SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 292/2015.

Sucre, 27 de octubre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.97/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 188 a 190, interpuesto por Luis René Roca Renfijo, en representación legal de la Empresa RUYER S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 356 de 29 de julio de 2014 (fs. 184 a 186), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por Felipe Aguilera Tomicha, contra la empresa que representa el recurrente, la respuesta de fs. 194, el auto de fs. 195, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 313 de 14 de junio de 2013 (fs. 167 a 169), declarando probada en parte la demanda, sin costas, disponiendo que la empresa demandada pague a favor del actor la suma de Bs.21.178.-, por concepto de indemnización, aguinaldo, vacación, horas extras y el recargo del 30%.

En grado de apelación formulada por la parte demandada (fs. 171 a 172), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 356 de 29 de julio de 2014 (fs. 184 a 186), revocando en parte la sentencia de fs. 167 a 169, sin costas, disponiendo que la parte demandada pague a favor del actor, la suma de Bs.12.090,22.-, por concepto de indemnización, aguinaldo, vacación, horas extras, mas la multa del 30% y actualización conforme lo previsto por los Decretos Supremos Nos. 28699 y 0485.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo, interpuesto por Luis René Roca Renfijo, manifestando en síntesis:

Que el tribunal ad quem, no hizo una correcta interpretación y aplicación de la segunda parte del art. 46 de la Ley General del Trabajo (LGT), puesto que la ley es clara en relación a este artículo estableciendo dos tipos normativos relativos a la jornada laboral; los trabajadores que rigen a la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales, excluyendo el trabajo nocturno y los empleados que ocupan puesto de dirección, vigilancia o confianza, o que trabajen discontinuamente.

De dicha diferenciación y viendo el perfil del actor, señaló doctrina de Guillermo Cabanellas y del Diccionario de la Real Academia de la lengua Española, sobre lo que se entiende por trabajador, empleado u obrero de confianza, de donde se tiene que el “trabajador de confianza”, no necesariamente ejerce funciones de dirección, por el contrario, los trabajadores de confianza difieren de los altos empleados, porque ocupan puestos menos elevados y ejercen pocas atribuciones de dirección.

En este sentido adujo que, se demostró plenamente que el actor, era encargado de almacenes de la empresa y por consiguiente hombre de confianza de la misma, extremo corroborado con las declaraciones testificales de cargo y descargo, de donde se deduce que las condiciones laborales ejercidas por el actor, eran especiales, pues como encargado de almacén, era el único responsable de la llave del almacén, así como de la custodia y destino de los productos y bienes bajo su cargo, al ser una persona de confianza de la empresa, adecuándose a la prescripción normativa de la segunda parte del art. 46 de la LGT, por lo tanto no es posible reconocer las horas extras concedidas por los juzgadores de instancia.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case parciamente el auto de vista recurrido, y deliberando en el fondo, declare sin lugar al pago de horas extras al actor por ser un trabajador de confianza de la empresa.

CONSIDERANDO II: Que, así formulado el recurso, previo análisis del proceso, se establece lo siguiente:

La controversia está enfocada en dilucidar si corresponde o no el pago pago de horas extras solicitadas por el demandante las cuales fueron concedidas por la juez a quo en la Sentencia Nº 313 de 14 de junio de 2013, fallo que fue confirmado por el Auto de Vista Nº 356 de 29 de julio de 2014, resoluciones con las que el recurrente no está de acuerdo, señalando que el actor fue trabajador de confianza, denunciando en consecuencia la violación del art. 46 de la LGT.

Ahora bien, para resolver la controversia en el recurso de casación en el fondo, previamente corresponde señalar conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia, además, cabe indicar que el art. 48.II de la CPE, establece el “principio de la primacía de la relación laboral” como un principio protector de los trabajadores, señalando al efecto: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

Asimismo, podemos señalar que en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, que permitan un razonable equilibrio, notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los arts. 4 de la LGT, 3.g) y 59 del Código Procesal del Trabajo (CPT), y en los arts. 46 y 48.III de la Carta Fundamental actual.

Debe ponderarse la verdad de lo probado y por lo tanto lograr la verdad material, llegando de este modo a un razonable criterio.

Ahora bien a objeto de resolver la controversia, debemos partir de lo reglado por el art. 46 de la LGT, que establece la jornada máxima de 8 horas de trabajo diario y de 48 horas semanales, con excepción de aquellos empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza.

Bajo el marco normativo señalado se advierte que, si bien la ley laboral no trae una definición clara sobre quiénes son y qué hacen los trabajadores de dirección, de vigilancia o confianza, se debe entender que son aquellos empleados que se distinguen porque ocupan una posición jerárquica en la empresa, con facultades disciplinarias o de mando, dotados de determinado poder discrecional de autodecisión.

En el caso de autos, se establece que el demandante, en la empresa demandada, ocupaba el cargo de “Encargado de Almacenes” como señala el actor en su demanda de fs. 19 a 20 extremo corroborado por la parte demandada en su memorial de respuesta cursante de fs. 26 a 27, puesto que de ninguna manera se constituye en un cargo de confianza como erradamente arguye la parte demandada, además, de acuerdo a las papeletas de pago cursantes en obrados, se evidencia que al actor la cancelaban horas extras, extremo que desvirtúa lo afirmado por el demandado, en sentido de que el actor ocupaba un cargo de confianza en la empresa demandada, por lo tanto el trabajador se encontraba fuera de las previsiones señaladas en la segunda parte del art. 46 de la LGT.

Como corolario de lo expuesto, corresponde el pago de las horas extras solicitadas por el demandante, como acertadamente determinó el tribunal de alzada, que si bien modificó el monto a cancelarse, sin embargo, en ambas instancias se estableció que debe pagarse por este concepto, conforme sustentaron en sus resoluciones emitidas a su turno, quienes para arribar a la conclusión asumida, valoraron de manera acertada la prueba adjuntada durante la tramitación del proceso, conforme facultan los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT; extremo que desvirtúa lo aseverado por el representante de la empresa demandada, pues como se sostuvo precedentemente, al no haber desempeñado el demandante un cargo de confianza, corresponde el pago reclamado por este derecho, que además resulta irrenunciable e imprescriptible, conforme previene los arts. 48.III y IV de la CPE y 4 de la LGT.

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 188 a 190, interpuesto por Luis René Roca Renfijo en representación de la empresa demandada. Con costas.

Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs.500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.