SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 394/2015.

Sucre, 3 de diciembre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-BNI.237/2015.

Distrito: Beni.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 429 a 433, interpuesto por Miguel Justiniano Higa, representado por Carmen Edith Justiniano Díaz, impugnando el Auto de Vista Nº 35/2015 de 3 de junio, cursante de fs. 422 a 426, pronunciado por la Sala Social Especializada, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales seguido por el recurrente contra la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA-BOLIVIA), el auto de fs. 437 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social por cobro de beneficios sociales, el Juez de Trabajo y Seguridad de Riberalta, del Distrito Judicial de Beni, pronunció la Sentencia Nº 35/10 de 29 de noviembre (fs. 318 a 322), declarando probada en parte la demanda y probada en parte la excepción perentoria de pago, disponiendo el pago en favor del actor, de la suma de Bs.82.311.-, por los conceptos establecidos en la liquidación efectuada en la parte dispositiva.

Contra la sentencia, la entidad demandada, formuló recurso de apelación (fs. 325), que fue resuelto por Auto de Vista Nº 50/2011 de 2 de junio (fs. 334 a 335), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Distrito de Beni, confirmando parcialmente la sentencia apelada, sin costas, modificando el monto a pagarse a Bs.25.105,60.-; resolución que motivó la interposición del recurso de casación de fs. 342 a 343 formulado por el demandante, que a la vez fue resuelto mediante Auto Supremo Nº 30/2015-L, que anuló obrados hasta el sorteo de fs. 333 vta., disponiendo que el tribunal de alzada pronuncie nuevo auto de vista.

En cumplimiento de la resolución suprema, el Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emitió nuevo Auto de Vista Nº 35/2015 de 3 de junio (422 a 426), confirmando parcialmente la sentencia apelada, sin costas, modificando el monto de los beneficios sociales a un total de Bs.19.315,15, de acuerdo a la liquidación efectuada, disponiendo no ha lugar el pago de la multa del 30%, por no haber sido motivo de apelación; fallo que motivó el recurso de casación, interpuesto por Miguel Justiniano Higa, a través de su apoderada, conforme los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 429 a 433.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, se impone la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

En este contexto, es menester señalar que conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba.

Ello supone una doble instancia donde el tribunal o juez debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia, pero esto no obsta que, excepcionalmente, en segunda instancia se ofrezca y admita nueva prueba.

Bajo estas premisas, es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, más aún si lo que se pretende es modificar o revocar el fallo venido en apelación o casación, donde la motivación o fundamentación deberá ser tal, que permita vislumbrar con claridad las razones de decisión por las que se modificó un fallo de instancia.

En efecto, el Diccionario de la Lengua Española asigna a la palabra motivación la "acción y efecto de motivar", a su vez, define "motivar" como "dar o explicar la razón o motivo que ha tenido para hacer una cosa".

Esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

Consecuentemente, cuando un juez omite motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de su fallo, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, en la que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo, por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos y se aperture la competencia del superior en grado.

La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto, que podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular.

El incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia.

A su vez, el art. 190 del citado adjetivo civil, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma de aplicación general, impone además que los tribunales de alzada ajusten sus resoluciones de segunda instancia decidiendo la controversia en función del art. 236 del CPC, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil, conforme faculta el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

En el caso de autos, ante la interposición del recurso de apelación de fs. 325, formulado por la entidad demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Beni, emitió el Auto de Vista Nº 50/2011 de 2 de junio, confirmando parcialmente la sentencia apelada, modificando el monto a cancelar por concepto de beneficios sociales, de Bs.82.311.- otorgados en sentencia, a Bs.25.105,60.-; fallo que fue recurrido en casación y anulado por Auto Supremo Nº 30/2015-L de 23 de marzo, por falta de fundamentación, motivación y congruencia.

Ahora bien, en cumplimiento de la Resolución Suprema mencionada, la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Beni, emitió nuevo auto de vista signado 35/2015 de 3 de junio, en el que realiza una amplia exposición doctrinal, primero, con referencia a la valoración de la prueba; posteriormente, respecto a las vacaciones laborales y la prohibición de su remuneración económica, seguido de un análisis sobre la imprescriptibilidad de los derechos laborales, desde la posición asumida por la Constitución Política del Estado en su art. 48.IV), y los arts. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario, y concluye realizando una ampulosa exposición doctrinaria jurisprudencial respecto al principio del debido proceso. Como corolario, en la parte dispositiva, el vocal relator del caso, que dicho sea de paso, es el mismo que emitió el Auto de Vista Nº 50/2011 de 2 de junio, que fue anulado por disposición del Auto Supremo mencionado, confirma parcialmente la sentencia, empero modificando el monto total a cancelar, de Bs.25.105,60.- dispuestos en auto de vista anulado, a Bs.19.315,15.

En ese contexto, resulta contradictorio que el mismo vocal que dispuso el pago de un monto de dinero en favor del demandante, emita nueva resolución modificando y rebajando aún más el monto otorgado en primera instancia; máxime si asume esta determinación sin hacer conocer los motivos de dicha modificación, pues mínimamente el vocal relator, debe realizar una explicación práctica que permita a las partes entender de donde emergen las cifras numéricas dispuestas en la parte resolutiva del auto de vista cuestionado, pues no sirve de nada toda la exposición doctrinal y jurisprudencial, expuesta por el tribunal de alzada, si en absoluto se refirió a los hechos que hacen al caso concreto, es decir, no explica el porqué de la nueva cifra económica, extremos que resultan contradictorios y provocan al recurrente inseguridad jurídica, toda vez, que no se sabe con certeza de donde obtuvo el tribunal de apelación, el monto que dispuso por concepto de beneficios sociales, de donde se evidencia que el tribunal ad quem emitió una resolución de “facto” sin la debida motivación y fundamentación, pues, si se confirmó parcialmente la sentencia y se modificó el monto que la entidad demandada debe cancelar, se debió practicar una liquidación donde se exponga con claridad los aspectos arriba cuestionados, como se señaló ut supra, conforme determina el art. 202.II del CPT, presupuesto procesal que fue omitido por el tribunal ad quem, a tiempo de emitir el auto de vista recurrido.

En suma, estos aspectos demuestran la existencia de incongruencia, falta de exhaustividad, motivación y pertinencia de la resolución emitida y especialmente la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, impidiendo que este tribunal pueda analizar el recurso formulado por la parte recurrente.

Por lo expuesto, corresponde aplicar los arts. 252, 271.3) del CPCy 17 de la LOJ, con la permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 421 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal ad quem, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nueva resolución con la pertinencia de los arts. 192 del CPC y 202.II del CPT.

Se llama severamente la atención a los vocales que suscribieron la resolución impugnada, pues pese a haberse dispuesto la emisión de una nueva resolución, vuelve a incurrir en los errores advertidos por este Tribunal de Casación, imponiéndose a los vocales miembros de la sala emisora del auto de vista anulado, la multa de Bs.500.- (quinientos 00/100 bolivianos), que deberá ser descontado por planilla en favor del Tesoro Judicial.

Póngase en conocimiento del Consejo de la magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17.IV de la LOJ.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.