SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 351/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-BNI.156/2015.

Distrito: Beni.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de nulidad cursante de fs. 97 a 98 interpuesto por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuario e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), representada legalmente por José Pedro Peredo Barbery, contra el Auto de Vista Nº 07/2015 de 29 de enero, cursante de fs. 88 a 89, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso laboral por pago de sueldos devengados seguido por Marcelino Flores Chase, contra SENASAG, representada legalmente por el Encargado Nacional de Gestión Jurídica José Pedro Peredo Barbery, el auto de fs. 102 que concedió el recurso, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Trinidad-Beni, pronunció la Sentencia Nº 141/2014 de 14 de octubre, cursante de fs. 69 a 71, declarando probada la demanda de fs. 24 a 25, complementaciones de fs. 29 a 33 de obrados, sin constas conforme el art. 39 de la Ley SAFCO y, dispone que el SENASAG, representada legalmente por el Ing. Christian Hernán Fernández, pague los sueldos no pagados en favor del demandante Marcelino Flores Chase, conforme a la liquidación inserta, la suma Bs.8.566.-, por concepto de sueldos adeudados de los meses de enero y febrero de 2010.

En grado de apelación deducida por el representante de la entidad demandada de fs. 77 a 78, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Trinidad-Beni, emitió Auto de Vista Nº 07/2015 de 29 de enero, cursante de fs. 88 a 89, confirmando en forma total la Sentencia Nº 141/2014 de 14 de octubre de 2014.

Dicho fallo motivó el recurso de nulidad de fs. 97 a 98 interpuesto por la Institución demandada SENASAG, representado legalmente por José Pedro Peredo Barbery, quien refiriéndose a los antecedentes procesales, denunció:

Que, de fecha 10 de marzo de 2008 al 31 de diciembre de 2008, fue contratado el actor por el SENASAG REGIONAL Santa Cruz, posteriormente fue contratado el 16 de marzo de 2009 al 31 de diciembre de 2009 y por último se realiza una adenda por medio del cual se amplía la duración del contrato del 01 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2010, con sueldos de primero de Bs.3.295.- y posteriormente de Bs.4.283.- mensuales. Asimismo se hace referencia que los sueldos impagos son enero y febrero de 2010.

Expresa que en la contestación deja claramente establecido que el SENASAG, emitió en el momento oportuno las boletas de pago de enero y febrero de 2010, bajo la partida 121, a favor del demandante, las cuales irresponsablemente no fueron recogidas por el ahora demandante, causando un serio inconveniente administrativo puesto que como su probidad sabrá toda institución funciona con un POA, para ser ejecutado en la gestión, es así que el dinero que se encuentra programado para ser ejecutado y no llega a ejecutarse es revertido a las cuentas sin posibilidad de volver a tener el mismo procedimiento administrativo, todo está probado en las comunicaciones internas CI-AP-UNAF 298/2012 y CI/CONTABILIDAD SC/045/2012 de fs. 21 y 22 respectivamente en obrados.

Concluye, se conceda el recurso de nulidad, ante el Tribunal Supremo de Justicia, y declarar la nulidad del auto de vista recurrido, por los antecedentes esbozados.

CONSIDERANDO II: Que, conforme estableció la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de casación se asimila a una nueva demanda de puro derecho, que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 Código de Procedimiento Civil (CPC), además de fundamentarse por separado de manera precisa y concreta cuáles son las causas que motivan la casación ya sea en la forma o en el fondo, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar en qué consiste la infracción que se acusa.

Que, de la revisión del recurso, se colige que la institución recurrente no ha cumplido los requisitos enumerados en el inciso 2) del art. 258 del CPC, donde el recurrente no precisa si recurren en el fondo o en la forma, no obstante de estar obligado a citar en términos claros, concretos la ley o leyes violadas, aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la vulneración a las normas que fueron presuntamente infringidas o supuestamente incumplidas por el tribunal ad quem, tampoco alegan ni demuestran error de hecho o error de derecho en que se hubiera incurrido en la apreciación de las pruebas, simplemente realizan un relato intrascendente de escaso contenido jurídico, incumpliendo los requisitos enumerados en los art. 253 y 254 con relación 258.2) todos del CPC, limitándose simplemente a solicitar se declare nulo el auto de vista.

Sobre el particular, conforme establece la doctrina y jurisprudencia, si el recurrente pretendía que se anule el proceso, debería plantear de manera concreta y fundamentada el recurso de casación en la forma, que se funda en errores “in procedendo”, referidas a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, es decir, en cualquiera de las causas que previene el art. 254 de la citada norma legal, lo que no ocurrió en el caso objeto de análisis; en todo caso de la revisión de obrados, no se advierte que exista en el proceso ninguna causa que justifique la nulidad del proceso.

Que, en ese marco legal, el recurso de nulidad interpuesto es insuficiente haciendo inviable su consideración porque impide a este tribunal abrir su competencia, en consecuencia corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.1) y 272.2) del CPC, aplicable por permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de nulidad de fs. 97 a 98; sin costas, en virtud a lo dispuesto por el art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.