SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 366/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-PTS.171/2015.

Distrito: Potosí.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 307 a 317, interpuesto por Felipe Flores Chipana, contra el Auto de Vista Nº 30/2015 de 27 de abril (fs. 303 a 304), pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso contencioso tributario que sigue el recurrente, contra el Servicio de Impuestos Nacionales Regional Potosí, el auto de fs. 329 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que interpuesta la demanda contenciosa tributaria, la Juez de Partido Primero del Trabajo, Seguridad Social Segundo Administrativo de Potosí, pronunció Auto Definitivo de 05 de marzo de 2015 (fs. 290), concluyendo respecto a las solicitudes de admisión de demanda contenciosa tributaria y admisión de acción de prescripción, que al haber sido ya consideradas y resueltas con anterioridad, empero, al no haber sido recurridas de apelación por parte del demandante, dejó precluir su derecho recurrir, no correspondiéndole a ese despacho jurisdiccional, resolver las solicitudes impetradas.

Contra dicho auto interlocutorio definitivo, la parte recurrente, formuló recurso de apelación de fs. 292 a 295, que fue resuelto mediante Auto de Vista Nº 30/2015 de 27 de abril (fs. 303 a 304), pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, confirmando el auto apelado de 5 de marzo de 2015 de fs. 290, con costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo, interpuesto por Felipe Flores Chipana, conforme a los argumentos expresados en el memorial de fs. 307 a 317.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, ingresando a su análisis se tiene:

Este Tribunal Supremo de Justicia en varios fallos emitidos ha destacado que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio extraordinario, procedente en supuestos estrictamente determinados por la ley y dirigido a lograr que el máximo tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

El recurso de casación no puede considerarse como una tercera instancia del proceso, tomando en cuenta que el tribunal de casación es un tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso sólo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil (CPC), debiendo fundamentarse por separado de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación ya sea en la forma, en el fondo o en ambos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar conforme señala la ley, en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada, toda vez que el recurso extraordinario de casación fue instituido con la finalidad de efectuar el control a las resoluciones que pueden contener vulneraciones a los derechos de los litigantes.

En ese contexto, también la jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la Ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos, de acuerdo a lo estatuido por el art. 250 del CPC, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el art. 258.2) del mismo cuerpo legal, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es solo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado art. 258.2) del CPC; así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del art. 272.2) del CPC.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, Sentencia o Auto de Vista, basado en que los Jueces o Tribunales de Instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en "errores in iudicando", aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través de los tres presupuestos contenidos en el art. 253 del CPC, vale decir cuando se acredite: "que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una ley" o "cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias", y finalmente cuando se demuestre: "que en la valoración de las pruebas se hubiere cometido error de derecho o de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".

Bajo este contexto, corresponde puntualizar que en el caso de autos, de acuerdo a lo argumentado en el memorial de fs. 307 a 317, se advierte que el recurrente planteó recurso de casación en el fondo; sin embargo, lejos de formularlo de acuerdo a lo especificado precedentemente, dentro del marco del art. 258.2) del CPC, nuevamente plantea excepción perentoria de falta de competencia y acción de prescripción, delimitando el contenido íntegro del recurso de casación a exponer los fundamentos relativos a las dos acciones antes mencionadas, siendo que las mismas ya fueron providenciadas por la juez a quo, y que el contenido del recurso de casación debe circunscribirse básicamente a los errores en los que hubiera incurrido el tribunal de alzada en la emisión del auto de vista que se impugna, sin embargo el recurrente, no lo entiende así.

Sin embargo, al margen del error en que incurre el demandante, de interponer dentro del recurso de casación, plantea excepción de falta de competencia y “acción de prescripción”, de la revisión de obrados, se tiene que, Felipe Flores Chipana, interpuso demanda contenciosa administrativa de fs. 26 a 28, que mereció el proveído de fs. 19 de julio de 2012, cursante a fs. 29, disponiendo que con carácter previo, se dé cumplimiento a lo dispuesto por la Circular Nº 002/2012-SG-TSJ de 9 de febrero de 2012, emitido por el tribunal Supremo de Justicia. Acto seguido, el demandante interpuso Acción de Inconstitucionalidad Concreta, que luego del trámite de rigor, devino en la emisión de la Sentencia Constitucional Nº 0093/2013 de 17 de enero de 2013 (fs. 161 a 171), que declaró improcedente la acción de inconstitucionalidad planteada.

Posteriormente, el demandante mediante memorial de fs. 193, solicita se cumpla con la admisión de la demanda, en cumplimiento del Auto Constitucional Nº 074/2012-CA de 22 de agosto de 2012; sin embargo, la juez a quo, con los fundamentos del decreto de fs. 194, manifiesta que no corresponde a ese despacho judicial, admitir dicha solicitud. A fs. 196, mediante representación escrita, la Secretaria Abogada del Juzgado Administrativo Fiscal y Tributario de Potosí, en fecha 12 de noviembre de 21014, pone en conocimiento de la titular del juzgado que hasta la fecha de la referida representación, el demandante, no había dado cumplimiento a lo dispuesto mediante decreto de 19 de julio de 2102, lo que mereció el decreto de fs. 196 vta. de 13 de noviembre de 2014, reiterándole al demandante su obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 10.II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, otorgándole el plazo improrrogable de 6 días, de acuerdo a lo previsto por el art. 229 del Código Tributario.

Luego, en virtud a una nueva representación elevada por la Secretaria Abogada del Juzgado, poniendo en conocimiento de la juzgadora, que el demandante no dio cumplimiento a la observación realizada mediante decreto de 13 de noviembre, informe que mereció el auto definitivo de fecha 5 de diciembre de 2014, disponiendo el rechazo de la demanda contenciosa tributaria y declarando ejecutoriada la resolución administrativa demandada. No obstante de aquello, el demandante haciendo caso omiso de la resolución señalada precedentemente, interpone por segunda vez acción de prescripción, al respecto, la juez aquo, mediante Auto Definitivo de 5 de diciembre de 2014 (fs. 229), rechazó la demanda, declarándola ejecutoriada la resolución administrativa demandada; luego ante la insistencia de acción de prescripción de fs. 258 a 261, la juez de primera instancia emitió el Auto de 19 de diciembre de 2014 (fs. 262), declarándose incompetente para conocer, tramitar y resolver la prescripción impetrada por el actor, con el argumento que la demanda contenciosa tributaria interpuesta por Felipe Flores Chipana, fue rechazada mediante resolución que no fue objeto de impugnación, motivo por el cual, la competencia de ese juzgado no se apertura, consiguientemente, se declaró incompetente para resolver la acción de prescripción impetrada. Más adelante, y ante la ausencia de pronunciamiento de la parte demandante, mediante algún mecanismo de impugnación, la juez de la causa, declaró mediante Auto Nº 43 de 2 de febrero de 2015 (fs. 264 vta.), la ejecutoria de la resolución que determinaba la falta de competencia de la juzgadora, disponiendo en consecuencia el archivo de obrados.

No obstante lo señalado, el demandante de manera confusa plantea excepción de falta de competencia de fs. 271 a 275, y respondiendo de forma negativa al Auto Interlocutorio Nº 43, reitera su pedido mediante memorial de fs. 285 a 289, recibiendo respuesta de parte de la juez a quo, quien mediante Auto de 5 de marzo de 2015, de fs. 290, reiteró que respecto a las solicitudes de admisión de la demanda como de admisión de la acción de prescripción, ya habían merecido consideración y respuesta, empero ninguna de ellas fue impugnada, reiterando que no correspondía a ese despacho resolver las solicitudes impetradas.

Ahora bien, esta cronología de actuados, nos lleva al convencimiento que, no se abrió la competencia de la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario, como consecuencia del rechazo de la demanda contenciosa tributaria, por las causas anteriormente descritas, y mucho menos para la emisión de resoluciones de las excepciones de prescripción y de falta de competencia, pues para su conocimiento, la juez, antes tendría que haber admitido la demanda. Sin embargo, todas la resoluciones emitidas por la juez a quo, bien pudieron haber sido impugnadas por el demandante, empero no lo hizo, ni merecieron pronunciamiento alguno, razones por las que, quedaron ejecutoriadas por el transcurso del tiempo. De ahí que, al no estar admitida la demanda y ejecutoriadas todas las resoluciones referidas ut supra, el tribunal de alzada, mal podía pronunciarse sobre los puntos expuestos en el recurso de apelación, pues correspondía únicamente confirmar el Auto de 5 de marzo de 2015, en el que se reiteraba la falta de competencia de ese juzgado para conocer las solicitudes de admisión de la demanda y de admisión de la acción de prescripción formuladas por el demandante.

En ese sentido, ni siquiera se abrió la competencia de la juez a quo para el conocimiento de la presente causa, mucho menos la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, que también está impedido de conocer cuestiones que no fueron previamente puestos a conocimiento, análisis y resolución de jueces y tribunales inferiores; consecuentemente, al no cumplir con los requisitos exigidos para la interposición del recurso de casación, corresponde dar aplicación a los arts. 271.1 y 272 del CPC, por mandato de la norma remisiva contenida en el numeral 2 del art. 74 del Código Tributario Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 307 a 317, interpuesto por Felipe Flores Chipana, sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.