SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 393/2015.

Sucre, 3 de diciembre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.308/2015-B.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1.092 a 1.096, deducido por Marco Antonio Dick, en representación legal de Rubén Antonio Gómez Pereira, en virtud del Testimonio de Poder N° 176/2010 otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 52 correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Luz María Wagner Vargas, dentro del proceso social por reincorporación, seguido por el recurrente  contra la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La Primera”, la contestación de la entidad demandada de fs. 1.101 a 1.107, el auto de concesión del recurso de fs. 1.111, el Auto Supremo N° 219/2014 de 15 de agosto cursante de fs. 1.126 a 1.129, el Auto pronunciado en acción de amparo constitucional N° 445/2014 de 1 de diciembre, correspondiente a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca, que corre de fs. 1.151 a 1.162, el Auto Supremo N° 126/2015 de 30 de abril inserto de fs. 1.184 a 1.188, el Auto pronunciado a consecuencia de la denuncia presentada por la institución demandada alegando incumplimiento de resolución de amparo constitucional N° 195/2015 (fs. 1.296 a 1.297), correspondiente a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Jueza de Partido Segunda de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia N° 376/2012 de 26 de octubre de 2012 (fs. 1.142 a 1.147 cuerpo 6), declarando PROBADA la demanda de fs. 4 a 7, subsanada a fs. 10, aclarada a fs. 12 y a fs. 203, disponiendo en consecuencia, que la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La Primera”, a través de su representante legal, proceda a la reincorporación del demandante, e inmediatamente se le instaure procedimiento administrativo interno como se tiene ordenado y se dicte la resolución final correspondiente, en la que se determine la permanencia o no del mismo, debiendo cancelarse los salarios devengados hasta el momento de su reincorporación, sea con los descuentos de ley, a liquidarse en ejecución de fallos.

En grado de apelación, a través del Auto de Vista Nº 111/2013 de 7 de octubre (fs. 1.080 a 1.085), la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, REVOCÓ la sentencia apelada y deliberando en el fondo, declaró IMPROBADA la demanda, sin costas por la revocatoria.

Posteriormente, por memorial de fs. 1.088, el demandante solicitó explicación y complementación del auto de vista referido, solicitud que fue resuelta a través del Auto N° 295/13 de 18 de diciembre, correspondiente a la misma Sala, determinándose NO HABER LUGAR a la complementación impetrada.

Que, del referido auto de vista, Marco Antonio Dick, en representación legal del demandante, interpuso el recurso de casación en el fondo de fs. 1.092 a 1.096.

Tramitado el recurso a que se hizo referencia en el acápite anterior, la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Auto Supremo N° 219/2014 de 15 de agosto (fs. 1.126 a 1.129), a través del cual CASÓ el Auto de Vista Nº 111/2013 de 7 de octubre (fs. 1.080 a 1.085).

Luego, deducida acción de amparo constitucional por la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La Primera”, fue resuelta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través del Auto N° 445/2014 de 1 de diciembre, que dejó sin efecto el Auto Supremo N° 219/2014 de 15 de agosto y dispuso que la autoridades accionadas emitan uno nuevo, “…subsanando los defectos y omisiones establecidos en la presente Resolución, y sea de inmediato y previo sorteo, sin que el proceso deba esperar nuevo turno al efecto…”.

En cumplimiento del Auto referido, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, pronunció el Auto Supremo N° 126/2015 de 30 de abril (fs. 1.184 a 1.188), por el que CASÓ el auto de vista impugnado.

Presentada denuncia de incumplimiento de resolución de acción de amparo constitucional por la institución demandada, fue resuelta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través del Auto N° 195/2015 de 30 de junio, dejando sin efecto el Auto Supremo N° 126/2015 de 30 de abril y se dispuso que la autoridades accionadas emitan uno nuevo, “…subsanando el incumplimiento evidenciado; y sea de manera inmediata previo sorteo y sin espera de turno. Bajo conminatoria de Ley, en caso de incumplimiento”.

En virtud de lo expuesto y correspondiendo emitir una nueva resolución en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de Garantías, se tiene que en el memorial del recurso de casación en el fondo de fs. 1.092 a 1.096, el recurrente expresó los siguientes argumentos:

1.- VIOLACIÓN, INTERPRETACIÓN ERRÓNEA Y APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY

Luego de una relación de los antecedentes que dieron lugar a la interposición del recurso, el recurrente acusó la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, señalando los incisos 1) y 2) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Trascribió el recurrente una parte de la sentencia de primera instancia, en la que se hizo referencia al hecho que al actor no se le instauró proceso administrativo, omitiéndose lo dispuesto en el Reglamento Interno, dando lugar a un despido arbitrario, correspondiendo en consecuencia su reincorporación, además del pago de sus salarios devengados en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo III del art. 10 del Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006.

Respecto de lo anterior, indicó que en el auto de vista impugnado se expresó que en lo relativo a la obligatoriedad de considerar los despidos por medio de procesos internos de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Ministerial (RM) N° 551/06, esta fue derogada por la del mismo rango N° 611/09 de 28 de agosto y finalmente abrogada por RM N° 868/10 de 26 de octubre, por lo que a la fecha, no se exige la sustanciación de un proceso interno previo a la determinación de despido por causales contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y en el art. 9 de su Decreto Reglamentario (DR-LGT), sin que ello signifique el desconocimiento del derecho al debido proceso.

Posteriormente manifestó que el tribunal ad quem incurrió en violación del art. 67 de la LGT, del art. 62 de su DR-LGT, de la RM N° 092/83 de 25 de enero, Reglamento Interno de Trabajo que cursa de fs. 528 a 590, que tiene rango de norma jurídica, cuyo párrafo cuarto, art. 139, a fs. 574, dispone la obligatoriedad de proceso interno previo al despido y el parágrafo I del art. 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) N° 25, sobre la aplicación preferente de la norma específica.

En relación con lo anterior, señaló que no fue valorada la prueba que cursa a fs. 528, constituida por la Certificación del Ministerio de Trabajo, sobre la vigencia de la RM N° 092/83. Adicionalmente, indicó que de acuerdo con los Estatutos de la entidad demandada (fs. 394 a 407), el inciso h) del art. 45, debe ser interpretado en relación con el inciso e) del mismo, que obliga a la existencia de un proceso interno previo en caso de despido.

Por otra parte, acusó la violación del parágrafo III del art. 48, del parágrafo II del art. 115, del parágrafo I del art. 116 y del parágrafo I del art. 117, todos ellos de la Constitución Política del Estado (7 de febrero de 2009) (CPE); además, el Título IV, Capítulo XXXI del Reglamento Interno de la Mutual “La Primera”. Añadió que la entidad demandada no mencionó y menos probó la infracción de un solo artículo de la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar para aplicar el inciso c) del art. 16 de la LGT, habiendo sido ilegal el despido producido.

En cuanto a la obligatoriedad del proceso interno, reiteró la supuesta vulneración de las normas ya indicadas en el apartado anterior, agregando que se vulneró el art. 62 del DR-LGT, en relación con el DS de 23 de noviembre de 1938, normas que son de preferente aplicación.

Expresó que el Juez de primera instancia dispuso la reincorporación del trabajador ilegalmente despedido e inmediata instauración de un proceso interno, previo pago de sus salarios devengados; pero que el Tribunal de Alzada, interpretó que no puede hablarse de una vulneración del derecho al debido proceso, cuando se produjo la ruptura unilateral de la relación laboral con justa causa por parte del empleador. En este sentido, el recurrente insistió en que el Tribunal de Apelación interpretó equivocadamente el Reglamento Interno de la institución demandada, aclarando por otra parte, que lo que se acusó fue la vulneración del derecho a la legítima defensa.

Asimismo, acusó la violación del parágrafo III del art. 10 del DS N° 28699, el que no es limitativo en relación con padres progenitores, discapacitados y mujeres embarazadas, sino que protege a todos los trabajadores despedidos ilegalmente, más aun cuando en el presente caso, no se probó mediante proceso administrativo interno, que el demandante hubiera incurrido en falta grave.

2.- ERROR DE HECHO Y DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA

Refirió el párrafo noveno del Acta de Inspección Judicial de fs. 444. Por otra parte, que de fs. 1.164 a 1.165, cursa la nota dirigida por el Gerente General de la entidad demandada a la Directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en la que señaló que se produjo el retiro del demandante, por incumplimiento del contrato de trabajo, del Reglamento Interno y de otras normas, lo que constituye una confesión acerca de la vigencia de dicho documento.

Indicó que tampoco fue valorada la siguiente prueba: Certificación del Ministerio de Trabajo (fs. 528), por la que se da fe de la vigencia de la RM N° 092/83. La literal de fs. 1.164 a 1.165, constituida por la nota enviada por el Gerente General de “La Primera” a la ASFI. El documento de fs. 440 a 446, Acta de Inspección Judicial, en la que el propio Jefe Administrativo de “La Primera”, confesó que en la institución se aplica el Reglamento Interno.

Concluyó el memorial del recurso, solicitando a este Supremo Tribunal de Justicia, case el auto de vista recurrido, confirmando en consecuencia la sentencia de primera instancia, sea con costas.

CONSIDERANDO II: Que así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 1.092 a 1.096, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

1.- VIOLACIÓN, INTERPRETACIÓN ERRÓNEA Y APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY

Inicialmente cabe advertir que si bien el recurrente acusó la violación de normas y las detalló en su memorial, el mismo no cumplió con la carga procesal de explicar cómo, por qué y de qué manera se produjeron las vulneraciones acusadas, menos fundamentó las mismas; sin embargo, en aplicación del parágrafo I del art. 180 de la CPE, se ingresa al fondo a objeto de resolver la causa y brindar una respuesta razonada al recurrente.

Respecto de la vulneración acusada del art. 67 de la LGT, el mismo hace referencia a la obligación del empleador, de adoptar las precauciones necesarias para proteger la vida, salud y moralidad de sus trabajadores, a las medidas que deberá adoptar para evitar los accidentes y enfermedades profesionales, asegurar la comodidad y ventilación de los locales de trabajo, instalar servicios sanitarios adecuados y en general, cumplir las prescripciones del Reglamento que se dicte sobre el asunto, agregando que “…Cada empresa industrial o comercial tendrá un Reglamento Interno legalmente aprobado”.

En el caso presente, como el propio recurrente aseveró, la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La Primera”, cuenta con un Reglamento Interno aprobado mediante RM N° 092/83 de 25 de enero, copia de la cual cursa de fs. 529 a 590 y que de acuerdo con la certificación de 29 de noviembre de 2011, emitida por el Responsable de Archivo Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (fs. 528), el reglamento aludido se encontraba vigente a la fecha de su emisión, por lo que no se encuentra que sea evidente la vulneración acusada, correspondiendo el razonamiento expresado, también en cuanto corresponde a la vulneración acusada del art. 62 del DR-LGT y al DS de 23 de noviembre de 1938.

Sobre la acusación manifestada en relación con lo que señala el párrafo cuarto del art. 139 del Reglamento Interno de “La Primera”, relativo a las responsabilidades y al régimen disciplinario, el mismo textualmente señala: “Las destituciones podrán ser impuestas solo (Sic) por el Gerente General previa consulta y aprobación de la Junta Directiva de conformidad con este Reglamento, debiendo ser precedida la medida de un sumario administrativo que justifique esta sanción.”

En cuanto al parágrafo I del art. 15 de la LOJ, la segunda parte del mismo hace alusión a los principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa, al prescribir: “En materia judicial la Constitución se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria. La ley especial será aplicada con preferencia a la ley general.”

Es oportuno precisar en este acápite, las disposiciones contenidas en los incisos e) y h) del art. 45 de los Estatutos de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La Primera” (fs. 394-A a 407), normas insertas en el Capítulo IV, referido al Gerente General, descrito como el principal funcionario administrativo y ejecutivo de la institución. En este sentido, como atribuciones del Gerente General, el inciso h) indica: “Designar y remover a los funcionarios y empleados de LA PRIMERA.” Por su parte, el inciso e) establece: “Dirigir la administración de LA PRIMERA, supervisar las operaciones y aplicar las sanciones disciplinarias establecidas en el reglamento interno.”  

Los Estatutos de “La Primera”, fueron aprobados por la Asamblea Extraordinaria de 21 de diciembre de 2005 y protocolizados a través de la Escritura Pública N° 11/2006, ante la Notaría de Fe Pública N° 3 correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Rosario Coya Cuenca.

Los Estatutos, de acuerdo con la definición dada por el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Osorio, indica que se trata de: “…convenciones que los fundadores de una sociedad civil o mercantil hacen por escrito, sometidas a la aprobación de la autoridad competente, para determinar la finalidad de la institución, quiénes son o pueden ser sus componentes, cómo constituir su patrimonio, administración, asambleas y demás normas para su vida interna y para sus relaciones con las demás personas físicas o abstractas, y con el poder público. Puede decirse que constituyen la ley o reglamento de tales entidades, o su constitución social. (Las negrillas son añadidas).

El Reglamento Interno, es un instrumento normativo, por medio del cual, el empleador regula las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores en relación con sus labores, permanencia y desarrollo de las actividades de la institución.

En el caso presente, la RM N° 092/83 de 25 de enero, resolvió: “Aprobar el Reglamento Interno de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La Primera” en sus V Títulos, 36 Capítulos, 195 Artículos y III Anexos de los que consta, debiendo ponerse en vigencia a los diez días de su notificación legal a los trabajadores de acuerdo con lo previsto en el artículo 5° del Decreto Supremo de 23 de noviembre de 1938.”

De acuerdo con la relación anterior y las normas glosadas, es clara y específica la disposición del art. 139 del Reglamento Interno de “La Primera”, al condicionar el despido que pueda ser decidido por el Gerente General, a la consulta previa y su aprobación por la Junta Directiva de la entidad, precedida además de un sumario administrativo que justifique la sanción.

En cuanto a la observancia y aplicación del principio de jerarquía normativa, si bien los Estatutos constituyen la base o fundamento sobre la que se desarrolla la vida y la actividad de una institución y es evidente que los mismos tienen una jerarquía mayor a la del Reglamento Interno en el caso específico, no se puede perder de vista que en la causa motivo del presente análisis, si bien el inciso h) del art. 45 de los Estatutos facultan al Gerente General a designar y destituir al personal dependiente, no es menos evidente que el inciso e) de los mismos, derivan la aplicación de sanciones al Reglamento Interno, por lo que pese a existir una contradicción entre ellos y tratarse de una norma jerárquicamente superior, en aplicación del principio de protección con sus sub reglas: in dubio pro operario, de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa, debe aplicarse lo dispuesto por el art. 139 del Reglamento Interno; adicionalmente, no debe perderse de vista que se trata de un instrumento normativo no impuesto, sino consensuado con los trabajadores, aprobado con anterioridad al hecho y al que ambas partes, tanto empleador como trabajadores, se someten a su cumplimiento, es decir que en este caso, se verifica que efectivamente el Tribunal de Alzada incurrió en error de interpretación al emitir el auto de vista impugnado.

En relación con la supuesta violación del parágrafo III del art. 48, del parágrafo II del art. 115, del parágrafo I del art. 116 y del parágrafo I del art. 117, todos ellos de la CPE, referidos a la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios de los trabajadores, así como la nulidad de las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; la garantía del derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, que nadie puede ser condenado sin haber sido previamente escuchado y juzgado en debido proceso, además que no sufrirá sanción penal si no fue impuesta por autoridad judicial competente en sentencia, respectivamente. En el caso presente no existe ni existió convención que hubiera estado orientada a lograr la renuncia de los derechos y beneficios del trabajador; tampoco se vulneró su derecho al debido proceso, a su defensa y su acceso a la justicia en condiciones de oportunidad, con transparencia y sin dilaciones; está claro que no hubo proceso administrativo alguno por una parte, y en el ámbito jurisdiccional, demandó, recurrió en alzada y finalmente en recurso extraordinario de casación dentro del proceso en estudio, por lo que no se encuentra que sean ciertas las acusaciones expresadas por el recurrente.

Es impertinente lo alegado respecto del parágrafo I del art. 117 de la CPE, que expresa la aplicación del principio de legalidad en materia penal, pues no hubo proceso de naturaleza alguna, el trabajador no fue condenado, no se impuso sanción penal alguna, ni se pronunció sentencia en dicha materia.

En referencia al hecho que la entidad demandada no mencionó y menos probó la infracción de un solo artículo de la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar para aplicar el inciso c) del art. 16 de la LGT, habiendo sido ilegal el despido producido, debe comprenderse que dada la naturaleza de la actividad de intermediación financiera que realiza la institución demandada, el concepto de seguridad debe ser asimilado en relación con la importancia que tiene el cierre de caja, los arqueos, la determinación de los cortes de billetes y otros elementos que pueden parecer irrelevantes en otra actividad, pero que son importantes en el ámbito financiero, lo que sin embargo, de acuerdo con el razonamiento desarrollado líneas arriba, no desvirtúa las condiciones en que se produjo el despido.

En relación con la obligatoriedad del proceso interno y la vulneración del art. 62 del DR-LGT, en relación con el DS de 23 de noviembre de 1938, normas que son de preferente aplicación, el razonamiento y fundamentación respecto de la aplicación de las normas referidas ya fue expresado en los acápites precedentes, dentro de la presente resolución, por lo que no corresponde redundar al respecto.

Sobre la interpretación del Tribunal de Alzada en sentido que no puede hablarse de una vulneración del derecho al debido proceso, cuando se produjo la ruptura unilateral de la relación laboral con justa causa por parte del empleador y que en concepto del recurrente este Tribunal de Apelación interpretó equivocadamente el Reglamento Interno de la institución demandada, aclarando por otra parte, que lo que se acusó fue la vulneración del derecho a la legítima defensa, cabe reiterar que la previsión contenida en el inciso e) del art. 45 de los Estatutos de la entidad demandada, como del contenido del art. 139 del Reglamento Interno de la misma, fueron producto de la decisión de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La Primera”; el memorando de destitución cuya fotocopia cursa a fs. 907, basa la decisión del Gerente General, en la infracción de los incisos c) y e) del art. 16 de la LGT y en el art. 9 del DR-LGT; no obstante, el Gerente General de la institución no observó el procedimiento, es decir, que pudo haber procedido el despido, pero debió sujetar sus actos a lo dispuesto por el cuarto párrafo del art. 139 del Reglamento Interno, en relación con los incisos h) y e) del art. 45 de los Estatutos de la Mutual “La Primera”.

Lo que en realidad el tribunal ad quem interpretó, es que el contrato de trabajo, aun tomando en cuenta sus características singulares, no es y no puede ser indisoluble, siendo esta la razón por la que el legislador previó la incorporación del instituto jurídico conocido como preaviso, a falta del cual el retiro se reputa como intempestivo, reconociéndole la facultad de extinguir el mismo, tanto al trabajador como al empleador. La legislación boliviana establece la posibilidad de dar preaviso una de las partes a la otra, con 90 días de anticipación tratándose del empleador y con 30 días de anticipación en caso que la extinción se produjera por voluntad del trabajador, aunque evidentemente, es mucho más frecuente que sea el empleador quien exprese su deseo de finalizar la relación laboral.

Establecido el preaviso en la legislación y considerando el principio de protección y tutela constitucional y legal del trabajador y del trabajo, se establece un margen para la expresión de la autonomía de la voluntad en la materia, que sin embargo, se sujeta a una suerte de penalidad, como es el desahucio que debe pagar el empleador al trabajador despedido intempestivamente o sin haberle hecho conocer el preaviso con 90 días de anticipación, o en su caso, la que debe pagar el trabajador despedido al empleador, si no cumplió con su obligación de hacerle conocer su decisión de poner fin a la relación laboral con 30 días de anticipación.

Sobre el particular, Rafael Caldera, citado por José Antonio de Chazal Palomo en su obra, Fundamentos de Derecho Laboral y Social, expresa que "la naturaleza jurídica de la indemnización por falta de preaviso puede asimilarse a la de una cláusula penal o de un resarcimiento de daños (...) pero, aun queriendo constituir un resarcimiento de daños, tiene además la naturaleza de una prestación de carácter social, estando establecida, no solamente como un resarcimiento, sino también para el caso de que el trabajador no llegue a encontrar inmediatamente otra ocupación."

En consecuencia, no deja de ser evidente lo expresado por el Tribunal de Apelación al emitir el auto de vista impugnado, en cuanto puede producirse una ruptura unilateral de la relación laboral; sin embargo, no puede dejar de considerarse la competencia de quien toma la decisión; en el presente caso, el Gerente General de la entidad demandada no tomó en cuenta que sus actos se encontraban condicionados a la autorización de la Junta Directiva, por lo que al no haber obtenido la misma, el acto se torna nulo.

En referencia al principio de protección que fuera indicado ut supra y la aplicación de sus tres sub reglas, la primera de ellas, in dubio pro operario, no corresponde si la disposición legal o convencional es clara, así no favorezca al trabajador. La condición necesaria es la duda frente a varias interpretaciones posibles de un precepto, que en el caso presente, son los Estatutos de la Mutual “La Primera”; en el caso de la norma más favorable, también se aplica en caso de duda; pero en este caso, frente a dos o más normas, apreciando cuál es la más favorable al trabajador; en la especie, lo que señala el art. 45 de los Estatutos, frente al art. 139 del Reglamento Interno, siendo más favorable la aplicación de este último; y, sobre la condición más beneficiosa, que la modificación en las condiciones de trabajo, debe ampliar y no reducir los derechos del trabajador, corresponde la conservación de derechos adquiridos del trabajador ante una situación que establezca condiciones menos favorables, más aún si en una situación como la que se presentó en el caso en estudio, aunque se produjo un error por parte del trabajador, ello no derivo en daño alguno contra la entidad demandada.

En relación con la vulneración acusada del parágrafo III del art. 10 del DS Nº 28699, este dispone: “En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo.”

La norma en cuestión, abre la posibilidad al trabajador de optar por el cobro de los beneficios sociales que le correspondan o solicitar su reincorporación, sin que sea evidente que ello se limite a padres progenitores, discapacitados y mujeres embarazadas.

2.- ERROR DE HECHO Y DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA

En referencia a lo expresado en el párrafo noveno del Acta de Inspección Judicial (fs. 444), el Abogado del demandante preguntó: “Entonces que nos aclare si el reglamento interno es aplicado.” Esta pregunta fue respondida y ratificada por el Juzgador, en sentido que “…eso está en la confesión provocada, en obrados.”  Se aclara que la misma cursa de fs. 416 a 417.

En relación con la nota de fs. 1.164 a 1.165, cursa la nota dirigida por el Gerente General de la entidad demandada a la Directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en la que señaló que se produjo el retiro del demandante, por incumplimiento del contrato de trabajo, del Reglamento Interno y de otras normas, lo que constituye una confesión acerca de la vigencia de dicho documento, es evidente que en el numeral 1.- de la nota de referencia, el Gerente General de la institución demandada, al dirigirse a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), expresó: “Rubén Antonio Gómez Pereira, fue retirado de nuestra Mutual como consecuencia del incumplimiento del contrato de trabajo, del reglamento interno y de las normas contenidas en el Manual de Funciones y Procedimientos…” (Las negrillas son añadidas).

Tomando en cuenta la descripción precedente, no se puede negar la existencia del Reglamento Interno de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La Primera”, cuya función es la de regular las relaciones y régimen de trabajo, seguridad e higiene en el centro laboral, así como determinar los derechos, deberes, beneficios y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, de acuerdo con lo que señala el DS de 23 de noviembre de 1938 y el que al haber sido aprobado mediante RM N° 092/83 de 25 de enero, emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, significa que dicho reglamento se encuentra compatibilizado con la legislación laboral, constituyéndose en un instrumento normativo de cumplimiento obligatorio por las partes, es decir, trabajadores y empleadora.

Adicionalmente, al expresar el Gerente General a través de la nota enviada a la ASFI (fs. 1.164 a 1.165), que el despido del trabajador se produjo en aplicación del Reglamento Interno, obviamente se reconoció expresamente su vigencia y aplicabilidad, lo mismo que se dio en el Acta de Inspección Judicial en relación con la Confesión Provocada, circunstancia en la que el Jefe Administrativo de la institución demandada hizo referencia al cumplimiento del tantas veces citado Reglamento Interno.

Se debe comprender que el Reglamento Interno de una institución, se constituye en un instrumento normativo que ofrece doble garantía al trabajador; por una parte, que no será sancionado si no incurre en alguna de sus previsiones; y por otra, que en caso de incurrir en algún de esas previsiones, no le será aplicada una sanción mayor a la que corresponde o una sanción distinta de la que se encuentra establecida al efecto, lo que de ningún manera se constituye en un fuero.

Se deja constancia que la presente resolución, es emitida en cumplimiento del Auto N° 195/2015 de 30 de junio, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Garantías, a través del cual se dejó sin efecto el Auto Supremo N° 126/2015 de 30 de abril y se dispuso que la autoridades accionadas emitan uno nuevo, con la aclaración que la misma responde a los términos en que fue deducido el recurso de casación en el fondo de fs. 1.092 a 1.096, por la parte demandante, sin que la demandada hubiera ejercido su derecho a interponer este recurso extraordinario; además, que el recurso de casación, no es una continuación del proceso, equiparándose al contrario a una nueva demanda de puro derecho, a través de la cual no se busca resolver la controversia entre las partes, ni es una instancia, sino que lo que se persigue es restablecer el orden jurídico en virtud de la responsabilidad derivada de la infracción de la ley, en su caso.

Que, en el marco legal descrito, el Tribunal de Alzada incurrió en errónea aplicación de normas legales al revocar la sentencia de primera instancia y declarar improbada la demanda deducida por Rubén Antonio Gómez Pereira, por lo que corresponde aplicar el arts. 274 del CPC, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en el art. 184.1 de la CPE y en el art. 42.I.1 de la LOJ, N° 25 de 24 de junio de 2010, CASA el Auto de Vista recurrido (fs. 1.080 a 1.085), y deliberando en el fondo, mantiene firme y subsistente la Sentencia N° 376/2012 de 26 de octubre de 2012 (fs. 1.142 a 1.147 cuerpo 6).

En cumplimiento del art. 41 de la LOJ, concordante con la SCP Nº 2537/2012 de 14 de diciembre de 2012, no es necesario convocar a tercer magistrado para resolución.

Sin responsabilidad, por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.