SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 378/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.183/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación y/o nulidad de fs. 652 a 653, interpuesto por Grover Villanueva Tapia en representación del Lloyd Aéreo Boliviano S.A., contra el Auto de Vista Nº 011/2015 de 21 de enero de fs. 645 a 649, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Marcos Pozo Sánchez en representación de Mario Alfonso Ichaso Méndez, Edgar Vélez Abularach, Peter Michael Resnikowski Beltrán, Darcy Gloria Morales de Zamora, Francisco Mattos Crespo, José Cuevas Ocampo, Zaida Jacqueline Gutiérrez Córdova, Edna Ruth Saavedra de Villacorta, María Elena Bertha Ortega de Pacheco, Valerio Alvarado Choque, Víctor Rolando Zeballos Martínez, Edwin Abel Rodríguez Castro, Armando Manuel Vásquez Chirveches, Freddy Nelson Quino Jordán, Roger Iván Claros Hinojosa, Nicomedes Quinteros Arias, Amparo Ortiz del Rio, Keila Maginne Vaca Rivera, Alejandro Vargas Santos, Patricia Daria Santiago Pergolesi, Luís Gonzalo Hurtado Olmos, Norberto Peredo Quinteros, José Oscar Manuel Quiroga Bermúdez, Francisco Duran Ramírez, Genaro Bautista Vargas, Alejandro Arnés Maita, René Arandia Carrillo, María Elva Limpias Campos, Eufronia Cáceres Céspedes de Velásquez, Sidney Flavio Luis Raffo Lara, Porfirio René Condori Charca, Jorge Calarza Choque, Pedro Laura Quispe, Armando Huanca López, Eliseo Olivera Villarroel, María Ruth Lara Balderrama, Ginella Jáuregui Zambrana, contra el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), la respuesta de fs. 665 a 666, el auto de fs. 668 que concedió el recurso, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de 29 de julio de 2010 de fs. 291 a 306, declarando probada la demanda de fs. 200 a 213, e improbadas las excepciones perentorias de pago y prescripción de fs. 230 a 231, disponiendo que la Empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A. a través de su representante legal, pague a los actores, las sumas consignadas en la parte resolutiva de la aludida sentencia, montos que en ejecución de sentencia se pagará calculando en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV´s), más la multa del 30% incluyendo el mantenimiento de valor previsto por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, por el retraso en el pago de los beneficios sociales.

En grado de apelación deducida por la empresa demandada (fs. 320 a 321), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 011/2015 de 21 de enero, (fs. 645 a 649), confirmó la sentencia apelada.

Dicho fallo motivó el recurso de casación y/o nulidad de fs. 652 a 653, interpuesto por Grover Villanueva Tapia, representante de la Empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A., fundamentando en síntesis:

Que el tribunal de segunda instancia a tiempo de emitir el auto de vista recurrido, realizó una valoración e interpretación errónea y aplicación indebida de la ley así como de la prueba aportada al proceso, infringiendo lo establecido en el art. 253.1) y 3) del Código de Procedimiento Civil (CPC), infringiendo la debida aplicación e interpretación de los alcances del art. 3.f) del Código Procesal del Trabajo (CPT) y en la causal de casación en la forma establecida en el art. 254.4), al no pronunciarse expresamente sobre todos los puntos expuestos en el recurso de apelación, respecto a la aplicación de la Sentencia Constitucional aludida en el auto de vista recurrido, toda vez que en el presente caso, los antecedentes dan cuenta que no existe fallo ejecutoriado que disponga expresamente la reposición del bono de antigüedad para los actores, de tal forma que no puede aplicarse los beneficios sociales de dicho fallo a favor de ellos.

También se soslayó la impugnación referida al hecho de la aplicación de la escala de bono de antigüedad que rige a partir del 29 de agosto de 1985, conforme determina el art. 60 del DS Nº 21060.

Lo propio ocurre con relación a la impugnación hecha respecto a la prescripción cuyos fundamentos se encuentran claramente expresados en el recurso de apelación, la cual aperaba a cualquier derecho que pudieran tener desde 1995, debiendo asignarles tales beneficios solo desde los dos últimos años, aspecto no considerados ni fundamentados.

Por otra parte denunció la violación del art. 19 de la Ley General del Trabajo (LGT), referido al cálculo de la indemnización, porque en el caso de autos no existe prueba alguna de acuerdo voluntario hecho por los patrones para entregarle como beneficio un incremento en el bono de antigüedad, puesto que se demostró que los actores fueron satisfechos por este concepto en su papeleta de pago, donde se encuentra consignado este pago.

También denunció que se infringió lo establecido en el art. 253.1) y 3) del CPC, incurriendo en la causal de casación de fondo, al consentir la falta de pago oportuno de salarios como causal de “retiro indirecto”, porque esta figura jurídica se encuentra claramente establecida en el DS de 9 de marzo de 1937, la misma que se refiere únicamente a la rebaja de sueldo como, no estando legislada la figura de retiro indirecto por falta de pago oportuno de sueldos, no pudiendo aplicarse en el caso presente, el pretexto de que existe jurisprudencia al respecto, pues la aplicación de la jurisprudencia es supletoria a la norma jurídica y no de aplicación preferente, concepto ratificado en el art. 228 en la Constitución Política del Estado (CPE).

Señaló también, con referencia a la actualización y multa prevista en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 dispuesta en la injusta sentencia y, que en aplicación de los principios de justicia y equidad corresponde dejar sin efecto la aplicación de dicha sanción, toda vez que el actor no acompañó prueba que advierta que el Ministerio de Trabajo hubiese aprobado el reglamento específico que respalde los procedimientos establecidos conforme establece el art. 13 del mencionado decreto supremo.

Por otra parte adujo que, a propósito de que los actores no incurran en enriquecimiento ilícito, corresponde aclarar que la Federación Sindical de Trabajadores del LAB, tramitaron y obtuvieron sentencia en la que se reconoce a su favor el pago de salarios adeudados que corrieron de noviembre de 2006 a marzo de 2007 y el pago de indemnización conforme a lo previsto en la Escritura Pública de reconocimiento de derechos laborales compromiso de pago de fecha 16 de mayo de 2007, siendo confirmada la referida sentencia en cuanto a los salarios adeudados mediante auto de vista de 2 de septiembre de 2009, y la indemnización mediante Auto Supremo Nº 361 de 4 de octubre de 2010, por lo que estando reconocido en dicho proceso en calidad de cosa juzgada los conceptos demandados, corresponde modificar el auto de vista recurrido.

De igual manera, se soslayó la valoración de la prueba aportada al proceso donde se estableció que el co demandado Francisco Matos Crespo, cuenta con un fallo independiente dentro del proceso social tramitado en La Paz, por lo que no puede pretender el cobro de dichos conceptos por doble partida.

Finalmente acusó que, corresponde la nulidad del auto de vista recurrido, porque fue pronunciado alterando el orden cronológico de resolución y sin ceñirse estrictamente a su fecha de ingreso, vulnerando el orden establecido para resoluciones, infringiendo normas de orden público y fuera del plazo establecido por ley (art. 267 del CPC).

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo case o anule el auto de vista recurrido, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto el recurso, corresponde su análisis y consideración, en base a los antecedentes del proceso:

Se debe aclarar, que si bien plantea recurso de casación y/o nulidad, solicitando en su petitorio, se case o se anule el auto de vista recurrido, lo que da a entender que planteó su recurso en la forma y en el fondo, sin embargo, no lo hace por separado sino de manera conjunta, pese a esta falencia, se pasa a analizar el mismo.

En cuanto a la forma: Referente a la denuncia de que el tribunal ad quem al emitir el auto de vista recurrido infringió el art. 253.1) y 3) del CPC, referente al recurso de casación en el fondo que señala: “Procederá el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley y 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador”.

De la norma descrita precedentemente, se establece que esta denuncia de infracción es incorrecta, por tratarse de una disposición que se limita a describir las causales de procedencia del recurso de casación en el fondo que interpone justamente el recurrente para abrir la competencia en el tribunal de casación.

Por otra parte, en cuanto a que el tribunal de apelación no se habría pronunciado sobre todos los puntos expuestos en apelación, no es evidente, puesto que existe amplia fundamentación sobre los agravios expresados en el recurso de apelación interpuesto de fs. 320 a 321, por la parte demandada, toda vez que el aludido tribunal circunscribió su fallo a lo previsto en el art. 236 del CPC, es decir, resolviendo los puntos que fueron objeto de apelación, por lo tanto, no procede la nulidad solicitada.

Resolviendo en el fondo:

Sobre la violación del art. 19 de la LGT, referido al cálculo de la indemnización, donde la parte recurrente manifiesta que no existe acuerdo voluntario realizado por los patrones para otorgarle como beneficio incremento en el bono de antigüedad, puesto que los actores han sido satisfechos con el pago de este bono de acuerdo a ley.

Al respecto, de antecedentes procesales se advierte que los actores, al margen de los conceptos reclamados en su demanda, solicitaron también el pago del bono de antigüedad de las dos últimas gestiones en base al art. 36 del Reglamento Interno del LAB, aprobado por Resolución Ministerial Nº 910 de 8 de diciembre de 1976, declarado Constitucional por SC Nº 0036/2007 de 2 de agosto de 2007 el cual prevé: “La empresa reconocerá a sus trabajadores, categorías porcentuales por tiempo de servicios calificados. Esta bonificación por antigüedad será del 3% del sueldo básico, por año de servicio continuo”.

En base a la normativa descrita precedentemente, se advierte que esta es la escala que la empresa demandada debió cancelar como bono de antigüedad a sus trabajadores, sin embargo, de acuerdo a las papeletas de pago, se advierte que el Lloyd Aéreo Boliviano como institución demandada, para la cancelación de dicho bono, siguió aplicando la escala porcentual prevista en el art. 60 del DS Nº 21060 de 28 de agosto de 1985, motivo por el cual, la empresa demandada debe cancelar a favor de los actores el reintegro del bono de antigüedad en base a la escala del 3% prevista en los arts. 36 y 37 Reglamento Interno de LAB, cursante de fs. 261 a 270, conforme se fundamentó ut supra, extremo corroborado en la Sentencia de 28 de julio de 1985 de fs. 271 a 272, y el Auto de Vista de 4 de marzo de 1996 cursante a fs. 273 a 275, emitidos dentro del proceso social seguido por José Gutiérrez Hinojosa, en representación de la federación Sindical de Trabajadores del LAB, contra el Lloyd Aéreo Boliviano S.A.M., sobre reposición retroactiva de bono de antigüedad, fallos que a la fecha se encuentran plenamente ejecutoriados.

Con relación a la falta oportuna de pago, corresponde hacer notar que conforme a la interpretación efectuada por el tribunal de alzada, efectivamente la no cancelación de los sueldos del demandante por los meses adeudados constituye retiro indirecto, pues aquella falta oportuna de pago de sueldos conforme instituye la nueva doctrina laboral y la uniforme jurisprudencia en materia social de esta Corte, sí se constituye en despido indirecto, dicho fundamento encuentra sustento jurídico normativo, en lo dispuesto por el art. 53 de la LGT, que señala que los periodos de tiempo para el pago de salarios, no podrán exceder de quince días para obreros y treinta días para empleados y domésticos, aspectos que no fueron desvirtuados por la entidad demandada como correspondía hacerlo de conformidad con los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, referido a la inversión de la prueba, por lo que no son evidentes las violaciones acusadas en el recurso de casación al no encontrarse como cierta la infracción aludida.

Referente a la solicitud de dejar sin efecto la aplicación de la actualización y multa prevista por el DS Nº 28669 del 01 de mayo de 2006 dispuesta en la sentencia y confirmada en el auto de vista recurrido, en el entendido de que atenta los principios de justicia y equidad debido a que no se comprobó que se hubiese reglamentado los procedimientos establecidos conforme previó el art. 13 del mencionado decreto; cabe precisar que la empresa recurrente se conformó con aquella mera enunciación que no coadyuva a verificar si efectivamente dicha infracción existió, puesto que el recurso adolece de una idónea argumentación jurídica que refleje como resultado el arribar a la casuística debatida, es decir, no demuestra el nexo de aquellos principios con el caso concreto materia de la litis, presupuestos necesarios para demostrar la supuesta omisión respecto a la infracción reclamada.

Sobre este particular, hay que recordar que los principios en general y los laborales en particular, son directrices generales, en ese entendido, su vigencia y eficacia debe ser reclamada bajo los parámetros determinados por el caso en concreto debidamente identificado y si tal caso concreto se encuentra regulado por las normas de desarrollo, en instancia de casación debe acusarse expresamente la infracción de este dispositivo legal y además desarrollar en qué consiste dicha infracción y en qué medida incide en la resolución del caso de autos, aspectos que el recurrente olvidó en su escrito por lo que no se evidencia que se hubiesen violentado los mencionados principios.

Referente, a que a los actores se les habría cancelado los salarios adeudados así como la indemnización, conforme a la sentencia emitida en el proceso seguido por la Federación Sindical de Trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano S.A. (LAB), en obrados no existe antecedentes que demuestren o respalden de manera contundente tal aseveración, pues es obligación de la parte demandada, desvirtuar los argumentos de la parte demandante conforme determinan los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, referido al principio de la inversión de la prueba, presupuesto procesal que no fue cumplido por la parte demandada, siendo por tanto evidente la infracción denunciada.

Este mismo razonamiento debe aplicarse respecto al reclamo referido al co demandante Francisco Mattos Crespo, que según el recurrente, cuenta con un fallo independiente dentro del proceso social tramitado en la ciudad de La Paz y por lo tanto no puede pretender el cobro de dichos conceptos por doble partida, afirmación que carece de todo sustento factico y jurídico, puesto que en antecedentes no existe un fallo debidamente ejecutoriado que permita apreciar con verosimilitud tal aseveración, motivo por el que se desestima dicha aseveración, por no haber sido acreditada documentalmente como se adujo ut supra.

Finalmente, corresponde dilucidar la supuesta nulidad referida a la infracción del art. 267 del CPC, por haber pronunciado la resolución alterando el orden cronológico de la resolución sin ceñirse a la fecha de ingreso, sin respetar el orden establecido para las resoluciones en la Sala Social.

De la revisión a los antecedentes que cursan en obrados y en consideración a la impetrada nulidad, no existe fundamento convincente para que la misma opere merced a que para la procedencia de la nulidad deben concurrir algunos principios que deben ser observados por el juzgador, estos son, los principios de especificidad, trascendencia, convalidación y protección.

Ahora bien, el principio de especificidad se encuentra previsto en el art. 251.I del CPC, aplicable por disposición del art. 252 del CPT, mismo que establece que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, principio que descansa en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley.

Por su parte, el principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Es decir, que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio", es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen.

Otro principio es el de convalidación en virtud del cual toda nulidad se convalida por el consentimiento si no se observa en tiempo oportuno, operándose la ejecutoriedad del acto es decir, que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho, como lo afirma el tratadista Eduardo Couture, (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, pág. 391). Lo que significa que si la parte afectada no impugna mediante los recursos que la ley le franquea y deja vencer los términos de interposición, sin hacerlo, debe presumirse que la nulidad aunque exista, no le perjudica gravemente y que renuncia a los medios de impugnación, operándose la preclusión de su etapa procesal y los actos, aún nulos quedan convalidados. Finalmente el principio de protección, que establece que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella quedan indefensos los intereses del litigante, sin ese ataque al derecho de las partes, la nulidad no tiene porqué reclamarse y su declaración carece de sentido.

Ahora bien, la nulidad solicitada por alteración del orden cronológico de resolución no se justifica de manera alguna, puesto que no se adecua al principio de trascendencia antes definido, por no afectar al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, casos en los cuales y de comprobarse una afectación a los sujetos procesales procedería; al margen de ello, tampoco se cumple con los presupuestos relativos al principio de especificidad antes desarrollados, por lo que tampoco respecto a este punto se tiene como efectiva la vulneración del art. 267 del CPC.

En consecuencia, al no existir mérito para disponer la casación del auto de vista recurrido, toda vez que las infracciones acusadas son infundadas, corresponde fallar conforme los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación y/o nulidad de fs. 652 a 653, interpuesto por el Lloyd Aéreo Boliviano. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs.500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.