SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 314/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.119/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 127 a 130, interpuesto por Rimer Ángel Céspedes Hinojosa, en representación legal de Edwin Arturo Castellanos Mendoza, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, acreditando su personería a través del testimonio de poder Nº 200 /2011 de fecha 15 de abril de 2011 de fs. 15 a 17, contra el Auto de Vista Nº 099/2014 de 30 de abril, cursante de fs. 121 a 122, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por Natividad Iraizos García contra la institución recurrente, el auto de fs. 132 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió Sentencia el 29 de septiembre de 2011 (fs. 103-104), declarándose sin competencia para el análisis del fondo de la demanda de fs. 6 a 7 aclarada a fs. 10 a 11, reservando los derechos de la actora a la vía legal que corresponda, sin costas.

En grado de apelación, formulada por la parte demandante (fs. 108-109), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista Nº 099/2014 de 30 de abril (fs. 121-122), anulando obrados hasta que el a quo pronuncie nueva sentencia, sin espera de turno.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 127 a 130, interpuesto por Rimer Ángel Céspedes Hinojosa en representación de Edwin Castellanos Mendoza, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, manifestando en síntesis:

1.- El recurrente acusó la violación y aplicación indebida de los arts. 4, 5 y 6 de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999 (Estatuto del Funcionario Público - EFP), argumentando que el auto de vista dictado por el Tribunal de Apelación, los Vocales, dispusieron la nulidad de obrados hasta dictarse nueva Sentencia, al haberse considerado de manera equivocada que la demandante es servidora pública, cuando en los hechos no lo es, conforme con las disposiciones legales contenidas en los arts. 4, 5 y 6 del EFP, norma violada y que al mismo tiempo, no fue aplicada a tiempo de resolverse la apelación formulada de contrario.

Agrega que el art. 4 de la Ley Nº 2027, da la noción de lo que constituye servidor público y el art. 5 de la misma norma, describe las clases de servidores a que se refiere, funcionarios electos, designados, de libre nombramiento, de carrera e interinos.

Que, el tribunal de alzada a tiempo de considerar a la demandante como servidora pública, no ha tomado en cuenta que no se halla comprendida en ninguna de las categorías enumeradas en el citado art. 5 de la Ley Nº 2027, por lo cual como lógica consecuencia, se tiene que el auto de vista violó al dejar de aplicar ese artículo, al catalogar a la adversa como servidora pública.

Por otra parte, el art. 6 de la misma norma, resulta ser otra de las disposiciones violadas, por cuanto debió haber sido considerado por el tribunal de apelación en el auto de vista, sin embargo se pasó por alto, desconociendo que los contratos de fs. 52, 53 y 54 del expediente, hacen referencia a la prestación de servicios específicos y eventuales, los cuales se enmarcan dentro de los requisitos exigidos por el art. 6 del EFP, en consecuencia los Vocales no se percataron que la demanda no está sometida al ámbito de la aplicación de La Ley General del Trabajo, pero tampoco del Estatuto del Funcionario Público, extremo que nos lleva a la conclusión que el auto de vista contiene violación y aplicación indebida de esta normativa, al haberse ordenado que el Juez de la causa vuelva a dictar Sentencia como si la actora fuere servidora pública.

2.- Acusó también la violación y aplicación indebida de los arts. 43 y 44 del Código Procesal del Trabajo (CPT), por cuanto el auto de vista contiene violación y aplicación indebida de los artículos citados, al ordenar el Tribunal de Alzada que el Juez de Trabajo asuma competencias en el caso que nos ocupa, por cuanto la actora no podía ser considerada como servidora pública, pues los servicios que prestaba eran específicos y eventuales, hallándose los mismos enmarcados en las regulaciones del art. 6 del EFP, siendo que jamás existió un memorándum de designación, requisito indispensable para ingresar dentro de alguna de las condiciones descritas en el art. 5 de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999.

Que, en el contrato eventual Nº 87/08 de 21 de febrero de 2008, cursante a fs. 52 de obrados, se constata que la actora estaba sometida a una contratación de carácter eventual para la prestación especifica de servicios, razón por la que resulta ser aplicable en autos lo normado por el art. 6 de la Ley Nº 2027; asimismo, advierte que la demandante no estaba sometida al Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General del Trabajo, sino a las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios, estando sus derechos y obligaciones regulados en el contrato, por cuanto no existe relación obrero patronal con los alcances de la Ley General del Trabajo entre la actora y la Municipalidad de Cochabamba.

Que, en la cláusula segunda del contrato a fs. 53 de obrados, especifica que la actora ha sido contratada por DIMUSA, para prestar servicios como personal de servicio, volante en la Red de Salud del Cercado, dependiente del Municipio de Cochabamba.

Expresó asimismo que, el contrato de personal eventual Nº 80/2010 de 15 de marzo, de fs. 54, ratifica lo expuesto con referencia a la inexistencia de vínculo laboral con la adversa, menos que este amparado por la Ley General del Trabajo o por el Estatuto del Funcionario Público, por cuanto el Gobierno Autónomo de Cochabamba ha contratado personal de apoyo para la prestación de servicios específicos, al amparo del art. 6 de la Ley Nº 2027, no existiendo en consecuencia nada por averiguar respecto a los supuestos derechos laborales, pues jamás existió sueldo, vacaciones ni aguinaldo en virtud de la forma de contratación.

Alegó que, al haber determinado el Tribunal de Alzada la nulidad de obrados, otorgando a la demandante la condición de servidora pública, han violado y aplicado indebidamente las previsiones de los arts. 43 y 44 del CPT, incurriendo en la sanción del art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), por cuanto los Vocales de la Sala Social y Administrativa de Cochabamba, no tienen facultad de prorrogar competencias de la judicatura laboral a aquellos casos que se hallen contemplados en el art. 6 de la Ley Nº 2027.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional, que aplicando en su real dimensión el parágrafo I del art. 274 del Código de Procedimiento Civil (CPC), case el Auto de Vista Nº 099 /2014 de 30 de abril y, deliberando en el fondo declare que el juzgador no tiene competencia para conocer del caso al no estar la adversa regida por la Ley General del Trabajo ni por el Estatuto del Funcionario Público.

CONSIDERANDO II: Que, del examen del recurso, corresponde verificar si este Tribunal Supremo tiene competencia o no para conocer el presente recurso de casación; dicho ello pasamos a efectuar las siguientes consideraciones:

Según la doctrina procesal, el recurso extraordinario de casación tiene doble función, de un lado unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley.

Que, teniendo cuenta que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, tiene por objeto revisar los fallos emitidos por el tribunal de apelación, que según el art. 250 del CPC, podrá ser en el fondo y en la forma; el primero está reservado para los casos enumerados en el art. 253 del mismo cuerpo legal, en tanto que el segundo procede por violación de las formas esenciales del proceso, cuando la sentencia o auto de vista recurrido hubiere sido dictado en los casos previstos en el art. 254 del mismo adjetivo.

En razón a que la casación en el fondo y en la forma emergen de dos realidades distintas, la fundamentación y la petición del recurrente deben guardar estricta correspondencia; es decir si se denuncia errores in judicando se interpondrá recurso de casación en el fondo y se pedirá casar el auto de vista; en cambio sí se acusa de errores in procedendo se interpondrá recurso de casación en la forma y se pedirá la nulidad de obrados o la nulidad llanamente; por consiguiente cuando el auto de vista impugnado es ANULATORIO, los supuestos errores in procedendo en los que haya incurrido el tribunal ad quem, al anular obrados con o sin reposición, o anular la resolución llanamente, deben ser atacados a través del recurso de casación en la forma, pues dado que el fallo de segunda instancia no contiene pronunciamiento sobre el fondo del asunto no procede contra el mismo el recurso de casación en el fondo.

En el caso en examen, el auto de vista anuló obrados hasta la sentencia, es decir, hasta fs. 102 vta., consiguientemente si el recurrente consideraba que la decisión del tribunal ad quem al anular obrados con reposición era errónea, correspondía que interponga recurso de casación en la forma por la causal pertinente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 254 del CPC, denunciando el error de procedimiento en el que se habría incurrido al anular obrados hasta la sentencia, y de ninguna manera correspondía interponer recurso de casación en el fondo, que solo procede cuando el tribunal de segunda instancia hubiera pronunciado sobre el fondo del asunto aplicando el derecho sustantivo, lo cual no sucedió en el caso de análisis, al haberse emitido un auto anulatorio; consiguientemente, corresponde resolver el mismo conforme a lo previsto por los arts. 271.1) y 272.2) del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 127 a 130, interpuesto por Rimer Ángel Céspedes Hinojosa en representación de Edwin Arturo Castellanos Mendoza Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.