SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 357/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.162/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 145 a 147, interpuesto por Olga Duran Uribe, Administradora Regional Santa Cruz, Sandra Argote Céspedes, y Brenda Erika Siñani Rojas Abogadas del SENASIR regional Santa Cruz, contra el Auto de Vista Nº 15 de 19 de enero de 2015, de fs. 136 a 138, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso sobre rehabilitación de rentas básicas de vejez instaurado por Luis Moruco Montero, contra el SENASIR, la respuesta a fs. 150, el auto de fs. 152, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de rehabilitación de renta básica de vejez interpuesto por Luis Moruco Montero, la Comisión de Calificación de Renta del SENASIR, mediante Resolución Nº 0010442 de 1 de noviembre de 2013 de fs. 45 a 47, resolvió suspender en forma definitiva la Renta Única de Vejez en favor del asegurado Sr. Luis Moruco Montero, la misma que fuera otorgada mediante Resolución Nº 003168 de 12 de marzo de 1998 ( fs. 18 vta.), emitida por la Comisión de Calificación de Rentas de vejez, resuelve: otorgar en favor de Luis Moruco Montero, renta básica de vejes equivalente al 32% de su promedio salarial, y fija en la suma de Bs.240.-, que será cancelado a partir del mes de septiembre de 1997.

Ante esta determinación el asegurado interpuso recurso de reclamación (fs. 62), que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 404/14 de 18 de junio de 2014 (fs. 99 a 102), confirmando la Resolución Nº 0010442 de 01 de noviembre de 2013, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas de fs. 45 a 47, por encontrarse conforme a datos del expediente y normas vigentes sobre la materia.

En grado de apelación interpuesta por el asegurado (fs. 111), por Auto de Vista Nº 15 de 19 de enero de 2015 (fs. 136 a 138), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocó totalmente la Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas Nº 0010442 de 1 de noviembre de 2003, y la Resolución de la Comisión de Reclamaciones Nº 404/14 de 18 de junio de 2014, quedando firme y subsistente la Resolución Nº 003168 de 12 de marzo de 1998 de fs. 18, ordenando al SENASIR, para que a través de su Comisión Nacional de Prestaciones proceda inmediatamente a rehabilitar la renta básica de vejez en favor de Luis Moruco Montero, a partir de la suspensión de la misma. Sin costas conforme a la ley SAFCO.

Esta resolución originó que los representantes del SENASIR, formulen recurso de casación en el fondo (fs. 145 a 147), quienes luego de realizar el detalle de los antecedentes procesales, denunciaron lo siguiente:

Que, el asegurado para la Calificación de la Empresa La Bélgica de los periodos 05/66 a 09/66; 10/73 a 12/76, no certifica debido a que el interesado no figura en planilla del área básica y complementaria del sector patronales Santa Cruz, a fs. 49 de obrados, tampoco se evidencia que el interesado hubiera presentado documentación acreditable; y con referencia a la empresa Unagro se establece que el periodo 04/77 no se certificó, debido a que se evidencia que el interesado trabajo menos de 16 días (fs. 78), por lo que se considera un periodo no cotizable en cumplimiento a la RA Nº 299/13 de fecha 31 de julio de 2013, en su punto 1.1).a), por lo que el área correspondiente a determinado que el asegurado no cumple con los requisitos de aportes para acceder a una renta conforme lo establece el art. 23 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de fecha 21 de julio de 1997.

Concluyeron solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista Nº 15 de 19 de enero de 2015, previa las formalidades de rigor.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso objeto de análisis, el representante de la institución recurrente cuestiona el fallo del tribunal ad quem, por revocar la Resolución Nº 0010442 de 01 de noviembre de 2013, emitida por la Comisión de Calificación de Renta y revocar la Resolución Nº 404/14 de 18 de junio de 2014, pronunciada por la Comisión de Reclamaciones, disponiendo mantener firme y subsistente la resolución Nº 003168 de fecha 12 de marzo de 1998, cursante a fs. 18, ordenando al SENASIR, la inmediata rehabilitación de la renta única de vejez en favor de Luis Moruco Montero, sea a partir de la suspensión de la misma; denunciando así, la aplicación indebida de las normas y vulneración al principio de seguridad jurídica que rige en todo proceso.

Al respecto cabe señalar, que el art. 14 del Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, en sus capítulos II y III prevé el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al sistema de reparto y los trámites relacionados con el seguro social obligatorio de largo plazo, abarcando a la determinación de montos de Compensación de Cotizaciones por procedimiento manual, aspectos que la institución recurrente no tuvo en cuenta a momento de efectuar la presente acusación, no siendo en consecuencia evidente que la aplicación de documentación supletoria prevista en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, este establecida sólo para trámites de rentas en curso de pago y adquisición, sino también corresponde su consideración en los tramites de Compensación de Cotizaciones.

En este contexto, el citado decreto supremo en su art. 14, al respecto señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su art. 18 que dispone: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los arts. 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del MPRCPA, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.

Ahora bien, el ente gestor a fin de justificar la suspensión definitiva de la renta de vejez de asegurado, se basó en el informe SENASIR/UNO/ADR/ACHM/Nº 1895/13 de 23 de octubre de 2013, cursante de fs. 43 a 44, donde se informó que el asegurado Luis Moruco Montero, con matricula Nº 380729MML, emitido por Alina Jacqueline Chambi Martínez, Técnico Jurídico Social a.i., por modificación en número de aportes realizado al Régimen Básico de 192 a 83 según planilla que cursan en cuenta individual y el informe de la Regional Santa Cruz de la Sierra, extremo ratificado mediante Informe Técnico Nº 245/14 de 27 de mayo de 2014 de fs. 96 a 98 de obrados.

Sin embargo, el titular de la renta, a momento de iniciar su trámite de Compensación de Cotizaciones, entre otros documentos adjuntó en original de fs. 1 a 9, Certificado de trabajo, finiquitos, liquidación de beneficios sociales, partes de afiliación de baja Médica y certificación de aportes extendidos por el propio Fondo de Pensiones Básicas de la Regional Santa Cruz, encargada de administrar los aportes al régimen básico, entre otros adjuntó al expediente, donde se evidencia que el asegurado desempeño sus funciones en las empresas la Bélgica y Unagro desde el mes de enero de 1966 hasta diciembre de 1981, realizando aportes durante los periodos extrañados por el SENASIR, desvirtuando con ello lo afirmado por el ente gestor que argumenta que el asegurado no figuraba en planillas, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se avocaron a considerar la documentación que tenían en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), referente a la irrenunciabilidad de los derechos.

Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y a la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el caso presente, calificar a favor del solicitante los periodos efectivamente trabajados los cuales no fueron tomados en cuenta por el SENASIR, con el argumento que el asegurado no figura en planilla y no cumple con los requisitos de aportes, único documento para reconocer los aportes anteriores a diciembre de 1981, por esta razón estos años no fueron calificados por el SENASIR, los cuales han sido reparados por el Tribunal de Segunda Instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable al caso de autos por permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS); no siendo evidente que se haya transgredido y aplicado indebidamente las normas denunciadas por los representantes de la entidad recurrente.

De igual manera, el art. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 y el art. 2 inciso b) de la Resolución Administrativa Nº 044 de 18 de julio de 2001, autorizan primero a la Dirección de Pensiones y luego al SENASIR, a revisar de oficio o por denuncia justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, siendo los documentos cursantes en archivos, prueba, para ejecutar dichas revisiones, estando para ello “autorizadas a realizar descuentos por planillas en mérito a la variación de cálculos”; sin embargo, en virtud a las previsiones contenidas en el art. 477 del RCSS, la suspensión de la renta de vejez procede cuando se comprobare que la decisión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas y el incumplimiento de los aportes requerido por ley, situación que no sucedió en el caso de autos, por ello, el tribunal ad quem, al haber dispuesto en el Auto de Vista Nº 15 de 19 de enero de 2015, cursante de fs. 136 a 138, la revocatoria de la Resolución Nº 0010442 de 01 de noviembre de 2013, emitida por la Comisión de Calificación de Renta y revocar la Resolución Nº 404/14 de 18 de junio de 2014, pronunciada por la Comisión de Reclamaciones, disponiendo mantener firme y subsistente la Resolución Nº 003168 de fecha 12 de marzo de 1998 cursantes a fs. 18, disponiendo la rehabilitación de la renta de vejes en favor del asegurado, actuó adecuadamente, porque el error no se debió a datos o declaraciones fraudulentas, como exige el artículo citado precedentemente, sino a una mala aplicación de las normas por parte de los funcionarios del SENASIR, quienes después de aproximadamente 15 años, al realizar un nuevo recalculo, determinaron modificar la densidad de cotizaciones y determinar si el asegurado habría cumplido con el mínimo de 180 cotizaciones, en aplicación del art. 477 del RCSS y art. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005, sin embargo extralimitándose en sus atribuciones procedieron a suspender de forma definitiva la renta de vejez otorgada en favor del asegurado Luis Moruco Montero, por no contar con los aportes necesario para beneficiarse de esta prestación, puesto que el error de cálculo provino de esta institución y no así de parte del solicitante que de ninguna manera intervino en la calificación de su renta, facilitando solamente y de manera oportuna la documentación necesaria prevista en los arts. 4 de la Resolución Ministerial Nº 1361 de 4 de diciembre de 1997 y 493 del RCSS, base sobre la cual se le calificó su renta; errores de cálculo atribuibles a funcionarios del SENASIR, como se manifestó precedentemente, no pudiendo ir en contra de la normativa legal vigente, que a título de resguardar los intereses económicos del Estado Plurinacional de Bolivia (que en realidad se trata de dineros de los propios asegurados), procedan injustamente a la suspensión definitiva de la renta de vejez del asegurado.

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

De tal manera, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios plasmados en los arts. 35.I y 45.II y IV, de la actual CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

En ese entendido es preciso determinar que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo correcto que ahora se niegue el derecho a los aportes que le corresponde al rentista Luis Moruco Montero.

Bajo estas premisas, se concluye que las denuncias formuladas por la Institución recurrente en su acción extraordinaria devienen en infundadas, por cuanto no demostró la lesión, vulneración o violación de los artículos invocados en su recurso, por ello, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por disposición del art. 633 del RCSS.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confiere los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 145 a 147.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.