SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 384/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-PTS.189/2015.

Distrito: Potosí.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 108 a 109, interpuesto por Grover Vargas Lezcano y Mirvia Arrueta Montesinos, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 40/2015 de 18 de mayo de 2015 (fs. 102 a 105), pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del recurso de reclamación que sigue Néstor Ballesteros Tapia, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 114 a 115, el auto de fs. 114 vta. que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso administrativo, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, mediante Resolución Nº 7500 de 29 de octubre de 2014 (fs. 63), resolvió otorgar en favor de Néstor Ballesteros Tapia, el formulario de cálculo de compensación de cotizaciones la número 41, 878, en el cual se considera un monto de compensación de cotizaciones de Bs.2.379,63.-, el mismo, previa aceptación, es válido para la emisión del certificado de compensación de cotizaciones por procedimiento manual.

Formulado el recurso de reclamación (fs. 73), la Comisión de Reclamación mediante Resolución Nº 059/15 de 30 de enero de 2015 cursante a fs. 80 a 82, confirmó la Resolución Nº 7500 de 29 de octubre de 2014, de fs. 63 de obrados, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR.

Por esta circunstancia el solicitante planteó recurso de apelación (fs. 91 a 92), que fue resuelto por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante el Auto de Vista Nº 40/2015 de 18 de mayo (fs. 102 a 105), anulando tanto la Resolución Nº 7500 de 29 de octubre de 2014 y la Resolución Nº 059/15 de 30 de enero de 2015, hasta tanto se proceda a revisar el kardex personal de la Cooperativa Minera Unificada Potosí Ltda., y en la Caja nacional de Salud, referente al solicitante, y se establezcan los aportes reales del demandante.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la entidad demandada con los argumentos expuestos en el memorial de fs. 108 a 109.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos de los recursos planteados, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, en estos casos se impone la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

A su vez, el art. 190 del CPC, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma, de aplicación general, impone además a los tribunales de alzada el deber de observar estos preceptos, ajustando su resolución de segunda instancia y decidiendo la controversia en aplicación del art. 236 del CPC, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil, conforme faculta el art. 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA).

Sobre el particular, hay que recordar que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto de los memoriales de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna.

En ese contexto, haciendo un análisis minucioso del auto de vista recurrido, se evidencia que el tribunal ad quem anuló la Resolución Nº 7500 de 29 de octubre de 2014 y la Resolución Nº 059/15 de 30 de enero de 2015, limitándose a disponer se proceda a revisar el kardex personal de la Cooperativa Minera Unificada Potosí Ltda., y de la Caja Nacional de Salud referente al señor Néstor Ballesteros Tapia, y se establezcan los aportes reales del demandante, sin emitir un pronunciamiento en términos precisos y positivos, otorgando o negando las pretensiones del recurrente, aspectos que demuestran la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, impidiendo a este tribunal abrir su competencia para analizar el fondo el recurso de casación formulado.

Se debe tener presente que, en aplicación del principio de informalismo que rige en los procesos administrativos, obliga al tribunal de alzada a pronunciarse sobre todos los aspectos presuntamente omitidos en la fase administrativa, regularizando procedimiento para evitar mayor dilación en las pretensiones perseguidas, sobre la base de la revisión de oficio de los actos administrativos y lógicamente apercibir cuando corresponda al SENASIR, pero definitivamente, tiene que emitir una resolución positiva o negativa, otorgando o negando los derechos pretendidos por quien lo solicita, lo que no ocurrió en el caso presente, pues no existe un pronunciamiento efectivo sobre los derechos pretendidos.

Consiguientemente, al advertirse que se incumplieron normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde dar aplicación a lo establecido por los arts. 252 y 275 del CPC, aplicables al caso presente, en sujeción a lo determinado en el art. 15 del MPRCPA y el art. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ Nº 025 de 24 de junio de 2010, ANULA el proceso hasta el sello del sorteo de a fs. 100 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal de alzada, sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa y previo sorteo, pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviendo el fondo de la causa con la pertinencia prevista por los arts. 190 y 236 del CPC, emitiendo una resolución positiva o negativa, concediendo o negando los derechos pretendidos.

Se impone multa de Bs.100.- a cada Vocal suscribiente del Auto de Vista recurrido.

Póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17.IV de la LOJ.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.