SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 286/2015.

Sucre, 18 de septiembre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-OR.94/2015.

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 282 a 284 interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), Regional Oruro representado por Edson Paolo Saavedra Carreño contra el Auto de Vista Nº 117/2014 de 24 de diciembre de 2014 de fs. 273 a 277, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro dentro del trámite de calificación de compensación de cotizaciones instaurado por Juan Hurtado Condori contra la Entidad recurrente, el auto de fs. 287 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite administrativo de compensación de cotizaciones iniciado por Juan Hurtado Condori, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, por Resolución Nº 0010859 de 24 de septiembre de 2007, cursante a fs. 33, otorgó a favor de Juan Hurtado Condori la constancia de aportes correspondiente al sector Minería Privada, considerando un salario cotizable de Bs.842,25.- (ochocientos cuarenta y dos 25/100 bolivianos) correspondiente a febrero/1989 y una densidad de aportes de 8,92 años; documento válido para tramitar su Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual. Notificado con la referida Resolución, Juan Hurtado Condori, interpuso el Recurso de Reclamación de fs. 41 a 42, la Comisión de Reclamación, por Resolución Nº 057/14 de 28 enero de 2014 (fs. 243 a 246), revocó en parte la Resolución Nº 0010859 de 24 de septiembre de 2007, cursante a fs. 33, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas y se otorga a favor del asegurado una densidad de 9 años de aportes y un Salario Cotizable de Bs.842,25.- (ochocientos cuarenta y dos 25/100 bolivianos), correspondiente al periodo de febrero/1989, conforme la Certificación del Área de Certificación y Archivo Central CERT-09-2012-8639, de fecha 24 de diciembre de 2012, cursante a fs. 231 y 232 de obrados.

En grado de apelación interpuesta por el solicitante Juan Hurtado Condori de fs. 252 a 253, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista Nº 117/2014 de 24 de diciembre, cursante de fs. 273 a 277, revocó la Resolución Nº 057/14 pronunciada el 28 de enero de 2014 por la Comisión de Reclamación del Sistema Nacional de Reparto, dejando sin efecto la Resolución Nº 0010859 de 24 de septiembre de 2007 emitido por la Comisión de Calificación de Rentas y dispuso un cálculo de aportes del solicitante tomando en cuenta los periodos no certificados y el salario cotizable según los documentos aportados por el impetrante.

El auto de vista, motivó que el SENASIR Regional Oruro, representado por Edson Paolo Saavedra Carreño, formule recurso de casación en el fondo de fs. 282 a 284, expresando:

Luego de realizar una relación de los antecedentes del trámite, acusó que el tribunal de alzada incurrió en violación de los arts. 24 y siguientes de la Ley Nº 65 de 10 de diciembre de 2010, del Decreto Supremo (DS) Nº 0822 de 16 de marzo de 2011, Resolución Ministerial (RM) Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición y de los arts. 1296.I y 1523 del Código Civil (CC), al dejar sin efecto la Resolución Nº 0010859 de 24 de septiembre de 2007 emitido por la Comisión de Calificación de Rentas y disponer un cálculo de aportes del solicitante tomando en cuenta los períodos no certificados y el salario cotizable según los documentos aportados por el impetrante Juan Hurtado Condori, -según el recurrente- viola varias disposiciones referentes a la certificación de periodos para la otorgación de la Compensación de Cotizaciones y contiene una errónea apreciación de las pruebas aportadas al expediente que provocan un daño económico al Estado, porque la Comisión de Reclamación, con la facultad revisora que le asiste emitió el Informe Técnico Nº 399/13 de 17 de junio de 2013, cursante a fs. 234 y 236 de obrados, el cual señala que de una revisión de la documentación cursante en el Área de Certificación y Archivo central se emite la certificación CERT-09-2012-8639 de 24 de diciembre 2012 (fs. 231 y 232) la cual certifica a favor del interesado una densidad de 9 años de aportes, manteniéndose firme y subsistente el salario cotizable de Bs.842,25.- (ochocientos cuarenta y dos 25/100 bolivianos), correspondiente al periodo febrero/1989, aclarando que no se certificó los periodos 01/75 a 12/76, 11/86 a 05/87 y 05/89 a 12/89, porque el interesado no figura en planillas del Área de certificación CC, adjuntándose fotocopia de planillas a fs. 214, 218, 219, 221 y 229 de obrados. Asimismo, no certificó el periodo 02/85 a 10/86 y 06/87 a 03/88, toda vez que no se cuenta con documentación acreditable para la certificación de estos periodos, de la misma forma no se certifica el periodo 03/89, debido a que el interesado trabajó menos de 16 días, por lo que no es cotizable.

Referente al art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición de la Unidad de Recaudación aprobado por Resolución Secretarial 10.0.0.087/97, a la que hace mención el auto de vista impugnado, este no es aplicable a la Compensación de Cotizaciones, ya que esta normativa es aplicada solo para la calificación de rentas de vejez en el Sistema de Reparto y no así en la Compensación de Cotizaciones, tal cual dispone el parágrafo 1 del art. 24 de la Ley Nº 65 de 10 de diciembre de 2010 Ley de Pensiones (Compensación de Cotizaciones). “I. Es el reconocimiento que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia a los asegurados por los Aportes efectuados al sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, que se financia con los recursos del Tesoro General de la Nación”. Por lo que según la RM Nº 550/05 de 28 de septiembre de 2005, en su art. Segundo (Certificado de Aportes mediante Documentos Acreditables), el SENASIR procederá a la certificación de los Aportes mediante la modalidad de documentos acreditables, consistentes en partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud, finiquitos, certificados de trabajo y otros, no pudiendo exceder esta modalidad la cantidad de (60) sesenta cotizaciones; por lo que, el auto de vista estaría otorgando un beneficio en favor del asegurado sin tomar en cuenta la normativa señalada para Certificación de la Compensación de Cotizaciones.

Agrega que los documentos de fs. 53 a 170, copias fotostáticas supuestamente legalizadas por el señor Lino Calisaya Acha, Contador Accidental por entonces de la Compañía Minera Orlandini Ltda., no demostró si la empresa le otorgó poder para la legalización de estos documentos, por lo que no sería un agente autorizado para legalizar las mismas, tampoco tiene facultad para emitir el finiquito de fs. 174, mismos que no tendrían fe probatoria, según el art. 1296 y 1523 del CC.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, que deliberando en el fondo dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista SSA-117/2014 de 24 de diciembre de 2014 de fs. 273 a 277.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, ingresando a su análisis, en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales, cuya transgresión se acusa, se establece lo siguiente:

En cuanto a la denuncia de transgresión de los arts. 24 y siguientes de la Ley Nº 65 de 10 de diciembre de 2010, del DS Nº 0822 de 16 de marzo de 2011, RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición y de los arts. 1296.I y 1423 del CC, porque el Auto de Vista Nº 117/2014 de 24 de diciembre, al revocar la Resolución Nº 057/14, pronunciada el 28 de enero de 2014 por la Comisión de Reclamación, dejando sin efecto la Resolución Nº 0010859 de 24 de septiembre de 2007 emitido por la Comisión de Calificación de Rentas, dispuso el cálculo de aportes del solicitante tomando en cuenta los periodos no certificados y el salario cotizable según los documentos aportados por el solicitante; en consecuencia, corresponde dilucidar si lo denunciado es o no evidente.

Al efecto, es preciso referirnos en principio a hechos similares resueltos por la ex Corte Suprema de Justicia como en el Auto Supremo Nº 685/2010 de 15 de diciembre de 2010, en el que estableció el ámbito de aplicación del tratamiento extraordinario dispuesto por el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, al señalar: “…que el Ministerio de Hacienda ejerciendo la tuición que tiene sobre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, en uso de sus atribuciones, revisando las planillas del SENASIR, verificó que muchos asegurados no estaban consignados en las mismas, sin embargo cuentan con documentación que acredita que han prestado servicios en empresas e instituciones sujetas a la seguridad social de largo plazo, por ello, en beneficio de los asegurados del Sistema de Reparto, emitió la R.M. Nº 559 de 3 de octubre de 2005, complementando y ampliando los alcances del art. 14 del D.S. Nº 27543, sin imponer limitaciones sobre alguna de sus determinaciones...”, siendo la misma posterior a la RS Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, en su parte in fine de su artículo único establece de manera concreta que se debe dar cumplimiento a las condiciones y procedimientos contenidos en el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.

Esta línea jurisprudencial ha sido ratificada por este Tribunal Supremo de Justicia en diversos fallos, entre los que podemos citar los Autos Supremos Nos. 145 de 11 de abril del 2013 y 275/2013 de 3 de junio del 2013 entre otros; en los que se determinó que el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, no sólo es aplicable a los trámites realizados en el Sistema de Reparto, sino también a los que corresponden a la Compensación de Cotizaciones, cuando el asegurado acredite la prestación de servicios mediante documentos idóneos la permanencia y aportes en su fuente laboral.

Sobre el particular, el art. 14 del DS Nº 26069 de 9 de febrero de 2001, reglamentario del art. 63 de la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996 de Pensiones, prescribe que la Compensación de Cotizaciones; complementada por el art. 5.2) de la RM Nº 436 de 12 de junio de 2002 y el art. 18 del DS Nº 27543 de 31 de mayo del 2004; refieren que se utilizan los mismos procedimientos del Sistema de Reparto, tanto para la Certificación de Aportes en la Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual como para el Sistema de Reparto, conforme refiere la parte considerativa de la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, norma reglamentaria emitida por el Ministerio de Hacienda a fin de efectivizar el derecho a la jubilación como parte integrante del derecho a la Seguridad Social.

En ese orden, los arts. 45.II y IV, 48.III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE), impone la obligación de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, para cubrir la vejez entre otras contingencias, que son inembargables, porque constituyen un conjunto de derechos que gozan de proclamación y regulación propia.

Ahora bien en el caso de análisis, de la revisión de los antecedentes que sustentan al proceso, se establece que el demandante al inicio de su trámite presentó documentación consistente en: Finiquito, a fs. 1, Record de Servicios a fs. 2, Certificado de Trabajo de fs. 3, Aviso de Afiliación a fs. 7, Aviso de Baja del Asegurado a fs. 8 y durante el proceso las planillas de sueldos y jornales de fs. 55 a 170, que acreditan fehacientemente que el actor prestó servicios en la empresa Minera Orlandini del 3 de enero de 1975 hasta el 7 de diciembre de 1996, que tienen todo el valor legal, según el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS) y hacen viable para el cálculo de la Certificación de Aportes la aplicación del art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, además del art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), toda vez que el actor demostró con los documentos exigidos su ingreso y permanencia en la empresa Minera Orlandini, aspectos que fueron valorados y tomados en cuenta acertadamente por el tribunal de apelación en el Auto de Vista Nº 117/2014 de 024 de diciembre de 2014 que revocó la Resolución Nº 057/14 emitida por la Comisión de Reclamación y dejó sin efecto la Resolución Nº 0010859 de 24 de septiembre de 2007 emitido por la Comisión de Calificación de Rentas, disponiendo el cálculo de aportes del solicitante tomando en cuenta los periodos no certificados y el salario cotizable en base a los documentos aportados por el solicitante.

Ante esta situación los argumentos vertidos por el SENASIR para desestimar el cálculo legal por los periodos 01/75 a 12/76, 11/86 a 05/87 y 05/89 a 12/89, 02/85 a 10/86 y 06/87 a 03/88, 1/90 a 12/90 no es correcto y carece de sustento legal porque solicitante acreditó efectivamente la existencia de documentación respaldatoria referente a estos periodos, además se cuenta con la Certificación emitida por la Caja Nacional de Salud, CITE: HSI-CIMM que da cuenta que el interesado contaría con 20 años y 11 meses de trabajo en la empresa Minera Orlandini, pues desestimar estos hechos, constituye un desconocimiento del derecho fundamental de acceso a la seguridad social, en franca vulneración del principio de Supremacía Constitucional, señalados precedentemente, que están por encima de cualquier otra norma jurídica de rango infra constitucional, máxime cuando ninguno de los documentos fueron declarados falsos, el SENASIR omitió considerar y aplicar las normas citadas, que precisamente suplen las contingencias que se puedan presentar en el trámite para Certificación de Aportes, por lo que su posición al señalar que -no reconoce porque no está en planilla y sí está en planillas, tampoco le reconoce porque las mismas no son confiables-, cuando de acuerdo a las pruebas que cursan en el cuaderno y valoradas en su conjunto, se comprueba el trabajo y los aportes realizados por el solicitante en los periodos reclamados; por lo tanto, lo afirmado en el recurso carece de fundamento, deviniendo en infundados los argumentos expuestos en la casación en el fondo por el Ente Gestor.

Con relación al caso en análisis, más propiamente, respecto de los procesos administrativos que tienen por finalidad reconocer o desestimar derechos a la seguridad social, éste Tribunal Supremo de Justicia estableció que, en su trámite debe prevalecer la verdad material antes que la formal, en aplicación del art. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), haciendo que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y forma de cómo ocurrieron los hechos y en consecuencia otorgando la solución efectiva a la controversia, en estricto cumplimiento de las garantías fundamentales, que en el caso de autos, se funda en que el solicitante trabajó en la empresa Minera Orlandini por más de 20 años, realidad que le hace acreedor al derecho fundamental de acceso a una renta de vejez solidaria.

A lo expuesto, cabe señalar que no obstante los numerosos Autos Supremos y Sentencias Constitucionales, que regularon el procedimiento y reconocimiento del Certificado de Aportes de los solicitantes, en virtud de la irrenunciabilidad de los mismos, éste Tribunal Supremo de Justicia continúa observando que los funcionarios del SENASIR reinciden en desconocer el verdadero sentido y obligación que tiene el Estado de proteger y defender el capital humano, otorgando las prestaciones que establece la ley, derechos que no pueden ser retenidos o confiscados, ni privados en perjuicio grave de los asegurados, por tratarse de contribuciones o aportes que emergieron de los salarios de los asegurados y no pertenece al Estado, como erróneamente aduce el SENASIR, sin tomar en cuenta que los aportes que realizaron los trabajadores durante su etapa laboral, son esencialmente para que cuando cumplan la edad y número de aportes, accedan al periodo jubilatorio con una renta de vejez, que les asegure para sí y su familia una vida digna, conforme manda nuestra Constitución Política del Estado.

Consiguientemente, se concluye que no es evidente lo denunciado en el recurso de casación, en sentido que el tribunal ad quem incurrió en transgresión o mala aplicación de las normas citadas, por el contrario la resolución se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, correspondiendo resolver, conforme previenen los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 633 del RCSS.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud a la facultad conferida por el art. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ de 24 de junio de 2010, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 282 a 284, interpuesto por el SENASIR Regional Oruro a través de su representante legal.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.