SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 336/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-TJA.141/2015.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 126 a 129, interpuesto por Carlos Eiver Flores Vargas en representación de la Distribuidora de Bebidas “Coca Cola” Regional Bermejo, contra el Auto de Vista Nº 40/2015 de 30 de marzo de 2015 cursante de fs. 118 a 124, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso laboral de beneficios sociales seguido por Claudio Leonardo Colman Toro contra la Distribuidora de Bebidas “Coca Cola” Regional Bermejo; y en ausencia de respuesta al recurso de casación, mediante auto de fs. 132 se concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral de beneficios sociales, el Juez de Partido de Trabajo y de Seguridad Social de Bermejo, pronunció Sentencia en fecha 9 de septiembre de 2011 (fs. 80 a 82), declarando probada en parte la demanda, con costas, disponiendo que la Distribuidora de Bebidas “Coca Cola” - Bermejo, representado por su Gerente el Sr. Carlos Flores Vargas, cancele al demandante la suma de Bs.54.875,65.- por concepto de desahucio, indemnización, subsidio de frontera, vacaciones, bono de antigüedad y horas extras.

En grado de apelación, deducida por la empresa demandada (fs. 105 a 108), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunció el Auto de Vista Nº 40/2015 de 30 de marzo de 2015 (fs. 118 a 124), confirmando totalmente la sentencia apelada, sin costas en la fase recursiva de segunda instancia, por no haber contestado al recurso de apelación el demandante.

Contra dicho fallo, el propietario legal de la empresa demandada, de fs. 126 a 129 planteó recurso de casación en el fondo, en base a los siguientes fundamentos:

1.- Omisión y error de hecho en la apreciación de las pruebas documentales y testificales e infracción de los arts. 50 de la Ley General del Trabajo (LGT) y art. 14 del Decreto Supremo (DS) Nº 21137 de 30.11.85, por haberse determinado en la sentencia y auto de vista, el reconocimiento de 3 horas fijas extraordinarias por día a favor del actor.

Señala que, con referencia a la facultad del juzgador de expedir una resolución ultra petita, la jurisprudencia de Corte Suprema de Justicia contenida en el Auto Supremo Nº 19 de 22 de enero de 2009, estableció lo siguiente: “...si bien la misma ley faculta al juez expedirse ultra petita, ello se encuentra restringido a dos supuestos: a) Que se traten de elementos omitidos por el trabajador en su demanda; y b) Que esos aspectos omitidos por el trabajador, hayan sido materia de discusión en el proceso”, y son estos presupuestos procesales, como mal advierte el tribunal de apelación, que no concurrieron en el presente caso, pues no se trata de un aspecto que hubiera sido omitido por el trabajador en su demanda, menos que fue discutido en el proceso, toda vez que el demandante no manifiesta ni afirma en su demanda que, luego de la jornada de trabajo efectúo labores de carga y de descargue 3 o 4 veces por semana cuando llegaba el camión de Tarija, ni mucho menos reclamó el pago de 3 horas fijas extraordinarias por dos días a la semana o 24 horas extras por cada mes de trabajo, mucho menos el pago de 2016 horas extras por 7 años de trabajo, tampoco se debatió ni demostró que hubiese existido 3 horas extras dos veces por semana, habida cuenta que mediante auto de fs. 20, el juez ad quo no fijo como punto de hecho a probar el trabajo extraordinario y por ello las partes no ofrecieron medios probatorios para probar o desvirtuar las horas extras, sino que sólo se siñieron a los puntos de hecho fijados por el juez de instancia, razón por lo cual, el juez de instancia mal pudo determinar el reconocimiento de 6 horas extraordinarias por semana, 24 horas por mes y 2016 horas extras por 7 años de trabajo, más aún si vencido el término probatorio, recién el actor Claudio Colman Toro al momento de terminar su declaración de su confesión probatoria, hace referencia a las horas extraordinarias.

Continúa refiriendo que, el Auto de Vista Nº 40/2015 al confirmar la sentencia del juez de instancia, con el argumento que las horas extras fueron demostrados con la prueba documental y testifical producida en el proceso, omitió especificar e identificar la foliación de ambas pruebas; si bien no se evidencia documentalmente la existencia de un registro de control de asistencia, tampoco se constata que hubiera existido un documento que acredite la autorización para el desarrollo del trabajo en horas extraordinarias, o que este se hubiese cumplido efectivamente bajo dichas condiciones; seguidamente hace una trascripción de la prueba testifical de cargo que cursa de fs. 35 a 36 y 77, para luego señalar que, el tribunal ad quem no puede sostener su decisión en esta prueba, que de forma contradictoria demuestra que los trabajos de carga y descargue de los envases y productos, fueron realizados por los ex trabajadores de la Distribuidora Coca Cola Regional Bermejo -que resultan ser ahora testigos del actor- y que por dichos servicios se les cancelaba inmediatamente una vez concluido, en ese sentido el tribunal de apelación omitió apreciar y valorar el contenido de los documentos y declaraciones testificales señaladas, toda vez que ninguno de los 4 testigos de cargo manifestaron expresamente que los trabajos de carga y de descarga fueron realizados efectivamente por el actor luego de la jornada normal de trabajo y que no se le canceló por dichos trabajos, existiendo incluso contradicciones entre los testigos, lo cual desvirtúa lo afirmado por el tribunal de apelación en sentido que se habría demostrado las horas extras, por lo que no corresponde el reconocimiento y pago de las 2016 horas extras por 7 años de trabajo.

Al margen de aquello, por determinación del art. 50 de la LGT, el límite legal máximo permitido para la eficacia del pago de horas extras es de dos horas por día, aspecto que fue aclarado por el art. 14 del DS Nº 2117 al suprimir el pago de horas fijas de sobre tiempo, en dicho contexto, el Juez ad quo y el tribunal ad quem, al haber determinado en sentencia y auto de vista el reconocimiento de 3 horas fijas extraordinarias por dos años a favor del demandante, infringieron las normas del art. 50 LGT y 14 del DS Nº 21137 de 30.11.85.

2.- El tribunal de apelación al confirmar la sentencia del Juez de primera Instancia aplicaron erróneamente el DS Nº 0497 de 01.05.2010, toda vez que no visualizaron el error en los montos consignados en la liquidación de la sentencia, al haber tomado en cuenta el salario mínimo nacional de Bs.679,5.- de la Gestión 2010, sin considerar que no tenía vigencia desde la gestión 2004 al 2009, lo que implica que los salarios mínimos nacionales eran diferentes.

Que, existe un error en los montos consignados en la liquidación de la sentencia de primera instancia y que fueron confirmados por el auto de vista, al haberse calculado como parámetro el salario mínimo nacional de Bs.679,5.- de la gestión 2010 establecido por el DS Nº 0497 de 01.05.2010, sin considerar que en otras gestiones los salarios mínimos eran diferentes, es así que la gestión 2004-2005 es de Bs.440,0.- (DS Nº 27049 de 26.05.2003), gestión 2006 de Bs.500,0.- (DS Nº 28700 de 01.05.2006), gestión 2007 de Bs.525,0.- (DS Nº 29116 de 1.05.2007), gestión 2008 de Bs.577,5.- (DS Nº 29473 de 5.03.2008) y gestión 2009 de Bs.647,0.- (DS Nº 0016 de 19.02.2009), en ese sentido, el juez a quo y el tribunal ad quem aplicaron erróneamente el DS Nº 0497 de 1.05.2010 donde establece el salario mínimo nacional de Bs.679,5.- correspondiente a la gestión 2010, siendo que el mismo no tenía vigencia del 2004 al 2009, razón por la cual corresponde ser enmendado por el Tribunal de Casación y realizar un nuevo cálculo en base a dichos salarios mínimos nacionales.

Finaliza solicitando que se case el auto de vista de recurrido y falle en lo principal del litigio aplicando las leyes conculcadas.

CONSIDERANDO II: Que, del análisis y compulsa de los antecedentes del proceso, corresponde considerar el recurso interpuesto por la parte demandada; de donde se concluye lo siguiente:

1.- En lo que refiere a la omisión y error de hecho en la apreciación de las pruebas documentales y testificales e infracción de los arts. 50 de la LGT y art. 14 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, por haberse determinado en la sentencia y auto de vista, el reconocimiento de 3 horas fijas extraordinarias por día a favor del actor.

Sobre la problemática suscitada, previamente corresponde señalar conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como principio procesal la verdad material, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia, además, cabe indicar que el art. 48.II de la CPE, establece el “principio de la primacía de la relación laboral” como un principio protector de los trabajadores, señalando al efecto: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

Así, podemos señalar que en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, que permitan un razonable equilibrio, notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los arts. 4 de la LGT, 3.g) y 59 del Código Procesal del Trabajo (CPT), y en los arts. 46 y 48.III de la CPE.

Ahora bien, resolviendo la controversia, debemos partir de lo reglado por el art. 46 de la LGT, que establece la jornada máxima de 8 horas de trabajo diario y de 48 horas semanales, con excepción de aquellos empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza, o que trabajen discontinuamente, o que realicen labores que por su naturaleza no puedan someterse a jornadas de trabajo, casos en los que es posible el trabajo continuado de hasta doce horas diarias, con el derecho al descanso de una hora dentro del día.

Al respecto, el art. 37 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT), dispone: "La jornada ordinaria de trabajo podrá extenderse en la medida de lo indispensable, para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento, para impedir accidentes o ejecutar arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones, o cuando sobrevenga caso fortuito".

En ese sentido, el art. 41 del DR-LGT mencionado, impone que para el cómputo de las horas extraordinarias debe llevarse un registro especial, conforme al modelo que apruebe la Inspectoría General del Trabajo, hoy dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; disposición que también fue objeto de reglamentación mediante la Resolución Administrativa Nº 063/99 de 9 de Julio de 1999.

Así, el art. 14 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985 dispone: "Horas Extraordinarias.- Las empresas y entidades reguladas por la Ley General del Trabajo, se sujetarán sus disposiciones para el pago de horas extraordinarias por trabajos efectivamente realizados en exceso de la jornada mensual completa en estricta aplicación del artículo 46 de la misma ley y del artículo 36 de su Reglamento. Se suprime el pago de horas fijas de sobretiempo"

En ese sentido se colige, que el juzgador ante la falta de presentación del libro con el registro especial del cómputo de horas extraordinarias por parte del empleador, podrá presumir la existencia de las mismas; sin embargo, al tratarse de una presunción, dicho extremo debe ser cotejado con la valoración conjunta del elenco probatorio, conforme a los elementos de la sana crítica, en relación con lo estipulado por los arts. 3.j), 150 y 200 del CPT; todo ello conforme a la línea jurisprudencial que este Tribunal ha sentado mediante los Autos Supremos Nos. 259/2013 de 15 de mayo de 2013 y 193/2013 de 24 de abril de 2013, entre otros.

En el caso de autos, se advierte que los jueces de instancia al haber reconocido la existencia de horas extraordinarias en favor del demandante, han obrado correctamente, toda vez que ha existido una correcta valoración de las declaraciones testificales de cargo que cursan de fs. 35 a 36, quienes refirieron de forma precisa que, aparte del trabajo normal de las ventas que realizaban, tenían que cargar y descargar productos de envases y que inclusive los días feriados les hacían trabajar hasta medio día, situación ésta que fue confirmado inclusive por el testigo de cargo José Luís Arce Ortega a través de su declaración que cursa a fs. 29; si bien en el ámbito laboral rige el principio de la inversión de la prueba, en el caso de autos se tiene que el empleador no puedo desvirtuar este extremo, más por el contrario el demandante demostró fehacientemente la existencia de horas extraordinarias; en ese sentido resulta correcto la determinación asumida por el tribunal ad quem, en pleno reconocimiento de los derechos irrenunciables del trabajador contenidos en la Constitución Política del Estado y la normativa que hace a la materia interpretada desde la Constitución Política del Estado, en función al cumplimiento de los principios que señala rigen en materia laboral, no siendo de tal manera evidente la vulneración de los arts. 50 de la LGT y art. 14 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, como alega la empresa demandada.

2.- Respecto a que el tribunal de apelación al confirmar la sentencia del Juez de primera Instancia habría aplicado erróneamente el DS Nº 0497 de 01.05.2010, toda vez que se habría tomado en cuenta el salario mínimo nacional de Bs.679,5.- correspondiente a la Gestión 2010, sin considerar que en las gestiones de las cuales se dispuso el pago por concepto de subsidio de frontera, vacaciones, bono de antigüedad y horas extras, los salarios mínimos nacionales eran diferentes.

Sobre el particular, corresponde señalar que éste reclamo no fue interpuesto por la parte demandada dentro del recurso de apelación; en consecuencia éste Tribunal de casación no puede emitir ningún pronunciamiento, toda vez que dicho reclamo no ha sido objeto de análisis ni valoración por parte del tribunal ad quem, conclusión que tiene como fundamento legal, lo establecido por el art. 258.3) del Código de Procedimiento Civil (CPC) que establece: “En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores…”; por consiguiente, se desestima su pretensión por ser manifiestamente inviable.

Por lo referido, se concluye que al no estar justificadas, las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos, por disposición de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 126 a 129, interpuesto el representante legal de la empresa demandada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.