SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 383/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-TJA.188/2015.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 86 a 87, interpuesto por la Empresa Constructora del Sur S.R.L. “CONSUR S.R.L.”, representada por Renán Alfredo Rodríguez Rodríguez contra el Auto de Vista Nº 64/2015 de 30 de abril de fs. 78 a 83, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso social, que sigue Juan Carlos Rodríguez Choque contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 89 a 90, el auto de fs. 90 vta., que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, la Juez de Partido Segundo Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tarija, emitió Sentencia el 26 de septiembre de 2011, cursante de fs. 47 a 50, declarando probada en parte la demanda de fs. 3 a 5, subsanada a fs. 8, disponiendo que la Empresa CONSUR S.R.L. representada por Renán Alfredo Rodríguez Rodríguez, cancele al demandante Juan Carlos Rodríguez Choque, la suma de Bs.35,328.- (treinta y cinco mil, trescientos veintiocho 00/100 bolivianos) por indemnización, aguinaldo, prima anual, subsidio de frontera y la multa del 30%, de acuerdo al art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación formulada por la parte demandada, por memorial de fs. 57 a 58 y por el demandante cursante a fs. 64 a 65, respectivamente, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista Nº 64/2015 de 30 de abril, cursante de fs. 78 a 83 del expediente, confirmó parcialmente la sentencia apelada por ambas partes, disponiendo que el representante legal de la Empresa CONSUR, cancele al actor, la suma de Bs.36.216,00.- (treinta y seis mil, doscientos diez y seis 00/100 bolivianos) por indemnización, aguinaldo, prima anual y subsidio de frontera. Más la multa del 30%, sancionada por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Dicho fallo motivó el recurso de casación de fs. 86 a 87, interpuesto por la Empresa Constructora del Sur “CONSUR S.R.L.”, manifestando los siguientes argumentos:

Que el tribunal de alzada incurrió en falta de pronunciamiento y fundamentación respecto al agravio de subsidio de frontera, porque no corresponde el pago al actor que vivió siempre en el lugar de trabajo, conforme al domicilio de la fotocopia de carnet de identidad que su domicilio está ubicado en la Av. Petrolera de la ciudad de Bermejo, cuestión corroborada por el Poder Notarial Nº 0655/2010 de 23 de abril de 2010, concedido por el actor a su abogado ante la Notaría de Fé Publica Nº 1 de la ciudad de Tarija que no se valoró al dictar el auto de vista.

Asimismo, denunció que no corresponde el pago de la multa del 30%, impuesto por la juzgadora y ratificado por el tribunal de alzada, porque según el art. 9.I del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, solamente se paga en caso de despido y no cuando el trabajador renuncia. Además refiere que si no se canceló los beneficios sociales, fue porque se desconocía su paradero y porque no estaba en vigencia la Resolución Ministerial Nº 148/2010 que resuelve aprobar el procedimiento para la recepción y entrega de depósitos de beneficios sociales.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo, dicte auto supremo casando el auto de vista y declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, así interpuesto el recurso, de la revisión de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:

De la revisión del contenido del recurso, no obstante que el recurrente no señala si recurre en la forma o en el fondo, sin embargo de la lectura se advierte que los puntos traídos en casación corresponden al recurso de casación en el fondo.

En ese sentido, se ingresa a resolver la denuncia sobre el indebido pago de subsidio de frontera dispuesto por el tribunal de alzada; al respecto cabe señalar que el art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985 prescribe: “Se sustituyen los bonos de frontera, zona o región, con un (subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”.

De la normativa descrita, se puede evidenciar con meridiana claridad, que el trabajador se beneficia con el subsidio de frontera, cuando el mismo desempeña sus funciones en un área comprendida dentro de los cincuenta (50) kilómetros linéales de las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción alguna sobre trabajadores de empresas públicas o privadas, sea cual fuere la naturaleza de la institución empleadora.

En ese razonamiento, en el caso de análisis por las literales de fs. 13 y 14, se advierte que el lugar de trabajo del actor Juan Carlos Rodríguez Choque era la ciudad de Bermejo y no la ciudad de Tarija, como erróneamente refiere la empresa recurrente, por tanto el pago de sueldos y anticipos se lo realizaba en esa ciudad, frontera con la República Argentina, por consiguiente el derecho que se encuentra dentro de lo previsto por el art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985 y teniendo en cuenta que los derechos son irrenunciables e imprescriptibles, conforme determinan los arts. 48.III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE) y 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), corresponde el pago establecido en sentencia y ratificado en el auto de vista recurrido, quienes para arribar a la conclusión asumida, valoraron de forma correcta la prueba cursante en el expediente de la causa, conforme facultan los arts. 3.j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo (CPT), de donde se colige que los argumentos del recurrente no son evidentes, toda vez que los de grado resolvieron esta controversia con la debida fundamentación y motivación en consideración y aplicación de las normas legales que regulan el derecho pretendido en la materia.

Con relación a la denuncia que no corresponde la multa del 30%, que fue reconocido en sentencia y confirmado por el tribunal ad quem, con el argumento que el actor renunció al cargo, además que la Resolución Ministerial Nº 148/2010 no se encontraba vigente:

Al respecto, el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, referente a los despidos establece: I. “En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. Mientras que el parágrafo II prevé: “En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor” (sic).

Por su parte, mediante la Resolución Ministerial Nº 447/09 del 8 de julio de 2009, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha reglamentado por el DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009 correspondiente al retiro voluntario, mismo que señala en su art. 1: “I. Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de trabajador o trabajadora de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma. II. En caso de producirse el retiro voluntario, luego de haber cumplido más de 90 días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de 15 días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso de incumplimiento, deberá pagar la indemnización en el plazo establecido incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizados en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFVs, más la multa del 30% del monto total a cancelar en favor del trabajador”, norma que se encuentra en plena concordancia con el art. 48.II, III de la CPE, con relación a la protección de los derechos laborales señala que: “Las normas laborales se interpretan y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”, principio establecido también en el art. 4 de la LGT.

En ese marco legal, en el caso de análisis se advierte que la relación laboral entre el demandante y la empresa recurrente, cesó por renuncia del trabajador el 28 de febrero de 2010 en vigencia plena de la Resolución Ministerial Nº 447/2009 de 08 de julio de 2009 y al no haberse efectivizado el pago en el plazo de 15 días, señalado precedentemente, corresponde la aplicación de la multa del 30%, conforme acertadamente han determinado los de grado, toda vez que no se sanciona la forma de desvinculación laboral, sino el plazo para el pago efectivo de los beneficios sociales al trabajador, en el razonamiento que este derecho está destinado a la subsistencia del trabajador y de su familia que quedó sin trabajo, ante lo cual los argumentos expuestos por el recurrente carecen de sustento legal para justificar el incumplimiento del plazo para el pago de los beneficios sociales.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, no siendo evidentes las denuncias acusadas en el recurso, corresponde resolver el mismo de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 86 a 87, interpuesto por la Empresa Constructora CONSUR SRL, representada por Renán Alfredo Rodríguez Rodríguez. Con costas.

Se regula honorario profesional de abogado en la suma de Bs.500.- que mandará efectivizarse por el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.