SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 391/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.197/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 200 a 201, interpuesto por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), representado por Edwin de la Cruz Troche contra el Auto de Vista Nº 360 de 12 de agosto de 2013, cursante de fs. 197 a 198, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso laboral que sigue Marco Daniel Paniagua Vargas contra la empresa recurrente, el auto de fs. 206, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 286 de 20 de junio de 2012, cursante de 175 a 177 de obrados, declarando en parte el derecho demandado, sin costas, ordenando a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su Presidente Ejecutivo, pague la suma de Bs.64.804,69.- (sesenta y cuatro mil ochocientos cuatro 69/100 bolivianos), por concepto de indemnización, aguinaldo, vacación.

En grado de apelación formulada por la Empresa demandada, mediante memorial de fs. 184 a 187 de obrados, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 360 de 12 de agosto de 2013, cursante de fs. 197 a 198, revocó en parte la Sentencia Nº 286 de 20 de junio de 2012, cursante de fs. 175 a 177 de obrados, sin costas, disponiendo el pago por la parte empleadora al actor la suma de Bs.14.785,35.- (catorce mil setecientos ochenta y cinco 35/100 bolivianos) por concepto de aguinaldo y vacación. Además de la actualización y reajuste de ley.

La referida resolución, originó que la Empresa demandada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a través de su apoderado Edwin de la Cruz Troche formule recurso de casación en el fondo, conforme a los argumentos expuestos en el memorial de fs. 200 a 202 de obrados.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, el Tribunal de casación tiene la obligación de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, conforme establece el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiere, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), de lo que se establece lo siguiente:

En ese contexto, el art. 190 del adjetivo civil dispone que: “La Sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado”; de igual forma el art. 192.3) del mismo cuerpo legal, establece que la sentencia contendrá las decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda, declarando el derecho de los litigantes y condenando, absolviendo total o parcialmente.

Esta función conlleva también al deber de fundamentación y motivación de las resoluciones que tiene estrecha relación con el debido proceso, conforme dispone la Sentencia Constitucional Nº 0759/2010-R de 2 de agosto, que asumió el siguiente entendimiento jurisprudencial precisando que el: “…derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión”.

Bajo estas premisas, es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas. 
Lo expuesto, implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto, que podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular, por tanto el incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia.

En ese marco, de la revisión de los antecedentes en el caso en análisis, se verifica que el actor, como resultado de la decisión asumida por el empleador mediante la literal de fs. 2 de obrados de fecha 4 de octubre de 2007 presentó las literales de fs. 3 y 4, solicitando el pago de sus beneficios sociales, partiendo de ello, los hechos sucedidos no fueron provocados por el trabajador, sino por la parte empleadora, los mismos no fueron valorados correctamente por el juez a quo a tiempo de emitir la sentencia, tampoco observado por el tribunal de alzada al revocar la sentencia de primer grado. Además de ello, el tribunal de alzada no realizó la revisión de oficio la defectuosa sentencia, que solamente realizó una relación de hechos, sin establecer de manera clara, precisa y de manera exhaustiva y fundamentada los puntos a probar establecidos en el Auto de Relación Procesal, especialmente respecto al “motivo de la Extinción de la relación laboral”, aplicando el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, in dubio pro operario, el de primacía de realidad, etc., en base a normas constitucionales y otras que rigen la materia, por ejemplo no consideró en absoluto la estabilidad laboral del actor que cumplía su función laboral en la ciudad de Santa Cruz desde el 1 de agosto de 2003, que fue interrumpida por el Memorandum de fs. 2, carente de toda base legal y fundamento que justifique la declaratoria en comisión para realizar trabajos en la ciudad de La Paz, decisión que debió ser consensuada con el trabajador, lo que no sucedió, como tampoco se consideró que el trabajador tenía familia constituida en la ciudad de Santa Cruz, que el inicio de su fuente laboral fue la ciudad de Santa Cruz, no tenía llamadas de atención, razones suficientes y fundadas para formular los oficios señalados, en el entendimiento que el trabajo precisamente esta destinado al sustento de la familia y su deseo voluntario fue trabajar en la institución empleadora, pero en la oficina de Santa Cruz, la separación puede llevar inclusive a la desintegración familiar, aspectos de orden enteramente social, que tampoco tomó en cuenta el juez a quo a tiempo de emitir la sentencia, porque la renuncia obedece a causas ajenas a la voluntad del trabajador, vulnerando los arts. 202 del CPT y; 190 y 192.3 del CPC.

Finalmente en la parte resolutiva, la sentencia es incompleta porque no refiere si declara probada o improbada la demanda, haciendo abstracción que la parte considerativa de una sentencia, está asignada para realizar un examen y valoración de las pruebas aportadas estableciendo premisas lógicas y legales, así como las consecuencias y conclusiones a las que llega el juzgador y la parte resolutiva del fallo propiamente dicho es la parte vinculante que resuelve la controversia reconociendo o negando los derechos y obligaciones del litigante, situación que en el caso de autos no se cumplió por el juez a quo y que debe ser también enmendada.

Consiguientemente, se extraña que el juez a quo no tomó en cuenta la Constitución Política del Estado y demás normas laborales que rigen la materia, vulnerando por tanto el debido proceso e incumpliendo las previsiones contenidas en los arts. 190, 192.3 del CPC y 202 del CPT, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme lo instituye el art. 90 del CPC, en tal virtud corresponde disponer la nulidad de obrados en aplicación de los arts. 252, 271.3) y 275 del CPC, por permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en sujeción a lo estipulado por el art. 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta la nota de fs. 174 inclusive, debiendo el juez a quo emitir nueva sentencia tomando en cuenta las consideraciones expuestas supra, sea a la brevedad posible y las formalidades de ley, abreviando los plazos procesales por la data del inicio de la demanda laboral, bajo responsabilidad.

Póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17.IV de la LOJ.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.