SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 287/2015.

Sucre, 18 septiembre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.95/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 154 a 155, interpuesto por Mariano Oliva Suarez, contra el Auto de Vista Nº 345 de 20 de octubre de 2014 (fs. 145 a 148), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por Gabriela Moreno Mendoza, en representación de su hijo Erik Cuellar Moreno contra el recurrente, la respuesta de fs. 159, el auto de fs. 160, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 01/14 de 07 de enero de 2014 (fs. 111 a 113), declarando probada en parte la demanda de fs. 9 a 10, sin costas; disponiendo que el demandado cancele a favor de la actora la suma de Bs.36.329,78.- por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación y bono de antigüedad, más la multa dispuesta por el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación, formulada por la parte demandante (fs. 116 a 117) así como por el demandado (fs. 120 a 121), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 345 de 20 de octubre de 2014 (fs. 145 a 148), confirmando en parte la sentencia y dispone que adicionalmente de lo determinado por el juez de la causa por beneficios sociales, el demandado cancele los 24 sueldos calculados a Bs.2.500.- por mes, por muerte en accidente de trabajo, sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma fs. 154 a 155 interpuesto por Mariano Oliva Suarez, en base a los siguientes argumentos que sintetizan a continuación:

1.- En la Casación en el fondo, acusa que los vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, incurrieron en violación del art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) con relación al art. 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al no existir un fundamento legal que sustente la relación laboral entre el demandado con Erik Cuellar Moreno (Fallecido), por lo que no correspondería que el demandado pague beneficios sociales a una persona que nunca tuvo una relación de dependencia, indica que se realizó una errónea interpretación incurriendo en violación de los arts. 78, 80, 81, 84, 85 y 88 de la LGT, al tomar en cuenta el certificado de defunción de fs. 50 donde indica que Erik Cuellar Moreno habría fallecido a horas 11:00 la mañana del 21 de octubre de 2011, por muerte en accidente de trabajo, obligando al ahora recurrente al pago de 24 sueldos, desestimando lo dispuesto por el juez a quo, quien en la sentencia basa su decisión, en la inspección ocular de fs. 85, corroborados por testigos del lugar que mencionan que Erik Cuellar Moreno junto a su acompañante se encontraban en estado de ebriedad la madrugada del accidente, la declaración del testigo de descargo Juan Pablo Alboro Mendoza cursante a fs. 56, como la prueba del investigador asignado al hecho de transito suboficial David Villca Cano, quien formula denuncia de oficio indicado haber tenido conocimiento de un accidente de tránsito con vuelque de campana con lesionado seguido de muerte, hecho suscitado a horas 9:30 de la mañana del 21 de octubre de 2011, documento presentado por la demandante en calidad de prueba a fs. 74. Manifiesta quien tendría la razón si el juez de primera instancia que en la inspección ocular ha tomado conocimiento que Erik Cuellar Moreno falleció a las cinco de la mañana y en estado de ebriedad, corroborado por testigos del lugar, la declaración del testigo de descargo el Sr. Juan Alboro Mendoza y la denuncia presentada por el suboficial David Villca Cano, o un certificado de defunción que a criterio del recurrente bien pudo ser manipulado por la demandante con la finalidad de sacar provecho, por cuanto el certificado de defunción ha sido expedido en la ciudad de Santa Cruz oficialía de Registro Civil Nº 4076 y se desconoce que el galeno Hubert Romero N; sea médico forense y porque no se sacó el certificado de defunción en Warnes donde se produjo el accidente por lo que los jueces de instancia no han realizado una compulsa correcta de los antecedentes insertos en el expediente, incurriendo en violación a la norma sustantiva laboral que hicieron que la demandante goce a un pago que no son beneficios, sino regalos.

2.- En la casación en la forma.- Arguye en lo que corresponde a las pruebas de fs. 48, 49 y 50, que el juez a quo, ha tomado como prueba para sustentar la sentencia indicado que existió relación laboral entre el demandado con Erik Cuellar Moreno, solo por el hecho que el ahora recurrente habría sido notificado con esas pruebas fs. 52; que el tribunal de alzada no tomó en cuenta que el proveído de 23 de julio de 2013 cursante a fs. 51, el juez de primera instancia no habría corrido traslado con dichas pruebas, tampoco tomó como prueba de reciente obtención, extremo manifestado en apelación indicando que el proveído de fecha 23 de julio de 2013 cursante a fs. 51, simplemente indica “En lo principal arrímese a la causa principal y se considerará a momento de dictar sentencia”. Considera que este proveído es imperativo, da a entender que es opcional y se entiende que no puede pronunciarse por un proveído en la que no le habrían corrido traslado con pruebas presentadas fuera de termino; por otro lado indica que el tribunal de apelación realizó una incorrecta valoración de las pruebas en el proceso por cuanto castiga al demandado con el pago de beneficios sociales a favor de la actora, siendo que era deber del alto tribunal de justicia anular obrados y revocar la sentencia apelada, por cuanto el juez inferior en grado no realizó algunas actuaciones procesales para mejor proveer como sugiere el Auto de Vista de fecha 20 de octubre de 2014, violando el procedimiento confirman la sentencia de fs. 111 a 113, asimismo en las copias legalizadas con las que fue notificado se observa que en el Auto de Vista de 20 de octubre de 2014, no consta la firma del vocal relator Sergio Cardona Chávez.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia que case el fallo emitido y declare improbada la demanda principal con, costas.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso de casación, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso se establece lo siguiente:

Se pasa a resolver primeramente las cuestiones de forma a fin de verificar si realmente existen errores en el procedimiento que hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que merezcan en su caso la nulidad de obrados, porque en caso de ser ciertas las afirmaciones, sobre la nulidad del proceso, ya no sería necesario ingresar a analizar la casación en el fondo; de donde se establece los siguientes hechos:

1.- En cuanto a la casación en la forma se concluye lo siguiente:

En relación a los agravios señalados en el recurso de casación en la forma, de lo examinado se evidencia que si bien el recurrente sostiene 1.- Que no se tomó en cuenta el proveído de fecha 23 de julio de 2013 de fs. 51, que no se corrió traslado con el mismo, y menos se tomó como prueba de reciente obtención, 2.- Que las fotocopias legalizadas con las que fue notificado con la resolución del auto de vista no llevara la firma del Vocal Relator; empero no especifica menos señala que institutos jurídicos se violaron en la resolución del auto de vista traída en casación, conforme establece el art. 258.2) del Código de Procedimiento Civil (CPC), de cuya norma, de acuerdo a la uniforme jurisprudencia, no basta citar la ley o leyes supuestamente infringidas para la procedencia del recurso de casación, pues es imprescindible sostener en forma razonada y jurídicamente probada en qué consiste la violación, la falsedad, o error, no obstante de ello conforme determina el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), en virtud a los principios procesales de eficacia, celeridad, accesibilidad, eficacia y eficiencia, se pasa a resolver las supuestas vulneraciones alegadas.

Con relación al memorial de fs. 51 y el proveído de fs. 51 vta., de la revisión de obrados se evidencia que el demandado fue legalmente notificado como consta por el formulario de fs. 52, sin que este hubiera objetado, además, las literales de fs. 48 y 49, fueron exhibidas en audiencia de inspección judicial, cuya acta cursa a fs. 85, por lo que la aseveración sobre este reclamo resulta inconsistente.

En cuanto a que las fotocopias del auto de vista con las que fue notificado el ahora recurrente no llevan la firma del vocal relator, al respecto este tribual casacional puede advertir que dicha afirmación no es evidente, pues en la fotocopia que señaló el recurrente como adjunta, según consta en el otrosí 1 del memorial de interposición del recurso en estudio y, cuya copia corre de fs. 150 a 153, se encuentra la firma del Dr. Sergio Cardona Chávez, coincidiendo además con las que fue estampada en el original de fs. 145 a 148; no siendo en consecuencia evidente la infracción acusada.

En consecuencia, al no existir causa alguna para anular obrados, se pasa a considerar la casación en el fondo.

2.- Sobre la casación en el fondo, se concluye:

La parte recurrente trae como fundamento principal del recurso de casación en el fondo, dos aspectos: El primero relacionado a que el Tribunal de Apelación al emitir su fallo habría incurrido en la violación del art. 16 de la LGT y 150 del CPT al no existir fundamento legal en la resolución que sustente la relación laboral, asimismo indican que se realizó una errónea interpretación de los arts. 78, 80, 81, 84, 85 y 88 de la LGT.

En ese contexto, con relación a la violación del art. 16 de la LGT y art. 150 del CPT realizado el examen de los antecedentes procesales, se evidencia que la cita del art. 16 de la LGT es impertinente, pues se refiere a causas por las que el trabajador podrá ser despedido con pérdida de sus beneficios sociales, lo que no tiene relación con la litis, respecto al art. 150 del CPT, este dispone acerca del principio de inversión de la carga de la prueba, en relación con lo cual, el recurrente no preciso cómo, por qué y de qué manera el tribunal de alzada hubiera vulnerado tal principio, que por otra parte no tiene coherencia con la pretendida falta de fundamento legal en la resolución de vista, más aún cuando en la sentencia a fs. 112, el juez de primera instancia señalo que el demandado no desvirtuó o enervó lo afirmado por la demandante.

No obstante de ello, de la revisión de obrados se advierte que la actora, Gabriela Moreno Mendoza, presentó demanda por pago de beneficios sociales, manifestando que su difunto hijo de nombre Erik Cuellar Moreno, fue contratado por la parte demandada para desempeñar labores múltiples de manera ininterrumpida desde el 12 de julio de 2005 hasta el 21 de octubre de 2011,y que producto de un grave accidente perdió la vida, situación que la motivó a presentar la presente acción.

Al respecto cabe precisar que, el tribunal de alzada a momento de emitir el auto de vista, realizó el análisis correcto de los antecedentes y pruebas valoradas por el juez a quo, que determinó la existencia una verdadera relación laboral entre Erik Cuellar Moreno (fallecido) y el demandado, situación que es corroborada con las pruebas documentales de fs. 48 a 49 consistente en fotografías del inmueble que estaba pintando el fallecido, la inspección judicial de fs. 88, pruebas testificales de cargo y descargo a fs. 54, 55 y 57. Por otra parte el empleador no cumplió con la obligación de asegurar al trabajador en el seguro de corto plazo de la Caja Nacional de Salud, al igual que en la AFPs, conforme el Código de Seguridad Social, su Decreto Reglamentario y la Ley de Pensiones, respectivamente, por lo que es correcto haber dispuesto la responsabilidad al empleador por la falta del seguro por riesgo profesional, como por el seguro del riesgo común; en ese contexto es que el juez de la causa conforme la valoración conjunta del elenco probatorio, determinó que la relación laboral entre Erik Cuellar Moreno y el demandado, se desarrolló y extendió por un periodo de 5 años, 3 meses y 9 días, no siendo evidente lo argüido por el recurrente.

En relación a la errónea interpretación y violación de los arts. 78, 80, 81, 84, 85 y 88 de la LGT, por haber determinado el tribunal de apelación el pago de 24 sueldos por muerte en accidente de trabajo.

Al respecto este Tribunal ve impertinente la enunciación del art. 78 de la LGT, pues esta se refiere a la subvención que el patrón deberá otorgar al hijo del trabajador cuando el empleador tenga más de 50 trabajadores, lo que no tiene relación con la litis; el art. 80 del mismo cuerpo legal, esta invocado en relación al inc. e) por cuanto el recurrente alega que el trabajador Erik Cuellar Moreno se encontraba en estado de ebriedad, sin embargo, no existe prueba que demuestre dicho extremo, pero además debe aplicarse el art. 67 del LGT, que establece otro tipo de acciones al margen de la laboral por cuanto no enervan esta instancia; respecto al art. 81 del LGT, este no puede ser vulnerado toda vez de que se trata de una definición teórica; el art. 84 del mismo cuerpo normativo, establece que la indemnización por accidente procede cuando la víctima prestó servicios por lo menos 14 días; en el caso que se analiza el finado trabajador prestó sus servicios por el periodo de 5 años, 3 meses y 9 días, por tanto no es evidente la vulneración aludida; respecto al art. 85 del mismo código, no es aplicable al presente caso, por cuanto se produjo la muerte del trabajador y no fue sólo un accidente, por lo tanto la vulneración aludida no tiene asidero legal. Con referencia al art. 88 de la LGT, ha sido derogada por el art. 296 del Código de Seguridad Social (CSS), al contrario, consta en obrados que la relación laboral fue interrumpida en forma abrupta debido a un accidente de tránsito dentro la jornada laboral, y que a consecuencia de la misma perdió la vida el trabajador, por lo que se hace procedente el pago de indemnización por accidente de tránsito con muerte equivalente a dos años de salario. Asimismo se hace aplicable el pago por concepto de desahucio por poner fin a la relación laboral por causas no imputables al trabajador aplicables en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 102 de 29 de diciembre de 1944; por tanto la vulneración alegada no corresponde.

Por otra parte, si bien es cierto que, en la declaración del testigo de descargo Juan Alboro Mendoza a fs. 56 menciona que vio salir al trabajador en busca de bebidas espirituosas empero de la revisión del expediente se observa que no existe documentación alguna que demuestre ello; sobre la inspección se observa que la misma no tiene mayor relevancia puesto que si bien una testigo que no quiso identificarse menciona que observó al trabajador en horas de la mañana sin determinar específicamente a qué hora se refería; asimismo si bien es cierto que conforme el informe efectuado por el Sub oficial David Villca Cano cursante a fs. 74; en la que manifiesta que el deceso se produjo a hrs. 9:30, a ello habrá que advertir que según el certificado de defunción a fs. 50, se evidencia contundentemente que la hora del deceso de Erik Cuellar Moreno fue a hrs. 11:00, documento que tiene todo el valor probatorio conforme el art. 159 del CPT y que además determina que murió de forma inmediata a consecuencia del impacto del accidente.

En ese marco legal, el tribunal de alzada en el auto de vista recurrido, determinó correctamente el pago de 24 sueldos por muerte en accidente de trabajo a razón de Bs.2.500.- por mes.

Consiguientemente, en merito a lo expuesto, no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y la forma de fs. 154 a 155, interpuesto por Mariano Oliva Suarez, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en Bs.500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.