SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 382/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.187/2015.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 619 a 620, interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, representada por Jorge Vega Cardozo, contra el Auto de Vista de 25 de marzo de 2015 (fs. 616 a 617), pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cobija-Pando, dentro del proceso coactivo fiscal que sigue el representante de la institución recurrente, contra Leopoldo Fernández Ferreira, Pedro Gómez Montero, Eldon Ribera Meireles y Roberto Dick Noya, las respuestas de fs. 623 a 624 y 626, el auto de fs. 628 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso coactivo fiscal, la Juez Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria de Cobija-Pando, emitió la Sentencia Nº 02/2015 de 19 de enero de 2015 (fs. 587 a 592), declarando improbada la demanda, dejando sin efecto la Nota de Cargo Nº 67/2014 por Bs.4.054.860.-, equivalente a $us.503.389.- girada en contra de Leopoldo Fernández Ferreira, Pedro Gómez Montero, Eldon Ribera Meireles y Roberto Dick Noya y probada la excepción de falta de fuerza coactiva en el instrumento base de la demanda e improbada la excepción de pago, disponiendo el levantamiento de las medidas precautorias dispuestas en su contra.

En grado de apelación deducida por la institución coactivante (fs. 598 a 600), la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cobija-Pando, mediante Auto de Vista de 25 de marzo de 2015 (fs. 616 a 617), confirmó la sentencia apelada, sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 619 a 620, interpuesto por el representante legal de la institución demandante, manifestando en síntesis:

En la forma:

Que la juez de primera instancia fundamentó su sentencia en el art. 519 del Código Civil (CC), referente a la eficacia del contrato, siendo a partir de ese hecho que se impuso recurso de apelación impugnando dicha interpretación que se realizó deliberadamente de forma parcial dándole al contrato modificatorio fuerza de ley y no así también al contrato base, aduciendo que de forma clara en apelación se planteó el agravio sufrido gracias a la interpretación a medias dada por la juez a quo, aspectos que no fueron claramente analizados ni valorados para dictar la Sentencia de fecha 19 de enero de 2015, ratificando el tribunal de segundo grado el mismo error de la a quo al no aplicar por igual la misma norma para ambos contratos, dando lugar al recurso de casación en la forma, al no responder idóneamente los agravios planteados en la apelación como indica el art. 254.4) del Código de Procedimiento Civil (CPC).

En el fondo, sostuvo que se consideró como prueba válida el contrato modificatorio que consideran ser nulo en base al art. 549.1) del CC, dicha forma prevista por ley como requisito de validez lo establece el propio contrato base, al disponer que para pedir la ampliación del pazo el contratado debe presentar documento con respaldo legal emitido por autoridad competente del lugar donde se suscitaron los hechos, dicho documento nunca se presentó a las autoridades de la ex Prefectura de Pando ni la juez de primera instancia ni el tribunal ad quem consideraron ese elemento.

CONSIDERANDO II: Que, conforme ha establecido la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de casación se asimila a una nueva demanda de puro derecho, que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 CPC, además de fundamentarse por separado de manera precisa y concreta cuáles son las causas que motivan la casación ya sea en la forma o en el fondo, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar en qué consiste la infracción que se acusa.

Que de la revisión del recurso, se colige que la recurrente no ha cumplido los requisitos enumerados en el inc. 2) del art. 258 del CPC, porque pese a citar disposiciones legales, no precisó de qué manera fueron presuntamente infringidas o aplicadas falsa o erróneamente, simplemente realiza un relato intrascendente de escaso contenido jurídico, sin concretar su reclamo como casación en el fondo o casación en la forma, por cuanto, conforme establece la doctrina y jurisprudencia, el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores “in judicando” que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo estar debidamente identificadas en las causales señaladas en el art. 253 de la citada norma, mientras que para el recurso de casación en la forma, que se funda en errores “in procedendo”, referidas a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, están especificadas en el art. 254 de la misma norma legal, lo que no ocurrió en el caso objeto de análisis.

En la especie, se advierte que el recurrente no cumplió con la adecuada técnica jurídica, confundiendo los contenidos de su reclamación de fondo con los de forma, ya que al plantear el recurso, reclama que el tribunal de segunda instancia no respondió a todos los agravios apelados por la parte demandante, reclamo que debería plantearlo en el recurso en la forma y no en el fondo, como erradamente lo hace la parte recurrente, desconociendo la técnica recursiva prevista por ley, extremos que demuestran la improcedencia del recurso.

Que, en ese marco legal, el recurso interpuesto es insuficiente e injustificable, haciendo inviable su consideración porque impide a este tribunal abrir su competencia para resolver en el fondo del litigio, correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por los arts. 271.1) y 272.2) del CPC, aplicables por mandato de los arts. 1 y 24 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 619 a 620, interpuesto el Gobierno Autónomo Departamental de Pando.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.