SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 281/2015.

Sucre, 18 septiembre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.89/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 304 a 306, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 228/2014 SSA.I de 28 de noviembre de 2014 (fs. 301 a 302), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de reclamación instaurado por Gonzalo Abel Torrez Castro, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 309 a 313, el auto de fs. 314 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de solicitud de renta única de vejez promovido por Abel Gonzalo Torrez Castro, el Fondo de Pensiones Básicas, mediante Resolución Nº 007229 de 27 de junio de 1997 (fs. 25), resolvió otorgar en favor de Gonzalo Abel Torrez Castro, asignación jubilatoria bancaria en el equivalente al 95% de su salario promedio en el monto que asciende a la suma de Bs.3.271,66.-, que serán cancelados a partir del mes de abril de 1997; de la jubilación concedida el 55% de Bs.1.799,41.-, corresponde al régimen básico y 45% de Bs.1.472,25.-, al complementario.

Posteriormente, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 0010447 de 1 de noviembre de 2013, (fs. 76 a 78), resolvió la suspensión definitiva de la renta jubilatoria de vejez, otorgada en favor del asegurado Gonzalo Abel Torrez Castro; determinar el monto de lo indebidamente cobrado y por la Unidad de Asesoría Legal, proceder a su recuperación.

Ante esta situación, el solicitante planteó recurso de reclamación (fs. 171), que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 361/14 de 6 de junio de 2014 (fs. 252 a 255), confirmando la Resolución Nº 0010447 de 1 de noviembre de 2013.

En grado de apelación interpuesta por el asegurado de fs. 268 a 273, por Auto de Vista Nº 228/2014 SSA.I, de 28 de noviembre (fs. 301 a 302), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la Resolución Nº 361/14 de 6 de junio de 2014, quedando sin efecto la resolución Nº 0010447 de 1 de noviembre de 2013, disponiendo que el SENASIR, proceda a calificar una nueva renta de vejez y otorgue al titular sobre la base de los aportes debidamente cotizados y reclamados por el solicitante, de forma retroactiva a la suspensión de la renta: Sin lugar a la devolución de aportes por ser de entera responsabilidad del ente gestor.

Esta resolución originó que el representante del SENASIR interponga el recurso de casación en el fondo de fs. 304 a 306, señalando que, el tribunal de apelación tomó en cuenta solo de forma superficial el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), puesto que el ente gestor forma parte activa del Estado y por ende se encuentra llamado a la defensa y protección de los intereses de los asegurados, no pudiendo acusarse al SENASIR de su incumplimiento u omisión; del mismo modo sostuvo que el tribunal ad quem, no observó que el art. 67 de la CPE consagra un derecho que no solo es deber del SENASIR cuidar, sino su razón de ser, citando al respecto el párrafo segundo de la aludida norma, advirtiéndose el imperativo que hace la normativa marco, obligando al cumplimiento del respeto al derecho de acceder a una renta de vejez.

Con respecto a la recuperación de lo indebidamente pagado, sostuvo que lo previsto en el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), referente la potestad de revisión de oficio a causa de errores de cálculo, es un procedimiento administrativo interno, por cuanto la recuperación de cobros indebidos encuentra su fundamento en lo dispuesto por el art. 4.c) del Decreto Supremo (DS) Nº 26189 de 18 de mayo de 2001, en tal entendido corresponde al SENASIR recuperar lo que mal se ha pagado e ilegítimamente se ha cobrado en detrimento del patrimonio Estado y del resto de los asegurados, estableciéndose que la revisión es un procedimiento administrativo que no lesiona derecho alguno, al respecto citó lo previsto en el art. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005, que está referido a la facultad que tiene el SENASIR de revisar de oficio de las calificaciones de rentas concedidas, señalando lo previsto en los arts. 8 del DS Nº 23215, en concordancia con el 42.b) y 43 de la Ley Nº 1178.

En tal sentido, sostuvo que las disposiciones legales citadas ut supra, fueron francamente vulneradas por el tribunal de apelación, toda vez que inobservó su aplicación al caso particular, limitando su pronunciamiento a la consideración de principios garantistas en franco quebrantamiento de las disposiciones legales señaladas.

En cuanto a lo señalado en el auto de vista referente a la inobservancia por parte del SENASIR de lo previsto en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, el cual, si bien establece la modalidad de certificación extraordinaria a través de documentos supletorios, no es menos evidente dicha disposición condiciona su aplicabilidad y certificación extraordinaria a la inexistencia de planillas en los archivos del SENASIR, que en el caso presente, durante los periodos 07/76 a 04/77 y 03/88 a 07/90, el asegurado no figura en planillas del Banco Central de Bolivia y del Banco de Crédito, en este entendido, la aplicación de la normativa extraordinaria con documentación supletoria solo procede ante la inexistencia de planillas, además cabe considerar que los antecedentes no conllevan sustento documental acreditable sobre dichos periodos, por lo que no corresponde su acreditación, aspecto normado igualmente por la RA Nº 213/11 de 26 de octubre de 2011; además que el auto de vista recurrido, no consideró que los informes y certificaciones cursantes en obrados, hacen plena prueba de acuerdo a los arts. 1287, 1289.I, 1296 y 1523 del Código Civil (CC).

Por lo expuesto, considerando que el tribunal de apelación, revocó la Resolución Nº 361/14 de 6 de junio y dispuso que el SENASIR proceda a calificar nueva renta de vejez sobre la base de los aportes cotizados, sin lugar a la devolución de aportes, determinación asumida en aplicación del art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, enunciando principios consagrados en los arts. 45 y 67 de la CPE, sin embargo, no consideró la aplicación de dichas disposiciones legales en su verdadera dimensión y espíritu ni el DS Nº 27543 citado, que supedita su aplicación a la inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del ente gestor, motivo por el cual denunció como normas legales transgredidas y mal aplicadas, los arts. 45, 67 y 180 de la CPE, 477 del RCSS, 4.c) del DS Nº 26189 de 18 de mayo de 2001, Ley Nº 2197 de 9 de mayo de 2001, arts. 1 de la Resolución Ministerial (RM) Nº 1361 de 4 de diciembre de 1997, 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005, Resolución Nº 361/14 de 6 de junio de 2014, art. 8 del DS Nº 23215, en concordancia con los arts. 42.b) y 43 de la Ley Nº 1178, 1287, 1289.I, 1296 y 1523 del CC y Ley Nº 004 de marzo de 2010.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el auto de vista recurrido y confirme la Resolución Nº 361/14 de 6 de junio de 2014 emitida por el SENAIR.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso de análisis, se visualiza que el representante de la institución recurrente, no está de acuerdo con el fallo del Tribunal de Segunda Instancia, por haber revocado la Resolución Nº 361/14 de 6 de junio de 2014 y disponer que el SENASIR proceda a calificar una nueva renta de vejez, y otorgue al titular sobre la base de los aportes debidamente cotizados y reclamados por el solicitante, de forma retroactiva a la suspensión de su renta; sin lugar a la devolución de aportes, pues según el ente gestor, el asegurado no figura en planillas los periodos 07/76 a 04/77 y 03/88 a 07/90, motivo por el cual no le corresponde percibir la renta concedida inicialmente y suspendida definitivamente de forma posterior.

Al respecto, el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su art. 18 que dice: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, concordante con la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005.

Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se constata que, el asegurado, a momento de presentar su solicitud de renta única de vejez, entre otros documentos adjuntó, a fs. 10, certificado de trabajo expedido por el Banco de Crédito, a fs. 12, Certificado de Trabajo del Banco Central de Bolivia, Finiquito de fs. 13 a 14, emitido por el Baco Central de Bolivia, Certificado de fs. 15 a 18, Finiquito de fs. 19, del Banco de Crédito, documentos en los cuales se demuestra de forma contundente que el solicitante trabajó en el Banco Central de Bolivia y en el Banco de Crédito de Bolivia S.A., respectivamente y aportó para el seguro de vejez a largo plazo durante los periodos extrañados por el SENASIR, es decir, 07/76 a 04/77 y 03/88 a 07/90, documentación que no fue tomada en cuenta por los personeros del ente gestor a momento de emitir sus resoluciones.

En base a estos lineamientos y en virtud a los aludidos documentos, queda comprobado que el asegurado trabajó en las instituciones citadas ut supra, desvirtuando con ello lo afirmado por el ente gestor que argumenta que el solicitante no figuraba en planillas, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el asegurado, pues lo correcto sería que dichas comisiones, a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se evocaron a considerar la documentación que tenía en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la CPE, referente a la irrenunciabilidad de los derechos.

Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones; por lo que en el caso presente se debe calificar a favor del solicitante los periodos efectivamente trabajados correspondiente a las gestiones que fueron desconocidas por el ente gestor, los cuales han sido reparadas de forma acertada por el tribunal de segunda instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del RCSS.

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Bajo tales antecedentes, se evidencia en obrados que el tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, sustentando además su resolución en lo prescrito en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.

De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en los arts. 158 y 162 de la CPE de 1967, vigente al inicio del presente proceso, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los arts. 35.I y 45.II y IV, de la actual CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva, contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 304 a 306, interpuesto por el SENASIR.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.