SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 302/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.107/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 288 a 290, interpuesto por Reynaldo Paredes Núñez del Prado, en representación de la Empresa Mosaicos Y Mármoles Paredes, contra el Auto de Vista Nº 192/2014 SSA-II de 9 de diciembre de 2014, cursante de fs. 283 a 285, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social, seguido por Daniel Mario Mamani Sejas, contra la empresa demandada, la respuesta de fs. 292, el auto de fs. 293 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, la Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 078/2014 de 14 de abril (fs. 251 a 259), declarando improbada la excepción perentoria de prescripción sobre la acción laboral, probada la excepción de prescripción con relación a los subsidios de natalidad y probada en parte la demanda de fs. 19 a 21, con costas, disponiendo que la entidad demandada, cancele a favor del actor, la suma de Bs.28.191,04.-, por concepto de indemnización, aguinaldo, bono de antigüedad y la multa del 30%, monto que deberá actualizarse de acuerdo a la UFV a momento de su pago; complementada mediante Resolución Nº 254/2014 de 13 de mayo (fs. 266), a solicitud del demandante.

En grado de apelación formulada por ambos sujetos procesales (fs. 262 a 263 complementado de fs. 268 a 269 y de fs. 270 a 271, respectivamente, la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 192/2014 SSA-II, de 9 de diciembre de 2014 (fs. 283 a 285), confirmó la Sentencia Nº 078/2014 de 14 de abril cursante de fs. 251 a 259 y la Resolución Nº 254/2014 de 13 de mayo de fs. 266 de obrados.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el representante legal de la empresa demandada (fs. 288 a 290), manifestando en síntesis:

Violación y aplicación errónea del art. 202.a) y b), el principio de congruencia, los arts. 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y 247 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), al haber determinado en el auto de vista que no existe incongruencia, ya que mediante Resolución Nº 254/2014, el error en la fecha de la ruptura laboral fue sujeto a corrección y enmienda, extremo que el recurrente considera errado, porque el auto de vista recurrido, por así evitar pronunciarse al respecto, omitió señalar que, si la juez pronunció una corrección y enmienda, fue después de haberse interpuesto el recurso de apelación de fs. 261 a 262, citando lo argumentado en el párrafo segundo del tercer considerando de la sentencia, referente a la excepción de prescripción, señalando que se había advertido del error conforme se reconoció en alzada, demostrando en forma clara que se vulneró normas, por lo que dicho fallo debe ser anulado, debido a que corresponde a una fecha anterior como es el 29/12/2007, para posteriormente señalar que el actor renunció el 29/09/2007, en fecha 29 o 28/09/2007, vale decir que el demandante habría interpuesto su demanda antes de haberse producido la ruptura laboral, por lo tanto, el auto de vista debió determinar y ordenar la nulidad del fallo hasta que se subsane el error cometido, evidenciándose que entre la sentencia y los datos del proceso no existe relación en la parte considerativa de la misma, conforme establece el principio de congruencia.

Refiere que el auto de vista vulneró normas constitucionales como la motivación, fundamentación y exhaustividad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica, demostrando claramente que la sentencia y el auto de vista recurrido, son nulos al haber violado el art. 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT), motivo por el que solicitó la nulidad de la sentencia, al haberse vulnerado normas de cumplimiento obligatorio, de conformidad a lo previsto en los arts. 90 del CPC y segunda parte del 247 de la LOJ.

Por otra parte, denunció la violación e interpretación errónea del art. 60 del Decreto Supremo (DS) Nº 21060 e improcedencia del reconocimiento de reintegro de bono de antigüedad como doble pago, al no haber valorado correctamente que la sentencia pronunciada por la a quo incurrió en errores de valoración al momento de determinar la correspondencia de un ilegal reintegro del bono de antigüedad, al pronunciarse con relación al sueldo promedio indemnizable, reconociendo en forma expresa que al actor le correspondía como bono de antigüedad la suma de Bs.587,01.-, incluido en el sueldo promedio indemnizable formando parte del concepto de indemnización, vale decir, que este bono ya ha sido reconocido por el tiempo de servicios calificados por el tribunal ad quem, y por tanto resulta por demás ilegal que en otro concepto se pretenda sancionar su reintegro como un pago doble.

Finalmente denunció la violación y aplicación errónea del art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, al pretender el tribunal de segunda instancia justificar el fallo de la a quo, al sancionar la multa del 30%, no obstante de reconocer que la condición para sancionar este extremo es el despido del trabajador, sin embargo, en forma parcializada señaló una serie de compromisos de pago, sin tomar en consideración que la norma que establece dicha multa, en forma clara determina que la multa corresponde en caso de producirse el despido y no sujeta a condiciones subjetivas, por lo que la sanción de la multa resulta ilegal e improcedente.

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido y se declare improbada la demanda, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así interpuesto el recurso de casación en el fondo, de la revisión de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:

Con relación a la solicitud de nulidad solicitada por una supuesta incongruencia en la sentencia, extremo que no fue subsanado por el auto de vista emitido por el tribunal de segunda instancia, porque supuestamente el actor presentó su demanda antes de materializarse la desvinculación laboral. Este aspecto, como consecuencia de la solicitud de enmienda y complementación planteada por el actor cursante a fs. 265 de obrados, fue corregido por la juez a quo mediante Resolución Nº 254/2014 de 13 de mayo de fs. 266, donde se señaló que la fecha de la ruptura de la relación laboral se produjo el 29 de septiembre de 2007, en tanto que la demanda fue presentada el 30 de septiembre de 2008, es decir, de forma posterior a la desvinculación laboral, no siendo por tanto procedente la nulidad solicitada, puesto que el tribunal de segunda instancia emitió su fallo en la forma prevista en el art. 236 del CPC, de donde resulta que no es evidente la violación de las normas denunciadas.

Con relación al reintegro de Bs.587,01.-, por concepto del bono de antigüedad, monto que no se incluyó al sueldo promedio indemnizable, este reclamo no es evidente, ya que si bien el actor solicitó el pago de dicho monto, como bono de antigüedad, sin embargo, este concepto, fue negado en la sentencia de primera instancia no incluyendo este monto al sueldo promedio indemnizable, careciendo tal reclamo de fundamento fáctico y jurídico, no siendo cierto lo aseverado sobre este punto.

Con relación al pago de la multa del 30%, el recurrente considera que no corresponde aplicar dicha sanción; al respecto, el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 en su art. 9 referente a los despidos establece: I. “En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito”. Mientras que el parágrafo II prevé: “En caso que el empleador incumpla su obligación su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30 % del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento e valor”.

En este contexto, de la revisión de antecedentes procesales se evidencia que el actor se retiró de manera voluntaria en fecha 29 de septiembre de 2007, como manifiesta él mismo en su demanda cursante de fs. 19 a 20, extremo corroborado en sentencia, prueba de ello es que no se le concedió el pago de desahucio previsto por ley, por lo tanto no corresponde el pago de la multa del 30%, prevista en la norma citada, puesto que esta solo procedía cuando el trabajador era despedido de su fuente laboral, extremo que no sucedió en el caso que se analiza, debiendo aclararse que, no se aplica al caso presente la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, que prescribe que también procede el pago de la multa en caso de retiro voluntario, toda vez que la citada norma es de data posterior a la desvinculación laboral.

Consiguientemente y en merito a lo expuesto, siendo en parte evidente las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.4) y 274.II CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ, CASA EN PARTE el auto de vista recurrido, y deliberando en el fondo declara probada en parte la demanda interpuesta por el actor, debiendo descontarse del monto total de la liquidación efectuada en la parte resolutiva de la sentencia, Bs.6.505,62.- concedidos indebidamente por concepto de multa del 30% quedando vigente en los demás conceptos firme e incólume la sentencia de primera instancia.

Sin multa ni responsabilidad por ser excusable.

En cumplimiento al art. 41 de la LOJ de fecha 24 de junio del 2010, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2537/2012 de 14 de diciembre de 2012, no es necesario la convocatoria de un tercer magistrado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.