SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 368/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-OR.173/2015.

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 307 a 311, interpuesto por July J. Sahonero Martínez representante legal de German Rioja Arze, contra el Auto de Vista Nº 95/2015 de 12 de mayo, cursante de fs. 303 a 305, pronunciado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa de Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso social seguido por Eduardo García Saldias, contra el recurrente, la respuesta de fs. 323 a 325, el auto de fs. 326 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 137/2014 de 19 de noviembre de 2014 (fs. 273-278), declarando probada en parte la demanda, respecto al pago de indemnización y aguinaldo por duodécimas; asimismo probada la excepción perentoria de pago opuesta por el demandante e improbada respecto al pago de horas extras, sin costas. En consecuencia ordena al demandado cancelar a favor del actor la suma de Bs.9.332.- (nueve mil trescientos treinta y dos 00/100 bolivianos).

En grado de apelación, formulada por la representante legal de la parte demandada (fs. 280-281), la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 95/2015 de 12 de mayo, (fs. 303-305), confirmando la sentencia de fs. 273 a 278, con costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 307 a 311, interpuesto por July J. Sahonero Martínez en representación legal de German Rioja Arze, manifestando en síntesis:

Acusó que tanto Juez de primera instancia así como el tribunal de alzada, en la Sentencia y en el Auto de Vista omitieron realizar correcta apreciación y valoración de las pruebas, manifestando que el Sr. German Rioja Arze, en calidad de gerente propietario de la empresa EMOCI, detalló oportunamente la relación existente con Eduardo Garcia Saldias haciendo énfasis que este último ingresó a trabajar el 04 de febrero de 2013 en la empresa, y que por motivos personales dejó de prestar sus servicios el 16 de julio de 2013, posteriormente por acuerdo verbal volvió a trabajar desde el 26 de agosto 2013 hasta el 14 de noviembre del mismo año, por lo que se estaría cumpliendo lo estipulado en el contrato de fecha 26 de agosto de 2013, de 70 días de trabajo y no así el tiempo que establece el juez a quo, por lo que no le correspondería el aguinaldo toda vez que según la norma procesal laboral el trabajador debe tener 91 días de antigüedad a fin de recibir este beneficio, indemnización, etc.; que la liquidación efectuada por el Juez de primera instancia y confirmada por el Tribunal de Alzada, es atentatoria al patrimonio del demandado.

Agrega que la documentación cursante a fs. 29 a 39 de obrados, estas documentales no fueron valoradas correctamente al no tomar en cuenta la certificación de fs. 39, por cuanto los jueces de instancia determinaron que estos documentos carecen de valor probatorio, puesto que según documental a fs. 32 de obrados, existiría una renuncia irrevocable del Sr. Eduardo García Saldias demostrando que con ello se solucionó cualquier conflicto pendiente entre el actor y el demandado, en consecuencia debieron valorarse los documentos adjuntados, así como las pruebas testificales, confesión provocada, etc., mediante la respectiva carga procesal de acuerdo la verdad fáctica del proceso, sin embargo de ello el Tribunal de Alzada confirmó la Sentencia Nº 137/2014 de 19 de noviembre, que en dicha resolución no se veló por el derecho de igualdad de oportunidades y el animus de lo expresado en todos los documentos adjuntados de fs. 29 a 40 de obrados, por lo que considera que el auto de vista carece de fundamentación formal, al no haberse valorado correctamente la prueba ni mucho menos se ejerció correctamente el control del proceso por parte de los tribunales de instancia, vulnerando el debido proceso, a la defensa, a una justicia plural pronta y oportuna, gratuita transparente y sin dilaciones.

Culminado el recurso menciona y transcribe el contenido de las Sentencias Constitucionales (SSCC) Nos. 0183/2010-R de 24 de mayo,  0160/2010-R de 17 de mayo, 0295/2010-R de 7 de junio, 2799/2010-R,  0147/2010-R de 17 de mayo, 0863/2007, 1369/2001-R, 1365/2005-R de 31 de octubre, 0863/2007-R de 12 de diciembre, 0752/2002-R de 25 de junio,  1369/2001-R de 19 de diciembre, 0661/2012 de 2 de agosto, 1376/2004-R de 25 de agosto, 1845/2004-R de 30 de noviembre, 0757/2003 de 4 de junio,  0436/2003-R de 7 de abril, 1021/2001-R, 385/2002-R y 1209/2002-R de 14 de octubre, respecto a la obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones, naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso, etc.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, dicte Auto Supremo casando el auto de vista impugnado, disponiendo la revocatoria de la Sentencia Nº 137/2014 de 19 de noviembre, declarando improbada la pretensión del actor a la indemnización y el pago de aguinaldo por duodécimas.

CONSIDERANDO II: Que, revisados los antecedentes procesales así como los motivos del recurso de casación en el fondo, corresponde resolver el mismo en base a los siguientes argumentos:

Respecto a la falta de valoración de la prueba, señalada por la recurrente que tanto la sentencia como el auto de vista, no valoraron correctamente las pruebas ofrecidas por la parte demandada cursante a fs. 29 a 39 de obrados, esta Sala considera que no basta con relacionarlas sino es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan, de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión, lo que permite a la Sala establecer la magnitud de la omisión, que debe ser ostensible y trascendente, porque de contrario no logra el objetivo de destruir la presunción de acierto y legalidad que ampara a la resolución que es objeto del recurso de casación.

En el caso que se analiza, la recurrente impugna el Auto de Vista Nº 95/2015 de 12 de mayo, por omisión de valoración de la prueba cursante de fs. 29 a 40, que según afirma la recurrente, llevó a la juez a quo y al tribunal de apelación a realizar conclusiones erradas.

Que, de la revisión minuciosa de la resolución impugnada, se observa que la denuncia no es evidente, pues el reclamo de falta de valoración de la prueba cursante de fs. 29 a 39, fue resuelto por el tribunal ad quem a momento de resolver los agravios planteados en la apelación, respecto a las pruebas extrañadas que fueron consideradas por la juez a quo y en su valoración expuso razones de acuerdo a las reglas de la sana crítica, lo que permitió concluir que sí existió relación laboral entre el actor y la parte recurrente, que el trabajador cumplía las funciones de gerente técnico de la empresa unipersonal EMOCI, siendo su gerente propietario German Rojas Arze, y que mediante contrato verbal, contrató los servicios del actor como gerente técnico de la empresa unipersonal “ EMOCI” desde 14 de febrero de 2013 hasta el 18 de noviembre del mismo año, con un salario promedio de Bs.6.000.-, documento que tiene el valor legal previsto en el art. 159 del Código Procesal del Trabajo (CPT), corroboradas por las pruebas testificales de cargo a fs. 95 a 97, fs. 99 a 100 y de fs. 150 a 151, como también las declaraciones de descargo de fs. 117 a 118 de obrados, por lo que, acertadamente la juez a quo otorgó el aguinaldo de la gestión 2013 por duodécimas, al haber prestado su trabajo el actor en condiciones de subordinación, dependencia y exclusividad desde el 04 de febrero al 14 de noviembre de 2013 por el lapso de 09 meses y 10 días, es decir por más de 90 días, hechos que determinaron establecer el salario promedio de Bs.6.000. En todo caso, debe tomarse en cuenta que conforme el art. 150 del CPT, la carga de la prueba corresponde ser desvirtuada por el demandado, lo que no ha acontecido en el caso de análisis, siendo que el demandante demostró la continuidad laboral, pese a las dos renuncias presentadas con anterioridad que no fueron aceptadas por el empleador, hecho que no ha sido desvirtuado por el demandado; máxime si el actor demostró su pretensión con la prueba cursante a fs. 4, 5, 6, 67 y 129, además de la de 131 a 140, que fueron valoradas por la juez de primera instancia, es decir, que el actor prestó servicios desde el 4 de febrero de 2013 hasta el 8 de noviembre del mismo año, por consiguiente, acertadamente los juzgadores de instancia le concedieron el beneficio de la indemnización.

En ese entendido, el reclamo planteado en la casación no tiene sustento legal dentro de los parámetros expuestos, no solo por partir de una premisa falsa sino fundamentalmente porque no denuncia error de derecho o de hecho en la valoración de la prueba que acusa, recordando a la recurrente que la jurisprudencia nacional ha establecido que la valoración de la prueba constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia incensurable en casación, más aún si se trata de materia laboral en la que el Juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario que debe formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme instituye el art. 158 del CPT, razón por la cual, cuando se denuncia su incorrecta valoración o apreciación, los recurrentes tienen la obligación procesal de demostrar si los de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho, que es la única posibilidad a efecto que el Tribunal de Casación abra su competencia para realizar una nueva compulsa de la prueba, conforme exige el art. 253.3) del Código de Procedimiento Civil (CPC), requisito que no ha sido cumplido por la parte recurrente.

A ello se añade, la consideración de que el derecho laboral, se estructura fundamentalmente sobre la base del reconocimiento de ciertos principios que deben regir la materia, tal el caso del principio de primacía de la realidad, que establece que en materia laboral, la verdad de los hechos, prevalece sobre los acuerdos formales; es decir que tiene más valor lo que ocurre en la práctica que lo pactado en forma solemne y formal a través de documentos. Ahora bien, la prueba en su sentido procesal se constituye en un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio, con la finalidad de crear la convicción del juzgador sobre el hecho o hechos demandados, misma que debe ser valorada en su conjunto, en ese entendido, se observa que la resolución impugnada, resolvió conforme la normativa y principios vigentes, con la exhaustividad y la pertinencia prevista en los arts. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia no es evidente que el auto de vista carezca de motivación conforme se denuncia en la casación citando sentencias constitucionales, que demás está decir contienen decisiones fácticas diferentes al caso que se analiza.

Finalmente, respecto a la denuncia de supuesta vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la justicia plural, pronta, oportuna y gratuita, trasparente y sin dilaciones en los que hubieran incurrido los juzgadores de instancia, en estos casos, la parte recurrente debió establecer el nexo causal entre el hecho y la supuesta vulneración en que hubiere incurrido el tribunal de apelación al emitir el auto de vista impugnado; no puede limitarse a formular una simple denuncia de supuesta vulneración de derechos, sin la debida fundamentación, debe formular sus denuncias proveyendo los antecedentes de hechos generadores del reclamo, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional, vulneraciones que no han sido demostradas en la tramitación del proceso; por lo que no es evidente lo denunciado sobre las vulneraciones a derechos y garantías constitucionales.

Consiguientemente, a mérito de lo expuesto, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 307 a 311, interpuesto July J. Sahonero Martínez en representación de German Rojas Arze, propietario de la empresa EMOCI; con costas.

Se regula honorario profesional de abogado en la suma de Bs.500.-, que mandará a pagar el tribunal de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.