SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 356/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.161/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 242 a 244, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Olga Duran Uribe y Sandra Argote Céspedes, contra el Auto de Vista Nº 949 de 2 de diciembre de 2014 (fs. 234 a 236), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del recurso de reclamación instaurado por Cirilo Yachimba Guardia, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 247, el auto de fs. 249 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de solicitud de renta única de viudedad y orfandad promovida por Pánfila Chacae Andrechi, la Dirección General de Pensiones, mediante Resolución Nº 015589 de 17 de noviembre de 1999 (fs. 106), resolvió otorgar en favor de Pánfila Chacae Andrechi e Hijos, renta única de viudedad y orfandad, equivalente para la viuda el 50% en Bs.258,52.- y de orfandad el 12,5% en Bs.64,63.-, para cada hijo, hasta que cumplan 19 años, de la renta que hubiera percibido el causante en el monto de Bs.517,04.-, incluido los incrementos de ley, renta que se pagaría a partir del mes de octubre/98.

Posteriormente, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 0010454 de 1 de noviembre de 2013, (fs. 163 a 165), resolvió la suspensión definitiva de la renta única de viudedad y orfandad, otorgada a favor de la derechohabiente Pánfila Chacae Andrechi e hijos, determinar el monto de lo indebidamente cobrado y, por la unidad de asesoría legal, proceder a la recuperación de lo indebidamente cobrado por el asegurado.

Ante esta situación, la solicitante planteó recurso de reclamación (fs. 176), que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 283/14 de 7 de abril de 2014 (fs. 200 a 203), confirmando la Resolución Nº 0010454 de 1 de noviembre de 2014.

En grado de apelación interpuesta por la asegurada de fs. 225, por Auto de Vista Nº 949 de 2 de diciembre de 2014 (fs. 234 a 236), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocó la Resolución Nº 0010454 de 1 de noviembre de 2013 y la Resolución Nº 283/14 de 7 de abril de 2014, manteniéndose firme y subsistente la Resolución Nº 015589 de 17 de noviembre de 1999, ordenando al SENASIR, la inmediata rehabilitación de la renta única de viudedad de Pánfila Chacae vda. de Yachimba, a partir de la suspensión de la misma. Sin costas.

Esta resolución originó que las representantes del SENASIR interpongan el recurso de casación en el fondo de fs. 242 a 244, señalando en síntesis:

Que, en la parte considerativa del auto de vista recurrido sostuvo que no se consideró la documentación presentada por el interesado, señalando que, de la documentación que cursa en obrados de fs. 195 a 199 y el Informe del Área de Reclamación, se certificó que existe inconsistencia de aportes, por lo que no cuenta con aportes mínimos para la renta de derechohabiente y orfandad.

Al respecto, citó lo previsto en los arts. 5.d) Decreto Supremo (DS) Nº 27066 de 6 de junio de 2003, 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005, referente a la potestad de revisión de oficio que tiene el SENASIR de las rentas concedidas, 30 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), por lo que al no cumplir el asegurado con los requisitos establecidos conforme a la Resolución Ministerial  (RM) Nº 1361, determinar lo indebidamente cobrado y la inmediata recuperación, precautelando los intereses económicos del Estado Boliviano, al amparo de los arts. 5.d) del DS Nº 27066 de 6 de junio de 2003 y 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005.

En este sentido adujo que, se constató que en los periodos 04/89 a 09/89, no se certificó al no contar con planillas, tampoco cursa documentación de respaldo por los periodos 04/88 a 08/88, 04/90 a 09/90, 05/91 a 09/91 y 09/94, tampoco corresponde certificar debido a que el nombre del asegurado no figura en planillas, tanto para el régimen básico y para el complementario y por los periodos 06/86, 06/87, 06/92 y 04/95, no se certificó debido a que son periodos que trabajó menos de 16 días, además, aclaró que tampoco adjuntó el respaldo correspondiente.

Por otra parte citó lo previsto en el art. 24 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, aduciendo que dentro del trámite de la asegurada, en instancia administrativa, se emitió la Resolución Nº 0010454, en la que se dispuso la suspensión definitiva, de acuerdo al Informe de Área Individual, donde se evidenció la inconsistencia de aportes y que no se cuenta con planillas y tampoco se evidenció si se efectuó aportes al fondo complementario respectivo.

En ese sentido, el tribunal de alzada al emitir el auto de vista recurrido, incurrió en aplicación indebida de las normas expuestas precedentemente, vulnerando el principio de seguridad que rigen en el proceso y bajo un respaldo inocuo de la verdad material y el derecho a la seguridad social, desechó la aplicación de disposiciones especiales que rigen la materia, como lo previsto en el art. 471 del Reglamento Código de Seguridad Social (RCSS), omisión que importaría la vulneración del debido proceso, al dejar supuestamente en indefensión al ente gestor.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso de análisis, se visualiza que el representante de la institución recurrente, no está de acuerdo con el fallo del Tribunal de Segunda Instancia, por haber revocado totalmente la Resolución Nº 0010454 de 1 de noviembre de 2013 y la Resolución Nº 283/14 de 7 de abril de 2014 y mantener firme y subsistente la Resolución Nº 015589 de 17 de noviembre de 1999 cursante a fs. 106 de obrados, y ordenar al SENASIR la inmediata rehabilitación de la renta única de viudedad de la solicitante y sea a partir de la suspensión de la misma, pues según el ente gestor, la asegurada no figura en planillas en los periodos 04/89 a 09/89, no se certificó al no contar con planillas, tampoco cursa documentación de respaldo por los periodos 04/88 a 08/88, 04/90 a 09/90, 05/91 y 09/94, tampoco corresponde certificar debido a que el nombre del asegurado no figura en planillas, tanto para el régimen básico y para el complementario y por los periodos 06/86, 06/87, 06/92 y 04/95, motivo por el cual no le correspondería percibir la renta concedida inicialmente y suspendida definitivamente de forma posterior.

Que así planteada la problemática, de antecedentes procesales se evidencia que presentada la solicitud de calificación de renta básica de vejez, conforme consta a fs. 79 de obrados, concedida mediante Resolución Nº 015589 de 17 de noviembre de 1999, cursante a fs. 106, suspendida definitivamente a través de la Resolución Nº 0010454 de 1 de noviembre de 2013 de fs. 163 a 165, con el argumento de que se habría evidenciado inconsistencia de aportes, al no figurar el asegurado en planillas los periodos descritos precedentemente, fallo que fue confirmado mediante Resolución Nº 283/14 de 7 de abril de 2014 de fs. 200 a 203.

Al respecto, el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su art. 18 que dice: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del MPRCPA, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, concordante con la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005.

En este contexto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se constata que, la asegurada, a tiempo de presentar su solicitud de renta básica de viudedad, de fs. 1 a 36, presentó documentación consistente en boletas de pago, certificados de cotizaciones y de aportes, certificados de trabajo, aviso de baja del asegurado, aviso de afiliación y de reingreso del trabajador y de fs. 64 a 89, finiquitos, papeletas de pago y certificado de trabajo, documentos en los cuales se demuestra de forma contundente que el titular de la renta Cirilo Yachimba Guardia, causahabiente de la solicitante trabajó en la Empresa “Industrias La Bélgica” y aportó para el seguro de vejez a largo plazo durante los periodos extrañados por el SENASIR, documentación que no fue tomada en cuenta por los personeros del ente gestor a momento de emitir sus resoluciones.

En base a estos lineamientos y en virtud a los aludidos documentos, queda comprobado el titular de la renta Cirilo Yachimba Guardia, causahabiente de la solicitante trabajó en los periodos extrañados por el ente gestor, desvirtuando con ello lo afirmado por el SENASIR, que argumenta que el nombrado señor no figuraba en planillas, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se evocaron a considerar la documentación que tenia en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), referente a la irrenunciabilidad de los derechos.

Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el caso presente calificar a favor del solicitante los periodos efectivamente trabajados correspondiente a las gestiones que fueron desconocidas por el ente gestor, los cuales han sido reparados de forma acertada por el tribunal de segunda instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del RCSS.

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Bajo tales antecedentes, se evidencia en obrados que el tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, sustentando además su Resolución en lo prescrito en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.

De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en los arts. 158 y 162 de la CPE de 1967, vigente al inicio del presente proceso, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los arts. 35.I y 45.II y IV, de la actual CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva, contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 242 a 244, interpuesto por las representantes legales del SENASIR.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.