SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 280/2015.

Sucre, 18 de septiembre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.88/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de nulidad y casación de fs. 421 a 422 interpuesto por Erick Leiton Zabala Román, contra el Auto de Vista Nº 206 de 24 de junio de 2014, cursante de fs. 150 a 152, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de beneficios sociales seguido por el recurrente contra la Empresa SALTOS S.R.L. representado por Luis Humberto Landívar Viera, la respuesta de fs. 425, el auto de fs. 426 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 53 de 1 de noviembre de 2013 de fs. 133 a 136, declarando probada en parte la demanda interpuesta por Erick Leiton Zabala Román, cursante a fs. 16 a 17, sin costas, e improbada en cuanto al pago de los beneficios sociales por despido, por haberse probado que existió despido con causal por lo que no le corresponde el pago y probada solo en lo que respecta a los derechos laborales adquiridos por el transcurso del tiempo como vacación, aguinaldo y sueldo por los 19 días del mes de septiembre.

Se declaró improbada la excepción de pago documentado, por no haberse dado cumplimiento a lo previsto por el art. 135 del Código Procesal del Trabajo (CPT), monto que se ordena tomar como parte de pago una vez sea remitido por el Ministerio mediante depósito judicial o sea retirado por el ex trabajador de la instancia administrativa con conocimiento de ese juzgado.

En consecuencia conforme a lo dispuesto en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), y art. 9 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), arts. 4, 19 y 44 de la LGT, con relación a la Ley del 18 de diciembre del año 1994, art. 46 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), y 200 del CPT, por la irrenunciabilidad de derechos del trabajador demandante, ordenó a la empresa SALTOS S.R.L., representada por el señor Guido Antonio Salvatierra Torrico quien actúa en el proceso por su apoderado el señor Luis Humberto Landívar Viera, pague a tercero día a favor de su ex trabajador demandante el monto de sus derechos laborales adquiridos, en la suma de Bs.2.637,64.- (dos mil seiscientos treinta y siete 64/100 bolivianos), con la actualización en UFV a calcular en ejecución de sentencia.

En grado de apelación, deducido por la parte demandante de fs. 137, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió Auto de Vista Nº 206 de 24 de junio de 2014 de fs. 150 a 152, confirmando en todas sus partes la Sentencia Nº 53 de fecha 1 de noviembre de 2013 dictado por la Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social.

Que, contra el referido auto de vista, el demandante Erick Leiton Zabala Román, interpuso recurso de nulidad y casación de fs. 421 a 422, en el que señala los siguientes argumentos:

Acusó que el tribunal ad quem incurrió en vulneración de las normas del debido proceso, toda vez que conforme al art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC), se debe anular de oficio todo proceso en que se encontraren infracciones que interesan al orden público, tal es así que la demanda principal, es defectuosa e infundamentada, porque la misma señala que su persona ganó Bs.2.400.- mensuales por concepto de pago de servicios con dependencia obrero patronal; asimismo en la sentencia únicamente se le reconoce el pago de derechos sociales, y no así de los beneficios de desahucio e indemnización por años de servicios, al haber determinado que la extinción de la relación laboral se dio por violación al art. 16 de la LGT y art. 9 de su DR-LGT, lo que es falso e infundado, por cuanto si bien es cierto la existencia de una etapa preparatoria por el supuesto ilícito de asociación delictuosa y hurto agravado a instancia de Luis Humberto Landívar y querella de Guido Antonio Salvatierra, en dicho caso no hubo dictación de sentencia ejecutoriada, quedando la misma en etapa de investigación y nada más, siendo argucias y artimañas del empleador para pretender burlar el pago de beneficios sociales, que por ley le corresponden, aspecto que no fue considerado por los de instancia que emiten una resolución infundada y arbitraria, al confirmar temerarias acusaciones sin que exista sentencia condenatoria firme, y en consecuencia vulnerando el principio de inocencia conforme señala la Constitución Política del Estado.

Que el tribunal ad quem al determinar que el recurso de apelación fue presentado extemporáneamente, debe tomar en cuenta el principio fundamental de carácter constitucional de la inviolabilidad de la defensa, por lo que debe corregir lo mal actuado conforme el orden público, que es de cumplimiento obligatorio.

Concluyó solicitando que este Tribunal por una correcta administración de justicia, anulará la primera y segunda sentencia por no corresponder a derecho, reponiendo el total de los beneficios sociales.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de nulidad y casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

En el caso presente, de los datos del proceso, se advierte que el punto central traído en casación se funda en que el tribunal de alzada incurrió en errónea interpretación y aplicación de los arts. 16.g) de la LGT, 9.g) del DR-LGT, al no reconocer el pago de indemnización y desahucio en favor del demandante, ingresando así en contradicciones en la resolución recurrida en casación, por lo que corresponde dilucidar si lo denunciado es o no evidente.

A ese efecto, en materia laboral los derechos de los trabajadores, por su naturaleza y finalidad gozan de protección del Estado, por tanto, cuando el empleador invoca como causal de despido el inc. g) del art. 16 de la LGT e inc. g) del art. 9 de su DR-LGT, la basta jurisprudencia sentada por este Tribunal ha establecido que la parte demandada está obligada a demostrar fehacientemente lo manifestado durante el proceso a través de pruebas idóneas que demuestren la comisión de los ilícitos penales; porque de lo contrario se impone la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales, previstos en los arts. 115.II y 116.I de la CPE, que dispone: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…” y “se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”, en el mismo sentido la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) comprendida dentro del bloque de constitucionalidad prevista en el art. 410 de la CPE, en su art. 8.2 establece que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…”.

En ese marco, en el caso de análisis, de la compulsa de los antecedentes, los juzgadores de instancia, determinaron que no le correspondía al actor los conceptos de desahucio e indemnización por haber incurrido en la presunta comisión de ilícitos penales (asociación delictuosa y hurto), empero durante el proceso no se demostró de manera fehacientemente lo manifestado, máxime cuando en materia laboral, por el principio de inversión de la establecido por los arts. 3.h, 66 y 150 del CPT, el empleador está obligado a desvirtuar la pretensión del demandante, de donde se tiene que lo sostenido por la parte empleadora se torna en meras suposiciones para eludir la responsabilidad de pago de beneficios sociales, toda vez que si bien consta que la empresa demandada hubiese iniciado un proceso penal contra el actor, sin embargo el mismo no cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada, emitida por autoridad competente, y pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que se colige que es evidente lo acusado por el recurrente, en sentido que los de grado hubiesen incurrido en infracciones en la emisión del auto de vista traído en casación, al emitir un fallo vulnerando normas constitucionales como es el de presunción de inocencia y debido proceso.

Asimismo, en el caso que se analiza, tampoco se acreditó la existencia de un proceso administrativo interno; apreciaciones por las cuales se establece que la causal de despido -hurto por el trabajador-, ameritaba ser dilucidada previamente, permitiéndosele al actor a desvirtuar los hechos que se le atribuyeron en resguardo de su derecho a la defensa y en virtud a la presunción de inocencia, para luego, en caso de comprobarse con el debido sustento legal la causal del art. 16.g) de la LGT, recién procedía el despido del actor con justa causa, lo que no ocurrió en el caso que se analiza, al contrario la empresa demandada desconoció el amparo que tal norma le proporcionaba de manera imperativa.

Es importante señalar, que el trabajo por constituir la base del orden social y económico de la nación, es un derecho que se encuentra consagrado y protegido por la CPE promulgada el 7 de febrero de 2009, que en su art. 48.II, dispone: “Las normas laborales se interpretaran y aplicaran bajo los Principio de Protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; Principios de Primacía de la Relación Laboral; de Continuidad y Estabilidad Laboral; de no Discriminación y de Inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, como así también el parágrafo IV, del mismo artículo de la Carta Magna, dispone que: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”. Por ello el Tribunal Supremo de Justicia, no puede desconocer el verdadero sentido y obligación que tiene el Estado, de proteger y defender el capital humano, dado que las normas legales en materia laboral, reconocen derechos de cumplimiento obligatorio, interpretación favorable al trabajador y deben garantizar la acumulación e irrenunciabilidad de los beneficios y derechos de los trabajadores.

En base a estas consideraciones, se establece que los jueces de instancia al denegar el pago del desahucio e indemnización demandados, infringieron las normas que rigen la materia y no valoraron correctamente las pruebas aportadas conforme acusa el recurrente, correspondiendo en consecuencia ante el despido injustificado acaecido, disponer dicho pago.

Ahora bien, con relación al salario promedio indemnizable, si bien en la demanda el actor señaló que ganaba la suma de Bs.2.400.-, sin embargo, no consta en obrados prueba que acredite el mismo, por el contrario la juez a quo en aplicación del principio de primacía de realidad y conforme la sana crítica, determinó correctamente la suma de Bs.1.300.-, pese a existir documental que señalaba montos contrarios al demandado; consiguientemente no se evidencia vulneración acusada.

Con relación a que el recurso de apelación fue presentado extemporáneamente, conforme manifestó el auto de vista impugnado; al respecto cabe señalar que no existe notificación expresa al actor con la sentencia, por lo que el tribunal ad quem al haber considerado como fecha de notificación el mismo día de la emisión de la sentencia incurrió en error, provocando que el actor se encuentre en indefensión al no haber respondido los agravios expresados en su recurso de apelación, correspondiendo a este tribunal subsanar el mismo.

Que, en el marco legal descrito, siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso de casación, corresponde fallar de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.4) y 274 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista Nº 206 de 24 de junio de 2014, cursante de fs. 150 a 152, y deliberando en el fondo, declara probada la demanda, disponiendo que la Empresa SALTOS S.R.L. representada por Luis Humberto Landívar Viera cancele al actor, los siguientes conceptos:

Salario promedio indemnizable:  Bs. 1.300.-

Indemnización (1a, 7m, 16d)        Bs.2.116,10.-

Desahucio                                Bs.3.900,00.-

Aguinaldo por duodécimas        Bs.1.001,94.-

Vacaciones                                Bs.   812,43.-

Sueldo mes de septiembre        Bs.   823,27.-

TOTAL                                Bs.8.653,74.-

En cumplimiento del art. 41 de la Ley del Órgano Judicial, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2537/2012 de 14 de diciembre de 2012, no es necesario convocar a tercer magistrado para resolución.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.