SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 300/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.105/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 409 a 421, interpuesto por Julio Álvaro Rejas Villarroel, representado legalmente por Norma Olivia Espejo Flores, impugnando el Auto de Vista Nº 177/2014 SSA.II de 10 de noviembre (fs. 402 a 404), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Ministerio de Minería y Metalurgia, representado por Freddy León Flores Ponce Inchauisti y Ovidio Germán Vargas Mamani contra el recurrente coactivado, la respuesta de fs. 425 a 428, el auto de fs. 429 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, planteada la demanda coactiva fiscal por el Ministerio de Minería y Metalurgia, representado por Walter Villarroel Morochi, la Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario de La Paz, pronunció Sentencia Nº 10/2006 de 22 de febrero (fs. 150 a 170), declarando improbada la demanda coactiva fiscal de fs. 54 a 56 y 59, interpuesta por el Ministerio de Minería y Metalurgia, legalmente representado por el Ministro Walter Villarroel Morochi, disponiendo dejar sin efecto la Nota de Cargo Nº 54/2004 de fs. 63 en contra de Julio Álvaro Rejas Villarroel y Adán Emilio Zamora Estrada; asimismo, levantar las medidas precautorias dispuestas en el Auto Interlocutorio Nº 76/04 de fs. 61 a 62, en contra de los demandados.

En grado de apelación deducida por el Ministerio de Minería y Metalurgia, representado por Walter Villarroel Morochi, la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 141/2008-SSA-II de 18 de julio de 2008 (fs. 239 240), anulando el auto de concesión del recurso de apelación de fs. 201, declarando en su lugar la expresa ejecutoria de la Sentencia Nº 10/2006. Sin responsabilidad por ser excusable.

La señalada resolución, motivo la interposición de recurso de casación (fs. 254 a 258), resuelto mediante Auto Supremo Nº 207/2012 de 11 de septiembre de 2012 (fs. 362 a 364), que anuló obrados hasta fs. 238 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal de apelación, sin espera de turno, previo sorteo, dicte una nueva resolución, pronunciándose sobre el fondo de la causa.

En cumplimiento de la Resolución Suprema, la Sala Social y Administrativa Segunda del tribunal Departamental de Justicia de la Paz, emitió Auto de Vista Nº 177/2014 SSA.II de 10 de noviembre de 2014 (fs. 402 a 404), que revocó la Sentencia Nº 10/2006 de 22 de febrero de 2006 y declaró probada la demanda coactiva fiscal de fs. 54 a 56 y 59, manteniendo consiguientemente, firme y subsistente las medidas precautorias dispuestas mediante Auto Interlocutorio Nº 76/04, de fs. 61-62, así como la nota de cargo Nº 54/2004 de fs. 63, disponiendo se gire en ejecución de fallos el correspondiente Pliego de Cargo para su cumplimiento conforme a Ley. Sin costas por la revocatoria.

Contra la resolución de vista, el demandado Julio Álvaro Rejas Villarroel, a través de su representante legal Norma Olivia Espejo Flores, interpuso recurso de casación en el fondo de fs. 409 a 421, expresando en síntesis, los siguientes argumentos:

  1. Recurso de casación en la forma.

Alega que el Auto Supremo Nº 207/2012 de 11 de septiembre de 2012, dispuso anular obrados hasta fs. 238 inclusive, de donde se entiende que habría dejado sin efecto todo lo actuado desde fs. 1 a 238, por lo que todos esos actuados se encontrarían anulados; sin embargo señala, en el supuesto caso que la nulidad no alcance de fs. 1 a 238, se entiende que el sello de sorteo de vocal realizado el 14 de julio de 2008, cursante a fs. 238 vta., se encontraría plenamente en vigencia, consecuentemente, el vocal que debió ser relator en el auto de vista ahora recurrido debió ser quien figura en ese sorteo, a quien ya se encontraba asignado el expediente, pues era quien gozaba de competencia; sin embargo, pese a existir vocal relator, se realizó nuevo sorteo de vocal relator en forma ilegal, según sello de fs. 401 vta., recayendo el sorteo en la persona de otro vocal, que sin tener competencia, dictó el Auto de Vista Nº 177/2014 de 10 de noviembre de 2014, por lo que al haber sido emitido por un vocal sin competencia, es nulo de pleno derecho. Añade que, en el supuesto caso de dar por válido el segundo sorteo, se estaría ocasionando un nefasto precedente para la justicia, ya que en todo proceso se podría permitir dos o más sorteos, infringiendo normas procedimentales.

  1. Recurso de casación en el fondo.
  1. Interpretación errónea del art. 253.1, y art. 77.d) de la Ley del Sistema de Control Fiscal (LSCF). Señala que la interpretación errónea radica en que el auto de vista no hizo la interpretación jurídica de las características de consultor y asesor, pues no consideró que el tiempo que empleó como asesor, bien puede efectuarse días feriados, sábados, domingos, en la noche, etc., por la naturaleza del trabajo, toda vez que el contrato que dio origen a la relación entre el Ministerio de Minera y Metalurgia y su representado, lleva el rótulo de “Contrato de Prestación de Servicios” “Asesoramiento Técnico”, sin embargo, en todos los documentos se hace referencia a “consultor”, aspecto que se encuentra debidamente diferenciado en cuanto a su concepto y aplicación presupuestaria de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 1178 en el Sistema de Administración Personal y en las Normas Básicas de Bienes y Servicios.

Invoca el contenido de la Resolución Ministerial (RM) Nº 1184 de 24 de octubre de 1997, el art. 19 de la Ley Nº 1719 de 6 de noviembre de 1996, la RM  Nº 1120 de 4 de septiembre de 1998, art. 28 y 33 de la Resolución Suprema  (RS) Nº 217064 de 23 de mayo de 1997, manifestando posteriormente que el caso presente tiene origen en el proyecto 2013-BO con el apoyo del Banco Mundial, que se ejecutó desde el año 1994 hasta 1997, a cuya conclusión el Banco Mundial en su informe de cierre, al no haber completado los objetivos del proyecto, recomendó concluir las tareas pendientes en el proceso y sugirió mantener una política minera de apertura a la participación probada nacional y extranjera en el sector, y una política remunerativa que asegure la permanencia de un plantel idóneo de profesionales; de ahí que se les otorgó el plazo de dos años para concluir las tareas emprendidas, y entre otras cosas, se instruyó a COMIBOL, concluir la implementación de su nueva estructura, manteniendo un personal reducido que conforme un equipo de profesionales calificados .

Alega que, el pago de contratos civiles a funcionarios ejecutivos de COMIBOL se originó en 1992, durante la ejecución del Proyecto de Rehabilitación del Sector Minero, con el apoyo del Banco Mundial y respecto a los Convenios Internacionales aprobados con leyes específicas en el Congreso Nacional, se podía aplicar un régimen de remuneración complementaria a ejecutivos y miembros del directorio y personal técnico con responsabilidades en la conducción de COMIBOL, a través de contratos civiles, que fueron elaborados con el apoyo de la Unidad de Coordinación Sectorial del Proyecto, lo que demuestra que esta política de remuneración a ejecutivos y técnicos de COMIBOL y del sector minero, fue establecida por el gobierno central del periodo 1993-1997, para cumplir sus políticas de Estado con el apoyo financiero y técnico del Banco Mundial, comprometidas en el Convenio de Crédito aprobado por ley especial, que no constituyen fondos públicos, razón por la que, además de pagar normalmente el sueldo de ejecutivos y técnicos, se les pago honorarios establecidos en contratos civiles, porque tenían la certeza que los funcionarios del programa de servicio civil devolvían el líquido pagable del sueldo al TGN y cobraban los honorarios por sus contratos civiles para evitar doble percepción.

Al no haberse completado los objetivos del proyecto durante la gestión 1994 a 1997, autoridades de gobierno aplicaron para la gestión 1998 a 1999 la misma modalidad de contratos a ejecutivos, directores y personal técnico de rango jerárquico de COMIBOL y de su subsidiaria E.M. Vinto, modalidad que fue aplicada para un número mayor a 20 ejecutivos y técnicos y no solo para su mandante, lo que demuestra que se trata de una política de gobierno, que es precisamente quien contrató.

En el periodo del proyecto de rehabilitación del Sector Minero, por el pago simultáneo de sueldos de COMIBOL y honorarios de los contratos civiles, hacía un monto de $US.3.095.408,34.-, remarcando que el contrato civil era pagado con el 10% como aporte de contraparte de COMIBOL y el 90% desembolsado del crédito IDA 2013-BO, es decir que las tres líneas de remuneración corresponden a recursos públicos de la misma fuente, información que está contenida en el Informe de auditoría Interna de COMIBOL, que no fueron considerados ni evaluados, omitiendo reformular el informe del periodo 1995-1997, que es el documento base que identifica el origen de la política de remuneración al personal encargado de implementar la política minera en el país, política que fue sostenida hasta esa fecha por cuatro gobiernos, dejando en estado de indefensión al grupo de asesores técnicos.

Seguidamente, realiza una amplia exposición referente al Proyecto de Medio Ambiente, Industria y Minería, relatando en qué consistía, cuáles eran sus objetivos, señalando entre otros aspectos, que el componente de asesoramiento técnico, fue creado con anterioridad al proyecto y no contaba con la objeción de los financiadores y obedecían con cabalidad a la ejecución del convenio de crédito aprobado por el Congreso Nacional y se aplicó el mismo principio de equidad en la remuneración del personal ejecutivo y de dirección de COMIBOL, siendo las autoridades de gobierno las que aprobaron un plan de recursos humanos para incluir en contratos civiles elaborados exactamente igual que los contratos de la gestión anterior, que fueron suscritos por el Viceministro de Minería y Metalurgia como responsable del proyecto mencionado, refiriendo que en el periodo de dos años, el contrato civil estuvo pagado con el 100% de aportes de COMIBOL al proyecto, que fue autorizado en base a condiciones comprometidas en los convenios de crédito con el Banco Mundial y el Fondo Nórdico, aprobados por leyes de la república, mismas que dieron el marco legal para la aprobación de la Resolución Bi Ministerial Nº 29 de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda, quienes autorizaron el incremento de los aportes para el pago de asesores técnicos, y cuya ejecución presupuestaria fue controlada de manera rigurosa por el Viceministerio de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y por los organismos financieros a través de la información generada por la Unidad de Coordinación Sectorial del Proyecto.

  1. Aplicación indebida del art. 253.1) del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Señala que el auto de vista recurrido, viola el art. 31 de la Ley SAFCO, que establece como requisito para que exista responsabilidad civil, que el servidor público cause daño al Estado valuable en dinero; en el presente caso, tal como expresó el coactivante en su recurso de apelación y fue confirmado en el auto de vista, el contrato fue cumplido plena y satisfactoriamente con sus objetivos y resultados esperados, lo que significa que el auto de vista, reconoce que el contrato era de carácter civil, que fue cumplido a cabalidad por su mandante, además que no ocasionó daño valuable el dinero al Estado sino que fue un éxito, sin que exista un informe técnico ni jurídico emitido por COMIBOL que determine daño valuable en dinero contra el Estado; además, en ningún momento se demandó la nulidad del contrato, el trabajo del contrato fue cumplido, se pagó el honorario pactado y se pagó el impuesto correspondiente, por tanto, no correspondía la aplicación del inc. d) del art. 77 de la LSCF y menos del art. 31 de la Ley SAFCO, porque no existió daño económico valuable en dinero contra el Estado, tal como lo estableció el informe técnico de fs. 221 a 224, porque la instancia técnica constató las normas legales y administrativas como los lineamientos y directrices de aprobación del Presupuesto General de la Nación de las gestiones 1998 y 1999, así como la aclaración expresa correspondiente al año 2000, lo que verifica que los recursos estaban aprobados por ley específica, así como la RS de la Normas Básicas de la Ley SAFCO, que reconoce que cuando se trata de recursos comprometidos a través de Convenio Internacional, no constituye fondo público.

Acusa también la violación del art. 14.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y los arts. 1, 2 y 3 del Código Civil (CC), al no haber sido valorada ni analizada la prueba de obrados, menos el contrato civil de prestación de servicios que es utilizado como base del presente proceso, señalando que si no hubo acción, mucho menos hubo omisión que cause daño económico al Estado, porque tanto como funcionario público y como asesor del PMAIM, demostró un trabajo eficiente, recibiendo a cambio una remuneración justa al esfuerzo realizado.

Señala que no tomaron en cuenta que todos los elementos fueron analizados por el Senado Nacional, quienes emitieron el Informe Nº 012/2001-02 sobre resolución del pleno senatorial Nº 084/99-00 de 13 de abril de 200, cuyas conclusiones y recomendaciones establecen que las denuncias fueron documentalmente desvirtuadas, sugiriendo el archivo de obrados. En cuanto a los desembolsos mensuales para la ejecución de las partidas presupuestarias inscritas en el presupuesto general de la nación probado por el congreso, señala que mensualmente el Ministerio de Hacienda, mediante el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, aprobaba el desembolso previo cumplimiento de requisitos.

Posteriormente, realiza una amplia exposición de antecedentes, respecto a la fiscalización realizada en el Senado nacional, la auditoría del caso, la administración de COMIBOL y del PMAIM después de mayo de 2000

  1. Aplicación indebida del inc. 1) del art. 253 del CPP.

Alega que el auto de vista recurrido, aplica de manera indebida el art. 31 del art. 1178, pues, en relación al incumplimiento del art. 78 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal; en base a lo cual señala que los contratos como asesores de PMAIM estaban sujetos al Convenio de Crédito AIF-2805-BO, requiriendo una adecuación de manera excepcional a la legislación vigente realizada por Máxima Autoridad de la Entidad, de acuerdo al art. 27 de la Ley Nº 1178, alegando además que no existió acción, omisión e incumplimiento de parte de su mandante, por lo que no existe razón sustentable para señalar la aplicación del art. 31 de la Ley SAFCO.

Por lo expuesto, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, anule el auto de vista recurrido, de acuerdo a los fundamentos del recurso de casación en la forma, o en su defecto case dicha resolución, y deliberando en el fondo, confirme la Sentencia declarando improbada la demanda coactiva fiscal incoada, además de la cancelación de las medidas precautorias dispuestas en el Auto Interlocutorio Nº 76/04.

CONSIDERANDO II: Que así planteados los recursos, analizado el contenido de los mismos, se establece lo siguiente:

  1. Respecto al recurso de casación en la forma:

El recurrente solicita la anulación del auto de vista recurrido, argumentando que la nulidad dispuesta por Auto Supremo Nº 207/2012 de 11 de septiembre, no alcanza el sorteo de fs. 238 y vta, y que por lo tanto, al encontrarse en vigencia, le correspondía al vocal relator de la resolución de alzada, emitir la nueva resolución, de acuerdo al mandato del Auto Supremo mencionado.

Al respecto, cabe mencionar simplemente y sin ingresar en mayores consideraciones que, el Auto Supremo Nº 207/2012 de 11 de septiembre, cursante de fs. 362 a 364, en su parte dispositiva “ANULA obrados hasta fojas 238 vuelta inclusive, disponiendo que el Tribunal de Apelación, sin espera de turno, previo sorteo, dicte una nueva Resolución pronunciándose en el fondo de la causa”, de lo que se infiere que, se deja sin efecto todo lo obrado antes de la Resolución Suprema, hasta fs. 238 vta., o si se quiere, desde fs. 238 hasta antes del Auto Supremo mencionado; comprendiendo la nulidad hasta fs. 238 vta., precisamente porque la misma contiene la fecha de sorteo de la causa, y el nombre del Vocal Relator, determinando el Auto Supremo, que se proceda a un nuevo sorteo de la causa, para la emisión de un nuevo fallo de alzada, y al tratarse el “sorteo” de un acto librado al azar, bien pudo ser relator nuevamente el vocal que emitió el auto de vista anulado, o el otro miembro que conforma la Sala Social Administrativa Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz, indistintamente; por lo tanto, de ninguna forma es evidente lo argumentado por el recurrente en el recurso de casación en el fondo, mucho menos constituye causal de nulidad, pues el Código de Procedimiento Civil limita las nulidades, sólo para aquellos casos expresamente previstos y cuando afectan el orden público, pero siempre como una decisión de última ratio, de ahí que, si bien es cierto que los arts. 252 y 254.7) del CPC, permiten el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales del proceso, esta permisión debe ser concordada con el parágrafo I del art. 251 del mismo cuerpo de leyes, cuando dispone que: "Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley", principio que se sustenta en el hecho que en materia de nulidad, esta será aplicable únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo determine la ley; observándose además los principios procesales que atingen a esta figura jurídica, como son el principio de trascendencia y convalidación entre otros. De ahí que, en el caso de autos, al no estar debidamente identificado el supuesto vicio procesal en los que hubiera incurrido el tribunal de apelación, no es posible deferir favorablemente.

  1. Sobre el recurso de casación en el fondo:

Corresponde señalar previamente que, en mérito a la nueva visión de justicia del Estado Plurinacional de Bolivia que se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez, se establece que conforme a dicha potestad, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, conforme señala la jurisprudencia constitucional en el AC Nº 0077/2012-CA de 22 de febrero de 2012 que señala: “… la administración de justicia en las diferentes jurisdicciones, así como en la justicia constitucional, debe ser oportuna y sin dilaciones, además de señalar que la propia constitución establece que la jurisdicción se fundamenta, entre otros, en los principios de eficacia, eficiencia y verdad material: el primero de ellos (eficacia), supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material; el segundo (eficiencia), persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos; y, finalmente, el principio de verdad material, implica que el juzgador debe basar su resolución en una reconstrucción fiel a la realidad de los hechos y las circunstancias que lo rodearon y, para ello, debe dar prevalencia de la verdad antes que a los ritualismos, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad, resguardar derechos y garantías constitucionales.”, observándose que dichos principios buscan que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial y que el derecho sustancial se pueda cumplir a cabalidad, pues el incumplimiento o inobservancia de alguna formalidad, no debe ser causal para que el derecho sustancial no surta efecto.

Con ese preámbulo, y para una mejor compresión, se pasa a resolver el recurso de casación en el fondo, considerando de manera conjunta los tres puntos expuestos, por ser conexos entre sí.

La Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamental, regula los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública y en su Capítulo V establece el régimen de responsabilidad por la función pública aplicable a los servidores públicos quienes responden por los resultados emergentes del desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad civil, el art. 50 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (RRFP) aprobado con Decreto Supremo (DS) Nº 23318-A, señala claramente que será determinada por juez competente; es decir que no es el ente encargado del control externo quien determina la responsabilidad civil; en razón de que por mandato legal se ha separado la función de determinar los indicios de responsabilidad civil, con aquella eminentemente jurisdiccional que tiene competencia para resolver y decidir respecto a la existencia definitiva de responsabilidad civil.

Recordando que el art. 47 de la Ley Nº 1178, ha creado la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de todas las demandas que se interpongan con ocasión de los actos de los servidores públicos, de los distintos hechos de los entes de derecho público o de las personas naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, por los cuales se determinen responsabilidades civiles definidas en el art. 31 de la indicada ley, concluyéndose en consecuencia, que los actos de la Contraloría General del Estado se encuentran sometidos al control jurisdiccional, concretamente, a la autoridad jurisdiccional en materia coactiva fiscal, quien se constituye en el juez natural y competente.

Por lo que, de conformidad con el art. 31 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado aprobado por DS Nº 23215, esta entidad tiene atribución expresa para ejercer el control externo posterior en las entidades públicas, cuyos resultados constarán en informes que deben ser respaldados en papeles de trabajo. En el caso de que dichos informes de auditoría incluyan hallazgos que puedan originar un dictamen de responsabilidad son sometidos a un procedimiento de aclaración, por el que son notificados los involucrados, quienes tienen el plazo de diez días hábiles o más, para: a) solicitar por escrito una reunión de explicación sobre asuntos específicos y b) para presentar sus aclaraciones y justificativos, con base en los cuales, se elabora un informe complementario que ratifica o modifica el informe original. En caso de ratificarse los hallazgos o indicios de responsabilidad civil, esos informes son aprobados por el Contralor General del Estado a través del Dictamen de Responsabilidad Civil, conforme a la previsión del art. 51 del RRFP.

Constituyéndose dicho dictamen, en una opinión técnico-jurídica emitida por el Contralor General del Estado que contiene: a) la relación de los hechos, actos u omisiones que supuestamente causaron daño económico al Estado, b) fundamentación legal, c) cuantificación del posible daño y; e) identificación del presunto o presuntos responsables. Por previsión expresa del art. 43.a) de la Ley Nº 1178 concordante con el art. 51 del RRFP, el dictamen, los informes de auditoría y los documentos que los sustentan tienen el valor de prueba preconstituida para la acción administrativa, ejecutiva y civil a que hubiere lugar.

Siendo necesario aclarar, que pese a la calidad que ostentan dichos documentos, no gozan de la calidad de cosa juzgada, sino por el contrario, pueden ser desvirtuadas mediante el conjunto de pruebas que aporten las partes durante el proceso, pues estos documentos, únicamente acreditan cargos de presunto daño al Estado por responsabilidad civil que debe ser resarcido, pero que en el curso del proceso, conforme establece el art. 16 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal (LPCF), pueden ser desvirtuados total o parcialmente.

En el caso de autos, se observa que se determinó la existencia de indicios de responsabilidad civil del coactivado, al suscribir contratos civiles para prestar servicios de asesoramiento a la entidad ahora coactivamente, cumpliendo funciones y presentando informes respecto a las actividades que realizó recibiendo como contraparte, la remuneración correspondiente; y que si bien se acusó respecto a que existiría una diferencia establecida por la Ley Nº 1178 en el Sistema de Administración Personal y en las Normas Básicas de Bienes y Servicios entre consultor y asesor, empero ello a criterio de este Tribunal no reviste de mayor relevancia al observarse que el contrato civil firmado por el coactivado, adolecía de un vicio en su formación al haber sido pactado con una causa ilícita y ser contrario al orden público y especialmente por constituir un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. Porque si bien a primera vista se había suscrito cumpliendo a cabalidad las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, que regía en esa oportunidad para la prestación de un servicio de asesoramiento a favor del Ministerio de Minería y Metalurgia, representada por el Vice Ministerio de la cartera del mismo nombre; empero, esa contratación con pleno conocimiento del Ministerio se pactó con un funcionario de COMIBOL, dando lugar a que perciba una doble remuneración de recursos del Estado y en la misma entidad, la primera como funcionario de jerarquía de COMIBOL, concretamente como Presidente Ejecutivo de esa entidad, y la segunda en calidad de consultor del Proyecto Medio Ambiente, Industria y Minería (PMAIM), con recursos públicos emergentes del Fondo Nórdico para el Desarrollo, Proyecto de Medio Ambiente, Industria y Minería, Crédito FND 160, administrados por la entidad pública ahora coactivante. Es decir, el referido contrato tenía una causa ilícita, porque ambas partes en el momento de suscribir el contrato, sabían que el contratista, o "Asesor ", era Presidente Ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia, es decir funcionario dependiente del Estado; y tenían conocimiento de la norma instituida por el art. 78.a) de la RS Nº 217064 de 23 de mayo de 1997, por el que se aprueban las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal en sus siete capítulos y 98 artículos, que regía en esa oportunidad y especialmente en la contratación que se dio en su favor, justamente porque ocupaba ese cargo en COMIBOL.

En base a lo señalado, se concluyó acertadamente que en mérito al convenio de crédito AIF 2805-BO, aprobado por Ley Nº 1719 de 6 de noviembre de 1996, que dio origen a la Resolución Bi Ministerial MDE-MDH Nº 29 de 3 de marzo de 1998, Resolución Administrativa del Vice Ministerio de Minería y Metalurgia y la Resolución de Directorio de COMIBOL Nº 1460/97 emitidos para aprobar el Presupuesto Adicional como fondo de contrapartida y su ejecución que constituyen prolongación del Convenio de Crédito IDA-2013-BO, destinados a financiar el Proyecto de Medio Ambiente Industria y Minería, deduciéndose que el Estado Boliviano en contrapartida debía erogar un fondo para la contratación de Asesores Técnicos, empero no existen datos de descargo acerca de que estos recursos hayan sido aprobados mediante Presupuesto Adicional, por lo que se estableció que si estos fondos son provenientes de Convenios Internacionales y que se encuentran presupuestados por una entidad estatal, necesariamente son de pleno conocimiento del Tesoro General de la Nación, razón por la cual se determinó la existencia de responsabilidad civil del coactivado Julio Álvaro Rejas Villarroel y en forma solidaria de Adán Emilio Zamora Estrada, Vice Ministro de Minería y Metalurgia de ese entonces, al haber percibido el recurrente indebidamente un honorario con fondos del Estado como Consultor del Proyecto PMAIM, Convenio de Crédito AIF 2805 BO de 29 de marzo de 1996), en los periodos junio a diciembre de 1998 y de enero a diciembre de 1999, siendo que paralelamente ejercía funciones en COMIBOL, incurriendo en daño al Estado conforme prevé el art. 77.d) de la LSCF, mientras que el mencionado Adán Emilio Zamora Estrada, valga la reiteración, en su condición de Vice Ministro de Minería y Metalurgia de esa oportunidad al pactar los contratos civiles de Consultoría para Asesores Técnicos del mismo Vice Ministerio, con funcionarios de jerarquía de COMIBOL y del mismo Ministerio de Minería y Metalurgia, incurrió en disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, al tener conocimiento cierto que el Asesor Técnico, trabajaba a tiempo completo en otra dependencia del Estado y que lógicamente su contratación se debió al cargo que ejercía en COMIBOL el contratado.

Correspondiendo además aclarar que si bien en el presente proceso, en razón de la competencia por la materia, no se determina la validez o invalidez de los contratos civiles de consultoría suscritos; empero, se concluye que se ha identificado la causa ilícita que adolecían en su formación que conllevó la existencia del daño económico causado al Estado Boliviano, por ello es que al estar debidamente identificado el daño, en base a los informes de auditoría debidamente aprobados por el Contralor General de la República, que tienen suficiente fuerza coactiva y al no haber sido desvirtuados en el curso del proceso, fue correcta la revocatoria de la resolución de primera instancia y consecuentemente, también fue correcto mantener vigente la Nota de Cargo Nº 54/2004 de fs. 63 de obrados y las medidas precautorias dispuestas contra los dos coactivados.

Es importante además referir que la actual Constitución Política del Estado establece en su art. 232 que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados determinado ciertas prohibiciones para el ejercicio de la función pública en su art. 236 entre ellas el desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo ello concordante con lo dispuesto por el art. 78.a) de las NBSAP aprobada mediante RS Nº 217064 de 23 de mayo de 1997 que prevé: “…está expresamente prohibido el acumulo de puestos pagados con fondos públicos…” y con el numeral 134.07. f) de las Normas Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas por la Resolución Nº CGR-01/090/96 que al efecto señala: “Ningún servidor público ejercerá dos o más cargos públicos ni percibirá dos o más remuneraciones del presupuesto General de la Nación o del presupuesto consolidado del sector público, salvo las excepciones previstas en las disposiciones legales”.

Por lo referido, se concluye también, que no es evidente la interpretación errónea y la aplicación indebida de los arts. 77.d) y 31 de la LSCF, 14.I de la CPE y 1, 2 y 3 del CC, denunciadas por el recurrente, porque en ningún momento se desconoció el valor de los documentos presentados sino como se mencionó ut supra, la única instancia para determinar o no la existencia de responsabilidad civil de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones le corresponde al Órgano Judicial a través de sus jueces y tribunales en la materia respectiva; razón por la que, este Tribunal de Casación instituido para preservar la exacta observancia de la ley, no es una tercera instancia, porque, no supone un nuevo conocimiento de las cuestiones de hecho y de derecho, implica la función de revisión del juicio del inferior y desde un punto de vista jurídico procesal, en instancia de casación, se tiene por objeto fundamental, no tanto analizar las pretensiones de las partes, sino el de comprobar el proceder de los jueces y tribunales de instancia; es decir, tiene como finalidad revisar la aplicación de la ley sustantiva y de la ley procesal, en aras de consolidar la tutela judicial efectiva, por cuanto por el principio iura novit curia, el juez, es el único dotado de la facultad específica de impartir justicia, interpretando y aplicando la norma para resolver las controversias sometidas a su análisis, estableciéndose además que el recurrente incumplió con la obligación descrita en el art. 253.3) del CPC, cual es precisar si los juzgadores de grado incurrieron en errores de hecho o en errores de derecho en la labor de valoración de la prueba; en definitiva, no demostró la equivocación manifiesta de los juzgadores, aspecto que torna en infundada la denuncia formulada, teniendo en cuenta que la valoración de la prueba es incensurable en casación cuando no se demuestra la existencia de los errores mencionados, por otro lado tampoco se desconoció el presunto trabajo desarrollado, sin embargo, considerando las normas citadas, se estableció que no podía como funcionario de COMIBOL ser contratado por el Vice Ministerio de Minería y Metalurgia, como Consultor del PMAIM, bajo la denominación de Asesor Técnico, porque ya ejercía un cargo público y si bien no existió objeción alguna respecto a esa contratación por los entes financiadores, aspecto que fue corroborado por las Comisiones del Congreso Nacional, la no objeción, se refería a que el proyecto desde las contrataciones de los consultores, no se hizo conocer a los entes financiadores que esos Consultores, eran funcionarios de COMIBOL y del mismo Ministerio que suscribió en representación del Estado Boliviano, como contra parte para llevar adelante el proyecto.

Consecuentemente por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 1 de la LPCF.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 409 a 421, interpuesto por Julio Álvaro Rejas Villarroel, representado por Norma Olivia Espejo Flores. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.