SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 344/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.149/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 514 a 517, interpuesto por la Hernán Sánchez Montero, contra el Auto de Vista Nº 290 de 22 de octubre de 2014 (fs. 511 a 512), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por el recurrente, contra el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., la respuesta de fs. 537 a 541, el auto de fs. 542, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Cuarto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 47 de 16 de mayo de 2013 (fs. 430 a 433), declarando improbada la demanda e improbada la excepción perentoria de prescripción, con costas.

En grado de apelación formulada por la parte demandante (fs. 455 a 456), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 290 de 22 de octubre de 2014 (fs. 511 a 512), confirmando en todas sus partes la Sentencia Nº 47 de 16 de mayo de 2013, de fs. 430 a 433, con costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Hernán Sánchez Montero, manifestando en síntesis:

En la forma, en relación a la solicitud de nulidad de la sentencia por haber sido dictada fuera de plazo manifestó que, el tribunal ad quem, a fin de salvar los errores y violaciones de las normas cometidas por la juez a quo, señaló que la sentencia fue emitida dentro de los 10 días previsto en el art. 79 del Código Procesal del Trabajo (CPT), entrando en contradicción con lo establecido en el art. 201 del mismo cuerpo legal, debiendo tomarse en cuenta que el periodo probatorio fue cerrado el 20 de septiembre de 2011, señalando que en varias ocasiones solicitó se dicte sentencia, aduciendo que por espacio de más 1 año y 11 meses, cuando la juzgadora se vio presionada por la pérdida de competencia, obligó a la Secretaria para que emita la nota de atención para que pase a despacho para dictar sentencia como consta a fs. 429, es de esa manera que en forma mañosa se pronuncia sentencia supuestamente el 16 de mayo de 2013.

En este sentido adujo que si se considera que el proceso laboral es sumario, como lo disponen los arts. 83 del CPT, 204 y 208 del Código de Procedimiento Civil (CPC), se evidencia claramente que la juez a quo perdió competencia y el tribunal ad quem, al pretender convalidar dichos actos, cometió violaciones, erróneas interpretaciones e indebida aplicación de las normas señaladas, motivo por el cual denunció la violación de los arts. 79 y 201 del CPT, que prevé que se debe dictar sentencia en el término de 10 días.

En el fondo, denunció que el tribunal ad quem tergiversó lo previsto en los arts. 36 y 46 de la Ley General del Trabajo (LGT), señalando que su persona no fue Gerente, Director, Administrador, Representante o Apoderado; en ese sentido, al querer incluirlo en ese grupo de funcionarios privilegiados, están interpretando errónea e indebidamente la norma, que según el libro de asistencia, se demuestra que ingresaba a trabajar de lunes a viernes de 8:30 a. m a 19:30 p.m. y los sábados de 8:30 a.m. a 16:00 p.m..

Denunció que los juzgadores de instancia, omitieron dar cumplimiento al art. 64 del CPT, en cuanto a re liquidar sus beneficios sociales en base al sueldo promedio indemnizable de Bs.16.016,00.-, expresando falsamente que por los conceptos de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacaciones y otros, alegó que no se le adeudaba nada, nada más falso, puesto que en su demanda de fs. 11 y 12 y complementación de fs. 16, expresó que no renunció a los otros conceptos que por ley le puedan corresponder y se demuestren dentro del proceso, ignorando lo previsto en el art. 48.II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).

Consecuentemente, la omisión de incluir los montos dentro de la liquidación de fs. 16, no implica renuncia o confesión espontánea, pues su deber era ordenar la re-liquidación solicitada, motivo por el que denunció la aplicación errónea del Manual de Funciones del Banco Mercantil Santa Cruz, arts. 4, 46, 120 de la LGT, 3.g) y h), 64, 70, 79, 152, 155 y 201 del CPT, 36 y 163 del Decreto Supremo (DS) Nº 224 de 23 de agosto de 1943, 48.III y IV de la CPE.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido, consecuentemente de declare la nulidad de la Sentencia Nº 47, y se dicte Auto Supremo, declarando probada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, así formulado el recurso, previo análisis del proceso, se establece lo siguiente:

Resolviendo en la forma:

Respecto a la alegación de nulidad de la Sentencia por haber sido pronunciada supuestamente con pérdida de competencia, revisados los antecedentes procesales, se evidencia que cursa en obrados como constancia la nota de fs. 429 vta., firmada por la Secretario del juzgado que señala: “El expediente pasa a despacho a hrs. 10:30 a.m. del día miércoles 08 de mayo del 2013 para dictar resolución final”, conforme dispone el art. 80 del CPT.

Como se puede advertir, el proceso pasó a despacho el 8 de mayo de 2013 y la Sentencia fue dictada el 16 de mayo de 2013, es decir 8 días después de haber ingresado el expediente a despacho; o sea, dentro del término establecido en el art. 79 del adjetivo laboral que señala que las sentencias serán dictadas dentro el plazo máximo de 10 días, además de haberse cumplido con lo establecido en los arts. 80 y 201 del CPT, puesto que para establecer el cómputo de los 10 días que tiene el juez para emitir Sentencia es a partir de la nota en la cual el secretario consigna la fecha en que el expediente pasa a despacho y no así a la finalización del periodo probatorio como alega la parte recurrente, por lo que no resulta atendible la nulidad solicitada.

Por lo que, en base a las consideraciones arriba expuestas corresponde dejar claramente establecido que al tenor de la exigencia inserta en el art. 251, concordante con el art. 254 del CPC y conforme la uniforme jurisprudencia emitida por esta Corte Suprema, se tiene que a efectos de la aplicación del instituto de la nulidad, convergen varios principios, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante; motivos por los cuales, no resultan evidentes las alegaciones acusadas por la parte recurrente.

En cuanto al fondo:

La controversia está enfocada en dilucidar si corresponde o no el pago de horas extras solicitadas por el demandado las cuales fueron negadas por la juez a quo en la Sentencia Nº 47 de 16 de mayo de 2013 cursante de fs. 430 a 433 que declaró improbada la demanda y dispuso que el actor no es acreedor al pago de este concepto, fallo que fue confirmado por el Auto de Vista Nº 290 de 22 de octubre de 2014, resoluciones con las que el recurrente no está de acuerdo, denunciando en consecuencia la violación de las normas descritas en la parte del resumen del presente Auto Supremo.

Ahora bien, para resolver la controversia en el recurso de casación en el fondo, previamente corresponde señalar conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia, además, cabe indicar que el art. 48.II de la CPE, establece el “principio de la primacía de la relación laboral” como un principio protector de los trabajadores, señalando al efecto: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”,

Asimismo, podemos señalar que en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, que permitan un razonable equilibrio, notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los arts. 4 de la LGT, 3. g) y 59 del CPT, y en los arts. 46 y 48. III de la Carta Fundamental actual.

En este sentido, tampoco debe perderse de vista que la aplicación de dicho principio debe ser relativo y racional, evitando un absolutismo que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos procesales y sustantivos del empleador y menos de soslayar la adecuada apreciación de las pruebas aportadas.

Debe ponderarse la verdad de lo probado y por lo tanto lograr la verdad material, llegando de este modo a un razonable criterio.

Ahora bien a objeto de resolver la controversia, debemos partir de lo reglado por el art. 46 de la LGT, que establece la jornada máxima de 8 horas de trabajo diario y de 48 horas semanales, con excepción de aquellos empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza. (el resaltado nos pertenece).

Por su parte el art. 36 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT) señala: “Los gerentes, directores, administradores, representantes o apoderados que trabajen sin fiscalización superior inmediata, quedan comprendidos en la excepción establecida en el segundo párrafo del artículo 46 de la ley”.

El art. 41 del DR-LGT, impone que para el cómputo de las horas extraordinarias debe llevarse un registro especial, conforme al modelo que apruebe la Inspectoría General del Trabajo, hoy dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; disposición que también fue objeto de reglamentación mediante la Resolución Administrativa Nº 063/99 de 9 de Julio de 1999.

Así, el art. 14 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985 dispone: “Horas Extraordinarias”.- Las empresas y entidades reguladas por la Ley General del Trabajo, se sujetarán sus disposiciones para el pago de horas extraordinarias por trabajos efectivamente realizados en exceso de la jornada mensual completa en estricta aplicación del art. 46 de la misma ley y del art. 36 de su Reglamento. Se suprime el pago de horas fijas de sobretiempo".

Bajo el marco normativo señalado se advierte que, si bien la ley laboral no trae una definición clara sobre quiénes son y qué hacen los trabajadores de dirección, de vigilancia o confianza, se debe entender que son aquellos empleados que se distinguen porque ocupan una posición jerárquica en la empresa, con facultades disciplinarias o de mando, dotados de determinado poder discrecional de autodecisión.

En el caso de autos, se establece que es el propio demandante quien manifiesta que trabajó en el cargo de Jefe de Tesorería del Banco Mercantil Santa Cruz, conforme se evidencia en su demanda cursante de fs. 11 a 12, corroborado con la documental cursante de fs. 78 a 83, además se le asignaron ciertas responsabilidades como el manejo de copias de llaves de las Agencias del Banco, llaves de las cajas fuertes y las claves de las mismas conforme se evidencia a fs. 58 a 60, además tenía personal bajo su dependencia, ejerciendo poder de control conforme consta a fs. 61 de obrados, es decir que ejercía un cargo de confianza, por lo que se encontraba inmerso en la excepción contenida en el art. 46 de la LGT; al margen de ello, para la procedencia del pago de horas extras demandadas, éstas deben estar debidamente autorizadas, debiendo acreditarse además la necesidad que tiene el empleador de imponer ese trabajo circunstancial, eventual, necesario, realmente "extraordinario", que debe estar por otra parte autorizado o visado por el Ministerio de Trabajo, en cuya consecuencia y en ningún caso pueden ni deben estar predeterminadas.

En este sentido, no corresponde el pago de las horas extras solicitadas por el recurrente, como acertadamente determinaron los juzgadores de instancia en sus resoluciones emitidas a su turno, quienes para arribar a la conclusión asumida, valoraron de manera acertada la prueba adjuntada durante la tramitación del proceso, conforme le facultan los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, extremo que desvirtúa lo aseverado por el demandante, pues como se sostuvo precedentemente, el demandante al haber desempeñado un cargo de confianza, no corresponde el pago por los conceptos reclamados en su recurso, ya que si bien, la Constitución Política del Estado protege los derechos de las trabajadores y de los trabajadores, los cuales se encuentran consagrados en los arts. 46 y 48 de la Carta Fundamental, esta protección tiene su ámbito de aplicación en los casos cuando se hubiese vulnerado algún derecho del trabajador, situación que no sucedió en el caso presente.

Este Tribunal en casos similares, falló de la misma manera en los Autos Supremos Nos. 137/2011 de 13 de mayo de 2011, 431 de 1 de noviembre de 2010, 543 de 10 de diciembre de 2010, 90 de 25 de marzo de 2010, 217 de 27 de junio de 2012, entre otros.

En cuanto al reclamo sobre la reliquidación de sus beneficios sociales en base al sueldo promedio indemnizable, donde además alega que no habría renunciado a sus derechos relativos al desahucio, indemnización, aguinaldo, vacaciones y otros, se aclara que estos puntos no fueron expuestos como expresión de agravios en el recurso de apelación interpuesto por el demandado cursante a fs. 455 a 456 de obrados, activándose en consecuencia, el principio de preclusión previsto en los arts. 3.e) y 57 del CPT, sin embargo, se aclara además que, estos conceptos no fueron demandados por el actor, pues cuando la juez a quo observó la demanda mediante decreto de fs. 14, y dispuso que, con carácter previo se cumpla con el art. 117.c), del CPT, es decir que se especifique los conceptos o derechos pretendidos, subsanando lo observado, mediante memorial de fs. 16, manifestó que se le debe por horas extraordinarias el monto de Bs.367.615,57.-, en tanto que por desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, salarios dominicales y días feriados se le adeuda Bs.0000,0.- es decir, que por la propia confesión del actor se evidencia que no se le adeuda ninguna suma de dinero por los conceptos descritos, solamente por horas extraordinarias como se manifestó precedentemente, motivo por el cual no se ingresa en mayores consideraciones sobre este punto.

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ Nº 025, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 514 a 517, interpuesto por Hernán Sánchez Montero. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.