SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 277/2015.

Sucre, 18 de septiembre de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.85/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 139 a 140 interpuesto por la Cooperativa Integral de Servicios Cochabamba Ltda., representada por Juana de Dios Pozo de Cuchallo, y el recurso de casación en el fondo planteado por Rubén Pizzo Mardoñez de fs. 144 a 147, contra el Auto de Vista Nº 273/2013, de 18 de diciembre (fs. 136 a 137), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por Rubén Pizzo Mardoñez, contra la Cooperativa Integral de Servicios Cochabamba Ltda., las repuestas de fs. 144 a 147 y 152, el auto de fs. 165 que concedió los recursos, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, el Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 27 de agosto de 2010 (fs. 112 a 114), declarando probada la demanda de fs. 9 a 10 vta., y su aclaración de fs. 13, disponiendo que la parte demandada, cancele a favor del actor la suma de Bs.23.599,99.-, por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo doble, salario devengado, días domingos y feriados trabajados, más la actualización y multa prevista en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, por el retraso en el pago de sus beneficios sociales.

En grado de apelación interpuesta por la parte demandada (fs. 123 a 125), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 273/2013 de 18 de diciembre (fs. 136 a 137), confirmó en parte la Sentencia de 27 de agosto de 2010 y dispuso que se pague al actor la suma de Bs.17.066,66.-, sin costas.

Dicho fallo motivó los recursos de casación en el fondo interpuestos por ambos sujetos procesales.

En el recurso de casación de fs. 139 a 140, planteado por la Cooperativa Integral de Servicios Cochabamba Ltda., representada por Juana De Dios Pozo de Cuchallo, manifestó en síntesis:

Que, el tribunal de apelación, infringió normas laborales en actual vigencia, violó la legítima defensa y el debido proceso, aduciendo que, no es evidente que al actor se lo haya retirado intempestivamente, puesto que se le agradeció sus servicios debido a que no cumplió con sus responsabilidades y funciones de Jefe del Departamento Comercial de ILVA, contenidas en el Memorándum Nº 014/2009 de 11 de abril, por tanto, al no haber cumplido con el contrato de trabajo, el retiro del demandante se debió a la causal contenida en los arts. 16.e) de la Ley General de Trabajo (LGT) y 9.e) de su Decreto Reglamentario (DR-LGT), por lo que no tiene derecho a indemnización ni desahucio y que, al haber condenado a la parte demandada a pagar por esos conceptos, existe errónea aplicación de los citados artículos.

También denunció infracción de la Ley Nº 229 de 21 de diciembre de 1944, puesto que ningún empleado es acreedor al aguinaldo cuando fuere retirado por causa justificada, extremo que sucedió en el caso presente, por lo que no corresponde el pago por este concepto.

En lo referente al sueldo de septiembre de 2009, sostuvo que no existe negativa de cancelarle, pues solo se le adeudarían tres días.

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido y se determine que al actor no le corresponde el pago de horas extras y domingos trabajados.

En el recurso de casación en el fondo interpuesto por Rubén Pizzo Mardoñez de fs. 144 a 147 sostuvo:

Que, el tribunal de segunda instancia, realizó una errónea e indebida interpretación del art. 46 párrafo segundo de la LGT, al haber confirmado en parte la sentencia de primera instancia, efectuando la modificación sobre el cálculo de sus beneficios sociales, desconociendo sus derechos laborales, relativos a 15 días domingos y dos días feriados trabajados, denunciando error de hecho y derecho en la apreciación de la actividad probatoria.

En este sentido, citó lo previsto en los arts. 13.I, 14.I y II, 22, 46, 48 y 115.I y II todos de la Constitución Política del Estado (CPE), normativa donde se establece que nadie está obligado a prestar los servicios sin remuneración justa y menos sometido a servidumbre ni esclavitud, y que si bien, el sistema normativo laboral, en algunas modalidades de trabajo autoriza a los empleados y obreros a trabajar los días domingos y feriados, estos deben ser remunerados.

En el caso presente, las pruebas de fs. 3, 4 y 109, corroboradas por las declaraciones testificales de cargo y descargo y las confesiones provocadas de fs. 59, 61, 66 a 68 y 70, dan cuenta que el actor, prestó servicios durante 15 días domingos y 2 días feriados sin remuneración alguna; sin embargo, el tribunal ad quem, vulnerando las normas constitucionales descritas e incurriendo en interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 41, 46 y 50 de la LGT, pronunció el auto de vista recurrido señalando que, para la consideración de las horas extraordinarias reclamadas debe darse cumplimiento a una serie de preceptos legales para su procedencia, las cuales no se cumplieron, asimismo la citada resolución, basada en el párrafo segundo del art. 46 de la LGT, expresó que, el actor era Jefe del Departamento Comercial, es decir, que ejercía un cargo de confianza y por ende exento de la jornada laboral prevista en el citado artículo, razón por la que no le correspondería el pago de domingos ni feriados.

Como se podrá advertir, el tribunal ad quem, independientemente de querer exonerar las obligaciones y responsabilidades de la entidad demandada, pretendió atribuir el actor, el cumplimiento de presupuestos formales relativos a la acreditación, tanto de autorización del horario de trabajo, como el manejo de libros para establecer la carga horaria, cuando en realidad dicho deber era de la entidad empleadora, cuyo representante, en su afán de evitar el pago de los beneficios sociales reclamados, se rehusó presentar libros de asistencia y otros documentos exigidos en el escrito de fs. 53, como la providencia de fs. 54, por lo que, la idea de que el tribunal ad quem haya pretendido exigir al actor la presentación de autorizaciones y libros de asistencia, es un acto jurisdiccional erróneo e indebido, además, el tribunal ad quem, a pesar de haber evidenciado la prestación de trabajos en días domingos y feriados y pretender que dichos trabajos sean prestados de manera gratuita, incurrió en violación de normas previstas en el DS Nº 29010 de 9 de enero de 2007.

Concluyó solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo, confirme en todas sus partes la sentencia de 27 de agosto de 2010, emitida por el juez a quo.

CONSIDERANDO II: Que así formulados los recursos, previo análisis del proceso, se establece lo siguiente:

Resolviendo el recurso de casación en el fondo de fs. 139 a 140 interpuesto por la Cooperativa Integral de Servicios Cochabamba Ltda., representada por Juana de Dios Pozo de Cuchallo.

El fundamento principal y objeto de la litis radica en que al actor no le correspondería el reconocimiento de los conceptos de desahucio, indemnización, por haber enmarcado su conducta en las causales de despido justificado, contenidas en los arts. 16.e) de la LGT y 9.e) del DR-LGT, así como tampoco corresponde el pago del aguinaldo previsto en la Ley Nº 229 de 21 de diciembre de 1944, motivo por el que denunció errónea aplicación e infracción de esta normativa.

En cuanto a la forma de desvinculación laboral, del examen de antecedentes procesales se evidencia que a fs. 5 de obrados, cursa el Memorándum Nº 053/2009 de 3 de septiembre, dirigido al trabajador Rubén Pizzo Mardoñes y firmado por Juana de Dios Pozo, Gerente General y Willy Bellido Asesor Económico y Financiero de la institución demandada “Cooperativa Integral de Servicios “COCHABAMBA” Ltda.”

Ahora bien, revisado dicho documento, se advierte que el contenido textual del mismo, no hace referencia a ninguna infracción del art. 16.e) de la LGT, menos del art. 9.e) de su Decreto Reglamentario, como afirma la parte demandada, pues la literal de fs. 5, no constituye de ninguna manera motivo de despido, toda vez que en ella se le comunica al demandante que, por razones de mejor servicio, se vio por conveniente prescindir de su persona en el cargo que venía desempeñando como responsable de comercialización de la planta de lácteos ILVA, hecho que se constituye un característico despido intempestivo cometido por la parte empleadora, extremo que no fue desvirtuado por el demandado, pese a que de acuerdo a los arts. 48.II de la CPE, 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), referidos al principio de la inversión de la prueba que determinan que en materia social la carga de la prueba corresponde al empleador, quien incumplió con estos preceptos legales; además para privar a los trabajadores de los beneficios sociales que reconocen las leyes, debe existir prueba suficiente que permita al juzgador formar un claro y amplio criterio sobre las causales de retiro en que hubiera incurrido el trabajador; las simples acusaciones de que el actor no cumplía a cabalidad con sus principales responsabilidades y funciones de Jefe del Departamento Comercial de ILVA, así como la infracciones acusadas, sin que se hallen respaldadas por prueba fehaciente, no constituyen factor determinante para aplicar al caso presente los arts. 16.e) de la LGT y 9.e) de su Decreto Reglamentario, además no cursa prueba alguna que demuestre que contra el trabajador se hubiera interpuesto proceso administrativo interno, debiendo aplicarse al caso presente lo previsto en el art. 182.c) y d), del CPT que determinan: c) “La relación de trabajo termina por despido, salvo prueba en contrarioy d) “El despido se entiende sin causa justificada, salvo prueba en contrario(el resaltado es de nuestra autoría).

En base a estos antecedentes se llega a la convicción de que el actor fue despedido de forma intempestiva, sin que hubiere mediado causal alguna, como acertadamente determinaron en sus fallos los de instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba conforme determinan los arts. 3.j) y 158 del CPT.

Por consiguiente al actor le corresponde el reconocimiento de los derechos reclamados en su demanda conforme establecen los arts. 13 de la LGT y 8 de su Decreto Reglamentario.

En cuanto al pago de duodécimas de aguinaldo a favor del actor, concepto que según el demandado no correspondería, cabe manifestar que el pago de este concepto no fue demostrado por la parte empleadora como correspondía hacerlo según lo previsto en los arts. 48.II de la CPE, 3.h), 66 y 150 del CPT, referidos al principio de la inversión de la prueba, razón por la cual, corresponde su cancelación como se determinó en la sentencia de primera instancia, fallo que fue confirmado por el auto de vista recurrido.

Sobre el pago de tres días de salarios devengados por el mes de septiembre, este concepto está dispuesto en los fallos de instancia, motivo por el cual no se ingresa en mayores consideraciones sobre el tema.

Consiguientemente, no siendo evidente las infracciones aludidas y al no existir mérito para disponer la casación del auto de vista recurrido, corresponde fallar conforme los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicables por permisión del art. 252 del CPT.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo interpuesto por Rubén Pizzo Mardoñez de fs. 144 a 147.

En el caso que se analiza, la controversia está enfocada en dilucidar si corresponde o no el pago a favor del actor por 15 días domingos y dos días feriados trabajados, conceptos que fueron concedidos en sentencia y negados en el auto de vista recurrido, motivo por el que el demandante presentó el recurso de casación, reclamando su pago, denunciado como consecuencia de aquello, la interpretación errónea de las normas descritas en la parte del resumen del recurso planteado por el actor.

Ahora bien, para resolver la controversia en el recurso de casación en el fondo, previamente corresponde señalar conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia, además, cabe indicar que el art. 48.II de la CPE, establece el “principio de la primacía de la relación laboral” como un principio protector de los trabajadores, señalando al efecto: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”,

Asimismo, podemos señalar que en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, que permitan un razonable equilibrio, notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los arts. 4 de la LGT, 3.g) y 59 del CPT, y en los arts. 46 y 48.III de la Carta Fundamental actual.

En este sentido, tampoco debe perderse de vista que la aplicación de dicho principio debe ser relativo y racional, evitando un absolutismo que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos procesales y sustantivos del empleador y menos de soslayar la adecuada apreciación de las pruebas aportadas.

Debe ponderarse la verdad de lo probado y por lo tanto lograr la verdad material, llegando de este modo a un razonable criterio.

Ahora bien a objeto de resolver la controversia, debemos partir de lo reglado por el art. 46 de la LGT, que establece la jornada máxima de 8 horas de trabajo diario y de 48 horas semanales, con excepción de aquellos empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza, ( el resaltado nos pertenece).

Por su parte, el art. 41 del DR-LGT, impone que para el cómputo de las horas extraordinarias debe llevarse un registro especial, conforme al modelo que apruebe la Inspectoría General del Trabajo, hoy dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; disposición que también fue objeto de reglamentación mediante la Resolución Administrativa Nº 063/99 de 9 de julio de 1999.

Así, el art. 14 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985 dispone: "Horas Extraordinarias).- Las empresas y entidades reguladas por la Ley General del Trabajo, se sujetarán sus disposiciones para el pago de horas extraordinarias por trabajos efectivamente realizados en exceso de la jornada mensual completa en estricta aplicación del art. 46 de la misma ley y del art. 36 de su Reglamento. Se suprime el pago de horas fijas de sobretiempo".

Bajo el marco normativo señalado se advierte que, si bien la ley laboral no trae una definición clara sobre quiénes son y qué hacen los trabajadores de dirección, de vigilancia o confianza, se debe entender que son aquellos empleados que se distinguen porque ocupan una posición jerárquica en la empresa, con facultades disciplinarias o de mando, dotados de determinado poder discrecional de autodecisión.

En el caso de autos, se establece que el actor en la institución que trabajó ocupaba el cargo de Jefe del Departamento Comercial de la Cooperativa Integral de Servicios “COCHABAMBA” Ltda., conforme se evidencia en el Memorándum de fs. 1 a 2 de obrados, es decir que ejercía un cargo de confianza, por lo que se encontraba inmerso en la excepción contenida en el art. 46 de la LGT; al margen de ello, para la procedencia del pago de horas extras demandadas, éstas deben estar debidamente autorizadas, debiendo acreditarse además la necesidad que tiene el empleador de imponer ese trabajo circunstancial, eventual, necesario, realmente "extraordinario", que debe estar por otra parte autorizado o visado por el Ministerio de Trabajo, a cuya consecuencia y en ningún caso pueden ni deben estar predeterminadas.

En este sentido, no corresponde el pago de domingos y feriados supuestamente trabajados por el actor, como acertadamente y con mejor criterio que el juez a quo, determinó el tribunal de segunda instancia, quienes para arribar a la conclusión asumida, valoraron de manera acertada la prueba adjuntada durante la tramitación del proceso, conforme le facultan los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, extremo que desvirtúa la existencia de error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, pues como se sostuvo precedentemente, el demandante al haber desempeñado un cargo de confianza no corresponde el pago por los conceptos reclamados en su recurso, ya que si bien, la Constitución Política del Estado protege los derechos de las trabajadores y de los trabajadores, los cuales se encuentran consagrados en los arts. 46 y 48 de la Carta Fundamental, esta protección tiene su ámbito de aplicación en los casos cuando se hubiese vulnerado algún derecho del trabajador, situación que no sucedió en el caso presente.

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ Nº 025, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 139 a 140, interpuesto por la Cooperativa Integral de Servicios Cochabamba Ltda., representada por Juana de Dios Pozo de Cuchallo, e INFUNDADO, el recurso de casación de casación en el fondo interpuesto por Rubén Pizzo Mardoñez de fs. 144 a 147. Sin costas por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.