SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 365/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.170/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 297 a 302, interpuesto por el Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Grandes Contribuyentes Graco Santa Cruz, representada por Boris Walter López Ramos, contra el Auto de Vista Nº 21 de 5 de febrero de 2014, cursante de fs. 265 a 289, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por DATEC Ltda.”, representada legalmente por Cristian Daher Tobia, contra la Gerencia Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la contestación de fs. 324 a 328, el auto de fs. 329, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso tributario el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 32 de 22 de junio de 2010, cursante de fs. 161 a 169, declarando improbada la demanda contencioso tributario interpuesta por Cristian Daher Tobia en representación de la empresa DATEC Ltda., contra la Gerencia Distrital de (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando firme y subsistente en todas sus partes la Resolución Determinativa Nº 17-000031-09 de 24 de marzo de 2009. Luego, por Auto Nº 93 de 6 de septiembre de 2012 (fs. 197), declaró no ha lugar la solicitud de complementación y enmienda planteada reiteradamente por la empresa demandante.

En apelación, formulada por Cristian Daher Tobia, Gerente General de la empresa DATEC Ltda., cursante de fs. 202 a 233, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 21 de 05 de febrero de 2014, cursante de fs. 265 a 289, revocó en parte la Sentencia Nº 32 de 22 de junio de 2010, emitida por el Juez 1ro de Partido Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario, debiendo reliquidarse y actualizarse la deuda tributaria una vez ejecutoriada la presente resolución.

Dicho fallo, motivó el recurso de casación en el fondo (fs. 297 a 302) interpuesto por el Servicio de Impuestos Nacionales, Gerencia Grandes Contribuyentes Graco Santa Cruz, representada por Boris Walter López Ramos, en el que acusó en síntesis lo siguiente:

I.- En cuanto al recurso de casación en el fondo, denunció:

1.- Disposiciones contradictorias en el auto de vista.-

1.1.- Que, es evidente la transgresión al principio de congruencia por parte de auto de vista recurrido, toda vez que en primera instancia señaló que cuando el sujeto pasivo no presente la documentación e información, se le determinaran los impuestos sobre base presunta, contradictoriamente líneas más abajo se contradice al señalar que la Administración Tributaria determinará sobre base cierta, cuando conoce con certeza el hecho y valores imponibles, los mismos que puede adquirir a través del contribuyente o mediante terceros por acción directa de parte de la administración Tributaria, lo que demuestra que el fallo es completamente contradictorio y transgresor al principio de congruencia, principio que tiene por premisa, que en todo el contenido de la resolución exista concordancia, fundamentalmente por la armonía que debe concurrir entre el apartado considerativo y el resolutivo de la sentencia o resolución, ello de conformidad a las Sentencias Constitucionales Nos. 0201/2007-R de 28/03/2007, y 0734/2005-R de 1 de julio entre otras.

2.-Violaciónes y aplicación indebida de la Ley.-

2.1.- Ilegal revocatorio a la depuración de Crédito Fiscal referente a los pasajes aéreos que beneficiaron a personas ajenas a la empresa que se encuentran en planilla.- Del análisis del auto de vista, se evidencia que el referido documento connota de manera incongruente una aplicación indebida de la ley, revocando erróneamente el cargo por el concepto señalado, toda vez que a lo largo del proceso se evidenció y demostró que todos estos pasajes han sido comprados para personas que no trabajan ni tienen relación de dependencia con el contribuyente DATEC, deduciendo que difiere debido a que no están incluidas en las planillas de la empresa, ni tampoco a la largo del proceso, mas todo lo contario, debido a que la empresa demandante no ha demostrado que sean pasajes para su personal, por lo que en virtud a lo dispuesto por el art. 8 de la Ley Nº 843 y el art. 8 del Decreto Supremo (DS) Nº 21530, reglamentario del IVA, no generan créditos fiscal a favor de DATEC Ltda., al tratarse de gastos personales ajenos a la empresa.

2.2.- Ilegal revocatoria a la depuración de facturas por no constar con medios fehacientes de pago que demuestren la realización efectiva de la transacción.- Respecto a este punto señala que el auto de vista realiza un análisis a los antecedentes del proceso, principalmente a las facturas depuradas que cursan en los papeles de trabajo de fs. 8872 a 8879, relativos a los proveedores Vaca Fidel Orlando (Oficce Pro Win); Salvatierra Balcázar Ignacio (Tecno Electrón Services); Medina Ortiz Nelson (Premium XP Computer); Honor Siles Ely (Importadora Ely); Adam Medina Carlos (Importadora Medina), cabe señalar que durante toda la etapa determinativa y de la deuda tributaria, y dentro de la demanda tributaria interpuesta por el contribuyente de manera improcedente, se ha expuesto y fundamentado fehacientemente que el contribuyente no demostró su relación contractual, económica y financiera con estos proveedores, por lo que las compras a estos proveedores no forman parte de los inventarios, al evidenciarse que las transacciones de compras no se realizaron.

2.3.- Ilegal revocatoria a la depuración respecto al cargo por concepto de IVA.- Corresponde señalar que como resultado del control cruzado al proveedor IBM de Bolivia S.A., la Administración Tributaria evidencio que el contribuyente de referencia no declaró, ni ingreso, en los inventarios, razón por la cual se considera como ventas no facturadas, empero contrariamente el auto de vista señala y menciona de manera superficial que ciertos productos no fueron vendidos; por lo que no habría existido el perfeccionamiento del hecho generador, con el simple argumentó de que los mismos habrían sido destruidos en cumplimiento a la normativa vigente tributaria, esta alegación carece de fundamento por el simple hecho de hacer mención de una supuesta destrucción sin hacer mención debido a que prueba, llegando a tal conclusión que desde todo punto de vista transgrede el debido proceso; señalando al efecto las SSCC Nos. 0143/2012 de 14 de mayo, y 1369/2001-R, las que establecieron que el derecho al debido proceso exige que toda resolución sea debidamente fundamentada y motivada.

2.4.- Ilegal revocatoria de gastos por comisión sobre ventas a clientes.- Por último la Administración Tributaria señalo que los proveedores de la empresa DATEC no tienen registrada entre sus actividades económicas las comisiones de ventas, situación que los imposibilita a ejercer esta actividad, en consecuencia el pago y gasto que incurrió DATEC, por este servicio es indebido y no deducible del IUE, que se vulneró lo dispuesto por los arts. 7 y 8 del DS Nº 24051, demostrándose de esta forma la improcedencia de la revocatoria de la deuda tributaria.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido, y consecuentemente revoque la sentencia y por ende declare firme y subsistente la Sentencia Nº 32 de 22 de junio de 2010, cursantes de fs. 161 a 169, emitida dentro del presente proceso contencioso incoado por DATEC Ltda., conforme el art. 271.4) del Código de Procedimiento Civil (CPC).

CONSIDERANDO II. Que, del examen del recurso de casación en el fondo, el auto de vista recurrido y de los antecedentes del proceso se tiene:

I.- Resolviendo el recurso de casación en el fondo.

1.- El recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, basado en que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en “errores in judicando”, aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través cualquiera de los tres presupuestos contenidos en el art. 253 del CPC, vale decir cuando se acredite: "que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una ley" o "cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias", y finalmente cuando se demuestre: "que en la valoración de las pruebas se hubiere cometido error de derecho o de hecho”.

En ese marco normativo, de los datos del recurso de casación en el fondo se colige que el punto 1.1, la institución recurrente hizo referencia al principio de congruencia como componente de la garantía del debido proceso, el cual correspondía ser planteado a través del recurso de casación en la forma, y no así como recurso de casación en el fondo; si bien los errores procesales acusados están dirigidos a la conducta del juzgador (in procedendo) y no en el fondo (in judicando), situación que demuestra que el recurso de casación en el fondo es indebido y debería ser en la forma, del contenido del aludido recurso se evidencia que las incongruencias acusadas por el SIN, concerniente a. 1) Que, el auto de vista menciona que las actas por infracción por contravenciones tributarias fueron emitidas porque el contribuyente no presento la documentación solicitada por el SIN y luego contrariamente menciona que presento la documentación requerida (fs. 298). Se observa que el recurrente indebidamente unifica dos hechos y consideraciones diferentes del auto de vista, la primera relativa a la existencia documentos suficientes para confirmar el método de determinación de la base imponible sobre base cierta y la segunda a la confirmación de deuda tributaria por actas de infracción por contravenciones tributarias; observándose que en estos dos casos el auto de vista fallo a favor del SIN. 2) El SIN menciona que el auto de vista es contradictorio porque consideró que cuando el sujeto pasivo no presenta la documentación e información se le determinarán los impuestos sobre base presunta, empero más adelante menciona que la determinación es sobre base cierta (fs. 298). Las partes citadas parcialmente por el SIN en su recurso corresponden al fundamento desarrollado en el auto de vista para resolver la petición de nulidad del demandante DATEC, petición rechazada en la sentencia de primera instancia y posteriormente confirmada por el auto de vista, observándose nuevamente que en este punto recurrido el auto de vista es favorable al SIN. 3) El SIN explica que la omisión de los requisitos de forma no son suficientes para dejar sin efecto el crédito fiscal, empero líneas a continuación señala que es imposible comprobar que la transacción hubiese sido efectiva, sin que las notas fiscales cumplan los requisitos de forma (fs. 299), en este punto el auto de vista confirma la sentencia de 1ra instancia que a su vez confirmó la determinación de la deuda tributaria por depuración del crédito fiscal del IVA por incumplimiento de deberes formales, estableciéndose que sobre este hecho el auto de vista no es contrarío al criterio del SIN.

2.- La Institución recurrente denunció que el tribunal ad quem, revocó erróneamente la depuración del crédito fiscal por concepto de pasajes aéreos que beneficiaron a personas ajenas a la empresa demandante, incurriendo en aplicación indebida de la ley; acusación que no es evidente, toda vez que, de acuerdo al DS Nº 24051 se consideran deducibles los gastos de transportes, viáticos y otras compensaciones similares por viáticos al interior y exterior del país, por lo que no es un ingreso del dependiente sino más bien un gasto efectuado por la empresa en razón a que estos gastos de pasajes, no son de libre disponibilidad del dependiente sino un gasto exclusivamente dirigido para un cometido, autorizado por la empresa demandante. En el caso de autos, se refiere a las facturas emitidas por Aerosur S.A., depuradas por el SIN, por un concepto distinto a lo señalado en la Resolución Determinativa Nº 17-000031/09 de 24 de marzo de 2009, debido a que el sujeto pasivo no presento las facturas para el respectivo control cruzado efectuado por la Administración Tributaria dentro del proceso de fiscalización, emitiéndose la Resolución Nº GGSC/PROV.01.273/2008 de 9 de diciembre de 2008, cursante de fs. 987 del cuerpo 5 de antecedentes administrativos, en ese entendido el actuar negligente de la empresa Aerosur S.A., no invalida el derecho al cómputo del crédito fiscal a la empresa demandante DATEC Ltda., ya que el incumplimiento que pudiera tener el proveedor con relación a sus obligaciones materiales y formales tributarias debería generar consecuencia a esta persona y no así al comprador de buena fe, que no tienen ningún tipo de posibilidad de controlar o exigir al proveedor que cumpla sus obligaciones a efecto del crédito fiscal IVA, si objetivamente se tiene originales que reúnen toda la información en el formato y en los manuscritos de puño y letra del vendedor o de sus empleados responsables de la escritura contenida en la factura, esta falta de fundamentación, motivos o razones de una sanción, ha sido cuestionada a lo largo de la jurisprudencia constitucional, que debe tenerse en cuenta en el ámbito administrativo por los Servidores Públicos de Impuestos Internos en la SC Nº 0498/2011-R de 25 de abril en otras; y conforme la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como un principio procesal a dicha verdad material, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

3.- La Institución recurrente denunció que el tribunal ad quem, al revocar la depuración de facturas por no constar con medios fehacientes de pago que demuestren la realización efectiva de la transacción, sobre las facturas depuradas que cursan en obrados de fs. 8872 a 8879, relativas a los proveedores Vaca Fidel Orlando (Oficce Pro Win); Salvatierra Balcázar Ignacio (Tecno Electrón Services); Medina Ortiz Nelson (Premium XP Computer); Honor Siles Ely (Importadora Ely); Adam Medina Carlos (Importadora Medina), empero la empresa demandante no tiene relación contractual, económica y financiera con estos proveedores; sin embargo de aquello, se hace constar que las transacciones han sido demostrada fehacientemente a través de contrato de compra venta, así mismo se respaldó con los documentos contables que emite el sistema respecto al ingreso a almacenes así como su salida por ventas, es decir que la transacción si se realizó; en ese marco para el computo del crédito fiscal se requiere tres requisitos dispuestos en los arts. 4 y 8 de la Ley Nº 843, y 8 del DS Nº 21530, que son: 1) que la compra este respaldado con facturas originales; 2) que la compra se encuentre vinculada a las operaciones propios de la empresa; y 3) que la transacción comercial se haya realizado.

Sobre este punto es importante señalar que, para la comprobación de la realización efectiva de la transacción la misma deberá operar de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.4) de la Ley Nº 2492, es decir estar respaldada mediante libros, registros contables, general y especiales, en el caso de autos se aprecia de fs. 108 a 253, el libro contable que lleva el contribuyente, el libro de compra IVA en donde se observa el registro en forma cronológica de las transacciones comerciales realizadas por el contribuyente sobre compras que dan origen al crédito fiscal, suscrito entre el contribuyente y los proveedores, libros de cuentas por proveedor, cursantes en obrados de fs. 9018 a 10081, evidenciando que las transacciones de compras se realizaron; si bien la Administración Tributaria, depuro el crédito fiscal porque el contribuyente no respaldo sus compras, con documentos como lo establece la Ley Nº 843, en el presente caso, el tenedor de las copias de facturas observadas no es el contribuyente DATEC Ltda., si no el vendedor o proveedor, incumpliendo de esta manera lo determinado por el punto 16 de la R.A.-05-0043-99, del 13 de agosto de 1999, que expresa que el original de las notas fiscales podrá otorgar derecho al cómputo del crédito fiscal al cliente, por lo que el SIN Santa Cruz, a fin de cumplir con el debido proceso debió haber requerido para corroborar la supuesta ilegalidad de las facturas depuradas al tenedor de los originales, y no así solo limitarse en depurar las mismas consultando al SIRAR-2, amparado en el art. 72 de la R.A.05-0043-99, por encontrarse estas adulteradas y/o falsificadas, cuando en las facturas no existe adulteración, raspadura, borrón y/o defecto alguno para que estas sean invalidadas, ingresando en enorme confusión y error la Administración Tributaria de Santa Cruz, en la invalidación de las mismas.

4.- Señaló que el tribunal ad quem, al revocar el cargo por concepto de IVA, determinó mediante el control cruzado al proveedor IBM de Bolivia S.A., empero el SIN evidencio que el citado proveedor emitió facturas al contribuyente DATEC Ltda., sin embargo estas ventas no fueron declaradas ni registradas en los inventarios, considerándose como ventas no facturadas e ingresos no declarados; posteriormente la Administración Tributaria habría evidenciado que en el periodo de mayo de 2005, este proveedor emitió 47 notas fiscales al contribuyente DATEC Ltda., por conceptos de ventas de productos de computación, y revisada la documentación presentada “Notas Fiscales, Libros de Compras, Registros Contables”, se habría evidenciado que estas compras no habrían sido declaradas ni ingresadas en los inventarios, considerándose como ventas no facturadas, es decir, ingresos no declarados. En consecuencia no existe hecho imponible del IVA, porque la mercadería no fue vendida en ningún momento; asimismo mediante reconstrucción de inventario realizado por el SIN, consideraron compra de mercaderías a los servicios de instalación y mantenimiento de equipo, que corresponde a cuenta de resultado y no de inventario; por otro lado la Administración Tributaria no consideró la anulación de ventas del proveedor IBM de Bolivia S.A., a raíz de ello se procede a la baja de inventario, hecho que no corresponde declarar deuda por debito del impuesto (IVA), por no existir hecho imponible del impuesto al IVA, conforme señala el art. 4.a) de la Ley Nº 843; demostrándose que no existe violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, por lo que el presente agravio deviene de infundado.

5.- Finalmente la Administración Tributaria denunció que el tribunal ad quem, al revocar los gastos por comisión sobre ventas a clientes, han contravenido lo dispuesto por los arts. 7 y 8 del DS Nº 24051, ya que se evidencio que los proveedores de DATEC Ltda., no tienen registrada entre sus actividades económicas las comisiones de ventas, situación que los imposibilita a ejercer estas actividades, es preciso señalar en este punto que las obligaciones establecidas en el Código Tributario, son únicas y exclusiva para cada contribuyente, no siendo legal querer imputar responsabilidades de otros, por negligencias o error, castigar o menos sancionar a un contribuyente que cumplió con las obligaciones exigidas por ley, además de haber demostrado la vinculación del servicio contratado y su pago, no siendo responsabilidad de la empresa DATEC Ltda., que los proveedores no tengan registrado la actividad de percibir comisiones, en todo caso la Administración Tributaria debe investigar y en su caso de ser procedente sancionar a estos proveedores.

En la especie, la doctrina ilustra que: “los medios de prueba son los instrumentos por los cuales es posible la demostración de los hechos que sirven de fundamento para la definición de una situación jurídica concreta”.

Que, en el caso de autos, se concluye que la empresa demandante adjuntó la documentación, observadas por la entidad tributaria de acuerdo a la normativa señalada, teniendo todo el valor legal, respaldado con medios de prueba, demostrando la inexistencia del adeudo de los tributos omitidos, como acertadamente determinó el Lic. Raúl Alarcón Ortiz, Auditor del Juzgado en su informe técnico tributario, de fs. 137 a 147, determinó en su parte conclusiva que la fiscalización externa realizada a la empresa DATEC Ltda., por la Gerencia de Grandes contribuyente (GRACO) Santa Cruz, no es razonable, no está de acuerdo con las normas y Reglamentos establecidas en base a la fiscalización externa realizada de los reparos conformados correspondiente a las observaciones sobre el cálculo de la base imponible que realizaron sobre los impuestos al (IVA), (IT) y el impuesto (IUE) en los periodos fiscalizados.

Consiguientemente, se establece que la conclusión que arribó el tribunal de segunda instancias al revocar en parte la sentencia, dentro de la demanda interpuesta por la empresa DATEC Ltda.; fue acertada al haberse emitió en base a una adecuada y correcta valoración de la prueba prevista en los arts. 236 y 397 del CPC,

Consecuentemente, no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso de casación, corresponde dar aplicación a los arts. 271.2) y 273 del CPC, por mandato la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297.II de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y 74.2 de la Ley Nº 2492 Código Tributario de 2 de agosto de 2003.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 297 a 302. Sin costas por el principio de igualdad en la aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y el 52 del DS Nº 23215.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.