SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 19/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.214/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 127 a 130, interpuesto por Mirian Lourdes Vaca vda. de Salinas, en representación legal de la Empresa “PFM S.R.L.”, contra el Auto de Vista Nº 31 de 11 de febrero de 2015 (fs. 90 a 91), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por Ana María Martínez Cervantes, contra la empresa demandada “PFM S.R.L.”, la respuesta de fs. 134 a 137, el auto de fs. 138 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la el Auto Interlocutorio Nº 932 de 29 de septiembre de 2014 (fs. 47), declarando probada la excepción previa de incompetencia de fs. 35 a 36, disponiendo que la causa pase a conocimiento de un Juez en Materia Civil Comercial.

En grado de apelación formulada por la parte demandante (fs. 65), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 31 de 11 de febrero de 2015 (fs. 90 a 91), revocando en todas sus partes el Auto Interlocutorio Nº 932 de 29 de septiembre de 2014 de fs. 47, sin costas y declaró improbada la excepción de incompetencia de fs. 35 a 35 bis.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 127 a 130, interpuesto por la representante legal de la empresa demandada “PFM S.R.L.”, manifestando en síntesis:

Que no es posible en derecho razonar como lo hizo el tribunal ad quem, ya que tramitar una excepción de incompetencia per se (por sí mismo) genera incertidumbre del juez competente. En el intertantum de su resolución y a la misma vez dicho tribunal supone que las partes tengan que ignorar la excepción de incompetencia formalmente interpuesta, este razonamiento de la sala de apelaciones es equivocado, evidenciándose más su falla de técnica procesal al resolver cuando dice que la excepción se verá en sentencia junto a la causa principal.

Por otra parte sostuvo que, la sala de apelaciones está derogando el art. 328 del Código de Procedimiento Civil (CPC), ya que no se puede contestar una demanda cuando se ha realizado una pretensión de defensa de incompetencia por la materia legalmente establecida por ley.

Señaló que, no solo se afecta a la Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 215, sino que, una corte de apelaciones en vez de dar certidumbre, no emite razonamiento judicial lógico, congruente y eficaz, al resolver revocar con argumentos y presupuestos de nulidad, al manifestar que se debe someter a periodo de prueba la excepción, pretendiendo que la competencia sea dilucidada en sentencia, donde dicho tribunal señaló que el juez tenía plena competencia para pronunciarse en sentencia sobre la pretensión, situación que viola los arts. 127 y 129 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Sostuvo que la Sala Social, entra en absoluta incoherencia, puesto que no hay precedente alguno que haya resuelto que, una excepción de incompetencia se resolverá en sentencia, a lo que se suma el hecho que dicha sala, en todas sus oportunidades que tuvo que resolver las incompetencias planteadas, siempre lo hizo de forma preliminar y con carácter previo, al respecto citó como jurisprudencia el AV Nº 146 de 17 de julio de 2012 y los AA SS Nº 427 de 17 de junio de 2013 y 396 de 20 de febrero de 2012, con lo que se evidencia que en todas sus ocasiones de excepción de incompetencia resuelven con carácter previo y no en sentencia.

Señaló que, la aludida excepción, está basada en prueba escrita de fs. 26 a 28 y es sine quanon que todas las cortes se pronuncien sobre esta evidencia, por estar basada la petición de incompetencia en dichos documentos.

Que, la sala no se pronunció sobre la base de los documentos presentados en dicha excepción, incurriendo en infracción del art. 254.3), denotando la manifiesta equivocación del tribunal de alzada, siendo manifiesto el error, señalando que las excepciones previas de incompetencia se resuelven en sentencia y merecen ser probadas en un punto de hecho dentro del juicio, afirmación carente de razonabilidad técnica y jurídica.

Manifestó que, la sala social entró en auto contradicción, pues por un lado dice que, la excepción de incompetencia debe sujetarse a prueba y que el juez a quo tenía plena competencia para pronunciarse en sentencia, actuar que no solo viola la predictibilidad de los actos, sino que riñe con la doctrina de los actos propios, puesto que de un mismo hecho procesal generado, arriba a dos conclusiones dispares.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido y declare subsistente la resolución de fecha 29 de septiembre de 2014, ordenando que la causa pase a conocimiento de un juez comercial.

CONSIDERANDO II: Que, así interpuesto el recurso, de la revisión de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:

El objeto de la litis, en el caso de autos, versa sobre la supuesta incompetencia del juez de primera instancia, para conocer la presente causa, puesto que, entre la actora y la empresa demandada, según afirma la recurrente, la relación que existió fue de naturaleza civil comercial, por lo tanto, este proceso, debió tramitarse en la vía civil, puesto que el juez a quo, no tendría competencia para conocer el proceso, por lo tanto, al no estar amparado por la Ley General del Trabajo, no correspondería el pago de beneficios sociales ni otros derechos emergentes de dicha relación.

En este contexto, de la revisión de obrados, se advierte que la actora, demandó el pago de beneficios sociales y otros derechos laborales, constituidos en derechos adquiridos como los consignados en la demanda, considerando para ello, respecto de los primeros, que la actora fue contratada de manera verbal en la empresa demandada PFM S.R.L., desde el 16 de abril de 2006 en el cargo de Asistente Administrativa, percibiendo un salario de Bs.8.352,00.-, es decir, sometida a las previsiones de la Ley General del Trabajo, hasta el 30 de octubre de 2013, fecha en que fue despedida de manera intempestiva por el Gerente General, conforme afirma en su demanda de fs. 6 a 10 de obrados, y respecto de los últimos, porque son derechos sociales adquiridos irrenunciables, conforme prevé el art. 162.II de la CPE de 1967 y 4 de la Ley General del Trabajo, ratificado por el art. 48 de la CPE vigente.

Estos aspectos a “prima facie” no pueden ser admitidos o rechazados por el a quo, pues al existir cuestiones de hecho que deben ser dilucidadas dentro la tramitación del proceso, para luego en sentencia se reconozca o se niegue el pago de los mismos, según se acredite con las pruebas que demuestren los derechos reclamados por la actora, o en su caso se desvirtúen por la empresa demandada. Es decir, de ninguna manera el juez de la causa puede negar su competencia amparada en el art. 131 del CPT, por simple presunción de inexistencia de una relación laboral entre las partes en conflicto, sin antes averiguar dentro del proceso si corresponde o no los derechos demandados.

En efecto, el Auto Interlocutorio Nº 932 de 29 de septiembre de 2014, solo se limitó a declarar probada la excepción previa de incompetencia y disponer que la causa, pase a conocimiento de un juez de Materia Civil Comercial.

En los hechos, esta decisión fue precipitada y carente de sustento legal, toda vez que toda petición relativa al pago de beneficios sociales y derechos adquiridos son de competencia de los tribunales en materia laboral, ello independientemente que en sentencia sea declarada procedente o no la pretensión; por esta razón la decisión del tribunal ad quem, que revocó la decisión del juez a quo, es correcta; precisamente porque corresponde dentro el proceso, acreditar o desvirtuar los derechos pretendidos por las partes, vale decir, si lo pretendido por la actora está o no tutelado por la Ley General del Trabajo, o en su caso determinar que no corresponde el reconocimiento de ningún beneficio social, por no haber existido una relación laboral, sino de carácter civil comercial, extremos que deben ser dilucidados previamente dentro el trámite del proceso, donde se permita a las partes aportar pruebas, con el objeto de proporcionar al juez de la causa, elementos de convicción para el esclarecimiento de los hechos, emitiéndose una sentencia que ponga fin al litigio en primera instancia, así establecer si existió relación laboral, conforme determina el art. 190 del CPC, aplicable por mandato del art. 252 del CPT, lo contario sería atentar el derecho a la defensa y al debido proceso, consagrado en los arts. 119.II y 180.I de la CPE.

En mérito de lo expuesto se establece que, es correcta la decisión del tribunal de alzada al revocar en todas sus partes el Auto Interlocutorio Nº 932 de 29 de septiembre de 2014 de fs. 47, declarando improbada la excepción de incompetencia, amparado en los arts. 73.5 y 30.6, de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 43.b) del CPT, porque de los datos del proceso, se advierte que existe materia justiciable en esta vía, que deberá ser determinada conforme a los datos del proceso por el a quo, otorgando o negando los mismos, es decir, declarando probada o improbada, parcial o totalmente la demanda, con plena competencia, porque de lo contrario se estaría causando indefensión a la actora.

Por lo que en ese marco legal, se concluye que lo expresado por la representante por la empresa demandada en el recurso de casación, no es evidente, toda vez que el auto de vista recurrido, al declarar improbada la excepción previa de incompetencia, en ningún momento determinó que esta cuestión sea resuelta en sentencia, más aún si esta decisión se trata de una resolución de previo y especial pronunciamiento, de manera que al estar contestada la demanda, tácitamente se reconoció la competencia de la judicatura laboral, que una vez devuelto el proceso al juzgado de origen, deberá proseguir el trámite previsto por ley, hasta la emisión de la sentencia que corresponda.

En definitiva, el auto de vista se ajusta a las normas legales en vigencia, no se advierte violación de norma legal alguna, correspondiendo resolver conforme prevén los arts. 255.2), 271.2) y 273 todos del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 127 a 130, interpuesto por la recurrente, en representación legal de la Empresa demandada PFM S.R.L. Con costas.

Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs.500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.