SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 329/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.134/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 227 a 228 de obrados, interpuesto por Freddy Romero Vaca contra el Auto de Vista Nº 26 de 28 de enero de 2015, cursante de fs. 223 a 224, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por Guillermo Carlos Hevia Mercado contra el recurrente, la respuesta de fs. 231 el auto de fs. 233, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Tercero de Partido de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 34 de 21 de julio de 2013, de fs. 204 a 207, declarando probada en parte la demanda cursante de fs. 15 a 16, disponiendo que el demandado Freddy Romero Vaca pague al actor Guillermo Carlos Hevia Mercado, la suma de Bs.92.881,00.- (Noventa y Dos Mil, Ochocientos Ochenta y Uno 00/100 Bolivianos), por Desahucio, Indemnización, Aguinaldos, Vacación, Sueldos Pendientes, Horas Extras y Bono de Antigüedad, además de la multa del 30% que establece el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2009. Sin costas.

En grado de apelación formulada por el demandado Freddy Romero Vaca por memorial de fs. 211 a 212, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 26 de 28 de enero de 2015, cursante de fs. 223 a 224, confirmó en todas sus partes la Sentencia Nº 34 de 21 de julio de 2013, de fs. 204 a 207. Con costas.

El referido auto de vista causó que Freddy Romero Vaca, interponga recurso de casación en la forma y en el fondo, con los argumentos que expone por memorial de fs. 227 a 228.

CONSIDERANDO II: Que, formulado el recurso de casación en la forma y en el fondo, de la revisión del contenido y la normativa en base a la cual se formuló el recurso, corresponde realizar las consideraciones de orden legal:

El derecho a la impugnación se encuentra previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”.

De cuyo contenido se tiene que todo ser humano tiene derecho a impugnar las resoluciones judiciales, es decir a solicitar la revisión, ya sea por el mismo juez de la causa o por una autoridad jerárquica u órgano superior, con la finalidad de cambiar o modificar la mencionada resolución.

Este principio de impugnación de los procesos judiciales se relaciona directamente con la fiscalización de la regularidad del proceso ordinario tanto por las partes como por la misma actividad jurisdiccional.

En ese sentido, la impugnación procede ante la presencia de actos procesales imperfectos, así como vulneraciones de derechos que asisten a las partes.

A ese efecto, en materia laboral el art. 210 del Código Procesal del Trabajo (CPT) prevé: “El recurso de nulidad será interpuesto… en el término fatal de ocho días computables desde la notificación al recurrente con el auto de vista…”. Sin embargo, por permisión del art. 252 del CPT, la formulación del recurso de casación se rige por el art. 250 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (CPC).

En ese contexto, el Tribunal Supremo de Justicia, en material laboral ha señalado a través de la jurisprudencia emitida que, el recurso de casación se equipara a una nueva demanda de puro derecho, debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, realizando una fundamentación por separado de manera precisa, clara y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma, en el fondo o en ambos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar conforme señala la ley en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada por la parte perjudicada.

El recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, auto de vista, cuando los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitirlos hubiesen incurrido en errores “in judicando”, agravios que imperativamente deberán ser exteriorizados a través de los tres presupuestos contenidos en el art. 253 del CPC; vale decir, cuando se acredite: "que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una ley" o "cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias", y finalmente cuando se demuestre: "que en la valoración de las pruebas se hubiere incurrido error de derecho o de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".

En cambio el recurso de casación en la forma, tiene como finalidad de buscar la nulidad de actuados procesales cuando el juez o tribunal de alzada al emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en violación de las formas esenciales del proceso, previstas en cualquiera de los incisos del art. 254 del CPC, que se trasuntan en errores procedimentales o error “in procedendo”, debiendo el recurrente realizar la debida fundamentación, precisando de manera clara y suficiente los agravios que den lugar a la nulidad de obrados, es decir en cuál de los incisos de la norma adjetiva señalada funda su agravio, para la nulidad impetrada por vulneración a sus derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales. En ambos casos, el recurrente debe observar la importancia que tiene el cumplimiento de los requisitos descritos en el art. 258.2) del CPC, relativos a la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas erróneamente o del error de derecho o hecho en la apreciación de las pruebas, con la conclusión de un petitorio claro congruente con lo pedido en el recurso y a las normativas acusadas como transgredidas, por cuanto el legislador cuida que el recurso cumpla su finalidad de abrir la competencia del Tribunal de Casación y que éste no incurra en arbitrariedad alguna.

En ese entendimiento, es preciso aclarar que para la eficacia y procedencia del recurso de casación en el fondo, como en la forma, es suficiente la acreditación de uno de dichos presupuestos y no necesariamente de todos, porque al evidenciar dicho error in judicando o in procedendo en cualquiera de sus variantes, se abre la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para ingresar a considerar y resolver el mismo, disponiendo lo que en derecho corresponda en cualquiera de las formas o en ambas.

En el orden de ideas del contexto legal anotado, en el caso de autos, del análisis del contenido del memorial de fs. 227 a 228 de obrados, se tiene que el demandado recurre en casación en el fondo y en la forma de acuerdo al art. 274 del nuevo Código Procesal Civil, norma que aún no se encuentra en vigencia, según la Disposición Transitoria Segunda del Código Procesal Civil, promulgado el 19 de noviembre de 2013. Ante lo cual, el recurrente debió formular su acción extraordinaria en base a las normas adjetivas civiles señaladas precedentemente, que describen claramente cuando y como procede el recurso de casación en la forma, en el fondo y en ambos casos contra la resolución de grado, inobservancia que impide a este Tribunal abrir su competencia para conocer y resolver la acción extraordinaria de puro derecho.

A lo expuesto, cabe recalcar que si bien nuestra Constitución Política del Estado, como norma fundamental prevé el derecho a la impugnación a las resoluciones judiciales, empero es necesario que este derecho para efectivizarse sea formulado observando las normas legales vigentes y los requisitos formales que conlleva esa tarea, toda vez que de su correcta formulación, dependerá la resolución sobre el fondo del litigio, aspectos que no fueron tomados en cuenta por el recurrente en absoluto; por consiguiente, corresponde dar aplicación a los arts. 271.1) y 272.2) ambos del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 227 a 228 interpuesto por Freddy Romero Vaca. Con costas.

Se regula honorario profesional de Abogado, en la suma de Bs.500.- que mandará a efectivizarse su pago por el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.