SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 328/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.133/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 94 a 97, interpuesto por Ewaldo Fischer Albuquerque, contra el Auto de Vista Nº 122 de 9 de abril de 2014, cursante de fs. 86 a 88, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por Ibomne Yanet Antezana Balderas, contra la Industria Textil GRIGOTA S.A., la contestación de fs. 100, el auto de fs. 101 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió la Sentencia N° 636 de 12 de agosto de 2013 (fs. 64 a 66), declarando probada parcialmente la excepción perentoria de pago desde fecha 01 de junio de 1998 hasta junio de 1999, y probado en parte el derecho demandado con costas, de 1 de junio de 1999 hasta el día 22 de noviembre del 2008, al haber lugar a los beneficios sociales indemnizatorios a favor de la heredera forzosa Sra. Ibomne Yanet Antezana Balderas por su extinta madre trabajadora de la empresa Textil GRIGOTA S.A., pague a tercero día de su notificación a través de su representante legal Sr. Ewaldo Fischer Albuquerque, la suma de Bs.30.027,76.- (treinta mil veintisiete 76/100 bolivianos), por concepto de indemnización, aguinaldo, vacación, sueldo pendiente, bono de antigüedad, más la multa del 30%. Luego a solicitud del demandado de fs. 68, por Auto N° 1848 de 13 septiembre 2013 (fs. 69), en vía de enmienda se modificó el monto de beneficios sociales a Bs.29.895.

En grado de apelación formulado por Ewaldo Fischer Albuquerque, en representación de la empresa Textil GRIGOTA S.A. (fs. 71 a 74), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 122 de 9 de abril del 2014 (fs. 86 a 88), confirma en parte la Sentencia N° 636 de fecha 12 agosto de 2013 (fs. 64 a 66), y el auto complementario de fecha 13 de septiembre de 2013 y cursantes de fs. 69, sin costas, por la cual modificando la liquidación se ordenó a la industria textil GRIGOTA S.A., representada por Ewaldo Fischer Albuquerque, proceda a cancelar los beneficios sociales de la parte trabajadora en la suma de Bs.27.535.- (veintisiete mil quinientos treinta y cinco 00/100 bolivianos), por concepto de indemnización, aguinaldo, vacación, sueldo, bono de antigüedad, menos lo cancelado a fs. 25 a 29, más la multa del 30%, más actualizaciones y reajuste establecidos por ley. Posteriormente a mérito de la solicitud de complementación del demandado (fs. 91), por Auto de Vista complementario N° 429 de fecha 17 de noviembre de 2014 (fs. 92), se declaró no ha lugar a la solicitud de complementación.

Dichos fallos motivaron el recurso de casación en el fondo de fs. 94 a 97, interpuesto por Ewaldo Fischer Albuquerque, en representación de la empresa demandada, señalando que habiendo sido notificado con el Auto de Vista N° 122 de fecha 9 de abril del 2014, luego con el memorial de Fs. 91 y el Auto Complementario N° 429 de fecha 17 de noviembre de 2014, en aplicación de los arts. 63 y 210 del Código Procesal del Trabajo (CPT), y los arts. 250 y 255 del Código de Procedimiento Civil (CPC), interpone el recurso de casación en contra de los referidos autos, expresando en síntesis lo siguiente:

Que, la resolución impugnada al rechazar el agravio que sufrió debido a la falta de publicidad por el incumplimiento de citación a presuntos co-herederos, porque la orden de notificación a éstos no fue cumplida por las partes sobre la existencia o no de otros herederos, ya habría sido dilucidada por juez competente en proceso judicial previo, y que esa situación según los autos recurridos no vulneraría su derecho a la defensa refiere.

Al respecto manifiesta que la causa es tramitada por la demandante en su calidad de heredera de la ex trabajadora, que mediante auto de fs. 44 se habría ordenado citar mediante edictos a presuntos interesados, que empero, no se realizó, y a criterio del recurrente no podría alegarse que la parte demandante hubiera cumplido con esa orden.

Agrega, que el auto de vista impugnado fundamentó que con la declaratoria de herederos se dilucidó la existencia o no de otros co-herederos, situación que no es evidente, puesto que la declaratoria de herederos se funda en la relación de filiación entre el de cujus y el solicitante, salvando los derechos de terceros con igual o mejor derecho; suceso evidente en el testimonio de declaratoria de herederos cursante a fs. 3, en la que se declara heredera ab-intestato a la demandante en la vía sumaria y en lo pro-indiviso.

Que el auto de vista no puede basar su decisión en la declaratoria de herederos como elemento que dilucide la existencia o no de otros co-herederos, puesto que la misma solo concedió la condición de heredera a la solicitante, lo cual conllevaría a que la sentencia del presente proceso nunca alcance su ejecutoria, al no contar con la participación de todos los co-herederos, lo que significaría, que la sentencia sea pasible de ser anulada, lo cual no sería otra cosa que la vulneración del derecho a la defensa.

Expresa también, que por el incumplimiento de la citación por edicto a presuntos co-herederos, lo actuado es nulo; porque la ex trabajadora tiene tres hijos más, que fueron mencionados en la declaratoria de herederos, empero la actora mencionó que no existen otros co-herederos, en ese sentido, solicita la anulación de obrados hasta fs. 15, a efecto de proceder a la citación mediante edictos a presuntos co-herederos.

De otra parte, aduce errónea valoración de la prueba, respecto al sueldo promedio indemnizable; debido a que, la confesión hecha por la demandante acredita que la trabajadora percibía un sueldo de Bs.1.250.- y en el acta de fs. 55 de obrados la confesante indica que percibía Bs.1.200.- y no Bs.1.250.-; prueba que fue analizada en sentencia conforme al art. 167 del CPT, norma que debería ser entendida en sentido que la confesión tiene validez respecto a hechos admitidos en contra del confesante y no que se haga a favor de uno mismo.

Complementa que en las declaraciones de fs. 58 a 59 de obrados, ambas testigos afirman que eran acreedoras de la trabajadora y por ello no pueden ser creídas como testigos confiables, al amparo del art. 446 del CPC, situación confirmada por las declaraciones de ambas, que las mismas acompañaban a la demandante a cobrar los beneficios sociales, hecho que demostraría interés en el juicio.

Por otro lado, refiere que el juez de la causa no valoró que el certificado de trabajo de fs. 8, es de dos años antes del fallecimiento de la trabajadora; por lo que, el mismo no puede demostrar el sueldo que la trabajadora percibía en 2008. Sin embargo, en las planillas que cursan de fs. 21 a 32 evidenciaría que la trabajadora percibía el sueldo de Bs.969,60.- al final de su relación laboral.

Que en relación al certificado de fs. 8, el mismo se halla fuera del periodo de los últimos tres meses que la legislación laboral establece como base para el cálculo del promedio indemnizable, al amparo del art. 19 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 11 de su Decreto Reglamentario.

En conclusión expresa que la valoración de la prueba hecha en sentencia y confirmada por el ad quem resultaría lesiva a sus intereses y violaría el art. 158 del CPT; por lo que, interpone recurso de casación a efecto de que se establezca el verdadero promedio indemnizable.

Que el auto de vista recurrido al rechazar la injusta imposición de costas en la sentencia, pese haberse declarado probada parcialmente la demanda y confirmada por el tribunal de apelación, con el argumento que el art. 198 del CPC, no excluye expresamente la imposición de costas, en caso de declararse probada en parte la demanda y, que el art. 195.5) del CPC, establece que la sentencia debe pronunciarse sobre las costas.

Refiere que el art. 198 del CPC, no es aplicable al caso de autos toda vez que, no dispone que hacer cuando la demanda no ha sido probada en su totalidad o cuando ha sido probada en parte, solicitando por ello la aplicación del art. 198 del CPC en concordancia con el art. 237 del mismo cuerpo de leyes; situación solicitada mediante complementación y enmienda para ser corregida en la sentencia, porque el auto complementario de la sentencia solo indica estese a la autonomía del art. 204 del CPT, sin precisar en qué situación se impone costas, que solo refiere a la regulación de honorarios en relación a la imposición de costas mas no cuando la demanda fue probada parcialmente. En ese sentido, correspondería la aplicación del art. 252 del citado cuerpo de leyes.

Agrega que la sentencia a fs. 66 vta., declaró parcialmente probada en parte el derecho del demandado y no correspondería la aplicación del art. 198.II del CPC que la sentencia ni el auto de vista no debían haber impuesto costas, en ese contexto correspondería aplicar el art. 237.2) del CPC, que al no haberse declarado probada totalmente la demanda no debía imponerse costas al demandado.

Concluye solicitando de manera incongruente que se case el auto de vista recurrido y se declare fundado el mismo, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, del análisis y compulsa de los antecedentes del proceso, se concluye lo siguiente:

Respecto a la falta de notificación a los presuntos coherederos, se tiene que el objeto del proceso laboral es la pretensión de la cancelación de beneficios sociales, donde el Juez en materia social declare el derecho que asiste a la trabajadora, cuya satisfacción corresponde al demandado; en cambio, el objeto del proceso civil (declaratoria de herederos), es disímil, en su objeto y finalidad al primero, por lo tanto sus institutos no se aplican de forma homogénea para ambas materias (civil y laboral), debido a la finalidad que persiguen.

Ahora bien, el a quo, a fs. 14 de conformidad al art. 117 del CPT, estableció el objeto del proceso determinando su naturaleza laboral, en consecuencia circunscribió el radio de acción de las partes, sobre los cuales versaría el proceso, así mismo a fs. 44 determinó el objeto de la prueba para con ambas partes en correspondencia a los arts. 133, 149 del CPT al abrirse el término probatorio común se emplaza también al demandado a hacer uso de los medios probatorios que creyere conveniente, aspecto que garantiza la igualdad y el derecho a la defensa en términos reales.

Que, si bien es cierto que a fs. 44, se ordenó se cite mediante edictos de prensa a otros presuntos herederos, sin embargo el incumplimiento de dicho mandato no causa nulidad, toda vez, que de la revisión del expediente no se observa ningún vicio procedimental que se encuentre expresamente sancionado con nulidad, esto en estricta correspondencia al principio de especificidad, por otro, lado tampoco se avizora error procedimental de trascendencia, que hubiere afectado las garantías procesales del demandado; entonces, se observa también que la falta de citación a otros presuntos herederos no determina el resultado del fallo, de lo que se infiere que con o sin la citación de otros interesados, se hubiere llegado a los mismos resultados, de modo que no resulta un perjuicio evidente procedimental que guarde relación con los principios constitucionales que garanticen el debido proceso y particularmente se afecte su derecho a defensa, conforme instituye el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), aspecto que es refrendado por el Auto Supremo (AS) Nº 217 de 6 de junio de 2006.

En consecuencia, se avizora con claridad que la falta de notificación por edictos a presuntos herederos de la ex trabajadora fallecida, no produce efectos respecto de la supuesta vulneración del derecho a la defensa del demandado, toda vez, que no se le privo en momento alguno sus mecanismos de defensa, al contrario tuvo a su disposición todos los medios para desvirtuar la pretensión de la demandante en igualdad de condiciones y libertad; máxime si en la especie se aplica lo dispuesto en los arts. 2 y 67 del CPT.

De otro lado, por disposición del auto complementario de fs. 44, refrendado por el auto de vista de fs. 86 a 88, este aspecto fue superado, al haberse dispuesto que a fin de cumplir con el principio de transparencia, que previo a proceder a la ejecución de sentencia, el a quo conmine a la parte demandante a cumplir dicha diligencia, al tratarse de un objeto distinto del cual tiene plena competencia de conformidad a los arts. 9 y 215 del CPT, no siendo por tanto evidente la violación denunciada.

Sobre la denuncia de errónea valoración de la prueba en relación al sueldo promedio indemnizable, al respecto, el recurrente denuncia que los parámetros que llevaron a la decisión habrían sido la confesión provocada de la demandante, y la atestación de los testigos que tendrían un interés directo, al respecto se observa que esta prueba solo sirvió de corroboración periférica por su relación con otros medios de prueba de conformidad al art. 178 del CPT, toda vez que la cursante a fs. 8 fue la que creo convicción, prueba que fue extendido por el personal autorizado de la industria textil, con el que se acredito de manera fehaciente el salarió mensual de conformidad a los arts. 154, 159, 166 y 167 del CPT.

La documentación de fs. 21 y 24 al no estar firmadas, reconocidas por la trabajadora carece de eficacia probatoria de conformidad al art. 161, en cambio, la prueba de fs. 8 contiene la eficacia del art. 159 del CPT.

Que el a quo a momento de pronunciar sentencia, fundo su resolución no en su convencimiento personal, sino lo hizo de forma razonada aplicando la sana critica, es decir, su convencimiento tiene sustento en la valoración conjunta de las pruebas aportadas al proceso y sin apartarse de ellas, al contar con certeza apodíctica, y a través de ella aplico la sana critica judicial, con el entendido de que un salario es siempre progresivo, se incrementa en la medida que transcurre el tiempo, si en la gestión 2006 ya percibía Bs.1.250.-, es irracional pensar que en vez de sufrir un incremento años después sufra un decremento, por lo tanto es racional la base del promedio indemnizable tomada por el a quo y el ad quem, con lo que realizaron una correcta valoración de las pruebas de cargo y descargo, asignándoles el valor que les corresponden de conformidad al art. 3.j) en relación directa con el 158 del CPT. Por otro lado, se observa que el a quo y el ad quem, tomaron especial consideración sobre las pruebas documentales, labor en la cual excluyen de forma correcta aquellas que no cumplen su eficacia de conformidad a lo que instituyo el legislador respecto de las documentales de fs. 21 a 24, en apego a los arts. 159 y 162 del CPT.

Así mismo, referente a la documental de fs. 8, esta fue apoyada en corroboraciones periféricas las atestaciones de fs. 58 a 59, la confesión provocada de fs. 54 a 55, todas ellas en concordancia y conexión con el resto de las pruebas y antecedentes del proceso, de manera que, el examen realizado conduce lógicamente a la conclusión a la que arribaron, en asimetría y conformidad a lo establecido en los arts. 3.j), 158 y 167 del CPT, de lo que se infiere que tanto la sentencia y el auto de vista no lesionan los derechos del demandado como esgrime.

Sobre la denuncia de la indebida imposición de costas, al respecto del análisis de lo obrado se tiene que, la sentencia de fs. 64 a 66 en la parte dispositiva determinó probado en parte el derecho demandado con costas, a cuya consecuencia el demandado mediante memorial de complementación y enmienda de fs. 68 en su numeral 6 la parte demandada solicitó se disponga sin costas; sin embargo mediante Auto complementario de fs. 69 se determinó estese a la autonomía del 204 del CPT.

Que, por previsión del art. 252 del CPT, los aspectos no previstos en la ley especial, se regirán excepcionalmente por el CPC, siempre que no signifiquen violación a los Principios Generales del Derecho Procesal del Trabajo. Esta cláusula abierta, permite aplicar lo previsto por el art. 198 del CPC, en todo lo que no significa violación a los principios de la norma especial; ahora bien, el parágrafo I establece que, cuando la sentencia declare improbada la demanda en todas sus partes, se condena en costas al demandante; esta cláusula hipotética no prevé el supuesto factico de la imposición de costas cuando la sentencia fuere declarada probada en parte, como sucede en el caso en análisis; sin embargo, no se puede realizar una interpretación restrictiva, menos aún, aplicando leyes generales que restringen; al contrario siendo el trabajador un sector históricamente en desventaja frente al empleador, requiere protección especial de conformidad al art. 3.g) del CPT, art. 48.II) de la CPE. En previsión del art. 192.5) del CPC, existe el deber de pronunciamiento sobre las costas, aspecto que es refrendado por la ley especial (art. 204 CPT), que tiene autonomía propia y aplicación preferente, por lo que no es aplicable al caso concreto el contenido del art. 198.I del CPC, al ser restrictivo y disímil con los Principios Generales. A ello se suma que, el empleador por imperativo categórico tenía un plazo legal para cumplir sus obligaciones, a la fecha han transcurrido súper abundantemente el tiempo del que debería honrar su obligaciones de pago que determinaron recién tanto en la sentencia y el auto de vista. El juzgador tiene el deber de realizar una interpretación aplicando los principios de pro persona, Indubio Pro operario en favor del trabajador, prefiriendo aquella interpretación más favorable al trabajador, por lo que no es evidente lo manifestado por el recurrente, por lo que el a quo y ad quem realizaron una correcta valoración.

En el marco legal descrito, el a quo y el ad quem, no incurrieron en trasgresión, violación o errónea aplicación de normas, tampoco interpretación errónea, ni aplicación indebida de la ley, al confirmar la sentencia, en consecuencia, corresponde resolver conforme disponen los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por permisión de la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 94 a 97. Con costas.

Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs.500.- que mandara efectivizar su pago el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.