SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 346/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.151/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 110 a 112, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), legalmente representado por Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 028/2015 de 10 de marzo de 2015 de fs. 106 a 107, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social solicitud de renta de vejez instaurado por Jorge Campero Ferreira contra el SENASIR, la respuesta de fs. 116, el auto que concedió el recurso de fs. 117, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de reclamación de pensiones interpuesto por Jorge Campero Ferreira, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 4115 de 24 de junio de 2014 (fs. 54), resolvió otorgar a favor de Jorge Campero Ferreira, el Formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones Número 37109, en el cual se considera un monto de Compensación de Cotizaciones de Bs.13.104,00.-, siendo dicho documento, válido para la emisión del certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual.

A su vez, el solicitante interpuso recurso de reclamación de fs. 73 a 74, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 755/14 de 29 de septiembre de 2014, cursante de fs. 79 a 81, que confirmó la Resolución Nº 4115 de 11 de diciembre de 2013 de 24 de junio de 2014.

En grado de apelación interpuesto por el solicitante de fs. 98, la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 028/2015 de 10 de marzo, de fs. 106 a 107, revocó totalmente la Resolución Nº 755/14 de 29 de septiembre, disponiendo que el SENASIR efectúe la Certificación de Compensación de Cotizaciones a favor de Jorge Campero Ferreira, en base a la documentación adjunta en el expediente, en observancia a las consideraciones de la referida resolución, con las formalidades de ley.

El auto de vista referido, motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 110 a 112, interpuesto por la entidad recurrente, quien luego de referirse a los antecedentes procesales, expresó los siguientes argumentos:

Manifiesta que el auto de vista impugnado, no consideró de forma integral, todos los documentos y antecedentes de obrados en el marco de la normativa legal vigente y aplicable, y mucho menos consideró que el SENASIR, basa sus actuados dentro de los parámetros técnico, legales y administrativos enmarcados en el principio de especialidad que rige el sistema de seguridad social, y que si bien la resolución impugnada, radica su fundamento en el art. 14 del Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, a fin de otorgar un legítimo beneficio a favor del interesado, no consideró que la señalada disposición legal, regula única y exclusivamente los trámites del sistema de reparto y no así, los trámites de compensación de cotizaciones, que para el efecto, el art. 18 del referido reglamento, corrobora la no aplicación del art. 14 en trámites de Compensación de cotizaciones, de lo que también concluye que el mismo no puede ser aplicado de manera concordante, como erróneamente dispuso la resolución impugnada.

Asimismo, transcribe la cláusula primera de la Resolución Ministerial (RM) Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, concluyendo que en relación a los periodos 04/1987 a 10/1996, correspondientes a la Empresa Boliviana de Construcción “EMBOC”, se cuenta con planillas cursantes en el área de certificación CC, como se evidencia de fs. 48 a 50, sin embargo, el nombre del asegurado, no figura en las mismas, consiguientemente, la aplicación de la normativa extraordinaria con documentación supletoria, solo procede ante la inexistencia de planillas, y en relación a los periodos posteriores, alega que se evidencian aportes a largo Plazo, tal como se demostró con el extracto de cotizaciones de los periodos 1990, 1991 y 1992.

Respecto a los periodos 04/1997 a 11/1978, correspondiente a la Empresa Ingeniería Politécnica Americana, según certificación de salarios y densidad de aportes, alega que, al no contar con planillas en el área de certificación y archivo central, se certificó en cumplimiento del art. 12 del Decreto Ley Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975, con respaldo en los formularios de afiliación a la caja, por lo que erróneamente el tribunal de alzada, acusó su consideración, toda vez que los mismos fueron calificados en estricto cumplimiento de la RA Nº 299.13 de 31 de julio de 2013, extremo sustentado mediante formulario AVC-07 de fs. 29.

Sobre los periodos 01/1984 a 10/1985, correspondiente al Instituto Superior de la Administración Pública, de la certificación de salarios y densidad de años de aportes CERT-05-2014-5722, se evidencia que los mismos fueron calificados a favor del asegurado, exceptuándose sólo los periodos 01/1984 y 10/1984, debido a que el CAS, Cómputo General y Desglosado de fs. 31 y 32, no los reconoce.

Por lo expuesto, señala que al margen de la errónea e indebida aplicación del art. 14 del DS Nº 27543, el tribunal de alzada, pretende otorgar un beneficio ilegítimo a favor del interesado, violando el párrafo I del art. 24 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010 y el art. 1 del DS Nº 0822 de 16 de marzo de 2011, sin considerar que ambos contienen conceptos diferentes de la Compensación de cotizaciones y la densidad de aportes, por lo que mal podría pretenderse dejar de lado las certificaciones e informe cursantes en el proceso, toda vez que los mismos reflejan la aplicación del principio de verdad material, que rige el Sistema de Seguridad social.

Por otro lado, señala que, el art. 14 del DS Nº 27543, no fue considerado adecuadamente por el tribunal de alzada, toda vez que la referida norma, dispone que se valorará la documentación cursante en el expediente a la fecha de publicación del referido decreto, es decir el 31 de mayo de 2004, presupuesto que no se cumple en el caso presente, puesto que el interesado presentó documentación después de su vigencia, es decir en las gestiones 2013 y 2014, hecho corroborado por las literales de fs. 74 y 23 a 33.

Asimismo, manifiesta que el tribunal de alzada consideró de manera superficial el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), toda vez que el SENASIR, forma parte del Estado Boliviano y está llamado a la defensa de los intereses de todos los bolivianos, protegiendo sus derechos, por ello, el auto de vista no puede atribuirle al SENASIR su incumplimiento u omisión, pues dicha norma y los principio que contempla forman parte de sus directrices institucionales.

Asimismo indica que, considerando que el tribunal de alzada revocó la Resolución Nº 755/14, y dispuso que el SENASIR efectúe la Certificación de Compensación de Cotizaciones a favor del interesado, y en aplicación del art. 14 del DS Nº 27543, enunciando el principio consagrado en el art. 45 de la CPE, sin embargo, no consideró que la aplicación de dichas normas en su verdadera dimensión, por cuanto el parágrafo II del art. 67 de la carta Magna, dispone que el estado proveerá de una renta de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a la ley, es decir, obliga a observar la normas particulares como especificas que integran el Sistema de Seguridad Social, concluyendo así que las normas legales citadas, fueron erróneamente interpretadas por el tribunal de alzada.

Por lo expuesto, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que deliberando en fondo, case el auto de vista recurrido y confirme la Resolución Nº 755/ 14 de 29 de septiembre, emitido por el SENASIR, con las formalidades de rigor.

A su vez, el demandante, a través de su apoderado Raúl López Altamirano, respondió en base a los argumentos expuestos por memorial de fs. 116, solicitando se rechace el infundado recurso de casación planteado por el SENASIR.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

Los representantes de la entidad recurrente, cuestionan el fallo del tribunal de segunda instancia, por haber revocado la Resolución Nº 755/14 de 29 de septiembre, emitida por la Comisión de Reclamación del SENASIR y disponer que la entidad recurrente, efectúe la Certificación de Compensación de Cotizaciones en favor de Jorge Campero Ferreira, en base a la documentación adjunta en el expediente; determinación que a su criterio fue asumida, interpretando y aplicando de manera errónea el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, sin considerar que dicha norma, regula única y exclusivamente trámites del Sistema de Reparto y no así trámites de Compensación de Cotizaciones, además que tampoco se cumplen los presupuestos exigidos para efectuar los procedimientos alternativos para la Certificación de Aportes para la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento manual, toda vez que, con relación a los periodos 04/1987 a 10/1996, correspondiente a la Empresa Boliviana de Construcción “EMBOC”, si bien existen planillas en el área de certificación, el asegurado no figura en ellas; respecto a los periodos 04/1977 a 11/1978, correspondiente a la Empresa Ingeniería Politécnica Americana, no se cuenta con planillas, y respecto al periodo 11/1978, porque el asegurado trabajó menos de 16 días; asimismo en relación con los periodos 01/1984 a 10/1985 correspondiente al Instituto Superior de la Administración Pública, los mismos fueron calificados, excepto los periodos 01/1984 y 10/1984, debido a que el Cómputo General y Desglosado no los reconoce, motivos por los cuales, asegura, no corresponde la aplicación del art. 14 del DS Nº 27543.

En este contexto, el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con el art. 18 que previene: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.

Al respecto, revisados los antecedentes del proceso, se evidencia que el titular de la renta, a tiempo de presentar su solicitud de Compensación de Cotizaciones, entre otros documentos adjuntó, fotocopias de fs. 23 a 30, consistentes en formularios de afiliación y baja a la Caja Nacional de Salud, que evidencian sin lugar a dudas, que el trabajador ingresó a trabajar a la Empresa Ingeniería Politécnica Americana, el 04 de abril de 1977 hasta el 15 de noviembre de 1978, En el Instituto Superior de Administración Pública desde el 23 de enero de 1984 hasta el 17 de octubre de 1985 y en la Empresa Boliviana de Construcciones “EMBOC” desde el 30 de abril de 1987 hasta el 6 de octubre de 1996, ratificada por los Certificados de Calificación de Años de Servicio de fs. 31 y 32, y la papeleta de pago de fs. 2, datos que están ratificados por la certificación de fs. 33, emitida por la Sección de Afiliación y Registro de la Caja Nacional de Salud; documentos que evidentemente no fue considerados por la Comisión de Calificación de Rentas a momento de emitir la Resolución Nº 4115 de 24 de junio de 2014, que omitió considerar los periodos 11/78, 01/84 y 10/85, 04/87 a 09/96, determinación que fue confirmada por la Comisión de Reclamación mediante la Resolución Nº 755/14 de 29 de septiembre de 28 de marzo, argumentando que no correspondía su otorgación, toda vez que debido a que el asegurado no se encuentra registrado en planillas, siendo que, las literales precedentemente mencionadas evidencian de manera indubitable que el solicitante, efectivamente trabajó en la Empresa Ingeniería Politécnica Americana Ltda., en el Instituto Superior de Administración Pública, la Empresa Boliviana de Construcciones EMBOC y la Empresa Constructora COMENO ASOCIADOS, durante los periodos extrañados por el SENASIR, antecedentes que demuestran no ser evidente que Jorge Campero Ferreira, cuente con apenas 39 aportaciones, y consiguientemente, tampoco que el tribunal de alzada hubiera infringido alguna normativa, en mérito a que este, basó su decisión de revocar la Resolución de la Comisión de Reclamación, en la documental precedentemente mencionada, que de acuerdo al mencionado DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, es idónea para que el SENASIR certifique los aportes realizados por el afiliado, desvirtuando con ello lo afirmado por el ente gestor que argumenta que el asegurado no figuraba en planillas, lo que demuestra que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, vulnerando el mandato del art. 48 de la CPE, referente a la irrenunciabilidad de los derechos, concordante con lo establecido en la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005; causándole perjuicio al trabajador, máxime tomando en cuenta que, el beneficio de jubilación que recibe un adulto mayor, es un derecho destinado a cubrir sus necesidades básicas, puesto que con su pago se sustenta a sí mismo, y eventualmente a los familiares que sigan bajo su dependencia, además considerando que las personas de la tercera edad, constituyen un grupo de atención prioritaria en aumento, al que tanto el Estado como la sociedad en su conjunto, por los riesgos a los que están expuestos, tienen la obligación de dar prioridad al cuidado de la calidad de vida de los adultos mayores, quienes en su momento aportaron a la construcción y mantenimiento del Estado desde el sector activo, correspondiendo que en esta etapa, se reconozca los resultados de su trabajo. En ese entendido es preciso determinar que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo correcto que ahora se les niegue un derecho que les corresponde.

El art. 13.I de la CPE, establece que los derechos reconocidos en ella son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos y, que es el Estado quien tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos, por lo que no es aceptable el argumento del SENASIR al señalar que la disposición de proceder a una nueva calificación, tomando en cuenta los periodos reclamados por el asegurado, significa una apreciación errónea y mala aplicación e inobservancia de la normativa especial a la que se rige la seguridad social, y que esta implicaría un daño económico al Estado, cuando es él, el encargado de la protección de los derechos de los habitantes del territorio boliviano, y de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia.

Además, es necesario precisar también que el art. 48.3) de la CPE vigente, los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, normativa concordante con el art. 4 del Ley General del Estado, que impide privar a las trabajadoras de los beneficios sociales que reconocen las leyes, siendo además obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia.

De esta forma, el análisis realizado nos lleva a la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el caso presente confirmar el auto de vista impugnado, que dispuso la calificación de los periodos que fueron desconocidos por el ente gestor, los cuales han sido reparados por el Tribunal de Segunda Instancia. Al respecto, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Pero además de ello, corresponde señalar que, el sistema de Compensación de Cotizaciones resulta ser un reconocimiento de las aportaciones efectuadas por los trabajadores al Sistema de Reparto, sobre cuya base el beneficiario puede acceder a una de las prestaciones existentes dentro el sistema de pensiones; así como obtener antigüedad en aportaciones y acumular sobre las mismas, nuevos aportes generados al sistema social obligatorio administrado por los Fondos de Pensiones y obteniendo una acumulación de ambos conceptos acceder a una renta de jubilación mediante el nuevo sistema de prestación a largo plazo; trámite que puede ser efectuado por cualquier trabajador o trabajadora que haya realizado aportes al antiguo sistema de pensiones, sin exclusión alguna.

Al respecto, la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, crea un nuevo modelo de Estado, estructurado a partir del pluralismo, de ahí que el preámbulo de la Constitución, concibe que la construcción del nuevo Estado, está basada en el respeto e igualdad entre todos, dentro de los principios de complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica política y cultural de los habitantes del Estado boliviano y en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud, vivienda y seguridad social para todos; valores supremos que al estar insertos en la parte dogmática de la Norma Fundamental, determinan el contenido no sólo de su parte orgánica, sino también de la normativa infra-constitucional que deberá ser plasmada, interpretada y aplicada bajo los alcances de estos valores y principios rectores. En este contexto, el texto constitucional también establece la aplicación directa de los derechos fundamentales, así lo señala el art. 109.I de la CPE, entre los cuales se encuentra precisamente el derecho a la Seguridad Social.

De ahí, se tiene que el sistema de Compensación de Cotizaciones tiene como finalidad principal, viabilizar uno de los beneficios que presta la Seguridad Social en el ámbito de las prestaciones a largo plazo, como es contar con una renta de vejez; por lo tanto, al constituir una función tutelar del Estado, conforme previenen los arts. 45.IV y 67.II de la CPE, los mecanismos o procedimientos instituidos para el reconocimiento de este derecho, deben ser interpretados y aplicados desde y conforme la Constitución Política del Estado, en atención a los principios constitucionales que estructuran el derecho a la Seguridad Social, como el de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, este último considerado como uno de los principios más importantes de la seguridad social, porque está referido a que el servicio o la prestación debe ir dirigido a cubrir la contingencia necesaria, acorde al momento y a la circunstancia; evitando cualquier medida que tienda a restringir o menoscabar ese derecho; ya que el derecho a contar con una renta de vejez digna, no solo es una conquista de los trabajadores, sino que ahora se constituye en una función esencial del Estado, por cuanto contribuye a la construcción de una sociedad armoniosa con justicia social.

En ese contexto y considerando los alcances de protección que tiene el derecho a la Seguridad Social, en el caso concreto el reconocimiento de aportes al Sistema de Reparto bajo la modalidad de Compensación de Cotizaciones y sobre cuyo concepto es posible acceder ulteriormente a una renta de vejez, bajo los criterios restrictivos de las disposiciones existentes en este ámbito y que maneja el SENASIR en su recurso de casación, para no proceder al reconocimiento real y efectivo de todos los años de trabajo que alega tener el trabajador, no obstante de presentar prueba idónea que acredite este extremo, limitándose solo a la verificación de sus archivos, resulta contraria a las normas constitucionales antes descritas, por cuanto menoscaba el ejercicio del derecho a percibir una renta de jubilación digna; ya que al no reconocer el real tiempo de servicios de un afiliado con aportes al Sistema de Reparto, no sólo afecta a un reconocimiento justo y real de su densidad de aportes, sino también a su cálculo de Compensación de Cotizaciones; siendo que en realidad, lo que el trabajador está solicitando, es que se le otorgue una renta, con el dinero que él mismo aportó durante sus años de trabajo activo.

De esta manera, en resguardo del derecho fundamental a la Seguridad Social, en el supuesto que el SENASIR no cuente en su archivo central con planillas que les permita verificar el real tiempo de servicios de sus asegurados y por lógica consecuencia, establecer su real densidad de aportes, debe considerar a ese objeto, los finiquitos, certificados de trabajo, boletas de pago, planillas de haberes, partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas, récord de servicios o calificación de años de servicio, contratos de trabajo, memorándums de designación y despido, presentados por el asegurado, considerando que dicha documentación tiene eficacia probatoria a esa finalidad, al ser reconocidos por el art. 14 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, así como por el art. 1296.I del Código Civil, pues la tarea de exigir a los entes gestores, que cumplan con la formalidad de elaborar planillas, no es de responsabilidad de los trabajadores, ni pueden ser perjudicados por esta situación generada por la negligencia de otros.

En ese sentido, por mucho que el solicitante no hubiera figurado en planillas, el SENASIR tenía la obligación de valorar y considerar los documentos presentados por el trabajador, por cuanto son documentos válidos para considerar el total de aportes y cotizaciones del asegurado, conforme los fundamentos expuestos en los párrafos precedentes, y no limitarse a denegar el reconocimiento de los periodos reclamados por el trabajador respecto a su prestación de servicio en las empresas también mencionadas, incumpliendo los principios constitucionales que rigen el sistema de la Seguridad Social y señalados en el art. 45 de la CPE, ya mencionados.

En ese sentido, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 110 a 112, interpuesto por el SENASIR, sin costas.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.