda a “casar la demanda”, extremo que demuestra la impericia al plantear el recurso de casación, por constituirse en una petición que no se ajusta a los cánones establecidos en el art. 271 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que prevé: “El tribunal o juez de casación resolverá el recurso en una de las siguientes formas: 1) Declarando improcedente, 2) Declarando infundado, 3) Anulando obrados con o sin reposición y 4) Casando el auto de vista; en base a la citada normativa legal, la solicitud de revocar el auto de vista recurrido y casar la demanda, no constituye una forma de resolución, como equivocadamente pretende la parte recurrente; sin embargo, al existir hechos controvertidos que deben ser dilucidados, se ingresa a considerar los argumentos vertidos en el recurso de casación planteado.

En este sentido, en el presente caso, la parte recurrente fundamenta su recurso manifestando que, no existió el supuesto retiro injustificado del actor, por lo tanto, no correspondería reconoce a su favor los derechos laborales como el desahucio e indemnización previstos en el art. 13 de la Ley General del Trabajo (LGT).

Al respecto, analizados los antecedentes procesales, el actor sostiene en su demanda que, ingresó a trabajar como empleado del Frial de propiedad de la demandada Riccy Gallardo de Barba, desde el 10 de septiembre de 1997 hasta el 23 de agosto de 2002, fecha en que fue objeto de despido forzoso, situación que lo motivó a iniciar la presente demanda, reclamando el pago de sus beneficios sociales como consecuencia de su despido; no habiendo la parte demandada desvirtuado con prueba contundente, los fundamentos de la presente acción, como era su obligación hacerlo, en estricta observancia de lo previsto en los arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), referidos al principio de la inversión de la prueba, hecho que valió como fundamento para que los juzgadores de instancia dispongan el pago de los derechos y beneficios sociales a favor del actor, conforme determina el art. 13 de la LGT, quienes para arribar a la decisión asumida, valoraron correctamente las pruebas aportadas por las partes, conforme determinan los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, en virtud al cual, no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, apreciando los indicios en conjunto, teniendo en cuenta la gravedad, concordancia y convergencia, y las demás pruebas que obran en el proceso, aspecto que fue cumplido por los juzgadores de instancia a momento de emitir sus fallos; razón por la cual, corresponde reconocer a favor del actor, los derechos y beneficios sociales concedidos en sentencia y confirmados en el auto de vista recurrido, los cuales son irrenunciables conforme prevé el art. 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el art. 4 de la LGT.

En cuanto a que la parte considerativa y dispositiva de la sentencia emitida por el juez a quo, no guardaría relación con la parte considerativa, cabe manifestar que, si la parte recurrente consideró errores procedimentales en el fallo de primera instancia, tales aspectos debió reclamarlos en el recurso de casación en la forma y no en el fondo como erradamente pretende la parte demandada, motivo por el que no se ingresa en mayores consideraciones sobre este tema.

Que en ese marco legal, se concluye, que el auto de vista impugnado, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 62 a 63, interpuesto por la recurrente. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.