SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 295/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-PTS.100/2015.

Distrito: Potosí.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 526 a 527 interpuesto por Esteban Orcko Zúñiga, en representación de Magaly Mendoza Prado y, la respuesta al recurso de casación en el fondo de fs. 531 a 533, interpuesto por Donald Olivera Vargas, contra el Auto de Vista Nº 10/2015 de 3 de febrero (fs. 520-523), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso social seguido por Donald Olivera Vargas contra la Empresa Constructora Consultora Emblema Real, representada legalmente por Magaly Mendoza Prado, el auto de fs. 539 vta., que concedió los recursos; los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social, de la ciudad de Potosí, pronunció la Sentencia Nº 379/2014 de 20 de octubre de 2014 de fs. 483 a 488, declarando probada la demanda en parte, por pago de beneficios sociales, indemnización, sueldos devengados, aguinaldo y multa del 30%, a favor del demandante Donald Olivera Vargas, por la demandada Magaly Mendoza Prado, representante legal de la Empresa Constructora y Consultora EMBLEMA REAL, la suma de Bs.49.349.- que deberá efectuarse dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, sin costas.

En grado de apelación deducida por la empresa demandada de fs. 490 a 491, y adhesión al recurso de apelación por el actor de fs. 504 a 507, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto de Vista Nº 10/2015 de 3 de febrero (fs. 520-523), confirmando la sentencia apelada de fs. 483 a 488, con la única modificación que la multa del 30% deberá calcularse en ejecución de sentencia. Con costas

Esta resolución originó que ambos sujetos procesales, formulen recurso de casación en el fondo de fs. 526 a 527 y 531 a 533 respectivamente, en los que manifestaron:

I.- El recurso de casación en el fondo de fs. 526 a 527, interpuesto por la empresa demandada Magaly Mendoza Prado, en el que acusó:

1.- Señaló que el auto de vista es totalmente injusto, en virtud de que los argumentos expuestos en el considerando II del auto de vista, al no tener fundamento legal, en el numeral 2, al señalar que se encuentra demostrada la relación laboral por el informe económico que cursa de fs. 74 a 77 de obrados, que en la parte final indica el trabajo que en días hábiles realizo el actor como residente de obra en tres periodos, figurando un sueldo de Bs.5.000.-, cuando en realidad dicho informe es confuso y contradictorio, que revisado minuciosamente dicho informe existe contradicción sobre los días, en una primera instancia refiere 54 días y posteriormente indica 20 días hábiles, empero el tribunal de apelación en pleno conocimiento del error procedimental de la sentencia “cuando la juez de primera instancia afirma categóricamente que la relación nació a través de un convenio de sociedad entre partes que luego se equipara a una relación de trabajo”, argumento totalmente incongruente con la parte resolutiva que declara probada la demanda, pese a conocer de esta contradicción entre la parte considerativa y la parte resolutiva de la sentencia, que es causal de nulidad, sin embargo, el tribunal de alzada en forma arbitraria, señaló: “es necesario enmendar porque a la vez es contradictoria ya que una relación comercial no da lugar al pago de derechos laborales como ha dispuesto en sentencia por lo que se concluye que en el presente caso la relación ha sido eminentemente laboral”, argumento arbitrario e ilegal al no aplicar lo dispuesto por el art. 237.4) del Código de Procedimiento Civil (CPC), con relación al art. 90 del mismo cuerpo legal.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, anulen o case el auto de vista recurrido.

II.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por el actor Donald Olivera Vargas, en el que acusó:

1.- El recurrente señala que la fecha de extinción de la relación laboral, según afirmó la juez a quo, se produjo el 17 de agosto de 2013, como efecto del primer desembolso por parte del municipio a la empresa y porque no se pudo disponer libremente del pago como pretendía el actor, según confesión provocada de la representante legal de la empresa, empero sus autoridades debieron recurrir a la aplicación de los principios protectores y de inversión de la prueba, previsto en los art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo (CPT), art. 4.a) del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, y art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE), afirmación efectuada en la demanda, es decir que la desvinculación laboral se produjo el 16 de septiembre de 2013; en cuanto al sueldo promedio en la demanda en el punto 3.3 de fs. 145 vta., el sueldo ascendía a Bs.5.000.-, precisamente este dato ha servido de base para la cuantificación de los derechos laborales demandados, sobre este particular se ha fundamentado que la juez a quo, incurrió en aplicación errónea de las presunciones legales previstas en el art. 182 del CPT, este hecho fue demostrado mediante la prueba testifical de cargo y que la juez de primer grado debió adoptar una posición favorable al actor, aplicando los principios protectores del in dubio pro operario y de inversión de la prueba.

2.- En cuanto a la supresión del mantenimiento de valor, en la parte resolutiva de la sentencia la juez a quo, omitió incorporar el mantenimiento de valor, negando la complementación solicitada, con el argumento de que habría realizado la valoración de las pruebas aportadas para acceder de los rubros demandados, sin darse cuenta que la aplicación de la ley es imperativa según el art. 164.I de la CPE; finalmente el recurrente denunció que la sentencia pronunciada por la juez de primera instancia, es sin costas, esta decisión conlleva la vulneración del art. 204 del CPT, el cual determina que frente a una sentencia condenatoria, es procedente el pago de costas, que comprende honorarios profesionales del abogado y los gastos del proceso, disposición concordante con el art. 199 del CPC, aplicable por la norma remisiva del art. 252 del ritual de la materia.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case parcialmente el auto de vista, y deliberando en el fondo, declaren que la fecha de extinción de la relación laboral fue el 16 de septiembre de 2013, y que la causa fue por despido intempestivo; que el sueldo promedio es de Bs.5.000.-, y se disponga la procedencia del mantenimiento de valor, debiendo efectuar una nueva cuantificación de los derechos demandados.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos de los recursos de casación en el fondo, corresponde resolverlos en base a su análisis y consideración de acuerdo a los hechos denunciados y la normativa invocada estableciendo lo siguiente:

I.- En cuanto al recurso de casación en el fondo de fs. 526 a 527, interpuesto de fs. 526 a 527, por la empresa demandada mediante su representante legal Magaly Mendoza Prado, según el cual, el objeto de controversia versa sobre la vulneración del debido proceso al establecer una relación laboral inexistente ya que se trata de un convenio de sociedad entre partes de tipo comercial, y no una relación de trabajo entre el actor y la empresa demandada

Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se advierte que dicha la acusación no es evidente, toda vez que la empresa demandada no demostró que el demandante fue socio, menos haberconstituido una sociedad comercial, por el contrario las certificaciones emitidas por FUNDEMPRESA, que cursan de fs. 273 a 274, acreditan la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Ltda., a solicitud de Magaly Brigida Mendoza Prado, que gira bajo la razón social de empresa Constructora y Consultora Multidisciplinaria Emblema Real, en la ciudad de Potosí, cuyo domicilio legal es en la calle Lucas Jaimes Nº 416; por lo anotado se concluye que, no se reconoce la constitución de sociedad entre la empresa demandada y el actor, como pretende la representante legal de la empresa demandada, cuya relación laboral nació cuando el actor trabajaba como encargado de obra, aportando su conocimiento intelectual como egresado de la carrera de Ingeniera Civil, conforme se tiene acreditado con las literales de fs. 2 a 62, 74 a 85 y 150 a 235, en diferentes actividades, trabajo absoluto que en los hechos resultan irrefutables, independientemente de las formalidades o apariencias que pueda adquirir la relación de trabajo, así como las estipulaciones o convenios que hayan podido hacerse para ocultar o disimular la verdad de los hechos; prueba documental que cumple con lo previsto en el art. 161 del CPT, la misma que constituye prueba suficiente e idónea para determinar la relación laboral entre la empresa demandada y el actor, por lo que, deviene de infundado el agravio traído a casación por la empresa demandada.

Estas guías de orientación llevan al convencimiento de la existencia de la relación laboral desde el 13 de diciembre de 2012 hasta el 17 de agosto del 2013, por el lapso de 8 meses y 4 días, percibiendo un salario de Bs.4.000.-, siendo el motivo de la extinción de la relación del trabajo el retiro voluntario por parte del trabajador, conforme acredita la confesión provocada absuelta por la representante legal de la empresa demandada cursante de fs. 451 a 452 del expediente, cuando manifiesta que en fecha 17 de agosto de 2013, se rompió la sociedad, por lo tanto no le corresponde el desahucio, sino los demás derechos laborales señalados en el auto de vista objeto de impugnación ahora traído a casación, como acertadamente determinó el Tribunal de Segunda Instancia, en base a una adecuada y correcta valoración de las pruebas aportadas durante la tramitación del proceso, conforme prevén los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT.

El parágrafo III del art. 49 de la CPE, prescribe que “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”; en coherencia con ello el DS Nº 28699, sobre los contratos laborales, en el párrafo onceavo de su parte considerativa ilustra que “la regla son los contratos laborales indefinidos; ya que la causa de despido debe estar debidamente justificada, fundamentada y comprobada en el marco del respeto a los derechos laborales vigentes en nuestro país”.

A ese efecto el Convenio C-158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, en su art. 4, establece que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio” (el resaltado es nuestro). Este Convenio en su art. 8, establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada.

A mérito de lo expuesto, el trabajador tiene el derecho de conservar su empleo durante su vida laboral, esta protección encuentra su fundamento en la estabilidad de la relación laboral que da seguridad y confianza al trabajador, al permitirle continuar con su trabajo que le genere un salario para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo tiempo beneficia a la parte empleadora porque contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral; finalmente beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros. Este principio expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, protege uno de los derechos fundamentales como es el derecho al trabajo. Sin embargo, existen causas legales que justifican el despido, incluso, sin derecho a desahucio o indemnización como las establecidas en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Decreto Reglamentario.

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación en el fondo, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa vulneración a norma legal alguna, tampoco atenta el debido proceso que invocó la empresa recurrente, correspondiendo en consecuencia, resolver de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por permisión del art. 252 del CPT.

II.- Resolviendo recurso de casación en el fondo interpuesto por el actor Donald Olivera Vargas, quien denunció que el tribunal ad quem, al emitir el auto de vista realizó una interpretación errónea de los arts. 227 y 236 del CPC, sobre la casusa y fecha de extinción de la relación laboral; empero, no corresponde mayor consideración al respecto, porque adicionalmente debe tenerse presente que, en materia laboral el juzgador no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba, propia del proceso civil, sino que formará libremente su convencimiento, inspirándose en principios científicos que informan la crítica de la prueba, con arreglo del art. 158 del CPT.

Asimismo, conforme determina el art. 3.j) del código adjetivo laboral, uno de los principios en los que se basa todo procedimiento en materia laboral es la: “Libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados”, debiéndose considerar que, cuando en el recurso de casación se exponen denuncias relacionadas con la apreciación de la prueba, es obligación del recurrente precisar si los tribunales de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho en el ejercicio de su atribución valorativa, sólo en esta circunstancia se abre la competencia de este Tribunal para realizar nueva compulsa de la misma, lo que no ocurre en el caso de autos.

En definitiva, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación en el fondo, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa vulneración a norma legal alguna, conforme invocó la empresa recurrente sin ningún sustento legal, por lo que corresponde resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables en sujeción al art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación de fs. 526 a 527, interpuesto por Magaly Mendoza Prado, en representación de la empresa demandada, así también el recurso de casación intentado por el actor Donald Olivera Vargas, cursante de fs. 531 a 533.

Sin costas, por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.