SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 364/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.169/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de nulidad y casación en el fondo de fs. 677 a 680, interpuesto por Mario Aguilar Fernández en representación de los ex trabajadores del SEDCAM Chuquisaca, cuya lista cursa en el memorial del recurso, contra el Auto de Vista Nº 187/2015 de 17 de abril (fs. 672 a 674), pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social seguido por los ex trabajadores del SEDCAM Chuquisaca, contra la institución demandada, el auto de fs. 683 vta., que concedió el recurso, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, emitió la Sentencia Nº 3/15 de 30 de enero de 2015 de fs. 635 a 639, declarando probada la demanda de fs. 515 a 518, subsanada a fs. 551, sin costas, e improbada la excepción de prescripción opuesta a fs. 574 a 577, disponiendo que la institución demandada cancele a favor de los actores los montos consignados en la parte resolutiva de la aludida sentencia.

En grado de apelación deducida por el representante legal de la parte demandada cursante de fs. 642 a 646, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista Nº 187/2015 de 17 de abril, cursante de fs. 672 a 674, revocó totalmente la Sentencia Nº 3/15 de 30 de enero cursante de fs. 635 a 639, y deliberando en el fondo, declaró improbada la demanda de fs. 515 a 518, subsanada a fs. 551 vta., y declaró probada la excepción de prescripción deducida por la entidad demandada cursante de fs. 574 a 577, sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo interpuesto por Mario Aguilar Fernández, en representación legal de los ex trabajadores del SEDCAM Chuquisaca, manifestando en síntesis:

Que el tribunal ad quem, que la decisión del juez a quo, se sustentó en los Autos Supremos (AASS) Nos. 301 de 22 de agosto de 2012, 85 de 10 de abril de 2012 y la SC Nº 0824/2012 y los arts. 13, 48.II, II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE), 4 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 y por consiguiente aplicaron preferentemente a estas normas, los arts. 120 de la Ley General del Estado (LGT) y 163 de su Decreto Reglamentario (DR), sustentando que, si bien el parágrafo IV del art. 48 de la CPE, reconoce la imprescriptibilidad de los derechos laborales, esta imprescriptibilidad, no pudiera aplicarse sino a partir de la vigencia de la nueva CPE, en resguardo a los principios de verdad material y razonabilidad consagrados en el art. 180.I de la aludida Constitución.

Por esta razón denunció la violación a los arts. 13, 46, 48 y 410 de la CPE, 4 de la LGT y 4 del DS Nº 28699 y la vulneración de los principios constitucionales de supremacía constitucional y jerarquía normativa, soslayando además los arts. 13, 48 y 56 de la CPE, al aplicar preferentemente los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR, que fueron derogadas por la misma constitución, al tratarse de normas de mayor jerarquía y por ser de preferente aplicación, que de ninguna manera pueden sobreponerse a las disposiciones constitucionales, con el falso argumento que en base a los principios de verdad material y razonabilidad, tuvieran que aplicarse retroactivamente al caso presente, porque al hacerlo se estaría violando también el art. 123 de la CPE.

Que, en el caso de autos se aplicó ultra activamente los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR, en mérito a dichos principios, sin considerar que antes de ahora, dentro del presente caso, se hubiese emitido alguna Resolución de prescripción de los derechos demandados.

Por otra parte adujo que, si bien se ha opuesto excepción de prescripción de los derechos laborales, en merito a los arts. 120 de la LTG y 163 de su DR, cuando estas normas ya no estaban vigentes y por consiguiente los derechos laborales ya se constituyeron en imprescriptibles, en mérito a la aplicación del art. 48.IV de la CPE y al no haber existido una resolución de prescripción anterior a la vigencia de dicha Constitución, la prescripción alegada es de imposible aplicación, porque vulnera la supremacía de la propia Constitución, que consagra derechos irrenunciables e imprescriptibles a favor de los trabajadores, emitiéndose en el caso presente, un razonamiento contrario a la doctrina constitucional, en base a los principios de verdad material y de razonabilidad, lo que no son aplicables para declarar probada la prescripción.

Sostuvo que, la prescripción no es un instituto sustantivo, como erróneamente interpretó el tribunal ad quem, sino adjetivo, es decir, si bien, este instituto se encontraba previsto en el LGT y su DR y cuando fueron derogadas tales normas, por su propia naturaleza se deben aplicar en forma inmediata las que las sustituyen, por lo que resulta prohibido aplicar la ultra actividad de las normas adjetivas, pese a que por un erróneo proceso legislativo se encuentran dentro de una norma sustantiva.

En definitiva, la prescripción de los derechos, reiteró, es un aspecto adjetivo que debe aplicarse en forma inmediata cuando es modificado por una nueva y por ello es que la juez a quo, en forma acertada, declaró probada la demanda, en aplicación al principio de supremacía constitucional y jerarquía normativa consagrado en el art. 410 de la CPE.

Que en el caso presente, en el auto de vista impugnado se aplicó preferentemente los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR, respecto a los arts. 13, 46, 48 y 410 de la CPE, sin advertir que estas últimas normas son de mayor jerarquía y tiene preferente aplicación, además, en virtud del art. 4 del DS Nº 28699, al tratarse de normas más favorables, se aplican preferentemente porque benefician al trabajador, más aún si las primeras se encontraban derogadas, criterio ratificado por el Tribunal Supremo en los AASS Nos. 413/2013, de 16 de Julio de 2013 y 688 de 13 de noviembre de 2013, los cuales fueron omitidos por el tribunal ad quem, citando también lo señalado en la SC Nº 0789/2010-R de 2 de agosto, cuando se ratificó la aplicación de la CPE vigente a partir del 7 de febrero de 2009, denunciando la vulneración del art. 203 de la CPE, por haber soslayado esta jurisprudencia constitucional que es vinculante, vulnerando además lo señalado en la SCP Nº 0270/2012-R, referida a la retroactividad de las normas.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo, declare probada la demanda, ordenando el pago de todos los reintegros demandados respecto del bono de antigüedad y finiquitos.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso corresponde resolver en base a su análisis y consideración de acuerdo a los hechos denunciados y la normativa invocada, estableciendo lo siguiente:

En el caso presente, la parte recurrente cuestiona el auto de vista emitido por el tribunal ad quem, por haber revocado totalmente la Sentencia Nº 3/15 de 30 de enero, cursante de fs. 635 a 639, y declarado improbada la demanda social de fs. 515 a 518, subsanada a fs. 551 vta., y haber declarado probada la excepción perentoria de prescripción opuesta por la entidad demandada a fs. 574 a 577, manifestando su desacuerdo con la decisión asumida por los miembros juzgadores de segunda instancia, denunciado la violación de los arts. 13, 46, 48, 203 y 410 de la CPE, 4 de la LGT, 4 del DS Nº 28699, 3.g) del Código Procesal del Trabajo (CPT), 46, 48 y 123 de la CPE, y 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), con el argumento que de acuerdo a la nueva Carta Fundamental, los derechos laborales y beneficios sociales son imprescriptibles.

Al respecto, revisados los antecedentes procesales y las pruebas aportadas durante la tramitación de la causa, se tiene que los actores ingresaron a trabajar en la institución que ahora demandan en diferentes fechas, en tanto que la conclusión de la relación laboral fluctúa entre los años 1992 a 1998, conforme se evidencia en los finiquitos cursantes en obrados, en la demanda de fs. 515 a 518 y la sentencia de fs. 635 a 639, demandando reintegro del bono de antigüedad y reintegro de los finiquitos, amparado en lo establecido por el DS Nº 20862 de 10 de junio de 1985 y otras normas constitucionales y legales en vigencia.

En este contexto, como se podrá advertir, la parte demandante reclama el pago de reliquidación o reintegro del bono de antigüedad y reintegro de finiquitos desde la fecha de ingreso que oscila entre el año 1957 a 1997 y la fecha de retiro en algunos casos se produjo a partir del año 1992 a 1998 como se señaló ut supra, es decir, que desde la fecha de desvinculación laboral tomando en cuenta el año 1998 y la presentación de la demanda acontecida el 13 de junio de 2013, han transcurrido aproximadamente 15 años, habiendo en el caso presente, operado la prescripción de los derechos reclamados por el representante legal de los ex trabajadores del SEDCAM Chuquisaca, prevista en los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR, no habiendo los actores desde esa fecha, hasta el momento de presentación de su demanda, realizado reclamo alguno sobre el pago de los derechos que ahora demandan, que permita vislumbrar con verosimilitud, la interrupción de la prescripción, conforme determina el art. 126 del CPT, pues si se considera el tiempo transcurrido entre la ruptura de la relación laboral y la presentación de su demanda, han transcurrido más de los dos años previstos por ley para realizar el reclamo de sus derechos y beneficios sociales, es decir, fuera del termino previsto en el art. 120 de la LGT, que establece: “Las acciones y derechos provenientes de esta Ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas”, concordante con el art. 163 de su DR; de donde resulta que, al no haber realizado los reclamos correspondientes de manera oportuna, ha operado la prescripción en virtud de la normativa citada precedentemente, por lo tanto, no corresponde reconocer el pago de los conceptos demandados por encontrarse prescritos, tal como acertadamente y con mejor criterio que el juez a quo, determinó el tribunal de apelación en el auto de vista recurrido, al declarar improbada la demanda y probada la excepción perentoria de prescripción, quienes para arribar a la decisión asumida, realizaron una correcta, adecuada y razonable valoración de la prueba, conforme le facultan los arts. 3.j) y 158 del CPT, desvirtuando lo aseverado por el recurrente.

Por otra parte, respecto a la aplicación de la normativa prevista en los arts. 13, 46, 48 y 410 de la CPE de 7 de febrero de 2009, articulado sobre los que el recurrente pretende justificar la imprescriptibilidad de los derechos y beneficios sociales demandados, esta normativa no es aplicable al caso presente por ser posterior a los hechos que se juzga; aclarándose que si bien el art. 48.IV citado ut supra señala que: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”, es decir, que por mandato de la Ley Suprema, la cual goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa conforme a su art. 410, por lo que existiendo contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales en virtud de los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR, debería darse aplicación preferente a lo previsto en la CPE; pero, sólo en el caso de que el cómputo de los dos años, se haya producido antes de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado acontecida el 7 de febrero de 2009, se aplica la prescripción señalada en la LGT y su DR, guardando de tal forma, relación con lo señalado en el art. 123 de la CPE en cuanto a la retroactividad de la ley, hecho que no aconteció en el caso presente, ya que la desvinculación de la relación laboral se produjo entre los años 1992 y 1998, teniendo el demandante el plazo de dos años a partir de la fecha de su desvinculación laboral con la institución demandada para interponer la demanda y evitar la prescripción de sus derechos, hecho que no aconteció en el caso que se analiza, toda vez que la demanda laboral fue interpuesta recién el 13 de junio de 2013, cuando ya había prescrito su derecho para hacerlo.

A mayor abundamiento, respecto a la interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, en el que se alega la aplicación retroactiva de la norma y la norma más favorable, corresponde puntualizar que no se puede aplicar al caso presente lo previsto en la CPE de 7 de febrero de 2009, como se señaló precedentemente, porque los hechos objeto de juzgamiento se regían por la CPE de 1967, y aplicar en sentido contrario implicaría vulnerar la seguridad jurídica de los litigantes en primer lugar y en segundo porque a la conclusión de la relación laboral de los actores con la entidad demanda, no existía la CPE de 2009; y la norma más favorable se encontraba en el art. 162 de la CPE de 1967, donde de ninguna manera habla de la imprescriptibilidad de los derechos laborales de los trabajadores; de donde se advierte que el tribunal de apelación realizó una interpretación adecuada de la norma a tiempo de emitir sus resoluciones; con este razonamiento, este Tribunal Supremo en casos similares mediante AASS Nos. 535 de 10 de diciembre de 2010, 224 de 3 de julio de 2012 y 007/2013 de 1 de febrero de 2013, 315/2015 de 13 de mayo, 302/2015 de 12 de mayo, 275/2015 de 5 de mayo, entre otros, resolvió de la misma manera.

En cuanto a lo alegado por el recurrente, en sentido que al haber opuesto excepción perentoria de prescripción al amparo de los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR, cuando estas normas ya no estaban vigentes y por consiguiente los derechos laborales se habrían constituido en imprescriptibles en mérito al art. 48.IV de la Constitución aludida, corresponde establecer que, como se fundamentó precedentemente, la nueva Constitución Política del Estado, entró en vigencia recién el 7 de febrero de 2009, en tanto que los derechos que ahora demandan los actores se originaron en los años 1992 a 1998, cuando aún estaba vigente la disposición contendida en los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR, referidos a la prescripción de las acciones y derechos de los trabajadores. Debe dejarse claramente establecido que la imprescriptibilidad de los derechos laborales y de las acciones tendientes a su reclamo, nacen con la Nueva Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, escenario jurídico diferente al que existía -como se tiene dicho- en el momento en que los trabajadores del SEPCAM de Chuquisaca reclaman sus derechos laborales, no pudiendo aplicar las normas constitucionales de forma retroactiva, puesto que si bien es evidente que el art. 123 de la citada Constitución, señala que: “La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral”; no es menos evidente, que tal retroactividad debe estar determinada expresamente. Así dispone el artículo glosado, concluyéndose en consecuencia, que ante la falta de una disposición expresa que determina la aplicación retroactiva de la norma constitucional en beneficio del los trabajadores, resulta improbable; por lo explicado precedentemente, no resulta aplicable al caso objeto de análisis, la jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Nos. 0789/2010-R y 0270/2012-R, así como tampoco la jurisprudencia establecida en los AASS Nos. 413/2013 de 16 de julio de 2013 y 688 de 13 de noviembre del mismo año, porque en primer lugar, en el primero se anula obrados por perdida de competencia del tribunal ad quem, para emitir el auto de vista y en segundo, si bien se reconoció los derechos demandados a favor de los actores, fue porque no se planteó excepción de prescripción, puesto que de acuerdo al art. 134 del CPT, los tribunales laborales no pueden aplicar de oficio la prescripción que no fue invocada por quien o por quienes podían valerse de ella, como ocurrió en el caso que se analiza, que la parte demandada planteó excepción perentoria de prescripción, conforme consta de fs. 574 a 577 de obrados.

Consiguientemente, al haberse advertido que el tribunal de alzada, no incurrió en las interpretaciones erróneas y violaciones denunciadas en el recurso, corresponde resolver conforme facultan los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 677 a 680.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.