SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 311/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.116/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 787 a 790 interpuesto por la Empresa AXS Bolivia S.A., representada por Patricia Inés Aramayo Corrales y, el recurso de casación de fs. 794 a 795 formulado por Alex Gerardo Estrada Meza, ambos contra el Auto de Vista Nº 100/14 de 9 de septiembre de 2014, cursante de fs. 783 a 784, dentro del proceso laboral que sigue este último contra la Empresa nombrada, la respuesta del demandante de fs. 796 a 797 y de la Empresa demandada de fs. 801 a 802, el auto de fs. 803 que concedió los recursos, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral sobre reliquidación de beneficios sociales, la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 21/2014 de 27 de enero, de fs. 736 a 753, declarando probada en parte la demanda de fs. 180 a 183, subsanada a fs. 185 y 187 de obrados. Probada en parte la excepción perentoria de pago e improbada la excepción perentoria de prescripción, planteada de fs. 238 a 240 de obrados, disponiendo que la Empresa AXS Bolivia, a través de su representante legal, cancele al actor la suma líquida de Bs.21.945,81.- (veintiún mil, novecientos cuarenta y cinco 81/100 bolivianos) por indemnización, aguinaldo, vacación, reintegro salarial y multa del 30%, según el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 2869 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación formulada por la Empresa demandada de fs. 755 a 757 y por el demandante por memorial de fs. 763 a 767, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 100/14 de 9 de septiembre de 2014 de fs. 783 a 784 confirmó la Sentencia Nº 21/2014 de fs. 736 a 753 y auto complementario de fs. 762, sin costas.

El referido fallo, originó los recursos de casación en el fondo de fs. 787 a 790 y el de fs. 794 a 795, que se pasa a exponer separado.

1.- El recurso de casación en el fondo de fs. 787 a 790, interpuesto por la Empresa AXS Bolivia, representada por Patricia Inés Aramayo Corrales, denunció que el Auto de Vista Nº 100/14 de 9 de septiembre de 2014 al confirmar la sentencia incurrió en error de hecho en la apreciación de las pruebas respecto al tiempo de servicios entre las gestiones 2002 y 2004, de las producidas por ambas partes de fs. 28, 36, 37 a 44, 45 a 47, 206 a 211, 217 a 225 y 227 a 234, se tiene que con el actor se suscribió tres contratos de naturaleza civil, enmarcados en el art. 732 y siguientes del Código Civil (CC), para realizar actividades temporales en proyectos de la empresa, ante lo cual la relación de naturaleza laboral empezó a partir del 05 de enero de 2005, por lo que el fallo contradice la línea jurisprudencial establecida en el Auto Supremo Nº 2 de 27 de enero de 2012.

Por otro lado refirió que tanto la sentencia como el auto de vista al reconocer el pago de incremento salarial, han incurrido en inobservancia y violación a resoluciones del Ministerio de Trabajo Nº 115/09 y 396/10 de las gestiones 2010 y 2011, toda vez que no era obligatorio para personal de cargos ejecutivos, de dirección o de confianza, como se demostró por las boletas de pago, declaraciones testificales y confesión judicial de descargo.

Denunció también que el auto de vista adolece del principio de pertinencia, fundamentación y motivación con relación a los puntos apelados, sobre la razón de su decisión, cuando según la jurisprudencia las resoluciones deben dar respuesta a los planteamientos efectuados por las partes con la debida fundamentación, motivación y pertinencia, cuya inobservancia vulnera los arts. 236 y 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Concluyó solicitando que este Tribunal Supremo de Justicia enmiende las vulneraciones cometidas antes señaladas y case el Auto de Vista Nº 100/14, declarando improbada la demanda.

2.- El demandante en el recurso de casación en el fondo de fs. 794 a 795, acusó que la juez a quo como el Tribunal de Alzada a efectos de determinar el sueldo promedio indemnizable no tomaron en cuenta las pruebas consistentes en papeletas de pago fs. 166, 167 y 168 de obrados, pues no consignó el incremento salarial por el mes de marzo de 2013 en la suma de Bs.304,12.-, vulnerando los arts. 4 y 19 de la Ley General del Trabajo (LGT), y 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE), que expresan la irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Entre otros aspectos también denunció que incurrieron en violación del art. 55 de la LGT, toda vez que dada la naturaleza de los servicios prestados en tareas propias de la empresa, trabajó más de 8 horas, en horario nocturno, que genera un desgaste físico intelectual que no podrá ser recuperado, sumando las mismas a 6415 horas nocturnas.

Concluyó solicitando a este Tribunal Supremo de Justicia case parcialmente la sentencia.

CONSIDERANDO II: Que, del examen de los recursos de casación, del auto de vista recurrido y de los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

1.- Resolviendo el recurso de casación en el fondo de fs. 787 a 790, interpuesto por la Empresa AXS Bolivia S.A., representada por Patricia Inés Aramayo Corrales, con carácter previo, es preciso hacer constar que no obstante que se planteó recurso de casación en el fondo, empero del contenido del memorial se tiene que impugnó también cuestiones de forma al denunciar la falta de pertinencia, motivación y fundamentación del auto de vista impugnado con relación a los puntos apelados; ante lo cual, éste Tribunal Supremo de Justicia, ingresa a resolver el recurso de casación en la forma, para en su caso de no ser evidente lo acusado, ingresar a considerar en el fondo.

En ese sentido, en cuanto a la denuncia de vulneración del principio de pertinencia del auto de vista recurrido con relación a los puntos de vista apelados, falta de motivación y fundamentación; cabe señalar en principio que la Sentencia Constitucional Nº 1800/2011 de 7 de noviembre, modulando la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre ha definido que: “En cuanto a la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, que es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, límite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse…”.

De este razonamiento sobre la pertinencia de la resolución de segundo grado, con relación al recurso de apelación de fs. 755 a 757 de obrados, se tiene que el tribunal de alzada, en el Segundo Considerando del Auto de Vista Nº 100/14 de 9 de septiembre de 2014, cursante de fs. 783 a 784, ha realizado una parte expositiva y considerativa de los cuatro puntos apelados referente (al tiempo de servicios del actor, al pago de reintegro por incremento salarial, excepción de pago documentado y sobre la excepción de prescripción), resueltos con la debida pertinencia, denotando un razonamiento en términos claros, positivos, precisos y concretos que sustentan la decisión, por tanto la suficiente motivación y fundamentación en relación al criterio del Tribunal Constitucional Plurinacional, que refirió que toda resolución judicial no necesariamente debe ser ampulosa y repetitiva para denotar o mostrar suficiencia de fundamentación, sino que puede hacerlo en los términos señalados, de donde se colige que los de grado emitieron el auto de vista, dentro de los alcances del art. 236 del CPC.

A ese efecto nos referimos que cuando la parte recurrente pretende la nulidad del auto de vista o cualquier resolución judicial, por vulneración a las formas esenciales, conforme lo previsto en los arts. 251, concordante con el art. 254 del CPC, es preciso remitirnos a la uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que estableció al respecto, bajo el principio que no hay nulidad por simple nulidad, sino que para declarar un acto o varios actos procesales nulos, es precios observar o tener en cuenta varios principios; entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho, y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante y merecen ser restituidos en cumplimiento de las normas constitucionales y legales que rigen la materia.

En ese sentido, por los fundamentos expuestos se colige que los argumentos denunciados por la representante legal de la Empresa demandada no son evidentes, por el contrario la misma responde a la línea adoptada sobre la pertinencia, fundamentación y motivación por este máximo Tribunal en el Auto Supremo Nº 469 de 07 de agosto de 2013 y muchos otros, que señalan que la fundamentación no debe ser ampulosa, sino razonada, clara, precisa y concreta al punto apelado, de donde se concluye que el tribunal de apelación no incurrió en la vulneración de derechos y garantías constitucionales, previstos en los arts. 115 y 117 de la CPE, que ameriten la nulidad de actuados como erradamente pretende la recurrente, buscando una dilación innecesaria del proceso.

En en el fondo, respecto a la denuncia de error de hecho de las pruebas de fs. 28, 36, 37 a 44, 45 a 47, 206 a 211, 217 a 225 y 227 a 234, para el cálculo del tiempo de servicios del 2002 al 2004 que serían contratos de naturaleza civil, regido por el art. 732 y siguientes del CC; cabe señalar en primer lugar que, para determinar si una relación de trabajo tiene las características esenciales de una relación laboral, hay que tener en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben, a tal fin corresponde observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral, por lo que a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia o subordinación, según el cual, quién recibe el trabajo tiene la facultad de dirigirlo e imponer sus reglas, tomando los frutos de ese trabajo, por lo que para determinar la relación se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador.

En este marco, conforme establece el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, las características esenciales de la relación laboral son: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, b) La prestación del trabajo por cuenta ajena y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, concordante con el art. 2 de la misma norma legal que establecer que, en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, características que también se encuentran previstas en el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

A la luz de lo expuesto, con relación a la forma de vinculación laboral entre partes, de la revisión del elenco probatorio adjuntado durante la tramitación del proceso, se evidencia que el actor ingresó a trabajar a la Empresa AXS Bolivia S.A. el 1 de febrero de 2002 hasta el 30 de marzo de 2013, función que reunía las características esenciales de una relación estrictamente laboral, como la percepción de una remuneración o salario, donde además se establecieron una serie de condiciones, obligaciones y responsabilidades al trabajador, aspectos que demuestran categóricamente la relación de dependencia y subordinación del demandante con la Empresa demandada, concurriendo por tanto las características exigidas por los arts. 1 del DS Nº 23570 y 2 del DS Nº 28699 citados, razón por la que no puede considerarse a los contratos realizados del 2002 al 2004 de naturaleza civil, como erradamente pretende hacer creer la representante legal de la Empresa AXS Bolivia S.A., no siendo por tanto evidente que el tribunal de alzada al confirmar la sentencia hubiera incurrido en error de hecho, pues privar al trabajador de los derechos y beneficios sociales que la ley le reconoce, sería incurrir en inobservancia del art. 5 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que dispone: “cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente”, determinar en el caso presente que no existió relación de dependencia y subordinación, se estaría convalidando un fraude laboral, desconociendo derechos laborales que son irrenunciables de acuerdo a los arts. 48 de la CPE y 4 de la LGT.

Con relación a la denuncia de violación de las Resoluciones Nos. 115/09 y 396/2010 emitidas por el Ministerio del Trabajo, porque no correspondía el incremento salarial de la gestión 2009 y 2010; cabe señalar que de la revisión de la sentencia, se tiene que el incremento dispuesto por la juez a quo fue correcto toda vez que la empresa demandada en observancia al principio de la inversión de la prueba previsto en el art. 150, 66 y 3.h) del Código Procesal del Trabajo (CPT), no acreditó que este derecho habría sido honrado oportunamente, en consecuencia en virtud del principio de la irrenunciabilidad de los derechos previstos en el art. 48.III de la CPE y el art. 4 de la LGT, por lo que en aplicación correcta del DS Nº 0016 del 19 de febrero de 2009, reconoció el 12%, sobre el salario básico del trabajador y del 5% en cumplimiento al DS Nº 0498/10 de 1 de mayo de 2010 por la gestión 2010, por consiguiente los argumentos de la recurrente carecen de sustento legal, en el entendido que si bien refiere la norma que el porcentaje es negociable, empero no regula su no pago por la Empresa empleadora, por tanto se dispuso correctamente sobre mínimo establecido.

Por los fundamentos expuestos, corresponde resolver el recurso interpuesto por la Empresa empleadora, conforme a la previsión de los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por permisión del art. 252 del CPT.

Respecto al recurso de casación en el fondo de fs. 794 a 795, interpuesto por Alex Gerardo Estrada Meza, en cuanto a la denuncia de que los de grado no habrían consignado en el sueldo promedio indemnizable el incremento salarial de marzo del 2013, en la suma de Bs.304,12.-, según papeletas de pago fs. 166, 167 y 168, vulnerando los arts. 4 y 19 de la LGT y 48.III de la CPE; cabe referir que de los datos cursantes en el expediente, precisamente de las boletas de pago de fs. 166, 167 y 168 sumados los tres sueldos y dividido por tres, a cuya suma se incrementó la suma de Bs.304,12.- correspondiente a la gestión 2013, en aplicación correcta del DS Nº 1549 de 10 de abril de 2013, que en su art. 7 dispone: “El incremento salarial en el sector privado, será convenido entre los sectores patronal y laboral, considerando como base de negociación el ocho por ciento 8%...”, por mandato de la Disposición final primera, siendo el monto señalado tomado en cuenta en el sueldo promedio indemnizable de Bs.6.567,00.-, base para la liquidación de los beneficios sociales, de donde se tiene que los de grado no incurrieron en error de hecho al determinar el sueldo promedio indemnizable, por el contrario valoraron correctamente las tres últimas boletas de pago (enero, febrero y marzo 2013) de fs. 166, 167 y 168 con la facultad otorgada por el art. 158, 3.j) del CPT, que facultan que los jueces en materia laboral no están sujetos a la tarifa legal de la prueba, pudiendo formar libremente su convencimiento valorando las pruebas en su conjunto, inspirándose en los principios que informan la crítica de la prueba y a la conducta procesal observada por las partes, determinado correctamente confirmar el monto establecido por la a quo para el cálculo de los beneficios sociales del trabajador.

Con relación a los pagos pretendidos por el actor por trabajo efectuado en horario nocturno, que sumarian a 6.415 horas; cabe señalar que, por determinación del art. 46 de la LGT: “La jornada de trabajo no excederá de 8 horas por día…”; sin embargo, la segunda parte de dicha norma legal señala que: “Se exceptúan los empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza, o que trabajen discontinuamente, o que realicen labores que por su naturaleza no puedan someterse a jornadas de trabajo.”; consiguientemente, no tienen derecho al recargo, como en el caso del actor, que si bien cumplía el horario de trabajo en la noche, por los registros de asistencia de fs. 566 a 728, lo hacía de horas 17:00 a 24:00, que sumados son 7 horas de trabajo, correspondía a la jornada laboral. A ello se suma, que de la verificación de boletas de pago de fs. 68 a 168, se advierte que ninguna consigna el pago por trabajo nocturno, de donde se infiere que no es cierto que el tribunal ad quem hubiese incurrido en violación de la norma citada, al contrario, realizaron una adecuada valoración conjunta de las literales de fs. 566 a 728 y de las declaraciones testificales de fs. 278 a 279 y fs. 281 a 282 de obrados, en aplicación de los arts. 158 y 3.j) del CPT, deviniendo este punto del recurso también en infundado.

Bajo estas premisas, se colige que no son ciertas las denuncias del recurso de casación en el fondo, por lo que corresponde resolver de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación en el fondo y forma de fs. 787 a 790 presentado por la Empresa AXS Bolivia S.A., como el recurso de casación en el fondo de fs. 794 a 795 formulado por Alex Gerardo Estrada Meza.

Sin costas, por ser recurrentes ambas partes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.