SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 371/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.176/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 775 a 779, interpuesto por José Dionicio Duran Azurduy, contra el Auto de Vista Nº 32/15 de 26 de marzo de 2015, cursante de fs. 765 a 767, emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, dentro del proceso laboral, seguido por el recurrente contra el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., la respuesta de fs. 783 a 787, el auto de fs. 789 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 142/14 de 21 de agosto de 2014, cursante de fs. 726 a 733, declarando probada en parte la demanda principal de fs. 8 a 10 de obrados, e improbada la excepción perentoria de prescripción opuesta de fs. 106 a 111 de obrados, debiendo la parte demandada Banco Mercantil Santa Cruz S.A., cancelar por medio de su representante legal al actor por concepto de horas extras, la suma de Bs.276.986,11.

Que, en grado de apelación promovida tanto por la parte demandada, y la adhesión del actor de fs. 735 a 739 y de 740 a 750, respectivamente, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 32/15 de 26 de marzo de 2015 de fs. 765 a 767, revocando la Sentencia Nº 142/14 de 21 de agosto de 2014 de fs. 726 a 733 de obrados y, deliberando en el fondo declaró improbada la demanda de fs. 8 a 10, sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 775 a 779, interpuesto por el actor José Dionicio Duran Azurduy, en base a los fundamentos que se sintetizan a continuación:

I.- En la forma.

1.- Otorgar más de lo pedido por las partes sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores. El demandante refiere que el tribunal ad quem, al revocar la Sentencia Nº 364/2012 de 21 de agosto, y declarar improbada la demanda, actuó ultra petita por otorgar al demandado más de lo pedido, ya que el Banco Mercantil S.A., nunca refirió que se opere la compensación por lo que el tribunal de segunda instancia de una manera tendenciosa y oficiosa, favorece al empleador mediante este fallo, ayudándole a incumplir con la cancelación de las obligaciones pendientes, yendo en desmedro del demandante e incumpliendo de este modo con sus deberes constitucionales establecidos en los arts. 109 y 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), y los arts. 1, 3.g) y h), 66, 150 y 160 del Código Procesal del Trabajo (CPT), por emitir una resolución totalmente contraria a la Constitución y las normas.

Agrega que al no pronunciarse sobre las reiteradas conminatorias que el juez conocedor de la causa dirigió al demandado y este último jamás las obedeció ni cumplió; extremo que tanto en el juzgado, como en el memorial de apelación se hizo notar ampliamente; sin embargo, el tribunal recurrido no consideró dichos extremos para emitir su fallo, tampoco se pronunció en cuanto al promedio indemnizable reclamado oportunamente mediante escrito de adhesión a la apelación de contrario, del mismo modo no se pronunciaron en cuanto a la cantidad de horas extras trabajadas por día.

II.- En el fondo.

1.- Denunció que la sentencia recurrida contiene violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, en aplicación del art. 253.1) del Código de Procedimiento Civil (CPC), al señalar que la autoridad emisora del auto de vista recurrido, pretende hacer valer normativa que por derecho no aplica al presente caso ya que la tan nombrada compensación aplicada de oficio por el tribunal ad quem, no opera de esa manera tal como lo expresa el art. 364 del Código Civil (CC), en su parte final, mismo que se halla sustentado por la doctrina. Por otra parte expresa que, el tribunal de segunda instancia olvida el mandato de los arts. 66, 3.h) y 150 del CPT, sobre la carga de la prueba que le corresponde al empleador. Otro aspecto que extraña de sobremanera es que el tribunal ad quem, debió realizar una distinción entre la verdad formal y la verdad material, considerando esta última como la que se debe utilizar en el derecho laboral; sin embargo, omiten considerarla al revisar los memorándums de designación en varios cargos, donde se aprecia que en todos los casos fueron siempre bajo dependencia de alguien, extremos que se encuentran enmarcados por demás dentro de la verdad material, en lo relacionado con el supuesto cargo de confianza que el actor ocupaba en el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., las pruebas que cursan de fs. 312 a 320, notoriamente exaltan la verdad material por encima de la formal.

2.- Reclama sobre la aplicación de disposiciones contradictorias, al señalar que este aspecto, es más obvio la contradicción en la que incurrió el tribunal ad quem, al emitir el auto de vista recurrido, apreciándose esta situación entre lo que expresa el punto 1, literal a) cuando indica: “no se objetiviza la efectiva prestación de un trabajo extraordinario”, pero en la parte final del primer parágrafo a fs. 767 textualmente afirma: “en el caso presente, si ha existido trabajo extraordinario, siendo por tanto evidente que el auto de vista contiene expresiones contradictorias entre sí, porque primero trata de poner en duda la existencia de las horas extraordinarias trabajadas y no pagadas.

3.- Luego denunció que en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o de hecho, que este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador, al respecto expresa que el auto de vista recurrido solo hace referencia al memorial presentado por el Banco, en el que supuestamente observa algunas de las abundantes pruebas aportadas por el trabajador, y no refiere a las pruebas del Banco que fueron observadas por el actor, mucho menos los correos electrónicos de fs. 321 a 496 que demostrarían objetivamente la permanencia y trabajo fuera del horario de la jornada laboral desplegada por el actor.

Concluye solicitando se conceda el recurso de casación en la forma y en el fondo, a fin de que el Tribunal Supremo de Justicia, anule obrados hasta el vicio más antiguo, y pronuncie una nueva resolución, declarando probada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso de casación en la forma y en el fondo, analizando su contenido en base a los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:

I.- Resolviendo el recurso de casación en el forma:

1.- De la lectura del auto de vista, se evidencia que el recurrente, según el contenido del recurso de casación en la forma, manifestó que el tribunal ad quem, resolvió ultra petita, vulnerando el debido proceso, en sus elementos a los principios de proteccionismo y de inversión de la aprueba, prescrito en los arts. 109 y 115 de la CPE y 1, 3.g) y h), 66, 150 y 160 del CPT, al emitir el auto de vista.

En la especie, de los datos del proceso se evidencia que no es cierto la vulneración denunciada, toda vez que, de la lectura al Considerando II del auto de vista recurrido, se advierte que el tribunal ad quem, al emitir el auto de vista no se pronunció ULTRA PETITA, ya que al introducir el termino de compensación se refiere a las horas y días extras de trabajo que, eran compensados con días de descanso que no podían ser reputados como días de inasistencia, esto en razón a las características que revestía las funciones que desempeñaba, prueba de ello es el acta de audiencia de inspección judicial cursantes de fs. 693 a 696, donde se estableció las diferencias en las horas de ingresos y salida e incluso días que no existen registros.

En consecuencia, de la lectura del auto de vista, se puede advertir que se dio respuesta a todos y cada uno de los puntos reclamados en apelación, en base a los fundamentos del recurso de apelación del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., y la adhesión al mismo por parte del actor; al contrario, el recurso de casación carece de veracidad y legalidad, invocando argumentos que no tienen ningún asidero legal ni decantan en la vulneración de derecho o garantía constitucional alguna; porque contrariamente el auto de vista hoy recurrido de casación en la forma, sí cumplió con el debido proceso en su elemento de proteccionismo y de inversión de la aprueba, en estricta aplicación de justicia, al haber cumplido los requisitos establecidos en las disposiciones legales en vigencia, toda vez que la resolución recayó sobre todos los extremos litigados debidamente fundamentados en la parte considerativa y resolutiva, que tiene su respaldo en los motivos y fundamentos por los cuales arribó a dicha determinación, resolviendo todos los puntos reclamados en apelación.

De todo lo expuesto, con relación a las afirmaciones realizadas en el recurso de casación en la forma, éstas carecen de sustento legal; sujetándose el auto de vista a las normas en vigencia, no observándose vulneración de norma legal alguna que sean objeto de nulidad, al contrario existió correcta valoración, interpretación y aplicación de la ley; por lo que se pasa a resolver el recurso de casación en el fondo.

II.- Resolviendo el recurso de casación en el fondo

1.- En cuanto a que existió omisión en considerar las pruebas de cargo, en merito a la valoración en relación al trabajo en horas extras, con carácter previo es menester remitirnos al art. 46 de la Ley General del Trabajo (LGT) que regula la jornada laboral no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana, disposición que abarca a todo trabajador dependiente que preste servicios por cuenta ajena, exceptuando a los que desempeñen puestos de dirección, vigilancia o confianza, como a los que trabajen discontinuamente o que realicen labores que, por su naturaleza, no puedan someterse a jornadas de trabajo. Si bien la ley laboral no trae una definición clara sobre quiénes son y qué hacen los trabajadores de dirección, de vigilancia o confianza, se debe entender que son aquellos empleados que se distinguen porque ocupan una posición jerárquica en la empresa, con facultades disciplinarias o de mando, dotados de determinado poder discrecional de autodecisión.

En el caso de autos, se establece que el actor ocupaba el cargo de Jefe de prevención y cumplimiento, mediante memorándum GRH/0675/10, desde el 26 de abril de 2010 hasta el 8 de octubre de 2012, algo más de dos años, que estaba supeditado a funciones especiales y de mucha responsabilidad, dicho cargo se encuentra regulado a través del Decreto Supremo Nº 24771 y demás normativa emitida por la Unidad de Investigación Financiera, y tiene como responsabilidad la aplicación, control y cumplimiento de cuanta disposición provenga de la (U.I.F.), por lo que se encontraba inmerso en la excepción contenida en la segunda parte del art. 46 de la LGT; no obstante de ello, para la procedencia del pago de horas extras demandadas, deben estar debidamente autorizadas, debiendo acreditarse además la necesidad que tiene el empleador de imponer ese trabajo circunstancial, eventual, necesario, realmente "extraordinario", que debe estar por otra parte autorizado o visado por el Inspector del Trabajo, en cuya consecuencia y en ningún caso pueden ni deben estar predeterminadas el trabajo extraordinario sólo a la voluntad del trabajo.

Si bien el art. 48 de la CPE, instituye que las normas laborales se interpretarán bajo los principios protectores de las trabajadoras y los trabajadores; empero, ello no implica desconocer que el trabajo como fenómeno jurídico, conforme a sus características específicas, jerarquía y por su propia naturaleza, connota un tratamiento diferenciado debidamente respaldado por ley, en procura de resguardar derechos tanto del trabajador como del empleador.

Incluso este aspecto es considerado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ente que a través del Convenio, sobre las horas de trabajo (industria), de 1919, en su art. 2, señala: “En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, salvo las excepciones previstas a continuación: Las disposiciones del presente Convenio no son aplicables a las personas que ocupen un puesto de inspección o de dirección o un puesto de confianza.”

En la definición legal del art. 46 de la LGT, así como del Convenio de la OIT, conviene destacar que la referencia que se realiza sobre el personal de dirección por un lado y sobre el personal de confianza por otro, obedece al hecho de que, como se tiene expuesto supra, no siempre el personal de confianza ejerce un cargo de jefe, y por el contrario éste último, por el hecho de ejercer un cargo de dirección se constituirá definitivamente en personal de confianza, esto en razón a que, por su naturaleza, tienen, a diferencia de los demás trabajadores, un grado mayor de responsabilidad a consecuencia de que el empleador les ha delegado la atención de labores propias de él, otorgándoles una suerte de representación general, lo que traduce alta confianza.

En definitiva, éste dispositivo legal introduce una distinción y tratamiento especial del personal de dirección respecto de los demás trabajadores, no porque se trate de un trabajo especial sino de una relación especial entre el empleador y éste tipo de trabajadores o empleados.

2.- Sobre el reclamo en la aplicación de disposiciones contradictorias, de los datos del proceso se colige que cursa de fs. 693 a 696, la inspección judicial, donde se establece de forma objetiva que existe materialmente diferencias en las horas de ingresos y salida e incluso días que no existen registros, más aun que las horas extras de trabajo eran compensadas con días de descansos que no podían ser reputados como días de inasistencia, esto en razón a las características que revestía las funciones que desempeñaba el actor, es por ello que, verificándose en las planillas de sueldos no se advierte descuentos por los días de descansos que se otorgaba en compensación a los días y horas extras de trabajo. Por consiguiente es evidente lo resuelto en el auto de vista, cuando sostienen que el trabajador no aportó la prueba que demuestre las horas extraordinarias que hubiere trabajado, por lo que, el tribunal de segunda instancia, al disponer la no cancelación por las horas extraordinarias, en merito a lo precedentemente señalado y la prueba testifical de cargo que cursa de fs. 517 a 518, donde señala: “que en relación a la cancelación de la segunda prima tengo entendido que cubría las horas extraordinarias que dedicaba al Banco”; por lo que el auto de vista emitido por el tribunal ad quem, no contiene contradicciones entre la norma aplicada ni vulnera el principio de congruencia acusado en casación.

3.- En cuanto a la apreciación de las pruebas, porque supuestamente el auto de vista hubiese incurrido en error de derecho o de hecho, porque en el expediente se observan algunas pruebas aportadas por el trabajador, sobre los correos electrónicos de fs. 321 a 496 que demostrarían objetivamente la permanencia y el trabajo fuera del horario de la jornada laboral desplegada por el actor; que es empero, no se realizó mayor consideración al respecto.

En la especie, debe tenerse presente que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba, que es propia del proceso civil, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en principios científicos que informan la crítica de la prueba, con arreglo del art. 158 del CPT. Asimismo, conforme determina el art. 3.j) del Código Adjetivo Laboral, uno de los principios en los que se basa todo procedimiento en materia laboral es la: “Libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados”, debiéndose considerar que, cuando en el recurso de casación se exponen denuncias relacionadas con la apreciación de la prueba, es obligación del recurrente precisar si los tribunales de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho en el ejercicio de su atribución valorativa, sólo en esta circunstancia se abre la competencia de este Tribunal para realizar nueva compulsa de la misma, lo que no ocurre en el caso de autos.

En virtud a lo expresado, se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en los arts. 271.2) y 273 del CPC, en virtud de la permisión de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional Boliviano, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 775 a 779. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en la suma de Bs.500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.