SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 16/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.211/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 640 a 644, interpuesto por Víctor Ricardo Soto Cros, contra el Auto de Vista Nº 256/2015 de 08 de junio, cursante de fs. 634 a 637, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de reincorporación seguido por el recurrente, contra la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, representado legalmente por su Rector Eduardo Rivero Zurita; la respuesta a fs. 648, el auto de fs. 649 vta., que concedió el recurso; los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, el Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Sucre, pronunció la Sentencia Nº 04/15 de 12 de marzo de 2015, cursante de fs. 607 vta. a 615, declarando improbada la demanda social cursantes de fs. 252 a 258. Sin costas (art. 39 Ley Nº 1178).

En grado de apelación deducida por el demandante Víctor Ricardo Soto Cros de fs. 618 a 620, la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió Auto de Vista Nº 256/2015 de 08 de junio, cursante de fs. 634 a 637, confirmando totalmente la Sentencia Nº 04/15 de 12 de marzo, de fs. 607 a 615, emitida por la Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Capital, con costas en ambas instancias.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 640 a 644, interpuesto por el demandante Víctor Ricardo Soto Cros, quien luego de realizar el detalle de los antecedentes procesales, denunció lo siguiente:

1.- En la forma, el tribunal de segunda instancia, al emitir el auto de vista en el segundo y tercer considerando explicaron que en el proceso social solo se verificaría si en el Proceso Sumario Administrativo se han advertido los defectos procesales denunciados tanto en la demanda como en el curso de todo proceso y por lógica consecuencia, no pudieron fallar sobre la conducta asumida por el demandante, en el tiempo que ocupó el cargo que desempañaba en la Universidad, circunstancia que no ha sido objetada, sino que el objeto del recurso de apelación, ha sido justamente que el juez a quo, no advirtió, identificó ni resolvió las denuncias efectuadas por el recurrente, respecto de los aludidos defectos procesales en el Sumario Administrativo, resultando inaplicable el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, concluyendo que el juez de primera instancia aplicó la verdad material y las disposiciones aplicable al caso, vulnerando el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que se aplica al caso presente por la permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), porque no se pronunciaron sobre ningunos de los fundamentos alegados en el recurso de apelación, concluyó señalando las Sentencias Constitucionales Nos. 1089/2012 de 5 de septiembre de 2012, y 1365/1365/2005-R de 31 de octubre.

2.- En el fondo, manifestó que se demostró que el trámite del Proceso Sumario Administrativo, sustentado en contra del actor, se sujetó a normas que se encontraban derogadas por la promulgación del nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad en la gestión 2010, mientras que las normas por la que se juzgó, el Reglamento de procesos Administrativos Internos, Reglamento específico del Sistema de Administración de Personal, y Reglamento Específico de Sanciones Disciplinaria, aprobada por Resolución Rectoral Nº 050/2002, que presuntamente fueron homologadas por Resolución H.C.U. 005/2003 de 14 de mayo de 2003, ya no tenían vigencia porque fueron abrogadas en la gestión 2010, cuando se promulgo el aludido Estatuto Orgánico de la Universidad de la Gestión 2010,

Seguidamente denunció vulneración del art. 10 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, porque, las previsiones del indicado Estatuto Orgánico en concordancia con el DS Nº 23318-A, en base al principio de Autonomía Universitaria, se debió conformar un Tribunal Sumariante, integrado por diferentes estamentos de la Universidad, empero en el caso presente se nombró un Juez Sumariante designado por el Rector, vulnerando el derecho al Juez Natural, es decir, que se ratificó un juzgamiento ante una Comisión Especial, que se encuentra prohibida por la Constitución Política del Estado, en su art. 120.I, y además provocó la nulidad de actos de personas que usurparon funciones, que por la naturaleza son nulas de pleno derecho, conforme establece el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Finalmente denunció que el auto de vista recurrido, aplicó indebidamente los arts. 80 y 84.f), del Reglamento Específico del Sistema de Administración del Personal, sector Administrativo, que en el momento del proceso administrativo sustentado en su contra se encontraba derogado por Resolución Nº 005/2003 de 14 de mayo, y por ello, la única norma vigente y subsistente para iniciar proceso administrativo por faltas y contravenciones es el Estatuto Orgánico de la Universidad, aprobado en la gestión 2010.

Concluye solicitando, se conceda el recurso de casación en la forma y en el fondo, ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que anule y/o case el Auto de Vista Nº 256/2015 de 8 de junio, y deliberando en el fondo declare probada la demanda en todas sus partes con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde resolver el mismo en base a las cuestiones denunciadas y a las normas invocadas y a los antecedentes del proceso, concluyéndose lo siguiente:

I.- En cuanto al recurso en la forma.

1.- Al respecto, revisado el contenido del fallo emitido por el tribunal de segunda instancia, se advierte que tal aseveración no es evidente, toda vez que, de la revisión de obrados cursa de fs. 2 a 77 el Proceso Administrativo (sumario administrativo) que ha seguido todas las etapas, donde se emite las, resoluciones que se encontrarían debidamente ejecutoriadas (revocatorio y jerárquico), dentro del mismo el actor asumió defensa material, sin que se vulnere su derecho a la defensa material y técnica, presentando pruebas tanto documentales como testificales dentro de la tramitación del proceso administrativo interno, memorial que cursa a fs. 20 de obrados, en merito a estos antecedentes el juez sumariante de la Universidad, actuó con plena competencia en el presente proceso, así como la autoridad jerárquica que recayó en la persona del Ing. Eduardo Rivero Zurita que fungía como Rector a.i., de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca; de lo anotado se advierte que el agravio traído a casación en la forma, ya mereció su análisis, fundamentación y resolución por el tribunal de segunda instancia, concluyéndose que no se conculcó los principios constitucionales del debido proceso y el derecho de fundamentación y motivación, al no comprobarse la nulidad reclamada.

2.- De todo lo expuesto, con relación a las afirmaciones realizadas en el recurso de casación en la forma, éstas carecen de sustento legal; al contrario, el auto de vista está sujeto a las normas en vigencia, no observándose vulneración de norma legal alguna que sea objeto de nulidad, por cuanto existió correcta valoración, interpretación y aplicación de la ley, de conformidad al art. 236 del CPC; en todo caso para la procedencia de la nulidad deben concurrir algunos principios que rigen y deben ser observados entre estos los principios de especificidad, trascendencia, protección y de convalidación; los que no concurren en el caso presente; por consiguiente, al no estar justificada ninguna causal de nulidad, se pasa a considerar la casación en el fondo.

II.- En cuanto al recurso en el fondo.

1.- Al respecto, el recurso de casación en el fondo se fundamenta, que el proceso administrativo al que fue sometido el actor, con el Reglamento Interno y disposiciones conexas, las misma fueron derogadas la promulgación del nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca en la gestión 2010; que se vulneró el derecho a la defensa, al debido proceso y seguridad jurídica.

Que, revisada la normativa citada precedentemente se advierte que dicha acusación no es evidente; ya que fue el mismo actor que reconoció la competencia de los Tribunales Administrativos, sometiéndose a su tramitación y resolución, al interponer los recursos de revocatoria y jerárquico, ya que mediante Resolución Rectoral Nº 022/2012, se designó, como Juez Sumariante al Dr. Carlos Eduardo Ortega Silva, Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica de la Universidad, otorgándole la competencia para tramitar el proceso administrativo interno, así como la autoridad jerárquica que recayó en el Ing. Eduardo Rivero Zurita, quien fungía como Rector a.i., de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, en el caso de análisis, el tribunal ad quem, acertadamente refirió que el sujeto procesal debió seguir un proceso contencioso administrativo, si consideraba que la normativa aplicada dentro del proceso interno administrativo se encontraba derogada, hecho que no sucedió.

2.- En la especie, debe tenerse presente que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba, propia del proceso civil, sino que formará libremente su convencimiento, inspirándose en principios científicos que informan la crítica de la prueba, con arreglo del art. 158 del CPT. Asimismo, conforme determina el art. 3.j) del CPT, uno de los principios en los que se basa todo procedimiento en materia laboral es la: “Libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados”, debiéndose considerar que, cuando en el recurso de casación se exponen denuncias relacionadas con la apreciación de la prueba, es obligación del recurrente precisar si los tribunales de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho en el ejercicio de su atribución valorativa, sólo en esta circunstancia se abre la competencia de este Tribunal para realizar nueva compulsa de la misma, en el caso de auto el recurrente no precisa qué literales o testificales se hubiera incurrido en la apreciación de las pruebas, simplemente realizan un relato intrascendente de escaso contenido jurídico, por lo que, el agravio traído a casación deviene de infundado.

3.- En lo que respecta al reclamo traído a casación sobre la vulneración del debido proceso, derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, ciertamente se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucedió en la realidad y no lo que las partes han contratado formalmente; de la revisión del expediente se colige que, no es evidente lo denunciado, toda vez que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y, no así de puro derecho como es el tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todo los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto del memorial de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna; en el caso de autos, el tribunal de segunda instancia resolvió correctamente los agravios expresados en la apelación, con el debido análisis, fundamentación y motivación.

En mérito a estos antecedentes, éste Tribunal Supremo de Justicia advierte la decisión del tribunal de alzada al confirmar la sentencia de primera instancia que declaró improbada la demanda de reincorporación interpuesta por el actor, fue correcta, y dentro de los parámetros del art. 236 del CPC, aplicable en el caso de autos por expresa previsión del art. 252 del CPT, que ordena que el auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior que hubieran sido objeto de apelación; concluyéndose que no procede disponer la reincorporación del Servidor Público, cuál era la intención de la demanda.

Por lo referido se concluye, que al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolver el recurso de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional Boliviano, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 640 a 644. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.