SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 288/2015.

Sucre, 18 de septiembre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.96/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 190 a 193, interpuesto por Glen Sylvester Abad Llanos contra el Auto de Vista Nº 111 de 2 de abril de 2014 de fs. 180 a 182, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por el recurrente contra la Empresa TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN BOLIVIA S.A., representada por Mariano Hernán Díaz Márquez y otro, el auto de fs. 199 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, sobre reliquidación de beneficios sociales, la Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 42 de 16 de septiembre de 2013 cursante de fs. 157 a 160, declarando probada en parte la demanda interpuesta por Glen Sylvester Abad Llanos, cursante de fs. 18 a 20 disponiendo el pago de la suma de Bs.86.212,82.- (ochenta y seis mil, doscientos doce 82/100 bolivianos), por Desahucio, Subsidios, Primas, Horas Extras. Más la actualización en UFV en ejecución de sentencia y la multa del 30%, conforme al Decreto Supremo Nº 28699 del 01 de mayo de 2006. Con costas y declaró improbada en cuanto al pago de Indemnización, Aguinaldo y Vacaciones por haber recibido el pago mediante finiquito firmado por el trabajador sin que hubiese demostrado que no percibió el monto liquidado.

En grado de apelación formulada por la Empresa TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN BOLIVIA S.A., representada por Mariano Hernán Díaz Márquez y por el demandante, mediante memorial de fs. 162 y de fs. 165 a 166, respectivamente, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 111 cursante de fs. 180 a 182, confirmó parcialmente la Sentencia apelada Nº 42, cursante de fs. 157 a 160 de obrados. Modificando la liquidación excluyendo el pago de desahucio, disponiendo en consecuencia cancelar la suma de Bs.54.267,57.- (cincuenta y cuatro mil, doscientos sesenta y siete 57/100 bolivianos). Sin costas.

El referido fallo motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 190 a 193, por el demandante Glen Sylvester Abad Llanos, con base en los siguientes argumentos.

En el fondo, acusó que el tribunal de alzada al resolver sobre la ruptura de la relación laboral, incurrió en error de hecho porque no realizó una correcta valoración de la prueba, no tomaron en cuenta el memorándum de fs. 118, que demuestra que no concluyó el proyecto y la declaración contundente del testigo Marcelo Añez Romero en la respuesta tercera del contrainterrogatorio de fs. 135 vta., señaló que una vez que le despidieron al actor, él se hizo cargo de su trabajo, no tomaron en cuenta el principio de in dubio pro operario y otros que rigen a la materia, como acertadamente lo hizo la juez a quo, en aplicación correcta de la norma.

Asimismo denunció en cuanto a las horas extraordinarias, no corresponde solamente a una hora, sino a más horas de trabajo, no obstante que la empresa en el memorial de contestación se comprometió a presentar el libro de asistencia, no lo hizo, vulnerando el art. 41 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT) y el art. 182.i) del Código Procesal del Trabajo (CPT), al determinar que la falta de presentación de algún documento se presume por existente, conforme al principio de inversión de la prueba, previsto en el art. 3.h), 66 y 150 del CPT, por lo que denuncia que se vulneró los principios establecidos en el art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

En la forma, denunció la violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), porque el tribunal de alzada no se pronunció sobre los fundamentos expuestos en el recurso de apelación de fs. 165 a 166, se limitó a realizar un pequeño análisis sobre el contrato de trabajo, sin la debida valoración de la sentencia dictada por el juez a quo.

Refirió también que incurrieron en violación del art. 209 del CPT, porque el auto de vista se habría dictado fuera de plazo, cuando el tribunal perdió competencia, porque se dictó Decreto de Autos el 21 de marzo de 2014, según fs. 179 y se emitió el Auto de Vista Nº 111/2014, el 2 de abril de 2014, registrado a fs. 274 del Libro de Tomas de Razón Nº 01/2014, es decir 8 días hábiles después del decreto de autos, sin embargo, refiere que el Auto de Vista Nº 39/2014 de 24 de marzo de 2014, emitido en el caso seguido por Luz Marina Ardaya contra Terra Cargo S.R.L., fue registrado a fs. 125 del libro de Tomas de Razón Nº 01/2014 y, el Auto de Vista Nº 77/2014 de 02 de mayo de 2014 en el caso seguido por Julio Edgar Rocha y Otros contra la Empresa A.R.G. Ltda., Sucursal Bolivia, registrado a fs. 197 del libro de Tomas de Razón Nº 01/2014; con estos datos concluye que el auto de vista recurrido que tiene como numeración correlativa el Nº 111/2014 supuestamente dictado el 02 de abril de 2014, resulta ilógico llegando a suponer que el Dr. Edgar Carrasco ha falseado la fecha del auto de vista, suponiendo que la fecha correcta debe ser posterior a mayo del presente año, el auto de vista habría sido dictado fuera de plazo, hecho que acarrea vicios y causa un grave perjuicio a los derechos constitucionales como al debido proceso, porque vulnera el art. 90 del CPC, que establece que las normas son de orden público y por tanto de cumplimiento obligatorio.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, que dicte auto supremo casando el Auto de Vista Nº 111 del 02 de abril de 2014 y por consiguiente declare probada la demanda principal.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, corresponde su análisis con relación al auto de vista recurrido y a los antecedentes del proceso. En el advertido, que el recurso fue planteado en el fondo y en la forma, por razones metodológicas y por los efectos que representa cada uno, se ingresa a resolver en primer lugar la casación en la forma, porque en caso de aceptarse, ya no sería necesario ingresar a considerar en el fondo, decisión que de ningún modo significa alteración del contenido.

En ese sentido, en la forma, respecto a la temática central relacionada en dilucidar si el tribunal ad quem al emitir el fallo perdió competencia, por incumplir el plazo previsto por el art. 209 del CPT y, por otro lado si incurrió en la vulneración del art. 236 del CPC sobre el punto apelado en el recurso de fs. 165 a 166; cabe señalar que según los datos del proceso, se establece que luego del Decreto de Autos, el caso fue sorteado el 21 de marzo de 2014, según consta a fs. 179 de obrados, correspondiendo al tribunal ad quem, pronunciar el auto de vista hasta el 4 de abril de 2014, así realizado el cómputo el tribunal de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de la ciudad de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 111 el 2 de abril de 2014 cursante de fs. 180 a 182 a los 8 días de la fecha del sorteo de la causa, es decir dentro el plazo establecido por el art. 209 del CPT, con plena facultad y competencia otorgada por ley.

Por otra parte, con relación a la vulneración del art. 236 del CPC, cabe señalar que del análisis del mismo, se visualiza que la resolución emitida por el tribunal ad quem, presenta la debida fundamentación y motivación, con relación al punto apelado como es el reconocimiento de horas extraordinarias de trabajo pretendidas por el actor, conforme se tiene del memorial de fs. 165 a 166 de obrados, denotando un razonamiento lógico, congruente y exhaustivo, no siendo por tanto evidente la denuncia planteada por el recurrente, toda vez que según la exigencia inserta en el art. 251, concordante con el 254 del CPC y, la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, para la aplicación del instituto de la nulidad, se debe tener presente varios principios, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir “no hay nulidad sin perjuicio”; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante; extremos que no se advierten en el trámite del proceso, por tanto no resultan evidentes las alegaciones acusadas por el recurrente y no ameritan la nulidad de actuados, bajo el fundamento que no existe nulidad por simple nulidad, correspondiendo resolver el recurso de casación en la forma, conforme lo dispuesto por el art. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por permisión del art. 252 del CPT.

En el fondo, en cuanto a la denuncia de que el tribunal de alzada incurrió en error de hecho, al no tomar en cuenta el memorándum de fs. 118 y la declaración testifical de fs. 135, que demuestran que el proyecto no concluyó, porque el actor fue despedido sin causa justa de su fuente laboral, conforme acertadamente estableció la juez a quo; cabe señalar en principio que el art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), establece: “El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra, conforme a las siguientes reglas: 1). Tratándose de contratos con obreros con una semana de anticipación, después de un mes de trabajo ininterrumpido; con 15 días, después de 6 meses y con 30 después de un año; 2). Tratándose de contratos con empleados, con 30 días de anticipación por el empleado y con 90 por el patrón, después de 3 meses de trabajo ininterrumpido. La parte que omitiere el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los períodos establecidos”. De este precepto, se colige que para la desvinculación obrero-patronal, necesariamente debe existir un preaviso que ponga en manifiesto la voluntad de una de las partes intervinientes en la relación laboral para romper dicho vínculo; señalando que cuando se trata de la celebración de un contrato por “cierto tiempo o realización de obra o servicio” que pasa de un año de trabajo, la norma exige que si el empleador desea prescindir de los servicios del trabajador debe hacer conocer su decisión con un plazo de 30 días al trabajador.

En ese marco, en el caso de autos por las literales de fs. 1 a 7, 11 a 14 y las originales de fs. 59 a 61 de obrados, se advierte que Glen Sylvester Abad Llanos prestó servicios en la Empresa TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN BOLIVIA S.A., desde el 15 de abril de 2010 hasta el 22 de diciembre de 2011, desempeñando el cargo de Encargado de Sistemas del Proyecto EPC TYERCER TREN PLANTA DE GAS SABALO, acumulando una antigüedad de 1 año, 8 meses y 7 días, percibiendo un sueldo promedio mensual de Bs.8.191,09.- según boletas y planillas de pago de fs. 14 a 17 y de fs. 85 a 87.

Establecida la relación laboral del actor con la empresa demandada, corresponde analizar si el despido obedeció a la conclusión o no del proyecto, para lo cual nos remitimos al Contrato de Trabajo por Realización de Obra de fs. 59 a 61, de donde se tiene, que en su Cláusula Segunda: Vigencia.- “El presente contrato es a plazo fijo, bajo la modalidad de realización de obra, motivo por el cual los servicios a ser prestados por el trabajador a la empresa, bajo el presente contrato serán por el plazo que determina la finalización de las tareas específicas del puesto de trabajo, de acuerdo a las necesidades de la empresa” y en la Octava, refiere: “que la relación laboral concluirá por a) Conclusión de la obra o ítem encomendado al Trabajador y b) Comisión de Cualquiera de las causales de despido, establecidas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo y en el art. 9 de su Decreto Reglamentario”. En la Tercera.- refiere que: “La Empresa conviene remunerar los servicios prestados por el trabajador, con la suma de Bs. 3.702.02, (Tres Mil, Setecientos Dos 02/100 Bolivianos), que serán depositados en una cuenta aperturada a nombre del Trabajador.

De estos datos se advierte que, el actor ingresó a trabajar a la Empresa TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN BOLIVIA el 15 de abril de 2010, sin fecha de conclusión de la relación laboral, como tampoco se advierte el inicio y finalización del proyecto, ante lo cual la comunicación de fs. 118, del mes de diciembre de 2011, si bien a través del cual se comunica al actor la conclusión de la relación laboral por terminación del proyecto para el cual fue contratado, la misma carece de sustento legal. Por otro lado, extraña de sobremanera la elaboración del “Contrato de Trabajo por Realización de Obra”, porque como se refiere se trata de un “Contrato a Plazo Fijo, bajo la modalidad de realización de obra”, lo cual desnaturaliza la esencia del contrato de obra y del contrato de trabajo a plazo fijo, porque el primero está referido a la elaboración de una cosa determinada, conocida como “obra” o la prestación de hacer, conocido como “servicio”, por ello se denomina como obra o servicio, tienen un objeto concreto y fin propio, siendo su duración limitada, pues está condicionada al tiempo necesario y exigible para su ejecución y conclusión pactada, conclusión que refleja el límite temporal y la forma de conclusión fijado por el empleador, es decir cuando concluye la obra, pero la falta de especificación del límite de terminación del contrato, conlleva obligación para el empleador, de donde es necesario la claridad, fijando la conclusión, porque ante tal ausencia se considera como indefinido. En cambio el segundo, el contrato a plazo fijo, se caracteriza precisamente por su temporalidad, especificidad del trabajo a realizar y además debe ser ajeno al giro principal de la empresa, es decir que no se puede realizar contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes, siendo una excepción a la regla. Estos aspectos no se vislumbran en el documento suscrito por la Empresa empleadora con el trabajador ahora demandante.

Ahora bien, con relación a que el agradecimiento de servicios del actor, obedeció a la conclusión del proyecto, este aspecto, no obstante que la empresa haber refirió a tiempo de contestar la demanda, la presentación de la certificación de la conclusión del proyecto, no lo hizo, es decir que no demostró a través de un medio idóneo, que el proyecto EPC TERCER TREN PLANTA DE GAS SABALO efectivamente concluyó o en su caso hubiese concluido el ítem encomendado, limitándose a presentar prueba testifical que no aportaron lo suficiente sobre la conclusión de la obra, toda vez que los mismos eran funcionarios de la empresa, pero de otro proyecto, cuando era su responsabilidad desvirtuar la pretensión del actor, conforme al principio de inversión de la prueba, prevista por los arts. 3.h), 66 y 150 del adjetivo laboral, por lo que, los hechos descritos ante la inexistencia de elementos probatorios contundentes, que nos llevan al convencimiento que la relación laboral se tornó en indefinida por el principio protector de primacía de la realidad, por el que prevalece la veracidad de los hechos a lo que se pactó o documentó, en ese entendimiento la decisión asumida por el empleador fue unilateral e injustificada, con el consiguiente reconocimiento de los derechos laborales liquidados por la juez a quo, en el marco de lo previsto por los arts. 3.j) y 158 del CPT, por lo que corresponde revocar la decisión del tribunal ad quem y mantener subsistente el pago de desahucio y los demás derechos reconocidos en la sentencia, por disposición del art. 13 de la LGT y 8 de su DR-LGT.

Con relación a la falta de conocimiento del pago de horas extraordinarias y a la falta de presentación de planillas por el empleador; cabe señalar que según las planillas de fs. 85 a 117 de obrados, de la gestión 2001, en las que se evidencia que el actor no realizó trabajo en horas extraordinarias, empero se advierte que en las mismas otros trabajadores como el chofer, auxiliar, electricista, etc., percibían pago por horas extras, lo cual denota que en la empresa se cancelaba por horas extras. Según el Contrato de fs. 59 a 61, se advierte que el actor realizaba un puesto de confianza, por tanto no se encontraría sujeto a la jornada de trabajo preestablecida, encontrándose dentro de los alcances establecidos del art. 46 de la LGT, norma que regula que el personal de confianza no se encuentra sujeto a la jornada laboral de 8 horas día, cuando sea entre otras personal de confianza o sea que puede ampliar su jornada de trabajo hasta 12 horas. Sin embargo, el cargo de Encargado de Sistemas, no cumple una función de asesoramiento directo al Superior, por el contrario es un trabajo netamente técnico, por tanto no puede ser considerado de confianza, ahora si bien gozaba del descanso en sustitución de los días continuos trabajados, no es menos cierto que no se demostró con planilla especial de horas extras, como exige el art. 41 del DR-LGT, ante lo cual tanto la juez a quo como el tribunal ad quem, con relación a este punto, valorando en su conjunto los antecedentes del proceso, conforme a lo prescrito en el art. 158, 3.j) del CPT, calificaron el pago por una hora el trabajo extraordinario, por las características del trabajo además se concluye que en este punto el recurso carece de sustento legal, por no haber acreditado que los de instancia hubieran infringido las normas denunciadas por el recurrente, deviniendo por tanto este punto del recurso en infundado.

A los fundamentos expuestos, es preciso señalar que los beneficios sociales consisten en derechos laborales adquiridos por los trabajadores por el tiempo de servicios prestados, como resarcimiento y reconocimiento al desgaste físico y mental efectuado durante el tiempo de trabajo, por lo que gozan del reconocimiento y cumplimiento obligatorio por la parte empleadora, por mandato del art. 48 de la CPE, que establece: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”; concordante con el art. 4 de la LGT, normas que deben ser tomadas en cuenta a tiempo de contratar los servicios de todo trabajador por el empleador, así como para la conclusión de su relación laboral, porque el tratar de burlar estas normas legales y laborales, solamente acarrea mayor responsabilidad para la parte empleadora, precisamente por los principios que rigen la materia y que los mismos son irrenunciables e imprescriptibles.

Consiguientemente, en mérito a los fundamentos expuestos, conforme a los datos del proceso, siendo evidente en parte los extremos denunciados en el recurso de casación, corresponde aplicar en cuanto al fondo del recurso lo previsto en los arts. 271.4) y 274 y en cuanto a la forma el art. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, en el fondo CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 111 de 2 de abril, restituyendo el pago del desahucio, manteniendo por tanto firme y subsistente la Sentencia Nº 42 de 16 de septiembre de 2013. En la forma declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por el demandante de fs. 190 a 193 de obrados.

Sin costas por la casación parcial ni multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.