SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 279/2015.

Sucre, 18 de septiembre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.87/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 159 a 161, interpuesto por el Servicio Departamental de Caminos Chuquisaca, representado legalmente por José Antonio Lambertín Ruiz, impugnando el Auto de Vista Nº 40/2015 de 6 de febrero de 2015, cursante de fs. 154 a 156, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social seguido por Roger Mario Mita Aceituno contra la entidad recurrente, la respuesta de fs. 164, el auto de fs. 165 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, la Juez Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nº 045/2014 de 18 de septiembre, cursante de fs. 128 a 131, declarando probada la demanda de fs. 39 a 40, sin costas y probada en parte la excepción de pago, de igual manera sin costas, disponiendo que la institución demandada, a tercero día de su notificación, cancele en favor del demandante, la suma de Bs.30.504,32.- (treinta mil quinientos cuatro 32/100 Bolivianos), de acuerdo a la liquidación efectuada en la parte dispositiva.

Contra la sentencia, la institución demandada formuló recurso de apelación de fs. 135 a 137, que fue resuelto por Auto de Vista Nº 40/2015 de 6 de febrero, de fs. 154 a 156, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que revocó parcialmente la sentencia apelada, disponiendo que la multa del 30% prevista por el art. 9.II del Decreto Supremo (DS) Nº 28699, debe ser calculada sobre el monto de Bs.14.172,05.-, monto sobre el que se debe aplicar el mantenimiento de valor respectivo, manteniendo las demás determinaciones de la a quo, incólumes. Sin costas.

El auto de vista referido, motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 159 a 161, interpuesto por la institución demandada a través de su representante legal, expresando en síntesis, los siguientes argumentos:

Manifiesta que, en el Considerando I, el tribunal de alzada realiza un cuestionamiento al tiempo transcurrido en la notificación de la resolución administrativa, reconociendo que no existe norma que establezca un plazo fatal o de invalidación de la misma; refiriéndose además, a la sanción del 30% prevista por el DS Nº 28699 por incumplimiento de pago de finiquito en el plazo de 15 días. Por otro lado, señala que dentro del análisis del Considerando II, se hizo mención a que el proceso sumario administrativo, cuya notificación al procesado se concretó el 25 de enero de 2012, requiriendo se promueva dentro de un plazo perentorio razonable.

Menciona además respecto a la exigencia del cumplimiento del art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), según el cual todos los trabajadores del Servicio Departamental de Caminos se encuentran bajo la tuición de dicha norma por disposición de la Ley Nº 3613; empero la misma norma señala que se encuentran regidos por la Ley Nº 1178, como servidores públicos, sujetos a responsabilidades civiles, penales y administrativas, y por ende, sujetos a los Decretos Nº 23318-A, modificado por el DS Nº 26237. Por otro lado, respecto al incremento del 8% al salario básico, señaló que resultaba razonable que el cálculo del sueldo promedio indemnizable, no podía hacérselo en el monto de Bs.4.223,10.-, sin embargo, contradictoriamente dijo también que este incremento sea sancionado con la multa del 30%, por no cumplir con el plazo establecido por el DS Nº 28699, sin tomar en cuenta lo expresado en apelación al respecto, de lo que concluyó que el auto de vista recurrido, a momento de revocar parcialmente la sentencia, no hizo análisis íntegro de la normativa, causando grave perjuicio económico a la institución y en consecuencia al Estado, por, por las siguientes razones:

  1. A tiempo de realizar el finiquito, el demandante tenía un sueldo de “Bs. 4” (textual), con el que se realizó el cálculo de sus beneficios sociales y el incremento del 8% en ese momento era incierto, toda vez que no existía normativa que autorice el pago, que luego de ser aprobada meses después, sirvió de base para el pago respectivo, por lo que a su criterio, resulta ilógico que se pretenda realizar un cálculo de finiquito de fecha 19 de septiembre de 2013, con un monto que en esa fecha no existía, y peor aún adicionarle la multa del 30%, sin señalar además una norma que respalde dicho extremo y se pretenda aplicar una interpretación de razonabilidad a un hecho que varía en tiempos y fechas, pues el incremento se realizó recién a partir del mes de noviembre de 2013 y el finiquito fue elaborado en el mes de septiembre de 2013.
  2. Respecto al desahucio, alega que este se hace viable cuando no se otorgó al trabajador el pre aviso de retiro, empero del art. 12.2) de la LGT, se colige que corresponde dicho pago al trabajador que sin extenderle el pre aviso, es retirado intempestivamente, extremo no acontecido en el caso presente pues, la empresa otorgó al trabajador el referido documento de pre aviso, derivado de un proceso sumario administrativo interno por incompatibilidad, que fue notificado después de que cumpliera su fuero sindical de acuerdo a lo establecido por el Decreto Ley Nº 038, por lo que la notificación realizada con posterioridad, no tiene asidero legal alguno para anular este proceso y otorgar el desahucio que no corresponde, realizando una mala interpretación de la norma en perjuicio económico de la institución.
  3. Sobre la multa establecida por el DS Nº 28699, que señala respecto al pago del finiquito, que este deberá ser cancelado dentro de los 15 días, manifiesta que la empresa a la que representa, demostró haber elaborado el cheque con todos su comprobantes en el plazo de 15 días, sin embargo no son responsables de la mala fe los trabajadores que dejan pasar el tiempo pretendiendo cobrar dicha multa, que no corresponde, pues además la institución responde a un procedimiento que dificulta el cambio de fechas en los documentos, pues debe hacerse un registro en el SIGEP, que da fe de que el cheque de finiquito está dentro de plazo y no corresponde el pago de la multa del 30%.

Por lo expuesto, solicita que se case el auto de vista en todas sus partes, reiterando que el SEDCAM CHUQUISACA, cumplió con todas las obligaciones por concepto de pago de beneficios sociales que le correspondían al demandante, caso contrario, se estaría atentando contra los intereses económicos del Estado.

A su vez, el demandante, respondió al recurso formulado por la institución recurrente, en base a los argumentos expuestos por memorial de fs. 164, solicitando se declare improcedente el recurso de casación por extemporáneo y se declare la ejecutoria del auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizado el contenido del mismo se establece lo siguiente:

De la lectura del recurso de casación, se evidencia que la empresa recurrente alega puntualmente 3 aspectos: 1) no corresponde incorporar a la liquidación de beneficios sociales, el incremento salarial del 8%, toda vez, el 19 de septiembre de 2013, fecha en la que se realizó el finiquito, no existía normativa legal que autorice su cancelación, por cuanto, no es posible pretender un cálculo de finiquito, con una suma que en ese momento era inexistente. 2) No corresponde el pago del desahucio, ya que la salida del trabajador de la institución, se produjo como consecuencia de la determinación asumida en un proceso administrativo que declaró probada la responsabilidad administrativa por incompatibilidad, y dispuso la destitución de sus funciones. 3) No corresponde el pago de la multa del 30% establecido por el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, por cuanto, la institución realizó todo el procedimiento para el pago de los beneficios sociales del trabajador, dentro de termino oportuno, tal como acredita el cheque y todos sus comprobantes, no siendo su responsabilidad, que el trabajador se apersone a la empresa para el cobro, en fecha posterior.

Respecto a lo expuesto en el punto 1, corresponde mencionar que si bien es evidente que la liquidación de finiquito de fs. 56, fue elaborado en una fecha en la que no se encontraba aún dispuesto, mediante normativa legal, el pago del incremento salarial del 8% correspondiente a la gestión 2013, por lo tanto, mal pudo realizarse una liquidación sobre un salario mínimo que en ese momento aún no existía; sin embargo, como conforme reconoce la empresa demandada y según se evidencia de las literales de fs. 73 a 80, el reintegro de la gestión 2013 fue cancelado a los empleados de la empresa, incluido el demandante en la suma de Bs.222,89.-, desde enero hasta agosto de 2013, entonces, resulta lógico pensar que si la empresa recurrente, reconoció que correspondía pagar en favor del trabajador el incremento salarial, que para esa gestión fue fijado en el 8%, e hizo efectivo dicho pago, corresponde también que como consecuencia de ello se modifique el salario promedio indemnizable, porque resulta un contrasentido que, se pague el incremento salarial con carácter retroactivo, pero no se incluya dicho porcentaje en la liquidación de finiquito, que como ya se dijo, era razonable que la empresa en ese momento no pudiera tomar como base de salario promedio indemnizable, un monto aun inexistente como producto de un derecho expectaticio del trabajador, razón por la cual, corresponde en esta instancia confirmar lo correctamente dispuesto en sentencia y acertadamente ratificado en alzada.

En cuanto a que la desvinculación laboral se produjo por una decisión asumida en la sustanciación de proceso administrativo interno, que a decir del recurrente, acredita que no existió un retiro intempestivo, y como consecuencia no correspondería el pago del desahucio, se debe dejar en claro que, si bien es cierto y evidente que, al interior de la empresa recurrente, se desarrolló un proceso administrativo interno por incompatibilidad de parentesco, en el que luego del procedimiento de rigor, se declaró la responsabilidad administrativa de Roger Mario Mita Aceituno por incompatibilidad funcionaria en razón de parentesco; sin embargo, la última Resolución de Sumario Administrativo Nº 05/2011, que data de fecha 27 de junio de 2011, misma que fue conocida notificada al trabajador procesado recién el 13 de enero de 2012, tal cual consta de la firma y fecha de recepción de fs. 23; empero, el trabajador continuó trabajando hasta el 4 de septiembre de 2013, fecha en la que recibió Memorandum de Agradecimiento de Servicios Nº 16/2013, cuyo tenor hace referencia al Proceso Sumario Administrativo por Incompatibilidad de funciones, que cuenta con una resolución que determinó su destitución, razón por la cual, agradecen sus servicios.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes se evidencia que, la empresa demandada inicialmente en el memorial de contestación a la demanda señaló, que la destitución, tal cual ordenaba la resolución de sumario administrativo, no pudo ser ejecutada, por cuanto el trabajador se encontraba en situación de inamovilidad funcionaria por lactancia. En el curso del proceso, el recurrente cambió el tenor de sus argumentos señalando que no se pudo ejecutar la disposición de la resolución de sumario administrativo porque el trabajador gozaba de fuero sindical, y que una vez concluido el mismo, recién se hizo efectivo el retiro de la empresa. Lo cierto y evidente es que, el trabajador no gozaba de inamovilidad funcionaria por lactancia y tampoco se acreditó que tuviera prerrogativas sindicales; de lo que se infiere que la empresa no ejecutó la orden contenida en la resolución del sumario administrativo dentro de un plazo prudente, pues como correctamente razona el tribunal de alzada, si bien los DS Nº 23318-A, modificado por el Nº 2637 de 29 de junio de 2001, no establecen un plazo perentorio para la ejecución de los fallos, se entiende que en base a criterios de razonabilidad, la ejecución de los mismos no puede postergarse de manera indefinida, sin que existe un justificativo para ello, esto con el afán de precautelar el debido proceso y el principio de seguridad jurídica; en el caso de autos, de la fecha de notificación al trabajador con la resolución de sumario administrativo hasta la emisión del memorándum de agradecimiento de servicios, transcurrió un año, cinco meses y siete días y como se señaló precedentemente, no se acreditó que durante ese periodo el trabajador gozaba de inamovilidad funcionaria por causa alguna, en consecuencia, se colige que el trabajador fue despedido sin previo aviso y de manera intempestiva, aspecto que tiene como consecuencia, el pago del beneficio del desahucio, tal cual dispone el art. 13 de la LGT, que de manera textual dispone: “Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario, por cada año de trabajo continuo…”; disposición concordante con el DS Nº 110 de fecha 1 de mayo de 2009.

En ese orden de cosas, como acertadamente razonó la juez a quo en sentencia, y fue ratificado en alzada, se concluye que, efectivamente en el caso de autos, existió despido intempestivo, e incumplimiento de los presupuestos establecidos en el art. 12 de la LGT, correspondiendo por lo tanto, confirmar lo resuelto respecto a este extremo por el tribunal de alzada.

Finalmente, respecto a la multa del 30% establecida por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, la juez a quo concluyó que el pago de beneficios sociales se había efectuado un día después de vencido el plazo de 15 días establecidos por la normativa precedente, empero considerando que el retraso sólo fue de un día, en aplicación del principio de equidad y en aras de una buena administración de justicia, dispuso la aplicación de la multa del 30% a la liquidación efectuada, mas no la actualización por el retraso de un día.

El auto vista contiene un razonamiento diferente, concluyó que al ser la multa del 30% una sanción impuesta al empleador por el incumplimiento en el pago de beneficios sociales, dentro del plazo de 15 días establecidos en la norma y no así a la fecha en la que el cobro por parte del trabajador se hizo efectivo y considerando que, de acuerdo a la prueba aportada, el pago se efectuó el 19 de septiembre de 2013, es decir, el último día de plazo establecido por el DS Nº 28699, empero el trabajador se a personó para el cobro del día 20 de septiembre de la misma gestión, vale decir un día, dispuso la revocatoria de la sentencia, por cuanto a criterio de ese tribunal, los extremos mencionados, no fueron compulsados debidamente por la a quo y determinó que no correspondía la imposición de la multa respecto del monto que fue cancelado oportunamente, no así respecto a los incrementos determinados en sentencia, cuyo pago fue realizado fuera del plazo de los 15 días.

Ahora bien, la empresa recurrente alega que cumpliendo con el procedimiento establecido, elaboró el cheque y todos sus comprobantes dentro de los 15 días, establecidos por el tantas veces DS Nº 28699, y que escapa de su responsabilidad el hecho de que el trabajador se apersonare a hacer efectivo el cobro vencido el plazo; sin embargo, la parte demandada no consideró que en sentencia se dispuso la multa del 30% pero NO sobre el monto cancelado en fecha 19 de septiembre de 2013 (según el cheque de fs. 36) y que fue cobrado por el trabajador, recién el 20 de septiembre de la misma gestión; así la liquidación efectuada en sentencia, establece claramente, el monto total de Bs.2.640,92.- por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo/2013 y vacaciones, de cuyo monto deduce el monto de Bs.37,928,87.-, cuyo pago fue declarado probado ante la interposición de la excepción de pago documentado; y al resultado de esa resta, que la juez aplica la multa del 30%; entonces, mal puede la entidad recurrente alegar que se está imponiendo una multa que no corresponde, siendo que los beneficios sociales fueron cancelados oportunamente, pues una vez más, la multa, en el caso de autos, está recayendo sobre los montos recalculados que no fueron cancelados a tiempo. Sin embargo, el criterio del tribunal de alzada, difiere un tanto con el de la a quo, disponiendo la revocatoria de la sentencia, respecto al monto que fue cancelado oportunamente, y no así sobre los incrementos determinados, cuyo pago fue realizado fuera del plazo legamente establecido, fijando como monto sobre el que debe ser calculada la multa del 30%, de Bs.14.172,05.-, sobre el que debe aplicar el mantenimiento de valor, disposición que en todo caso favorece al empresa demandada, y merece el respaldo de este Tribunal.

Bajo estos parámetros y luego del examen minucioso de los antecedentes que se aparejan al proceso, se llega a la conclusión que el tribunal ad quem, aplicó y valoró adecuadamente las pruebas tal como lo determinan los arts. 3.j) y 158 del adjetivo laboral, y que no son evidentes las infracciones denunciadas y las afirmaciones realizadas en el recurso de casación de fs. 159 a 161, por carecer de sustento legal; consecuentemente, el auto de vista se sujeta a las normas en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, al contrario existió correcta valoración, interpretación y aplicación de la ley, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 159 a 161.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.