SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 326/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-PTS.131/2015.

Distrito: Potosí.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 277 a 278, interpuesto por Luís Castellón Apaza, en representación de la Empresa Trasporte “Trans San Cristóbal”, contra el Auto de Vista Nº 05/2015 de 12 de enero, cursante de fs. 251 a 257, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso laboral seguido por Cristina Lazo Alí, contra la institución que representa el recurrente, la respuesta de fs. 293 a 294, el auto de fs. 295 vta., que concedió el recurso, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Tupiza, pronunció la Sentencia Nº 02/2014 de 28 de febrero cursante de fs. 126 a 130, declarando probada en parte la demanda, disponiendo que la institución demandada, cancele a favor de la actora la suma de Bs.76.701,41.-, por concepto de domingos trabajados, incremento salarial, aguinaldo, vacación, salario devengado y bono de antigüedad, más la multa del 30% a ser ejecutada en ejecución de sentencia, monto que deberá ser calculado con mantenimiento de valor y actualizado en base a la variación de UFV´s, como dispone el art. 9 del (Decreto Supremo) DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación deducida por ambos sujetos procesales (fs. 133 a 137 y 140 a 142, respectivamente), en cumplimiento del Auto Supremo Anulatorio Nº 344/2014 de 28 de noviembre, por Auto de Vista Nº 05/2015 de 12 de enero, cursante de fs. 251 a 257, emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, se revocó parcialmente la Sentencia de fs. 126 a 130, disponiendo que se pague a favor de la actora la suma de Bs.11.865,88.-, por concepto de indemnización, aguinaldo, vacaciones, salario devengado y bono de antigüedad, más la multa del 30% a calcularse en ejecución de sentencia, con mantenimiento de valor y actualización en base a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV´s).

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 277 a 278, interpuesto por Luís Castellón Apaza, en representación legal de la Empresa de Transporte “Trans San Cristóbal”, manifestando en síntesis:

Interpretación errónea del art. 9 del DS Nº 28699, por haber dispuesto el pago de la multa del 30%, posición que no hace más que compartir el criterio del juez a quo, trascribiendo in extenso el art. 9 y el parágrafo II del art. 10, del decreto supremo citado, señalando que, al disponer en el auto de vista recurrido, el pago de la multa y la actualización del monto condenatorio en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFV´s, interpretó erróneamente la ley.

Puntualizó que en el caso presente, la extinción del tracto laboral, fue justificado y legal, porque la actora incumplió el contrato de trabajo, aplicando como consecuencia de ello, los arts. 16.e) de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9.e) de su Decreto Reglamentario (DR-LGT), obviamente, el despido justificado no constituye un óbice para que la ex trabajadora no sea acreedora a determinados derechos laborales, despido que fue admitido por los juzgadores de instancia, por lo que el pago de la multa y el mantenimiento de valor, implica una interpretación errónea de los arts. 9 y 10 del mencionado decreto Supremo, así como de los arts. 16 y 9 de la LGT y su DR-LGT, que contemplan las causales justificadas de despido.

En tal sentido, adujo que la condena al empleador por dichos conceptos, constituye una sanción por el despido injustificado e ilegal, conforme disponen los arts. 9 y 19 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 21006, además otro requisito, es el incumplimiento del pago en el plazo de 15 días calendario de los derechos laborales y pasado ese plazo, recién sobrevienen ambos rubros, pero de ninguna manera cuando el despido es legal y justificado como ocurrió en el caso presente, motivo suficiente para la improcedencia del pago de la multa y el mantenimiento de valor y actualización de los beneficios sociales, como erróneamente interpretaron los de instancia.

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido, disponiendo se deje sin efecto el pago de la multa y la actualización.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, analizado el contenido del mismo se establece por separado lo siguiente:

De la revisión de los antecedentes procesales, se advierte que la controversia en el caso que se analiza, radica en determinar si corresponde o no el pago de la multa del 30% y su actualización, concepto que fue concedido en Sentencia y confirmado por el tribunal ad quem, decisión con la que el recurrente no está de acuerdo, con el argumento de que la actora fue despedida por causa justificada y legal, motivo por el cual no le correspondería el pago de la multa ni la actualización, denunciando como consecuencia de aquello, la violación de los arts. 9 y 10 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, 16 de la LGT y 9 de su DR-LGT.

Al respecto, el citado decreto supremo, en su art. 9 referente a los despidos establece: I. “En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito”. (el resaltado es de nuestra autoría). Mientras que el parágrafo II prevé: “En caso que el empleador incumpla su obligación su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento e valor” (sic).

En este contexto, es preciso aclarar que esta norma respecto a las formas de conclusión de la relación obrero patronal sobre las que debería aplicarse la multa del 30%, causó un sin fin de confusiones, principalmente en los empleadores, quienes inicialmente interpretaron que esta prerrogativa correspondía aplicarse únicamente en caso de despido intempestivo -sin causa justificada-, más no cuando ocurría un retiro indirecto, apreciación que resultaba indebida, porque el citado art. 9 del DS Nº 28699, tiene carácter general en su aplicación para el caso de retiro de las trabajadoras o de los trabajadores, disponiendo la multa del monto resultante del finiquito, es decir, no hace excepción en caso de un despido indirecto o directo, denotando únicamente que tal generalidad no alcanzaba al “retiro voluntario del trabajador”, lo que incidía en la dilación del pago de los conceptos demandados.

Del análisis efectuado a esta normativa, se puede concluir que en la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario, es decir, cualquiera haya sido la forma de desvinculación laboral.

En este sentido al haberse materializado la desvinculación laboral el 21 de enero de 2013, como consta a fs. 10 de obrados, la institución demandada tenía la ineludible obligación de cancelar el monto de los derechos y beneficios sociales demandados favor de la actora, en el plazo de los quince días, previstos por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, es decir, hasta el 5 de febrero de 2013, constando que hasta la fecha no canceló los beneficios sociales que por ley le corresponde a favor de la actora, situación que la motivó a iniciar la presente acción solicitando el pago de los derechos consignados en su demanda de fs. 11 a 14, más la multa del 30% la multa del 30% por el retraso en el pago de sus beneficios sociales.

Por todo lo analizado ut supra, se establece que en el presente caso es procedente la aplicación de la multa del 30% demandada por la actora, más la actualización conforme determina el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, como acertadamente determinaron en sus fallos los de instancia, quienes para llegar a la determinación asumida, valoraron de manera acertada la prueba aportada durante la tramitación del proceso conforme prevén los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Consiguientemente y en merito a lo expuesto, no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 277 a 278, interpuesto por el representante legal de la empresas demandada. Con costas.

Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs.500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.