SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 310/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.115/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 357 a 360, interpuesto por Elsa Valencia de Cors, contra el Auto de Vista Nº 02/15 de 9 de enero de 2015 (fs. 351), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso laboral seguido por Elsa Valencia de Cors contra Norberto Vargas Cruz, la respuesta al recurso de fs. 363 a 365, el auto de fs. 367 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 139/2014 de 25 de julio de 2014 (fs. 312 a 320), declarando probada en parte la demanda con costas, disponiendo que el demandado cancele a favor de la actora la suma de Bs.41.534,29.- por concepto de desahucio, indemnización, vacaciones, bono de antigüedad, prima y multa del 30%.

En grado de apelación formulada por el demandado (fs. 324 a 327), la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 02/15 de 9 de enero de 2015 (fs. 351), anulando la Sentencia Nº 139/2014 de 25 de julio de 2014, sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo (fs. 357 a 360), interpuesto por la demandante, manifestando en síntesis lo siguiente:

Que resulta inadmisible que algunos “Magistrados” anulen en base a una supuesta falta de motivación, lo cual les parece un atropello pretender aprobar un pedido de la parte demandada que a lo largo de la tramitación del proceso se dedicó a dilatar presentando incidentes sin ningún fundamento, los mismos que fueron rechazados, empero cuando justamente es convocado otro vocal relator para que se resuelva la causa, éste se da la tarea de revisar superficialmente para luego emitir un fallo ilegal anulando la sentencia emitida por el juez a quo, sin revisar los datos del proceso, aspecto que le ocasiona una serie de perjuicios, atentando sus derechos y principios constitucionales.

Asimismo refiere la violación del art. 15.I y III de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) por cuanto al haber anulado la sentencia, se habría remitido de forma intencional a la letra muerta sin remontarse a los antecedentes del proceso y que originaron la sentencia.

Reitera que ante la anulación de la sentencia y la negación de su derecho laboral, de ninguna manera se ha tratado de aplicar el principio procesal del “in dubio pro operario” o de “proteccionismo” instituido por el art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo (CPT), donde establece que se debe aplicar las normas laborales a favor de los trabajadoes y más aún si el empleador ha incumplido con la carga de la prueba que corresponde al empleador.

Por último refiere que demostró que el fallo ha sido emitido sin efectuar un justo y prolijo estudio de todos los datos del proceso, lo cual implica que se ha violado el art. 30 de la LOJ y el art. 3 del Código de Procedimiento Civil (CPC), así como el principio de igualdad efectiva de ambas partes y los arts. 90 y 91 del citado código adjetivo civil, lo cual supone que no se realizó una interpretación a cabalidad de la esencia de la ley laboral en cuanto a la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad previstos en los arts. 4 de la Ley General del Trabajo y 48 de la carta magna; asimismo observa que el vocal relator atropello sus derechos al señalar que el juez ad quo no tomó en cuenta y mucho menos interpretó el fondo del proceso, y al haber omitido ese extremo, resulta arbitrario el fallo del relator y los firmantes del auto de vista al anular una sentencia, lo cual demuestra que nunca se conoció de fondo, las irregulares pretensiones de la parte demandada.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo, en aplicación del art. 253.3 del CPC, pronuncie auto supremo anulando el proceso reponiendo hasta el vicio más antiguo, o en su caso de conformidad a la norma contenida en el art. 275 con relación al inc. 7) del art. 254 del citado código adjetivo civil, se case el auto de vista recurrido de conformidad con el art. 271.3) y 4) del CPC y deliberando en el fondo se declare probada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, resulta imprescindible precisar que, tanto la doctrina como la jurisprudencia emitida por este Tribunal, ha establecido que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho instrumentalizado para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos a la vez; en este mismo contexto, en la “Casación en el Fondo”, ell objetivo es acreditar la existencia de “errores in judicando”, en que hubieran incurrido los Tribunales de Instancia al emitir sus resoluciones, debiendo el recurrente acomodar sus argumentos fácticos y jurídicos en uno de los numerales establecidos en el art. 253 del CPC. El segundo es el recurso de “Casación en la Forma”, que se funda en los “errores in procedendo”, que tiene relación con la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, cuyas causales están contenidas en el art. 254 de la misma norma legal, donde los efectos que persigue es anular la resolución recurrida cuando en su sustanciación se violan formas esenciales sancionadas con nulidad por la ley, por ello, la interpretación de las leyes que regulan las nulidades deben ser uniformes.

Sobre esta misma temática, la jurisprudencia nacional estableció de manera uniforme que contra una Resolución de Alzada anulatoria no precede recurso de casación en el fondo, sino únicamente en la forma, destinado éste a que el Tribunal de Casación revise si los motivos que dieron lugar a la nulidad dispuesta son o no correctos; pues debe tenerse presente que el Tribunal de Alzada al anular obrados no ingresa a considerar el fondo de la problemática propiamente dicho, sino lo hace simplemente por cuestiones forma o de procedimiento; lo expuesto tiene sustento en los Autos Supremos Nos. 73/2012 de 12 de abril; 464/2012 de 3 de diciembre, 479/2013 de 18 de septiembre, 191/2013 de 17 de abril, emitidos por la Sala Civil y 107/2015-L de 12 de mayo, pronunciados por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.

Que, en el caso de autos, de la revisión de los argumentos expuestos en el recurso de casación, este Tribunal advierte que la misma incumple con la técnica recursiva inherente al referido recurso extraordinario, toda vez que si bien interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, no establece de forma clara los argumentos que los identifique a cada recurso; sin embargo, dentro de los reclamos expuestos por la recurrente, se identifica la denuncia reiterada que el tribunal de apelación anuló la sentencia sin siquiera remontarse a los antecedentes del proceso, que no efectuó un justo y prolijo estudio de todos los datos del proceso, y para justificar la nulidad de la sentencia se amparó en los arts. 3.h), 66, 150 y 151 del CPT y en el simple argumento de que el juez a quo no habría cumplido a cabalidad con el inc. a) del art. 202 del CPT, que solamente habría hecho referencia a algunos aspectos de la prueba de cargo e inversión de la prueba; de lo detallado, se concluye que este reclamo constituye una infracción en la forma por estar enmarcado dentro del art. 254.4) del CPC; en consecuencia, corresponde resolver este reclamo a fin de verificar si realmente existen errores en el procedimiento que hubieren vulnerado derechos y garantías constitucionales y que merezcan en su caso la nulidad de obrados.

Sobre el particular, es menester señalar que conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba; ello supone una doble instancia donde el tribunal o juez debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia, puesto que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando en su conjunto la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa si en el texto del memorial de apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna, otorgando a las partes una respuesta razonada y efectiva dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC, pues de no ser así, se vulnera la norma de orden público y de cumplimiento obligatorio que tiene como consecuencia la nulidad de obrados.

Ahora bien, del análisis minucioso del auto de vista recurrido, se evidencia que el tribunal ad quem anuló la Sentencia Nº 139/14 de 25 de julio de 2014, con el argumento que la “sentencia (…) al encontrarse carente de fundamentación como requisito fundamental de toda sentencia, es que amerita su nulidad debiendo la Jueza A-quo pronunciar nueva sentencia, determinando con precisión los argumentos que motivan su fallo y los aspectos que son inherentes, no solo a la apelación sino al contenido mismo de la demanda, ya que de lo contrario sería no únicamente incumplir un elemento procedimental, sino una transgresión al derecho al debido proceso de las partes en su variante de la motivación y congruencia…”; de lo citado, se observa que el tribunal de apelación paradójicamente reclama al juez a quo falta de motivación y fundamentación en la sentencia, cuando contrariamente, el tribunal de apelación a momento de emitir el auto de vista, incumplió esta exigencia, toda vez que no precisó con claridad las razones por las que decidió anular el fallo de primera instancia, al no existir un razonamiento lógico coherente, explicando detalladamente porque llega a esa decisión, cuando debió haber precisado de manera expresa qué hechos o pruebas no se encuentran debidamente fundamentados en sentencia y cómo debieron ser analizados y resolverlos directamente sobre el fondo de la causa; estas omisiones procesales sin duda alguna genera inseguridad jurídica e incertidumbre en el justiciable.

De tales antecedentes, se infiere que el tribunal de segunda instancia se limitó a anular la sentencia de primera instancia, sin emitir un pronunciamiento en términos precisos y positivos, otorgando o negando las pretensiones denunciadas en el recurso de apelación, más aún si de la revisión de la sentencia emitida por la Jueza a quo, se evidencia que la misma se encuentra debidamente fundamentada y motivada de forma fáctica y jurídica acorde a las pretensiones de la demandante y la oposición del demandado; no pudiendo eludir la resolución de la causa con argumentos inexistentes como sucede en el caso de análisis.

En este entendido, correspondía al tribunal de apelación, ingresar a analizar los aspectos de fondo, resolviendo el recurso de apelación planteado, otorgando una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC y, al no haber obrado de este modo impide abrir la competencia de este Tribunal para emitir pronunciamiento en el fondo, en razón a que el tribunal de segundo grado, no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 190, 192, 236 del CPC, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio, conforme instituye el art. 90 del adjetivo civil, cuya inobservancia acarrea la nulidad de oficio, en aplicación de los arts. 271.3 y 275 del CPC, aplicables por permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ, ANULA el Auto de Vista Nº 02/15 de 9 de enero de 2015, hasta fs. 348 vta. inclusive, disponiendo que el tribunal ad quem, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y pronuncie nuevo auto de vista con la pertinencia y exhaustividad prevista en los arts. 227 y 236 ambos del CPC.

Póngase en conocimiento del Consejo de la magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17.IV de la LOJ.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.